El déficit y la deuda siguen sin control

El conjunto de las Administraciones Públicas cerraron el año pasado con un déficit del 6,62 por ciento, 1,2 décimas por encima del objetivo marcado por la Unión Europea. Es un desvío muy pequeño que, además, podría quedarse en nada, como se ha apresurado a adelantar el ministro de hacienda Cristóbal Montoro, en cuanto se revise al alza el PIB del pasado año. El Gobierno, según este relato, ha cumplido con sus compromisos, y la política adoptada en estos dos años ha sido la correcta o, al menos, ha estado entre las que se podrían considerar adecuadas. “Podemos afirmar que España ha cumplido con el objetivo de déficit en un año de recesión”, ha dicho ufano Montoro.

Pero también hay otras consideraciones que no podemos dejar de lado, y que dejan la interpretación que hace el Gobierno de los datos en poco menos que una caricatura. El déficit del Estado ha superado el 5,2 por ciento que le correspondía, y ha alcanzado el 5,5 por ciento. La Ley de Estabilidad Presupuestaria se creó para tomar las riendas de las cuentas autonómicas, pero Montoro, que es político más en el mal sentido de la palabra que en el bueno, abrió la mano a que las regiones cumpliesen objetivos distintos. Y el resultado es que han cerrado con un déficit conjunto del 1,54 por ciento, y no el 1,3 buscado. Las buenas noticias proceden de los ayuntamientos, que han cerrado con un déficit de más de 4.000 millones de euros.

Pero hay más. Este déficit es sólo tres décimas inferior al del año pasado. No hemos avanzado prácticamente nada en un año. Es más, si se cuentan las ayudas a la banca, y desde el punto de vista de la deuda del Estado cuentan exactamente igual, el déficit es aún del 7,08 por ciento. Este dato será el que se incluya en Eurostat, aunque para el procedimiento de déficit excesivo se tenga en cuenta el otro, del 6,62 por ciento. Todo ello es más descorazonador si recordamos que el primer objetivo para 2013 era del 4,5 por ciento.

En definitiva, la subida de los impuestos, la mayor de la historia de la democracia, no ha servido para que el Gobierno cierre el agujero fiscal que aún se mantiene. Y ha contribuido a hundir la economía en la recesión, y retrasar la recuperación económica primero, y fiscal después. Esa subida de impuestos, además, ha permitido al Gobierno evitar entrar en una reforma verdadera del gasto y de los servicios públicos. En definitiva, el Gobierno y, en particular, el ministro Montoro tienen poco de que presumir, mientras la deuda del Estado, esa que sí es de todos, sigue creciendo.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó en mayo en 14.221 millones de euros, hasta los 996.983 millones de euros, lo que supone el 97,2% del PIB y un nuevo récord histórico, y vuelve a incrementarse después del descenso de abril, según datos del Banco de España.

En concreto, el endeudamiento público aumentó un 1,4% en tasa mensual en el quinto mes del año y respecto al mismo periodo del año anterior registró un incremento del 6,2%, con lo que ha aumentado en más de 58.200 millones en el último año y se acerca ya al billón de euros.

De esta forma, la deuda del sector público vuelve a subir en mayo, después de que en 2013 cerrara en un máximo histórico del 93,9% del PIB, y se acerca así al objetivo para 2014, que se sitúa en el 99,5%.

Desde 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis, la deuda de España no ha dejado de crecer ejercicio tras ejercicio y desde entonces se ha más que duplicado, pasando de los 436.984 millones de euros (el 40% del PIB) a los 996.983 en mayo de este año (el 97,2%).

SUBE LA DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO.

Del total de la deuda en manos de las administraciones en el quinto mes del año, 76.000 millones de euros correspondían a valores a corto plazo, 931 millones más que en abril y 5.755 millones menos que hace un año.

Sin embargo, el grueso de la deuda sigue colocada en valores a medio y largo plazo, hasta un total de 719.853 millones de euros, con un aumento de 13.478 millones respecto al mes anterior y un incremento de 70.826 millones frente a mayo de 2013.

Por su parte, los créditos no comerciales en manos de las administraciones públicas sumaron en mayo 201.131 millones de euros, 212 millones menos que la cifra registrada un mes antes y 6.786 millones menos que en el mismo mes del ejercicio precedente.

>> Deuda Pública de España

La deuda del conjunto de las administraciones públicas ha superado por primera vez el billón de euros, hasta alcanzar 1.007.319 millones de euros en junio, por lo que ya supone el 98,2% del PIB, según los últimos datos del Banco de España.

En concreto, el endeudamiento público aumentó en 10.336 millones durante el pasado mes de junio, lo que representa un incremento del 1,03% respecto al mes anterior, mientras que ha repuntado un 6,7% frente a junio del año anterior, con 63.447 millones de euros más que en 2013.

De esta forma, la deuda del sector público vuelve a subir en junio y se acerca así al objetivo para todo 2014, que se sitúa en el 99,5%. Durante los seis primeros meses de este año, el endeudamiento de las administraciones públicas se ha incrementado todos los meses, salvo el mes de abril, cuando se desaceleró un ligero 0,7%.

La deuda pública, hacia el 100% del PIB

Desde 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis, la deuda en España no ha dejado de crecer ejercicio tras ejercicio y desde entonces se ha más que duplicado, pasando de los 436.984 millones de euros (el 40% del PIB) a superar el billón de euros en junio y aproximarse al 100% de la riqueza nacional.

Crece la deuda a medio y largo plazo

El grueso de la deuda en manos de los administraciones públicas se encuentra en valores a medio y largo plazo, que suponen más de dos tercios de la deuda total. En junio, estos préstamos sumaron 729.331 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,31% respecto al mes anterior y un aumento del 11,3% frente a junio del ejercicio precedente.

La deuda pública supera el billón de euros

Sin embargo, la deuda pública a través de valores a corto plazo se redujo en 1.348 millones de euros, al pasar de 76.000 millones en mayo a 74.652 millones en junio, lo que representa un descenso del 1,77%. Respecto al mismo mes del año anterior, los valores a corto plazo en manos de las administraciones públicas se han reducido un 10%.

En cambio, los créditos no comerciales y el resto han sumado 203.336 millones de euros en junio, lo que supone un incremento del 1,09% respecto al mes anterior, pero una caída del 1,12% frente a junio del ejercicio precedente.


