El PSOE acumula 64 causas de corrupción más que el PP

Los esfuerzos de los partidos que gobiernan la Comunidad Valenciana -el PSPV y Compromís- por trasladar una imagen de limpieza y regeneración tras los años de la corrupción del PP saltaron de nuevo este miércoles por los aires con la detención del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, su círculo más cercano de colaboradores y una alto cargo de Compromís en la Institución Provincial.

La operación policial, bautizada como Alquería y avalada por el juzgado de instrucción número 9 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción, arrancó a las 7.30 de la mañana con el arresto de Rodríguez en Ontinyent, localidad en la que también ejerce como alcalde, por los delitos de prevaricación y malversación.

Paralelamente, los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), respaldados por la Unidad Central de Ciberdelincuencia y la Jefatura de Policía de Valencia, detuvieron al jefe de Gabinete de Rodríguez en la Diputación, Ricard Gallego; un asesor de Presidencia, Manuel Reguard; los cogerentes de Divalterra (la antigua Imelsa), Xavier Simón (PSPV) y Agustina Brines (Compromís), y el secretario letrado asesor del consejo de administración de Divalterra, Jorge Cuerda, que también actuaba como asesor jurídico de Presidencia.

Los agentes, además, registraron las dependencias de Presidencia en la Diputación, de Divalterra, del Ayuntamiento de Ontinyent y de las viviendas de Rodríguez y de otros tres detenidos.

La operación Alquería es el segundo golpe que encajan tanto los socialistas como Compromís después de la causa abierta por la presunta financiación irregular de ambos partidos a través de la empresa de comunicación Crespo Gomar y que investigan juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía.

Las pesquisas que han desembocado en las seis detenciones se iniciaron con la denuncia de un trabajador, a la que después se añadieron denuncias del PP y Ciudadanos, por la contratación a dedo en noviembre de 2015 de siete directores de área con categoría de alta dirección en Divalterra, pese a la existencia de hasta 12 informes jurídicos tanto externos como internos en contra. Los reparos legales hacían referencia a la necesidad de convocar concursos públicos para la contratación de puestos de alta dirección, una circunstancia que se obvió gracias, supuestamente, a un único informe favorable, el del secretario letrado asesor del consejo de administración de Divalterra, detenido ayer.

Los siete altos directivos (tres nombrados por los socialistas y cuatro por Compromís), que paradójicamente tenían el cometido de vigilar que no se cometieran las irregularidades del pasado, tenían un salario de 75.000 euros y un contrato que, en principio, debía prolongarse durante los cuatro años de la legislatura, lo que implicaría un desembolso para la Diputación de 2,5 millones, según consta en la denuncia de Ciudadanos. Los investigadores sospechan que los detenidos podrían haber desviado parte de esta cantidad y que los contratados no ejercían ninguna actividad real. Una práctica que no era ajena en Divalterra, la antigua Imelsa, que ya fue objeto de la operación Taula precisamente por la contratación de los conocidos como «zombis», personal empleado la empresa pública pero que no desarrollaba ningún tarea real y que ni pasaban por su sede.

Es decir, que se habrían repetido los mismos mecanismos que se dieron durante la etapa del popularAlfonso Rus y que todavía siguen judicializados.

En total, la Diputación recurrió a este sistema de contratación en Divalterra en 13 ocasiones: además de los actuales cogerentes Brines y Simón, también ocuparon puestos de alta dirección José Ramón Tíller, José Luis Vera, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Josep Lluis Melero, María Soledad Torrijo, Pau Pérez, Raúl Ibáñez, Víctor Sahuquillo y otros dos que apenas se mantuvieron en el cargo unos días. Todos los contratos fueron suspendidos hace algunos meses.

