El Tribunal de Cuentas detecta abusos en la atención sanitaria a los extranjeros

La diferencia millonaria entre lo que España factura por la atención sanitaria a extranjeros y lo que paga por la que los españoles reciben fuera o el uso abusivo que Portugal hace de la sanidad española, son algunas de las deficiencias que el Tribunal de Cuentas ha detectado en un informe sobre la asistencia sanitaria a extranjeros.

Así, en 2009 España facturó 441,1 millones de euros a 26 países de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, por la asistencia médica prestada a ciudadanos de estos países, mientras que el gasto que supuso la asistencia de españoles en el extranjero sumó 46,2 millones de euros.

Esta diferencia, según señala el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre la atención sanitaria a extranjeros, solo obedece a que “España es un país eminentemente receptor de turistas y residentes extranjeros”.

Además, en su informe el Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias en el intercambio de información entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión (en lo que afecta a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).

Estos fallos en el intercambio de información -que ya han sido subsanados, según el propio Tribunal- incidieron “negativamente” en la eficacia y eficiencia de la gestión de la facturación emitida a España y causó pérdidas de unos 20 millones de euros entre 2007 y 2008.

Esto se debió, explica, a la emisión de facturas a Reino Unido en función del número medio de turistas que llegaban a España, y no según el coste efectivo del tratamiento recibido por sus ciudadanos.

El Tribunal también ha detectado que el número de facturas emitidas a ciudadanos de Francia y Portugal “supera significativamente el promedio” del resto de los países de la Unión Europea y que las prestaciones sanitarias prestadas se concentran en las provincias limítrofes de Badajoz y Pontevedra.

Es decir que, advierte, existe un “importante” número de ciudadanos portugueses que se trasladan a España “de manera deliberada” para recibir atención médica y no se encuentran en estancia temporal en España, lo que “desnaturaliza el objetivo de la Tarjeta Sanitaria Europea, que solo debe usarse de manera coyuntural.

Otro de las deficiencias del sistema español de atención a pacientes extranjeros son los fallos en el uso del programa diseñado exclusivamente para ello y que, entre 2006 y 2010, evitó que se emitiesen facturas por importe de 51.306 euros.

Además, España sólo emite facturas por un total de 103.672 pensionistas a sus países de origen mientras que, según el Instituto Nacional de Estadística, el número de pensionistas extranjeros empadronados es España alcanza los 231.364, lo que arroja una diferencia de 127.692 personas por las que España no percibe ninguna cuota.

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http://www.alertadigital.com/2012/04/17/el-tribunal-de-cuentas-detecta-abusos-en-la-atencion-sanitaria-a-los-extranjeros/

Se cambiará la Ley de Extranjería para evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 20 de abril de 2012, que el Gobierno va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria.

En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites del empadronamiento y que se pedirán "unos requisitos" que no ha explicitado.

Mato ha justificado esta medida señalando "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".

Asimismo, ha avanzado que se sacarán de financiación algunos medicamentos "con poco valor terapéutico", que se establecerá una cartera de servicios única en todo el país y que se instará a las farmacéuticas a adecuar los envases de los medicamentos a las duraciones habituales a los tratamientos.

"Estamos pasando una situación muy difícil en España y todos tenemos que colaborar con los que lo están pasando peor y por ello por primera vez los parados sin prestación no pagarán por medicamentos y quienes tienen renta más alta pagarán el 60% del coste de los medicamentos", ha señalado en referencia a los acuerdo adoptados por el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado miércoles, que han sido estudiados por el Gobierno.

http://www.periodistadigital.com/inmigrantes/legislacion-y-documentos/2012/04/21/los-extranjeros-no-podran-venir-a-espana-a-recibir-asistencia-sanitaria.shtml

«Nunca se ha planteado que la Sanidad dejara de ser pública, gratuita y universal. Hemos hecho una reforma estructural para garantizar ese modelo», asegura la ministra en una entrevista con ABC