Deuda para hoy, miseria para mañana

El organismo también apunta que el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) colaboró en la desaceleración del empleo

El Banco de España atribuye el sonrojante aumento de déficit que el pasado año registró la economía española al incremento de las pensiones y sueldos de funcionarios, al tiempo que puntualiza que el repunte de la desviación no es la primera que se produce desde 2012 sino que lo lleva hasta 2009.

"El déficit del conjunto de las AAPP aumentó en 2019 hasta el 2,8% del PIB, lo que supone su primer aumento desde el año 2009, si se excluyen las ayudas financieras. Dicho empeoramiento se debió a un incremento de los gastos mayor que el de los ingresos, consecuencia, principalmente, de las medidas adoptadas en el primer trimestre de 2019" explica el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos en un documento sobre la economía española que ha publicado hoy. Y concreta: "Los mayores incrementos se dieron en las prestaciones sociales [que crecieron un 6,3% por el aumento de las deducciones familiares y las prestaciones de desempleo, y por la revaloración de las pensiones con el IPC] y en la remuneración de asalariados".

De esta manera, el supervisor matiza a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la pasada semana afirmó en el Congreso que la desviación del déficit se debió al incremento de gasto por parte de las comunidades. "Quiero pensar que fue un año excepcional, las comunidades no pueden tener un incremento del gasto del 5,5%", aseguró la también portavoz del Gobierno señalando a los compromisos electorales de los gobierno regionales como motivo principal de esta desviación.

Montero, asimismo, destacó el compromiso del Gobierno para con la reducción del déficit, algo que Banco de España también desmiente. "La reducción observada en el déficit público durante la última fase de recuperación se habría debido fundamentalmente al efecto del ciclo económico y a la disminución de la carga de intereses", afirma el regulador, y no al esfuerzo de las administraciones.

EL IMPACTO DEL SMI SOBRE EL EMPLEO
El documento, en el que se analiza la evolución de la economía española en 2019, señala también que la creación de empleo sufrió una sensible moderación. Y aunque esas advertencias han perdido peso dato que la crisis del coronavirus ha cambiado totalmente el contexto, el BdE afirma, como ya ha hecho en otras ocasiones, que el incremento del salario mínimo interprofesional pactado por PSOE y Podemos explica, al menos en parte, esta situación.

"Esta desaceleración del empleo a lo largo de 2019 podría obedecer a diferentes factores, entre ellos, al aumento del 22,3% del SMI aprobado a principios de año", a lo que añade que los datos muestran "una mayor desaceleración del empleo entre los menores de 30 años, especialmente en aquellos de entre 16 y 19 años, y una peor evolución del empleo en las CCAA y provincias con más presencia de colectivos con mayor incidencia del SMI". Link

Los fondos prometidos por la Unión Europea estarán ligados a reformas estructurales que permitan reducir los desequilibrios de largo plazo.

Entre los años 2012 y 2014, el gobierno de Mariano Rajoy redujo el gasto público total de 502.000 a 466.000 millones de euros. Entre 2015 y 2017, este epígrafe volvió a expandirse, pero lo hizo por debajo del ritmo de aumento de los ingresos tributarios, hasta situarse en el entorno de los 479.000 millones. Medido en relación con el PIB, el peso del Estado pasó del 48,7% al 41,2%.

Sin embargo, la llegada al poder del PSOE ha estado marcada por un fuerte repunte de los desembolsos públicos. En 2018, el presupuesto volvió a superar los 500.000 millones, mientras que en 2019 se registró un gasto equivalente a 522.000 millones. Esta evolución hizo que el curso pasado fuese el primero desde 2012 en que las cifras de déficit no solo no mejoraron, sino que fueron a peor y reflejaron un aumento del descuadre presupuestario.

Si la deriva fiscal ya era preocupante a comienzos de 2020, la crisis del coronavirus solo ha contribuido a multiplicar el problema. El propio gobierno reconoce que el peso del Estado en 2020 se puede disparar hasta alcanzar el 51,5% del PIB, dejando a España con un déficit de más del 10% del PIB. Las previsiones de la mayoría de organismos internacionales y casas de análisis dibujan un escenario aún peor.

El fondo europeo de reconstrucción que ha anunciado la Unión Europea puede ayudar a que los ajustes requeridos se pospongan de 2020 a 2021. El "rebote" de la actividad y la flexibilidad laboral permitida por los ERTE también pueden hacer que el diferencial negativo esperado para el próximo año sea menos acusado que el del ejercicio en curso. Sin embargo, las cifras son las que son y arrojan un escenario de profundo desequilibrio presupuestario que, tarde o temprano, exigirá la adopción de medidas de austeridad.

De momento, el gobierno de PSOE y Podemos solo ha agravado el problema al anunciar una batería de medidas de gasto, incluyendo un plan de rehabilitación de vivienda, un plan de rescate para el sector automovilístico o la introducción de un programa de renta mínima. En paralelo, el Congreso ha movido ficha y anunciado subidas fiscales como la tasa Tobin o la tasa Google, cuyo potencial recaudatorio ni siquiera cubre los gastos asociados al llamado Ingreso Mínimo Vital.

Además, no hay que olvidar que los fondos prometidos por la Unión Europea estarán ligados a reformas estructurales que permitan reducir los desequilibrios de largo plazo. En este sentido, la austeridad no solo es irrenunciable por puro cálculo financiero, sino que también va asociada a la estrategia de supervivencia basada en el programa de "rescate" que ha anunciado Bruselas.

Contar con Nadia Calviño en la jefatura del Eurogrupo ayudaría a modular estos planes. Sin embargo, Moncloa sabe que su nombramiento puede ser un arma de doble filo, puesto que iría de la mano de una retórica pro-austeridad que tiene difícil encaje en el pacto de gobierno PSOE-Podemos. Además, diversos países están maniobrando ya para intentar descarrilar su posible candidatura, que a priori parte como favorita pero aún no ha sido lanzada formalmente por los titubeos de Sánchez.

Tirón de orejas de la Airef

Mientras tanto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha dado un tirón de orejas al gobierno y ha recordado que "la incertidumbre no puede ser una excusa". Según ha señalado la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, en una comparecencia en el Congreso, el "déficit es persistente y estructural" y "el nivel de deuda es muy elevado", de modo que el Ejecutivo debe "hacer autocrítica" y empezar a tomar medidas de consolidación.