El dispositivo finaliza con seis detenidos y registros en las sedes de la institución

Ninguno de los nombramientos, según la denuncia presentada por Cs, habría pasado por el consejo de administración de Divalterra como, en principio, sería preceptivo. En su lugar, el presidente de la Diputación habría creado un consejo de dirección paralelo en el que no estaban los consejeros de la oposición para autorizar las contrataciones. En el escrito, además, se instaba a la Fiscalía a investigar la posible distracción de fondos a partidos políticos, puesto que, a su juicio, era posible que los altos cargos contratados realizaran, «de las retribuciones percibidas por la empresa pública, donaciones o aportaciones a sus partidos políticos por el mero hecho de haberlos enchufado».

La contratación de los altos cargos sólo sería una de las vías abiertas de la investigación. El juzgado también está revisando la decisión de Rodríguez como presidente de la Diputación de suspender el cobro de la tasa de basuras a Ontinyent, el municipio del que es alcalde, pese a los informes en contra del secretario de la institución, una situación que también fue denunciada por el PP.

El mundo

De auténtico escándalo son las cifras que se manejan por parte de analistas y de ámbitos judiciales en cuanto a casos de Corrupción relacionados con el Partido Socialista Obrero Español, se refiere.

Todos conocemos por desgracia, en la esfera del Robo y Saqueo del dinero público de este País, casos tan mediáticos como el de las Tarjetas Black, el 3%, el Caso Palau, la Gürtel, o el caso Noos.

Hay no obstante, otros casos que quizás en parte debido por el silencio mediático o quizás porque no han llegado hacer tan reconocidos o reconocibles por la población, han causado un verdadero agujero negro en el en el bolsillo de los españoles.

De entre todos los casos atribuibles o relacionadas con el Partido Socialista Obrero Español, hay cuatro casos que sobresalen especialmente.

El su conjunto, todos coinciden en indicar que la cifra que presumiblemente, habría sido robada sustraída o desaparecida de los fondos públicos a gestión de este partido, presumiblemente ascendería a más de 20.000 millones de euros.

Entre todos los casos atribuibles a la Corrupción del PSOE, sería especialmente sangrante e hiriente para la ciudadanía y para las arcas públicas, el caso de los desvío de fondos durante más de 10 años a la Agencia IDEA en la Junta de Andalucía por parte de diferentes consejerias.

El montante de lo sustraído y desviado superaría los 4.100 millones de euros.


Pero quizás, de todos los casos más mediaticos, que más daño han hecho a la población, ha sido sin duda alguna, el de los EREs de Andalucía, por el cual más de 1.200 millones de euros, fueron sustraídos y robados por diversoss dirigentes de la Jerarquía Socialista de Andalucía, para desviar fondos que eran destinados a un sector tan vulnerable y necesitado de recursos cómo son los parados.

El CASO ERE

Referencia al procedimiento judicial iniciado para enjuiciar los delitos cometidos por una red de corrupción políticaintegrada en el seno de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) entre 1980 y 2018, y de los sindicatos Comisiones Obreras(CC. OO.) y Unión General de Trabajadores(U.G.T.), éste último encausado a su vez en el denominado «caso U.G.T. de Andalucía» por la malversación de casi 48 millones de euros para financiarse ilegalmente.

Con unos 1200 millones de euros defraudados, se trata de uno de los mayores escándalos conocidos en los últimos cuarenta años, en el que la mitad de los miembros del gobierno autonómico andaluz ha sido acusado por delitos de corrupción política. En la última década, la Junta de Andalucía diseñó, instauró y ejecutó un plan para desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno: el PSOE-A.

Caso EDU

En este caso, la Junta habría pagado cursos de formación que no se llegaron a realizar, sin exigir justificación de la realización de estos ni demandar la devolución de los fondos en caso de que el curso no se impartiera. La investigación se inició en la provincia de Málaga y actualmente se está extendiendo a toda Andalucía.

Actualmente hay 17 empresas y más de 200 personas bajo investigación. El total pagado por adelantado a las entidades formadoras en el período investigado, de 2007 a 2013, asciende a 2.000 millones de euros, siendo entre 1000 y 1500 millones de euros el total defraudado.

Estos casos sumados a los de la Banca Catalana por la gestión del Ex Ministro en época de Felipe Gonzále, Narcís Serra que dejó, una caja con 12.000.000 de euros en quiebra técnica.