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha explicado en dos ocasiones la reforma sanitaria. Las dos veces se ha disculpado por unas medidas que exigen un esfuerzo económico a todos los ciudadanos. «Es la reforma más justa», asegura. «La mejor fórmula para que uno de los mejores sistemas de salud del mundo llegue a nuestros hijos y nietos».

http://www.abc.es/20120422/sociedad/abci-entrevista-mato-reforma-sanidad-201204221733.html

ESTANDO EL PSOE EN EL PODER:

22-03-10
Sanidad propone recortar el gasto farmacéutico para ahorrar 1.500 millones anuales
http://www.abc.es/20100318/sociedad-salud/consejo-interterritorial-salud-201003181854.html

25-05-10
Sanidad estudia el copago para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario
http://www.abc.es/20100525/sociedad-salud/copago-sanitario-201005251225.html

El coste económico que paga España por la asistencia sanitaria prestada a los casi medio millón de inmigrantes extranjeros sin recursos económicos suficientes supera los 450 millones de euros anuales, según recoge hoy elEconomista. Esta es la estimación que hace el Tribunal de Cuentas, que eleva a 451.481.202,12 euros el coste total por esta prestación en 2009. España es el país que más gasta en asistencia sanitaria y prestación farmacéutica dentro de la UE.

Un coste que el propio organismo fiscalizador del Estado califica de “elevado” y que le lleva a instar al Gobierno a “impulsar las medidas legislativas oportunas para que el coste de la asistencia sanitaria prestada a dicho colectivo pueda ser derivado, en su caso, a sus respectivos países de origen”.

Pero, además del coste económico, el Tribunal de Cuentas ha detectado graves deficiencias en el procedimiento de nuestro sistema de Seguridad Social para el reconocimiento de la condición de “persona sin recursos económicos suficientes” que, aunque el Tribunal no lo afirma textualmente, si parece indicar que están originando importantes deficiencias de fraude.

En concreto, el organismo que preside Manuel Núñez denuncia que para acceder a la tarjeta sanitaria individual y a todas las prestaciones de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, incluidas prestaciones farmacéuticas, este colectivo de inmigrantes “no tiene la obligación de presentar un documento expedido por un organismo oficial del Estado de procedencia que acredite que la persona carece de cobertura sanitaria en dicho país”. Una insuficiencia que permite a dichas personas “quedar a cargo de la Seguridad Social española a pesar de que pueden estar aseguradas en sus países de procedencia, con el consiguiente perjuicio económico para España”.

Pero hay más. Este colectivo de inmigrantes, para acceder a las prestaciones sanitarias, sólo debe presentar una declaración jurada de ingresos económicos, a diferencia de los ciudadanos españoles, que deben acreditar la insuficiencia de recursos económicos mediante la presentación de la declaración de IRPF del último año o el certificado de la Agencia Tributaria acreditativo de que no tienen que presentar declaración. Hecho éste que el Tribunal considera “una discriminación con relación a personas de nacionalidad española”.

El Tribunal de Cuentas ha detectado también supuestos en los que personas sin recursos económicos suficientes eran titulares de una Tarjeta Sanitaria Europea emitida por España, a pesar de que estas personas sólo pueden exportar el derecho de asistencia sanitaria para extranjeros si poseen el documento denominado Certificado Provisional Sustitutorio y por un máximo de 90 días al año............................................................

http://www.alertadigital.com/2012/04/25/espana-gasta-mas-de-450-millones-de-euros-anuales-en-atencion-sanitaria-a-inmigrantes/

EL REGALAR LA SANIDAD A MILLONES DE INMIGRANTES ES LO QUE HA LLEVADO A LA RUINA A NUESTRA SANIDAD:

El 1 de septiembre el Gobierno quitará la cobertura a los ‘sin papeles’

Chaouki Smaali, sin permiso de residencia, no tendrá acceso a un costosísimo tratamiento