Pero, ¿qué ajustes pueden favorecer esa mejora del saldo fiscal? Aunque el gobierno habla de subir los impuestos "a los ricos", lo cierto es que el potencial recaudatorio de este tipo de medidas es muy limitado, puesto que España ya es uno de los países que más impuestos cobra sobre la riqueza de los contribuyentes. En consecuencia, parece evidente que, incluso si se aprueba este tipo de recargos fiscales "a los ricos", será necesaria la adopción de ajustes de mucho mayor calado.

IVA y pensiones, en el punto de mira

Uno de los aspectos que más preocupa en Bruselas es el IVA. El impuesto indirecto tiene menos peso en España que en el resto de países comunitarios. Por este motivo, la mayoría de los informes de situación que emite la Comisión Europea suelen insistir en que esta figura fiscal debería ser revisada al alza para aumentar el potencial recaudatorio de nuestro país. No hay que olvidar, de hecho, que el tipo general de este tributo ya subió del 16% al 18% al comienzo de la pasada crisis y volvió a aumentar hasta el 21% en los peores momentos de la Gran Recesión.

Otra cuestión que también está encima de la mesa es el déficit del sistema de pensiones, que lleva años enquistado por encima de los 15.000 millones de euros, motivando que las pensiones se paguen a golpe de endeudamiento público. Uno de los posibles recortes en este plano consistiría en poner coto a las jubilaciones anticipadas, que suponen casi el 45% del total. Además, también se plantea ampliar los años de cálculo de la pensión, siempre para favorecer que las prestaciones abonadas sean más bajas.

Ayer jueves, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, clamó por llegar este año a un acuerdo sobre pensiones en el Pacto de Toledo, pero también criticó que en España se jubilaran tan pronto los trabajadores, como viene haciendo desde que fuera presidente de la Airef. Según el titular del Ministerio, esta incertidumbre respecto a las pensiones y lo que supone no ponerse de acuerdo, "no solo genera esta situación injusta, sino que se está abocando a que haya personas que tomen decisiones inadecuadas", como las jubilaciones anticipadas.

Además, puesto que el aumento del paro tiene el efecto secundario de reducir la recaudación fiscal, la UE vigilará la normativa laboral, para evitar que el gobierno de PSOE y Podemos cumpla su promesa de derogar las medidas de flexibilidad introducidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.

Estos tres puntos ponen en jaque el acuerdo entre las dos fuerzas izquierdistas que ocupan el gobierno. Subir el IVA, recortar las pensiones y mantener la reforma laboral son medidas inasumibles para socialistas y comunistas. En consecuencia, el nuevo contexto obligará a ambas agrupaciones a desdecirse de su programa o, de lo contrario, terminará provocando la caída del gobierno. LD.

La deuda pública alcanza un récord histórico de 1,258 billones

El nivel de endeudamiento respecto al PIB se sitúa en el 101,4%

Los ingresos públicos se han desplomado, mientras que el gasto se dispara

La crisis del coronavirus está dejando un agujero en las finanzas públicas españolas notable. El fuerte desequilibrio generado entre ingresos y gastos ha llevado a la deuda pública a alcanzar niveles que no se veían desde 1908, tras tocar el 101,4% del PIB. Los datos publicados de mayo muestran un aumento de más de 20.000 millones en un solo mes hasta una deuda total de 1,258 billones de euros. De esta forma, la deuda que acumulan las administraciones públicas supera los niveles vistos durante y después de la anterior crisis y hay que remontarse más de un siglo atrás para encontrar unos niveles de deuda similares.

La fuerte caída de la actividad a la que se enfrenta España está generando una merma de los ingresos públicos, a la vez que se están disparando los gastos por la activación de los estabilizadores automáticos (prestaciones de paro, Ertes...) y del gasto discrecional para suavizar el golpe.

Ya se podía anticipar que el dato no iba a ser bueno, puesto que en los cinco primeros meses del año el déficit del Estado se ha duplicado hasta los 32.252 millones, en términos de PIB equivale al 2,88%, lo que representa un drástico aumento respecto a mayo de 2019. A esto había que sumarle el dato de las comunidades autónomas, la Seguridad Social y las entidades locales (ayuntamientos), que también han presentando un desequilibrio, aunque menor que el del Estado.


Según explicaban desde el Gobierno, cuando se publicó el dato oficial de déficit del Estado (no incluye el resto de administraciones, solo la central), este comportamiento se debe a la caída de la actividad por el confinamiento necesario para combatir la pandemia, lo que ha provocado un descenso de los recursos del 10,6%, destacando un desplome de ingresos por IRPF del 31,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar los efectos sociales, económicos y laborales de la crisis conllevan un aumento de los gastos del 10,8% hasta mayo.

Las operaciones del Estado de ese mes de mayo se encuadran en un contexto económico y social extraordinario, situación que ya empezó a tener impacto a mediados del mes de marzo tras la declaración del estado de alarma. Mes a mes se ha podido ir comprobando como la deuda pública crecía aun mayor ritmo que en ejercicios pasados.

Las estimaciones sobre el déficit público con el que terminará España este 2020 son muchas, pero todo hace indicar que el desequilibrio anual de las cuentas públicas podría estar entre el 10 y el 15%, lo que unido a una caída del PIB (el denominador en la ecuación deuda/PIB) de entre el 9 y el 15% -según el Banco de España-, podría disparar la deuda pública hasta niveles que superen el 120% del PIB.

La última vez que superó el 100%

La deuda pública alcanzó el 100,9% en el primer trimestre de 2015, cuando España ya estaba recuperándose de la crisis de deuda soberana que asoló parte de Europa (entre 2010 y 2012) con un crecimiento sólido, pero la tasa de paro aún se encontraba por encima del 20% (tiene un coste en prestaciones y merma los ingresos por cotizaciones y otros impuestos). Ese año, el déficit público aún fue del 5,2% del PIB, lo llevó a que la deuda creciese levemente.

Desde entonces y pese al crecimiento de la economía nacional, la deuda se ha movido relativamente poco. Los déficits públicos registrados con todos los gobiernos y una inflación que lleva años controlada, impiden que la deuda pública sobre PIB (se usa el PIB nominal para este ratio) haya caído de forma importante durante este último ciclo de crecimiento. El valor más bajo se registró en el cuarto trimestre de 2019 cuando cayó al 95,5%.