Para finalizar, no olvidemos el primer caso de expropiación de una Caja Publica cómo fue el de Caja Castilla La Mancha CCM, salpicada pon la irregular gestión y hechos como la construcción del aeropuerto, hace sumar un montante que sobrepasa más de 20.000 millones de euros.

Tanto como toda la política y partida presupuestaria destinada a la dependencia en España en un año.

Es extraño como pasamos por alto, o por lo menos no le damos la importancia que merecen, algunas noticias que en otro tiempo hubieran sido algo más que escandalosas. La política de pactos, la falta de gobierno estable desde hace varios meses, la política tabernaria y barriobajera y la figura de Franco, un personaje fallecido hace 43 años y que la izquierda pretende como acto de valentía sin límites, profanar su cuerpo, resucitarlo y difamar su memoria, lo tapan todo con una nube negra, con una manta de despropósito, que hace que lo verdaderamente importante pase desapercibido. El PSOE, que no hizo nada durante el franquismo, resulta que se nos vuelve anti franquista, transcurridos más de cuarenta años desde la muerte de Franco.

Esta valentía socialista va en línea con sus 140 años de historia de terror, crimen y corrupción. Es casi imposible igualar al PSOE en su maldad, solo el Partido Comunista y Esquerra Republicana de Cataluña se aproximan a la historia tenebrosa que los socialistas tienen en su haber. La izquierda de este país no se arrepienten de nada, exigen perdón a los demás, cuando ellos son incapaces de reconocer que algo hicieron mal, que en algo se equivocaron, es más, sacan pecho y se enorgullecen de su pasado, incluso los más avezados, se les escapa, más veces de las deseadas, la mítica frase de “arderéis como en el 36”, reconociendo que algo y a alguien quemaron en ese fatídico año de nuestra historia.

Los socialistas no solo tienen una historia cargada de odio, corrupción, cobardía y crimen, lo tienen de mentirosos y tergiversadores. Cada uno se enorgullece de lo que quiera o desee, pero es nuestra obligación no permitirles colgarse medallas que no les corresponden. Lo último, apropiarse del voto femenino en este país, precisamente ellos que se opusieron con todas sus fuerzas al empoderamiento de la mujer, por considerarlas “tontas” al entender que estas solo hacían caso de sus maridos y de los curas. Siempre los curas al final de todo, quizá esa fuera la justificación de la persecución religiosa iniciada por ellos y que les llevo a asesinar a mas de 7.000 religiosos, entre obispos, sacerdotes, monjas y frailes, aparte de los miles de crímenes cometidos contra aquellos que profesaban la religión católica. En un país moderno y civilizado, el PSOE estaría o bien ilegalizado o bien no tendría ningún tipo de aceptación, sería una organización residual con un mínimo de adeptos. Su existencia como partido mayoritario de la izquierda española, lo representarían otras siglas no ligadas al pasado más tenebroso de la reciente historia española. Este país necesita una segunda y verdadera transición, donde las siglas del odio como PSOE, PCE, PNV O ERC, den paso a otras formaciones modernas y civilizadas, alejada de los crímenes que cometieron y del odio que destilan.

Carmen Calvo, posiblemente una de las peores ministras que jamás hemos tenido y ahora reconvertida a vicepresidenta, se atreve con todo, lo último decir que el feminismo no es de todas. No sé qué entenderá ella por feminismo. Si es el acudir una vez al año a una manifestación de mal gusto, con eslóganes insultantes y dar unos cuantos saltitos con algunas o algunos impresentables entre las que se encuentra la mujer del Presidente Sánchez, la pija progre del avión privado y enchufada por su marido en una ONG snob que le permite un alto índice de absentismo laboral, posiblemente tenga razón, y ese tipo de feminismo es exclusiva de ella misma y la organización a la que pertenece. Pero tener como modelo de feminismo a una chekista asesina como Margarita Nelken, no parece lo más apropiado. El PSOE siempre tiene como modelos a seguir lo peor de cada casa, erigiéndose un papel que no le corresponde, ni por historia ni por sus hechos. No son creíbles y quizá por eso están empeñados en sacar adelante una ley sectaria que ataca las libertades, una ley que reinventa la historia y la ajusta a sus interese, una ley que blanquea criminales, asesinos y violadores, que por desgracia son la mayoría de los que han hecho los 140 años de historia del Partido Socialista Obrero Español.