Este tunecino que el martes cumple 40 años se enteró de que era portador de VIH en 1996, de casualidad. Un accidente de tráfico le desveló su condición de infectado. “Me detectaron el virus en los análisis que me hicieron antes de operarme”, explica. Por entonces aún le iba bien como instalador de equipos de aire acondicionado. Ahora, mientras trata de olvidarse de la heroína, no tiene más trabajo que las chapuzas

Todo apunta a que, a partir del 31 de agosto, Chaouki dejará de tener acceso a los costosos medicamentos (850 euros al mes) que impiden que el virus prolifere hasta el punto de desarbolar su sistema inmunitario.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/28/actualidad/1335641595_743309.html

Chaouki Smaali, RECLAMA A TU GOBIERNO EN TUNEZ.
VOSOTROS HABEIS ARRUINADO LA SANIDAD ESPAÑOLA Y ENCIMA OS QUEJAIS

MAS GENTE QUE HA ARRUINADO LA SANIDAD ESPAÑOLA:

Diaw llegó a España en Patera, ahora vive en Huelva en el centro de acogida de una institución

Diaw reside en el centro de acogida Santa María de Cáritas de Huelva desde julio de 2010. Se operó en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla en octubre de ese mismo año por un problema en las válvulas del corazón. Desde entonces debe tomar sintrón, un anticoagulante.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/28/actualidad/1335648462_113650

La Plataforma de Entidades Cristianas con los Inmigrantes ha pedido al Gobierno que rectifique en su decisión de no conceder prestaciones sanitarias a los inmigrantes ilegales en nuestro país. Dicha asociación, integrada por treinta entidades, entre ellas Cáritas, ha elaborado un manifiesto en el que reivindica una asistencia médica para «todas las personas que lo necesiten».

Los colectivos consideran «una grave e inaceptable involución en materia de derechos humanos» que nuestra Sanidad solo ayude al inmigrante ilegal en situación de urgencia o de embarazo, y han recordado que la asistencia médica es un derecho universal sin distinciones. En este sentido, también han señalado el riesgo que puede suponer para una sociedad el establecimiento de una Sanidad segmentada, que podría poner el peligro el «derecho a la vida». «Es un desprecio a su dignidad humana», han concluido.

«Estigmatización de los extranjeros»

La plataforma cristiana también ha alertado sobre el posible «factor de inseguridad y de exclusión social» que la medida del Gobierno podría suponer para las personas en situación ilegal, algo que, según ellos, «se añade a la creciente precariedad que ya sufren, enviando un mensaje populista y muy peligroso de estigmatización

http://www.alertadigital.com/2012/05/04/el-calamitismo-se-extiende-como-una-plaga-caritas-pide-al-gobierno-que-no-excluya-a-los-inmigrantes-ilegales-del-sistema-sanitario/#comment-64380

La consejería de Salud de la Generalidad está estudiando un sistema alternativo a la tarjeta sanitaria para poder garantizar la atención médica a los inmigrantes que estén en situación irregular en el país.

Así lo ha anunciado el consejero de Salud, Boi Ruiz, durante una visita al Instituto Catalán de Oncología (ICO) de Hospitalet.

Ruiz ha apuntado que el “mecanismo está aún por determinar, pero lo importante es la voluntad firme que el inmigrante que no tiene derecho a la tarjeta sanitaria española pueda recibir la atención que recibía hasta ahora”, y aseguró que hay que atenderlos inmigrantes irregulares “por solidaridad y por salud pública”.

El titular de Salud recordó que es la Unión Europea (UE) la que prohíbe a los Estados miembros dar una tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles ya que esta permite que puedan recibir asistencia médica en cualquier país de la unión.

Boi Ruiz ha dicho que ahora la Generalitat debe estudiar “como se le da una acreditación a aquel que no tiene tarjeta sanitaria porque no se le puede dar por directiva europea y por ley estatal”, y ha reclamado que la solidaridad con los inmigrantes sea ​​”una política de Estado y no de comunidad autónoma”.