La nota positiva sobre todo este endeudamiento público es el reducido pago por intereses de la deuda, que a la postre es uno de los factores más relevantes para la sostenibilidad de la misma. El pago por intereses de la deuda se ha reducido desde el 3,5% del PIB en 2013 a poco más del 2% en 2019 y bajando. Mientras que el Banco Central Europeo siga apoyando a la deuda soberana con los vastos programas de compras de bonos en el mercado secundario, que están llevando los intereses que pagan todos los países por emitir deuda a mínimos históricos, la carga financiera de la deuda seguirá siendo reducida.

La intervención del BCE ha llevado a una buena parte de los países europeos (Alemania o Países Bajos) a recibir intereses gracias a los tipos negativos que presenta una parte relevante de la curva de rendimientos de la deuda soberana de estos países. Aunque en términos agregados estos países aún siguen pagando algo por la deuda (dentro del stock hay deuda emitida hace años cuando los tipos eran altos), el monto ha caído incluso por debajo del 1% del PIB.

Fuente.

El déficit llega al 5,4% del PIB hasta julio y empuja al Gobierno a tomar medidas de ajuste para paliar el hundimiento de 2020

El tenebroso estado de las cuentas del Estado empujan al Gobierno a congelar sueldos de funcionarios y otras medidas de ajuste para intentar paliar el hundimiento de 2020.

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el agujero en la caja del Estado se disparó hasta julio un 434% al pasar el déficit desde 11.320 millones en la misma fecha del pasado año a 60.436 millones. Se trata del 5,4% del Producto interior Bruto ya en los siete primeros meses del año, cuando cerró todo 2019 por debajo del 3%.

«Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 15,8% como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria. Asimismo, se produce un incremento del gasto del 21,4% por el aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias a Seguridad Social y Comunidades Autónomas», explica el Ministerio de Hacienda en un comunicado oficial. El mal dato de déficit se hizo público después de la rueda de prensa de la titular, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados para explicar su derrota parlamentaria con el decreto municipal.

El informe de la Intervención General del Estado destaca que «los gastos del Estado hasta julio han aumentado un 21,4% hasta 156.129 millones, de los cuales en torno a los 21.700 millones, que representan cerca del 80% del incremento interanual, están relacionados con la pandemia».

Desglosa que «esta cifra incluye la transferencia de 14.003 millones para paliar los efectos en las cuentas de la Seguridad Social y los 6.000 millones de un total de 16.000 millones del Fondo COVID distribuido a las CCAA».

En cuanto a la recaudación, caída generalizada con el la del IRPF descendiendo un 25%. En general, «los recursos se han situado a finales de julio en 95.716 millones, con un descenso del 15,8%. La mayor parte de esta cifra corresponde a impuestos y cotizaciones sociales, que se han reducido un 17,6%, con una recaudación de 80.783 millones, 17.304 millones inferior a la del año anterior».

La Intervención resalta como «aspectos más significativos en el ámbito impositivo» la disminución de los ingresos por IVA en un 16,4%, con 37.353 millones y la caída de ingresos de los impuestos especiales en un 12,9% y 1.561 millones menos, hasta un total de 10.560 millones. De estos últimos destaca especialmente el impuesto de hidrocarburos, que registra una pérdida de recaudación de 1.369 millones, un 19,2%, situándose en 5.757 millones. El estado de alarma entre marzo y junio y la consiguiente paralización de actividad ha lastrado la recaudación.

En cuanto a las comunidades autónomas, el comunicado de Hacienda destaca las transferencias realizadas y cómo hay dos comunidades que presentan incluso superávit hasta junio en plena pandemia: País Vasco y Canarias.

Descuella el País Vasco, que se anotó un superávit hasta junio del 0,31%, sólo ligeramente inferior al de la primera mitad del pasado año. En cuanto a Canarias, su superávit es del 0,19%, mejorando con creces su déficit de junio de 2019. La media de las comunidades es un déficit del 0,6%..

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Un mes más, analizamos la actualización de los datos de deuda de las administraciones públicas que ha publicado el Banco de España, en esta ocasión con los datos referidos a octubre. La deuda, pese a una ligera corrección por vencimientos, no logra bajar de los 1,3 billones de euros. Es lógico que la deuda se mantenga en ese nivel, pues es consecuencia del déficit y mientras éste exista, la deuda aumentará, ya que el endeudamiento es el stock del flujo que resulta ser el saldo presupuestario. La única posibilidad que cabe es que el cociente no crezca, pero para ello debería aumentar más el PIB nominal que el endeudamiento, cosa que no sucederá este año, pues ambos caerán, con lo que la deuda tendrá un comportamiento todavía peor en términos relativos que en términos absolutos, ya pésimo de por sí.

Así, nuevamente, los datos de endeudamiento público, que recoge en sus publicaciones el Banco de España, muestran la tendencia de crecimiento exponencial que ha cobrado la deuda pública española desde que el presidente Sánchez accedió al Gobierno de la nación, tras la moción de censura al presidente Rajoy.

Lo decimos mes tras mes: parece haberse instalado en España la sensación de que el gasto no es un problema, sino que éste se soluciona con impuestos y si la recaudación de éstos no basta, se cubre con deuda. Los gestores políticos no se paran a pensar que la subida de impuestos genera distorsiones en la economía -y, además, cuando los suben lo hacen en los impuestos directos, que son los que más perjudican a la actividad económica y al empleo-. Tampoco quieren caer en la cuenta de que el endeudamiento tiene un límite, que estamos sobrepasando ya de manera muy importante. Nada los frena, pues sólo quieren prometer, en todos los ámbitos, más y más medidas que no nos podemos permitir por la sencilla razón de que el gasto que suponen no lo podemos pagar.

Esa tendencia, que tiene su base en esa presión del gasto que es cada vez mayor en España, sitúa a la economía española en una posición compleja, pese a haberse levantado el veto sobre el presupuesto de la UE y los fondos reembolsables procedentes de Bruselas, ya que si los fondos tardan en recibirse y las iniciativas comienzan a ejecutarse con déficit y deuda, corremos el riesgo de que se aproveche para, después, no amortizar esa deuda provisional y ejecutar gastos adicionales.