Javier García Isac

El actual alcalde, Jorge Peiró (PP), asegura que desde hace un par de semanas empezaron a echar en falta dinero procedente de los vecinos para la semana taurina.

El PSPV da de baja a un concejal de Jérica denunciado por robar dinero en el Ayuntamiento. Se trata de Santiago Cortés, quien ha sido expulsado del partido tras conocer que había sido denunciado por el presunto robo de dinero en el consistorio procedente de las cuotas que los vecinos aportan voluntariamente para la celebración de la semana taurina de la localidad.

El actual alcalde, Jorge Peiró (PP), asegura que desde hace un par de semanas empezaron a echar en falta dinero procedente de esas aportaciones y decidieron instalar primero una cámara de videovigilancia que habría captado al ya exedil forzando un cajón. Posteriormente, instalaron una segunda cámara apuntando directamente a ese cajón, que también le grabó en una segunda ocasión.

“Nosotros somos los primeros sorprendidos por el comportamiento del ya exconcejal, por lo que nada más conocer los hechos actuamos con rapidez y responsabilidad”, explican fuentes del partido. “Desde el PSPV lamentamos lo sucedido y pedimos disculpas a las vecinas y vecinos de Jérica por una situación que nunca debería haberse producido”, añaden. Son comportamientos que no son admisibles para el partido socialista, que ha actuado de manera inmediata y contundente.

100 años de honradez

El candidato socialista a la Alcaldía de Vegas del Genil firmó a un vecino un precontrato de 1.500 euros al mes en el Ayuntamiento si salía elegido

En las elecciones locales de 2015, Leandro Martín López, candidato del PSOE a la Alcaldíadel pueblo granadino de Vegas del Genil, le ofreció a E. L., un vecino del municipio, un contrato en el Ayuntamiento de 1.500 euros al mes con la condición de que solo se lo daría si ganaba esos comicios. El entonces candidato y hoy primer edil de la localidad, lo reconoce. Es más, asegura que ofreció más cosas a otros vecinos y colectivos. Televisiones, aires acondicionados... «Promesas electorales», según el socialista. «Compra de votos», según la oposición.

El contrato que firmó Martín indica que pensaba crear —si ganaba— una oficina de Consumo y otra de Asesoramiento Psicológico al Consumidor y que al frente de esos organismos estaría E. L. Cuando llegó el día de votar, el resultado no pudo ser más apretado. El PSOE de Leandro Martín perdió por solo cuatro votos. Cada papeleta valía oro. Ganó el PP, pero un pacto de los socialistas desalojó a los populares del mando. Entonces llegó el momento de que Martín cumpliera su promesa. Debía contratar a E. L. Un puesto para un organismo público sin concurso de mérito, oposición, publicidad o igualdad. A dedo.

Pero nunca lo hizo. Incumplió el contrato y no creó la oficina que le había prometido en el Ayuntamiento para colocarlo. Martín asegura que, fruto de esa decisión, E. L. se enfadó y filtró el contrato. Fuese así o no, el caso es que el documento llegó a manos de la candidata del PP, María del Carmen Ros, quien acudió a la Justicia para denunciar lo que considera que fue la compra de voluntades.

La Fiscalía revisó la documentación y elevó la causa a la Audiencia de Granada. Entendía el fiscal que había indicios de un delito electoral, que acarrea penas de entre seis meses y tres años de cárcel. «A juicio de este instructor —escribía el fiscal—, resulta evidente que el contrato de prestación de servicios firmado es una dádiva o promesa de ella». Según la Ley, se delinque si se «solicita directa o indirectamente el voto [...] por medio de recompensas, dádiva, remuneración o promesas de las mismas».