El responsable de Salud de la Generalitat ha asegurado que mantiene contacto casi diario con la ministra de Sanidad, Ana Mato, para negociar cambios en el Real Decreto Ley de medidas de ajuste en el ámbito sanitario, que, entre otras propuestas, incluye la denegación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales.

http://www.alertadigital.com/2012/05/12/qatar-manda-la-casta-traidora-obedece-la-generalitat-estudia-un-sistema-alternativo-para-garantizar-la-atencion-sanitaria-a-los-sin-papeles/

La ministra de Sanidad, Ana Mato, aclaró ayer que aquellos inmigrantes en situación irregular infectados por el VIH tendrán la asistencia «cubierta» a través de convenios entre las comunidades y organizaciones de apoyo a esta población.

De este modo, la dirigente popular recordó que la atención a estos pacientes, así como en cualquier otra dolencia crónica, «van a seguir siendo atendidos». «La Sanidad está garantizada porque somos titulares de ese derecho, el Real Decreto no cambia la legislación actual y, por tanto, la Ley General sigue vigente al 100 por 100», añadió la madrileña, para enfatizar que, por tanto, «no va a quedar nadie desatendido en España».

Asimismo, reiteró que esta decisión forma parte de una medida encaminada a acabar con los «abusos», y equiparó a España a otros países europeos, donde la Sanidad «funciona de esa manera, y no pasa nada».

«Hay que diferenciar, no puede ser equiparable una persona que está en España en situación legal que ilegal, que tienen la asistencia sanitaria cubierta, en todo caso, con la básica».

La ministra, que reiteró su intención de mantener un servicio universal, afirmó que el Real Decreto Ley de reformas para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha sido un avance «importante» para garantizar la viabilidad de su departamento y que, en contra de lo que se afirma desde diversos sectores, «no hay un cambio de modelo» con la nuevas medidas, sino un sistema más «eficiente».

«HERENCIA COMPLICADA»

Asimismo, Mato aclaró que «el Gobierno está trabajando para tomar las medidas necesarias» para salir «del momento difícil que estamos atravesando» y, teniendo en cuenta, «la herencia complicada» que ha dejado el Gobierno socialista: «Todo va ir a mejor y todos juntos vamos a salir adelante». Y, para ello, sostuvo que el SNS no perderá «en absoluto» calidad, ya que lo que se busca es «eficacia».

Como era lógico, no podía pasar desapercibido el tema del copago. Así, la titular del ramo volvió a mostrarse contraria al de tipo sanitario o por consulta -«injusto»-, sin embargo, señaló que la implantación de esta fórmula a la hora de comprar las medicinas con las recetas se hacía necesaria teniendo en cuenta que «hay un gasto farmacéutico descontrolado».

«Había una participación que se diferenciaba entre activos y pasivos, sin tener relación con la renta. Hemos buscado una medida en la que pagan más los que más tienen, y viceversa», recalcó.

La ministra, que entiende que muchos jubilados tendrán que hacer un esfuerzo a la hora de comprar sus medicamentos, advirtió que gracias a ésta, y otras medidas, «vamos a seguir teniendo una buenísima Sanidad».

Respecto a la aplicación del Real Decreto Ley, señaló que, en caso de que alguna comunidad autónoma decida no cumplir la norma, el Gobierno deberá actuar al respecto.

FIRMAS PRIVADAS

Además, Mato se mostró contraria de la privatización de algún servicio público, pero partidaria de la colaboración público-privada entre las entidades, ya que «funciona bien». «Lo importante es que te curen los mejores médicos con los mejores medicamentos y que no cobren por ello», apostilló.