Como ya hemos dicho en anteriores artículos, tanto la caída de la actividad como el incremento del gasto y, con él, del déficit y de la deuda, no puede atribuirse en exclusiva a la situación excepcional que se vive derivada del coronavirus. Es obvio que el impacto de la pandemia en la economía es notable, sobre todo porque el Gobierno decidió cerrar completamente la actividad económica por no haber tomado unas precauciones tempranas, como cerrar en enero las fronteras con China, y porque ahora ha abandonado por completo a la economía a su suerte. Ahora bien, antes de la enfermedad, la economía ya se ralentizaba de manera cada vez más intensa y el gasto no dejaba de crecer de forma rápida.

Como hemos venido recordando mes tras mes, con las medidas de los reales decretos de los viernes se comprometió gasto estructural por cerca de 10.000 millones de euros, en lugar de adoptar medidas de austeridad que hubiesen permitido tener una mayor capacidad de maniobra ante un retroceso económico, fuese uno como el presente o de menor intensidad, como se preveía.

La pequeña reducción del cociente de deuda sobre el PIB que se había producido hasta entonces, saltó por los aires. Con una deuda cercana al 100% del PIB pero que había logrado ir descendiendo gracias al impulso del crecimiento económico -pues la deuda en valores absolutos seguía aumentando, al mantenerse las cuentas públicas en déficit cada año- el Gobierno tomó la arriesgada decisión de expandir el gasto de manera temeraria.

Ahora vemos las consecuencias de ello: una deuda creciente, que ha pasado del 97,6% con el que cerró 2018, al 95,5% del cierre de 2019 y que ahora se eleva al 118,10% de octubre de 2020, según los datos de deuda del Banco de España y la previsión de crecimiento del PIB nominal del ministerio de Economía plasmada en el plan presupuestario 2021 enviado a Bruselas el quince de octubre de abril (página 12 del informe).

En dicho cociente, ya está comenzando a operar el efecto negativo tanto en el numerador como en el denominador, pues la deuda aumenta en 117.169 millones de euros entre diciembre de 2019 y octubre de 2020 y el PIB se estima que se reduzca en 139.474 millones de euro de 2019 a 2020.

Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 148.691 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de poco más de nueve trimestres de mandato el incremento sigue estando, pese al ajuste por vencimientos de este mes, en el entorno de los 150.000 millones citados anteriormente.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de dos años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 3.142 euros, casi cuatro veces el incremento del primer año.


O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras algo más de dos años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 168,20 millones de euros cada día.


De esa manera, nos encontramos con un incremento exponencial del gasto, una caída en picado de la recaudación y un descenso notable del PIB. Todo ello, hará que la deuda española se sitúe este año entre el 115% y el 125% del PIB, dependiendo de cuál sea la intensidad final del movimiento de déficit y PIB (el gobernador del Banco de España ha llegado a mencionar que incluso podría alcanzar el 128,7% este ejercicio), siendo factible que supere el 130% en 2021. De hecho, el FMI estima que la deuda cerrará 2020 en el 123% del PIB, para quedarse en el 118,8% en 2025, año que, además, subirá de nuevo sobre 2024.


Urge un ajuste importante que sitúe a nuestra economía en el nivel de gasto que se puede permitir. Nada es gratis y todo se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes, pero esos recursos son finitos y los ciudadanos están ya extenuados, en medio de una grave crisis económica, que reduce aún más su poder adquisitivo. Es imprescindible acometer reformas que nos permitan aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía y que éste sea sostenible, no sostenido artificialmente. O se logra hacer eso o el drama será mucho peor cuando se vea que no se puede afrontar tanto gasto, porque entonces el recorte habrá de ser mucho más intenso. No nos cansaremos de repetirlo mes tras mes, aunque con escaso éxito, como los datos muestran. LD.

Elvira Rodríguez: Economista, expresidenta de Tragsa, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, exministra, y otros tantos cargos más, Elvira Rodríguez, diputada del Partido Popular y hoy vicesecretaria sectorial de la formación que dirige Pablo Casado disecciona para elEconomista el momento que vive España con las primeras Cuentas Públicas del Gobierno de coalición aprobadas. Rodríguez mantiene que salimos fiscal y económicamente mal de 2019, que tampoco se han tomado las medidas adecuadas en 2020, y que los Presupuestos de 2021 son ya papel mojado. No en vano, valora los fondos europeos y el rigor de los mismos, y espera que este Ejecutivo sepa reaccionar a tiempo. De otro modo, por el camino que va Sánchez -vaticina-, no descarta un rescate para el año 2023. Sigue la entrevista

La deuda pública se incrementó en noviembre en 6.562 millones de euros, alcanzándose un máximo histórico de 1,3 billones.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas registró un incremento del 0,5% en el mes de noviembre del año pasado, al sumar 6.562 millones de euros en un mes, marcando un nuevo máximo histórico de 1.312.590 millones de euros, en torno al 114,5% del PIB, como consecuencia del mayor gasto y los menores ingresos derivados de la crisis del coronavirus, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.


De esta forma, utilizando el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres la ratio de deuda pública se aproximaría al 114,6%, frente a la estimación del Gobierno del 118,8% para el conjunto de 2020, y en el último año acumula 124.606 millones de euros adicionales, un 10,5% más.

El nuevo aumento de la deuda en noviembre se debe al incremento del endeudamiento del Estado, las comunidades autónomas a pesar de las mayores transferencias del Estado y de la deuda de la Seguridad Social, que han tenido que hacer un esfuerzo extra de gasto debido al impacto de la crisis del coronavirus, mientras que ha descendido la deuda de las corporaciones locales a nivel mensual.

Sube la deuda de estado y CCAA

En concreto, la deuda del Estado subió en noviembre en 4.37 millones de euros, con un alza del 0,4% respecto al mes de octubre, hasta los 1.167.688 millones de euros, cifra próxima al máximo histórico marcado en septiembre (1,171 billones de euros). Respecto al año anterior repuntó un 11,1%, sumando 116.853 millones en los últimos 12 meses.

Por su parte, la deuda de las comunidades aumentó un 0,5%, hasta los 304.216 millones de euros, mientras que en el último año el endeudamiento regional ha crecido un 2,3%, con 6.928 millones de euros más.

En cambio, las corporaciones locales rebajaron un 3,3% su deuda en el undécimo mes del año pasado, con una caída de 763 millones, hasta los 22.701 millones de euros. A nivel interanual, se reduce un 7,8%.

La deuda de la Seguridad Social marca nuevo máximo

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social sigue sin ceder y marcó en noviembre un nuevo máximo histórico al subir un 10,7% intermensual, con 8.250 millones más, hasta el récord de 85.354 millones de euros. De hecho, a nivel interanual creció un 55,1%, acumulando 30.330 millones más en solo un año.

Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones, cuya factura mensual se acerca a los 10.000 millones de euros, pero en los meses en los que hay paga extra, ésta se duplica.

La deuda pública cerró 2019 en 1,18 billones, el equivalente al 95,5% del PIB, por debajo del objetivo que se había marcado el Gobierno del 95,9% del PIB.

Para 2020 el Gobierno fijó una meta de reducción hasta el 94,65% del PIB que, sin embargo, como consecuencia de la crisis de la covid-19 se actualizó en octubre hasta elevarse la estimación al 118,8% del PIB.

LM

La deuda total de la economía (empresas, hogares y AAPP) se dispara con la crisis

La deuda pública se ha situado en noviembre en los 1,313 billones de euros

El sector privado (hogares y empresas) acumula una deuda de 1,65 billones

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Deuda, deuda y más deuda. Las economías avanzadas navegan por aguas casi desconocidas. La crisis del covid-19 ha llegado cuando todavía muchos países arrastraban grandes cargas de la crisis pasada, lo que está llevando a que la deuda alcance niveles históricos en casi todos los sectores de la economía.

En el caso de España, durante esta crisis, los hogares se han abrochado el cinturón ahorrando. Por el contrario, la Administración Pública y las empresas están disparando su deuda ante el desplome de los ingresos y el incremento de los gastos, en el caso de las AAPP. Todo ello va a llevar a que la economía española supere más pronto que tarde los tres billones de euros de deuda entre Administración Pública, empresas y hogares.



Con los últimos datos publicados por el Banco de España, la deuda total de la economía en noviembre ascendía a 2,963 billones de euros, un máximo histórico que seguirá creciendo, previsiblemente, en los próximos meses. La tercera oleada del covid-19 está obligando a gobiernos y empresas a dar una vuelta de tuerca más a sus ya retorcidas finanzas. Los primeros han visto reducidos sus ingresos (se hunde la recaudación) a la par que lanzaban las redes de protección para reducir el impacto de la crisis en la economía (Ertes, avales de crédito, prestaciones, ayudas...). Las empresas, por su parte, han sufrido un desplome de sus beneficios y han tenido que recurrir a la deuda para mantenerse con vida y evitar despidos masivos (labour hoarding).

En euros contantes y sonantes, la deuda total de la economía ha crecido en lo que va de año 177.543 millones de euros (hasta los 2,963 billones señalados anteriormente). De ese monto generado en 10 meses, la Administración Pública es 'culpable' del 70%. La deuda del Gobierno y el resto de administraciones se ha incrementado en 123.731 millones de euros desde el cierre de 2019, hasta alcanzar un total de 1,313 billones de euros.

Las AAPP llevan el peso del crecimiento de la deuda en el último año
Desagregando los datos dentro de la Administración Pública, la Administración Central ha elevado su deuda en 112.570 millones de euros, mientras que el resto se lo reparten entre las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social. Las Corporaciones Locales (ayuntamientos) han rebajado su deuda en 530 millones de euros.

La deuda privada ha crecido en 53.200 millones de euros, impulsada por las empresas nos financieras, que han pasado de deber 892.315 millones en 2019 a 945.509 millones a noviembre de 2020. El desplome de la actividad económica ha borrado de un plumazo los beneficios de unas empresas que han recurrido al crédito para mantenerse a flote.
Mientras tanto, unos hogares temerosos por el presente y futuro que quedará tras el covid-19 han decidido mantener casi intacto su endeudamiento (a la par que disparaban su ahorro por precaución). La deuda de los hogares se ha mantenido estable en 704.600 millones de euros. Pese a todo, las familias han visto un descenso de su patrimonio neto ante la drástica caída del precio de los activos financieros.

Pese a que la situación es grave, si se analiza el endeudamiento en términos relativos (respecto al PIB) aún se encuentra lejos de sus máximos históricos. La deuda total de la economía ronda el 258% del PIB, una cifra alta pero que aún dista de los máximos alcanzados en 2013, cuando la deuda privada estaba disparada (cerca del 200% del PIB) y el total rozó del 280% del PIB.

Hoy, la deuda privada se encuentra muy lejos de sus máximos históricos, habiendo alcanzado el 143,25% en noviembre. Por el contrario, la deuda pública ha tocado niveles no vistos desde 1902, tras rebasar el 114% en los últimos datos publicados.

Fuente

La deuda pública subirá año tras año hasta alcanzar el 141% el PIB en 2030
La Comisión Europea cataloga de 'alto riesgo' la deuda española en el corto plazo
La deuda seguirá subiendo porque el déficit será mayor que el crecimiento

La deuda pública de España se ha disparado durante la crisis del covid-19. En términos de PIB se ha incrementado, por ahora, en unos 18 puntos porcentuales (hay que tener en cuenta que el PIB se ha desplomado elevando este ratio) hasta el 114% del PIB, mientras que en términos absolutos (euros constantes y sonantes) ha aumentado en más de 120.000 millones de euros. Este crecimiento sin precedentes en tiempos de paz, que también ha ocurrido en otros países, ha hecho que Bruselas ponga en duda la sostenibilidad de la deuda española en el corto y medio plazo.

La Comisión Europea, en su escenario base (el que considera más probable), prevé que la deuda pública de España siga aumentando año tras año hasta el 2031. El elevado déficit estructural y un crecimiento potencial bajo, impedirán que España logre equilibrar sus finanzas públicas, de modo que la deuda seguirá subiendo hasta tocar techo en el 141,2% del PIB en el año 2030 y sufrirá la primera caída en el 2031 hasta el 140,6%, según se desprende del informe Debt Sustainability Monitor. ¿Por qué seguirá subiendo la deuda si acaba la crisis?



Aunque la recuperación llegue, buena parte del gasto para contener la crisis y sus efectos se mantendrá durante años por las secuelas de esta profunda recesión (histéresis). Por ello, el déficit estructural (no tiene en cuenta los ingresos extra que se generan cuando la economía crece por encima de su potencial) seguirá 'disparado' en el 2,9% del PIB. Bruselas descarta que España aplique políticas austeridad, simplemente cree que la deuda comenzará a bajar cuando la economía recupere todo el PIB perdido y empiece a crecer por encima de su producto potencial. El problema es que durante todo ese periodo existe el riesgo de que otra nueva crisis pueda desbaratar los cálculos, generando un desequilibrio aún mayor. Todo ello puede poner en duda la sostenibilidad de la deuda en el corto y medio plazo.

A día hoy y con unos tipos de interés cerca de cero o negativos, la deuda parece sostenible. Sin embargo, nadie puede garantizar que los tipos de interés se mantendrán en estos niveles de forma infinita, ni que la confianza ciega de los inversores en el BCE y sus intervención perdurará para siempre. Aunque parezca una frase estúpida, la deuda pública siempre es sostenible hasta el día que deja de serlo.

España ya contaba con una carga muy pesada antes de la pandemia. La deuda pública estaba cerca del 100% del PIB y el déficit estructural era el más alto de Europa. Los diferentes gobiernos habían y han hecho poco por reducir estos desequilibrios. Ahora, "la crisis del covid-19 ha intensificado los problemas de sostenibilidad de la deuda en algunos países que ya resultaban problemáticos antes de la pandemia y la evaluación de los riesgos de sostenibilidad fiscal parece especialmente crítica en la actual coyuntura", explican desde Bankia Estudios en un informe.

Bruselas ve riesgo a corto plazo

La Comisión Europea analiza la situación a la que se enfrentan los países de la UE en el corto, medio (5 años) y largo plazo (15 años). España se encuentra en una posición de riesgo a corto y medio plazo, mientras que presenta un riesgo medio a largo plazo.

-Riesgo elevado en el corto plazo. Hay que tener en cuenta que antes de la crisis del covid-19, todos los países de la Unión Europea estaban considerados como de riesgo bajo. Ahora, tras la histórica recesión económica y el aumento del gasto público, la situación ha cambiado de forme dramática. Bruselas considera que once países afrontan un riesgo elevado en el corto plazo: España, Francia, Bélgica, Italia, Portugal, Rumanía, Letonia, Croacia, Chipre, Eslovaquia y Finlandia.

-Riesgos en el medio plazo. Aquí Bruselas detecta ocho países que afrontan un riesgo elevado y son los siguientes: España, Francia, Bélgica, Italia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia. Con riesgo medio aparecen: Croacia, Chipre, Hungría, Países Bajos, Austria y Finlandia.

-Riesgos en el largo plazo. En el grupo de mayor riesgo se encontrarían cinco países: Bélgica, Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia. Pero si se considera un nivel medio de riesgo, habría que vigilar a: España, Bulgaria, República Checa, Alemania, Irlanda, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y Suecia.

De este modo, "España, que forma parte del grupo de mayor riesgo de endeudamiento, junto con Bélgica, Francia, Italia y Portugal, la CE prevé un fuerte deterioro de la deuda pública: en 2021 ya representará el 122% del PIB, casi 30 puntos más que en 2019, y en 2023 anotará uno de los mayores aumentos, alcanzando el 128,3%. Seguirá creciendo durante la próxima década, de forma ininterrumpida, hasta el 141,2% en 2030; sólo en 2031 se espera que empiece a aminorar. Esta evolución se explica por el impacto de las políticas de estímulo fiscal puestas en marcha para paliar los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus, junto con el bajo crecimiento potencial de la economía, que no superará el 0,8%-1% a lo largo del periodo" señalan desde Bankia Estudios. Link

En marzo, sigue aumentando la deuda hacia los 1,5 billones de euros, tras alcanzar los 1,453 billones de euros de endeudamiento. Este grave problema puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla una vez que el BCE deje de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto.

El incremento del gasto es un problema importante, con el déficit estructural, construido sobre un gasto desmedido, que se ha ido consolidando en el tiempo, como principal problema. Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad.

De esa manera, el déficit estructural español se situará en 2023 en cerca de cinco puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea. Esa asunción de dicha supuesta normalidad se recoge, mes tras mes, en las estadísticas de endeudamiento de las AAPP que publica el Banco de España.

La tendencia sigue siendo alcista -y así seguirá mientras siga habiendo déficit, pues la deuda no es más que el sumatorio de los distintos saldos presupuestarios de cada ejercicio- con la aportación de inestabilidad a la economía que ello supone, y para este año, 2022, se prevé un déficit del entorno del 5%.

La deuda sigue su camino hacia los 1,5 billones de euros, que supone el 111,12% del PIB español sobre la estimación de crecimiento de PIB nominal del Gobierno a partir del dato de cierre de 2021, publicado por el INE, así como su previsión de déficit en 2022 que aparece en el cuadro macroeconómico.

Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitigará el cociente, como vemos al utilizar el dato de previsión del año (1,308 billones de euros), sigue siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos.

Es más, como la previsión de déficit para 2022 es del 5%, eso supone incorporar una mayor deuda en 2022 de 65.435 millones de euros. Eso quiere decir que como se ha incrementado ya en estos dos primeros meses en 26.713 millones respecto al cierre de 2021, el endeudamiento se incrementará en los nueve meses restantes del año en otros 24.087 millones, de manera que la deuda llegará casi a los 1,5 billones de euros (1,493 billones) y el endeudamiento sobre el PIB se situará en el 114,1% del PIB.

Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 296.611 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de casi cuatro años de mandato el incremento es de casi 300.000 millones de euros.


Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los casi cuatro años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 6.251 euros, siete veces y media el incremento del primer año.


O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras casi cuatro años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 211,87 millones de euros cada día.


De esa forma, nos encontramos con un incremento exponencial del gasto y un descenso notable del PIB, en un entorno económico complicado, de elevada inflación, siendo muy preocupante la subyacente -la mayor desde hace veinticinco años-, fuertes costes energéticos -que están propagando ese incremento de precios por toda la cadena de valor-, marco macroeconómico irreal y expectativas endebles.

Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque es el origen del problema y vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante endeudamiento, insostenibilidad a la que nos lleva Sánchez con su política económica.

Link.

El presidente Sánchez ha negado -y niega- la realidad económica, agarrándose a los datos de empleo y a un cuadro macroeconómico que se ha visto superado por la realidad, pero que le permitía, todavía, esconderse. Sin embargo, ese parapeto se le empieza a caer, tal y como hemos comprobado con los últimos datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del ITR-2022, los datos de empleo de junio -que corroboran el deterioro anticipado por la EPA del ITR-2022-, y por los de inflación.