Por otra parte, la exvicesecretaria de Organización del Partido Popular señaló que tiene la intención de llegar a un Pacto por la Sanidad con el apoyo de todas las comunidades autónomas que quede fuera del debate político. «Es una prioridad», afirmó, al tiempo que destacó que es necesario al igual que llegar a un amplio acuerdo socio-sanitario.
http://www.alertadigital.com/2012/05/13/espana-pagara-a-los-de-fuera-el-coste-de-sus-vicios-los-ilegales-con-sida-seran-atendidos-gratuitamente-por-la-sanidad-espanola/

La Policía Nacional ha destapado en Mataró (Barcelona) un fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal por más de 800.000 euros. Han sido detenidas 30 personas de origen marroquí.

Según informó la Policía, a los arrestados se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental; estafa al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE); contra la Seguridad Social; falsedad de documento público; y de favorecimiento de la inmigración ilegal.

La trama desarticulada creaba empresas ficticias a nombre de personas insolventes, a las que prometían de 2.000 a 3.000 euros, que en la mayoría de los casos no llegaban a pagar. Los arrestados contrataron a 685 supuestos trabajadores, cuyas cuotas de afiliación no eran abonadas. Los supuestos trabajadores entregaban el 50 por ciento de los subsidios por desempleo obtenidos fraudulentamente.

Las investigaciones se iniciaron cuando se conoció la existencia de un grupo organizado, compuesto por individuos de origen marroquí, que había creado en Mataró una serie de empresas sin actividad a nombre de personas insolventes.

TESTAFERROS

Para utilizar su identidad, a los testaferros se les prometía una compensación de hasta 3.000 euros, dinero que normalmente nunca llegaban a recibir. La finalidad real de estas empresas era registrar continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores, sin corresponderse con una actividad real y sin abonar las correspondientes cuotas a la Seguridad Social.

Tras las oportunas comprobaciones, los investigadores determinaron que un total de seis sociedades constituidas por el grupo presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores, hasta un total de 685.

Asimismo, un total de 175 trabajadores fueron rotando por las distintas empresas, con el fin de estar el mayor tiempo posible dados de alta, para posteriormente solicitar prestaciones por subsidio de desempleo del Servicio Público de Empleo y del Instituto Nacional de la Seguridad Social. De esta forma pordían obtener por primera vez el permiso de residencia o tramitar su renovación.

Una vez reconocida la prestación, los beneficiarios debían entregar cada mes la mitad de lo recibido a la organización. El total de la cantidad defraudada entre las empresas mencionadas y los trabajadores que habían llegado a percibir subsidios supera los 800.000 euros.

http://www.alertadigital.com/2012/05/18/una-trama-de-30-marroquies-defraudo-800-000-euros-a-la-seguridad-social-y-al-servicio-publico-de-empleo-en-mataro-barcelona/#comment-68550

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos ha señalado en rueda de prensa en la que ofrecía la valoración de los datos de afiliación del mes de diciembre, que no se cumplirá la previsión del Gobierno socialista, que apuntaba a un superávit del 0,4% para 2011, después de que ya lo avanzara el pasado viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. ”Podemos establecer a día de hoy que no se va a producir superávit alguno de la Seguridad Social”, ha señalado Burgos.

Además, el secretario de Estado de Seguridad Social no ha ocultado que el descenso de la afiliación en diciembre en 18.609 personas, pese a suponer una menor pérdida de ocupados que en otros años en este mes de diciembre, “no es un dato alentador”, ya que “supone una pérdida de afiliación al fin y al cabo”.

“Los datos confirman el deterioro del sistema”, ha apostillado Burgos, que se entrenaba hoy en el cargo tras tomar posesión ayer de su cargo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Seguridad Social cerró el año 2011 con un descenso medio de 355.060 afiliados (-2% ), tras registrar en diciembre 18.609 cotizantes menos (-0,1% ), su quinto descenso mensual consecutivo, situándose el total de ocupados al finalizar el ejercicio en 17.229.922.