Por una parte, el INE certifica que la economía se para cada vez con más intensidad, al revisar a la baja el crecimiento del PIB y mostrar que en tasa intertrimestral todos los sectores caen o disminuyen fuertemente su crecimiento, por el lado de la oferta, y con una fuerte caída del consumo, por el lado de la demanda, con una productividad por hora trabajada que cae, en el aspecto laboral y productivo.

De esa forma, el INE revisa a la baja una décima el crecimiento del PIB del ITR-2022 y lo deja en el 0,2% intertrimestral, 2 puntos menos que el trimestre anterior.


En segundo lugar, el Gobierno intensifica el gasto, a lomos de un incremento de recaudación sólo apoyado en el efecto inflacionista, que asfixia a los ciudadanos mientras el Gobierno lo malgasta, sin reducir el déficit y sin mitigar el enorme endeudamiento que está dejando a los españoles.

La deuda sigue su camino hacia los 1,5 billones de euros. Se ha incrementado ya en estos cuatro primeros meses en 18.191 millones respecto al cierre de 2021, de manera que el endeudamiento se incrementará en los ocho meses restantes del año en otros 47.244 millones, de manera que la deuda llegará casi a los 1,5 billones de euros (1,493 billones) y el endeudamiento sobre el PIB -tomado la estimación de PIB nominal enviado a Bruselas- se situará en el 114,1% del PIB.

Eso, en medio de una situación de liquidez abundante -aunque ya ha comenzado a girar la política monetaria, ha incentivado los cuellos de botella y presionado al alza a los precios, llevándonos a una inflación de dos dígitos, con una subyacente elevadísima.

Por último, y aunque el mercado laboral siempre actúa como indicador retrasado de la actividad económica, ha comenzado a dar sus primeros síntomas de agotamiento.

Por un lado, la EPA correspondiente al ITR-2022 muestra que la economía se ha parado de manera importante, con la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo, al descender la ocupación en dicho número, que no ha sido mayor debido a que todavía miles de personas se encuentran en ERTE. Esta reducción, desgraciadamente, es importante y puede ser, lamentablemente, el inicio de una senda de deterioro en el mercado laboral que muestre la ralentización, estancamiento y empeoramiento de la actividad económica española, derivado de una pésima política económica del Gobierno, equivocada, basada en el gasto público, en las subidas de impuestos y en el intervencionismo que atenaza a la economía, cuyas consecuencias se comienzan a ver.

Dentro de esa reducción de empleo, los trabajadores por cuenta propia (autónomos) soportan más de la mitad del descenso, con 55.700 ocupados menos, que refleja el enorme castigo que soporta este grupo de profesionales.

Por otra parte, los datos del mercado laboral de junio, que, pese a lo que diga el Gobierno, no son nada buenos, certifican dicho agotamiento, siendo el peor mes de junio en paro registrado desde los inicios de la anterior crisis, con excepción de 2020, cuando todo estaba cerrado por la pandemia. -

Todo ello, refleja un escenario económico que cada vez se complica más. La ralentización es global, pero es especialmente importante y preocupante en España. Importante, porque se está frenando de manera más clara y está expuesta a mayores perturbaciones, como el incremento del coste de financiación y la prima de riesgo por su elevado endeudamiento; y preocupante, porque somos los que más alejados estamos de recuperar los niveles previos a la pandemia, en términos constantes, y nos estamos estancando.

Sánchez nos lleva al estancamiento, elevado endeudamiento, precios desbocados y deterioro del mercado laboral. Es el resultado de estos cuatro años de Sánchez, que nos lleva a una estanflación que todavía puede empeorar con más gasto en el tiempo que queda de legislatura para tratar de sobrevivir y aferrarse al poder.

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EL GOBIERNO MÁS CARO DE LA HISTORIA EN EL PEOR MOMENTO ECONÓMICO PARA ESPAÑA

De momento, en los cinco primeros meses de 2022, el gasto en nóminas de los colaboradores gubernamentales pasa de 70 a 86 millones de euros

Qué no nos falte de ná!»

El popular estribillo de una canción de Cantores de Hispalis lo aplica a la perfección Pedro Sánchez.

El presidente socialcomunista, adicto a los lemas, a aquello tan manido de que nadie iba a quedarse atrás a colación de la pandemia por el coronavirus, deja bien claro que los únicos que no sufren los rigores de la crisis son los que están en su barco.

El dato resulta de todo punto espeluznante porque, cuando los ciudadanos de a pie se las están viendo y deseando para llegar a fin de mes, el mandatario de La Moncloa derrocha a diestro y siniestro en salarios para su nutrido equipo de altos cargos y asesores.

De hecho, el dato que arroja este 15 de agosto de 2022 el digital Okdiario deja bien a las claras cuáles son las verdaderas prioridades de Pedro Sánchez.

Y es evidente que los españoles de a pie no son su principal preocupación.

Cuando el Índice de Precios al Consumo cerró el mes de julio de 2022 con un escalofriante 10,8%, en el gabinete sanchista pagaron a lo largo de junio una cifra récord en materia de salarios para aquellos altos cargos y asesores que trabajan para el Ejecutivo.

Ni más ni menos que 25,8 millones de euros en ese capítulo, prácticamente 26 kilos en disponer a un sobredimensionado equipo gubernamental que, a tenor de la gestión demostrada, no parece que sea el dinero que mejor ha empleado el Gobierno.

De hecho, a los contribuyentes les está saliendo por un ojo de la cara mantener a una tropa de estómagos agradecidos que, ineptos para resolver los problemas que acucian a sus administrados, se transforman en auténticas aguilas a la hora de poner el cazo y ver engrosadas sus nóminas a final de cada mensualidad.

Lo peor de todo es que con Sánchez el desembolso salarial para pagar a las personas que ocupan puestos de responsabilidad en la Administración, lejos de abaratarse, se encarece a marchas forzadas.

De momento, hasta el mes de junio de 2022, el coste de quienes trabajan para el Gobierno Sánchez seha disparado en más de 16 millones respecto al mismo período de 2021.

Si hace justo un año la partida se había elevado hasta algo más de 70 millones de euros, en esta ocasión la cifra ha sido holgadamente superada y ya supera los 86 millones de euros.

Y todo esto, insistimos, en un contexto en el que los ciudadanos tienen que hacer números a la hora de ir a la compra, de poner los diferentes electrodomésticos de casa y de tentarse el bolsillo en cuanto acceden a una estación de servicio para llenar el depósito de gasolina de su vehículo.

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