La pérdida de afiliados en 2011 supone la cuarta caída anual la ocupación y es superior a la registrada en 2010, cuando el sistema experimentó un descenso de cotizantes superior a las 218.000 personas. En 2008 y 2009, el sistema perdió 841.465 y 727.473 cotizantes, respectivamente.

http://www.alertadigital.com/2012/01/03/la-seguridad-social-entro-en-deficit-en-2011/

Tres de cada cuatro residentes en las Islas comparten la decisión del Gobierno central de restringir el acceso a la sanidad a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular. Sólo el 26% de los ciudadanos consultados por la fundación Gadeso critica que se pongan límites a la gratuidad de la sanidad pública, incluso a los sin papeles.

De hecho, los partidarios de facilitar a los inmigrantes el acceso a la educación y la sanidad en igualdad de oportunidades con la población residente han decrecido notoriamente a lo largo de los dos últimos años. Ya sólo el 32% defiende que los foráneos accedan por igual a las aulas y el 28% a la sanidad. Y el porcentaje de quienes abogan por la plena equiparación a la hora de viajar con descuento de residentes ha descendido en dos años desde el 44 hasta el 35%. Es más, apenas el 25%, uno de cada cuatro, les reconoce la posibilidad de votar a los alcaldes de los municipios en los que residen y un escaso 27% apoya que se favorezca la reagrupación familiar de los inmigrantes que ya cuentan con un puesto de trabajo.

Pero el informe mensual de la fundación Gadeso centra su atención en el efecto que el agravamiento de la crisis ha causado sobre la percepción que los menorquines tenemos de este colectivo. La inmigración ha dejado de ser vista como un problema vinculado a la gestión a la diversidad para ser concebida como un freno más a la hora de encontrar empleo. Los extranjeros son vistos ya por la población autóctona como «competidores» directos y «desleales» en el mercado laboral.

Expulsión

De acuerdo con el último estudio de Gadeso, el 79% de los menorquines -cuatro de cada cinco- está de acuerdo en que los inmigrantes quitan trabajo a los autóctonos, y el 87% aprueba que se los expulse si se quedan en paro durante largo tiempo. Y el 91% reivindica su expulsión automática en caso de que delincan. Incluso el 69%, más que en la encuesta de 2010, es partidario de echarlos por el simple hecho subjetivo de que no se integren en nuestra sociedad.

Aún así, Menorca sigue siendo la isla balear más tolerante en este sentido con los recién llegados procedentes de otros países. Las posturas en su contra son especialmente duras en Mallorca y Eivissa, donde el fenómeno inmigratorio alcanza mayores dimensiones.

http://www.minutodigital.com/2012/05/18/el-74-de-los-menorquines-quiere-que-se-limite-el-acceso-de-los-inmigrantes-a-la-sanidad/#comment-80181

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha y secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, ha asegurado que España está pagando la sanidad de los rumanos que han vuelto a su país, ya que estas personas cuando van al médico muestran la tarjeta sanitaria europea que pudieron sacarse gracias a que tenían la expedida en España. Después, el Gobierno rumano remite al español los gastos que generan sus compatriotas.

Echániz ha explicado que “en este momento estamos soportando la kafkiana situación de que rumanos que estuvieron trabajando en España en el ámbito de la construcción y que se volvieron a su país cuando se quedaron sin trabajo, utilizan la tarjeta europea que se sacaron gracias a la española que tenían y cuando utilizan los servicios médicos rumanos lo hacen utilizando esa tarjeta, en vez de la de su país. Luego Rumanía reenvía a España las facturas de sus compatriotas porque el asegurador de esa tarjeta europea es España. Esto es muy fuerte, pero está pasando”.

El consejero de Castilla-La Mancha explicó que “son miles y miles de casos. Y no lo digo yo, lo especifica el Tribunal de Cuentas. Estamos pagando las facturas de los hospitales rumanos que dan asistencia a los rumanos como consecuencia de la no trasposición de la directiva número 7 de la Unión Europea”, directiva no vigente en España.

http://www.minutodigital.com/2012/06/03/denuncia-inmigracion-espana-esta-pagando-la-sanidad-de-los-rumanos-que-han-vuelto-a-su-pais/