Compra «encubierta»

Añadía el fiscal que resultaba determinante el que «el citado contrato se haya firmado en fecha próxima a las elecciones y que E. L. esté empadronado en Vegas del Genil». En opinión de la Fiscalía, la firma de ese contrato de promesa de un puesto de trabajo público es «la manera encubierta de solicitar el voto a una persona o grupo de personas» cercanas a E. L., «lo que supondría de un modo indirecto solicitar el voto».

La Fiscalía iba un poco más allá y alegaba que el hecho de que no se contratara a E. L. no es prueba de que no hubiese compra de voto. El delito se produce, señala, si el vecino vota al socialista, le contrate luego o no. Y añade el fiscal que, de haberse llevado a cabo la contratación de E. L., el candidato del PSOE podría haber incurrido en otro delito de prevaricación, además de haberse saltado «los principios de toda contratación de la administración: mérito, capacidad, libre concurrencia, etc».

Recurso desde Rusia

Aunque el Juzgado archivó la causa en 2017, la candidata del PP, María del Carmen Ros, recurrió. Se encontraba en Rusia cuando se comunicó el cierre del caso y pidió un aplazamiento, además de presentarse como víctima de asunto y no como testigo. De esta forma, explica su abogado, el plazo para recurrir es más amplio. Al socialista, esta decisión le pilló también en el extranjero. Estaba de viaje de novios. Su defensa argumentó que la popular había alegado fuera de plazo. La denuncia, en ese momento, pasó a estar archivada, pero la pasada semana, la Audiencia Provincial retomó el caso. Así, el jueves pasado, los jueces estudiaron la reapertura de esta presunta compra de votos en Granada. Según las partes, se prevé que esta semana se comunique la decisión a las partes.

Para entender este caso, hay que recordar la situación económica por la que pasaba España en 2015, cuando ocurrieron los hechos. Entonces la crisis económica copaba titulares. Desahucios, cortes de luz, desempleo... Y en Vegas del Genil E. L. era un persona muy conocida por ayudar a la gente con menos recursos. Les asesoraba para evitar embargos, les aconsejaba cómo gestionar impagos. «A mí me conocía mucha gente, yo arrastraba muchos votos», indica E. L. «Le presenté mi proyecto a Leandro Martín y él me firmó un precontrato», explica.

Este vecino cree que se aprovecharon de él y llegó a denunciar al ya alcalde Leandro Martín «por incumplimiento de contrato. Porque no me dio el empleo». Sin embargo, acabó retirando la denuncia: «Mi abogado me dijo que si la mantenía me podían pillar a mí por este caso, así que la quité». Poco más quiere saber ya de este caso:«Para mí esto fue como si me arrollara un tren. Pillé por todos lados, me dieron palos todos», manifiesta este vecino de Vegas del Genil.

ABC.

La fundación pública andaluza le costeó un máster a un ex alcalde del PSOE que cobró de la entidad durante once años sin aparecer por su despacho

La fundación andaluza para formar a los parados, la Faffe, no sólo tuvo en nómina durante ocho años como empleado fantasma al ex alcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres. Además del medio millón de euros que le pagó por no ir a trabajar, también le costeó un máster que cursó en su (supuesto) horario laboral. Torres fue uno de los 200 empleados que, según los investigadores de la Guardia Civil, fueron enchufados en la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, la misma cuyos fondos públicos acabaron en parte pagando juergas en prostíbulos. Cobraban abultadas nóminas sin tener que acudir a su lugar de trabajo, tenían ayudas escolares para sus hijos y hasta para cursar un máster en el horario en el que (no) trabajaban. La mayoría es hoy parte de la plantilla del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y, por lo tanto, empleados públicos con todos los derechos.

Entre ellos estaban históricos socialistas andaluces, como el ex alcalde de la localidad sevillana de Lebrija, Antonio Torres, su homólogo de Montellano, Francisco Aguilera, o la esposa del ex consejero de Medio Ambiente y actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Hay, además, apellidos ilustres del socialismo andaluz, como Pizarro, del clan de Alcalá de los Gazules (Cádiz) uno de cuyos referentes es Luis Pizarro, que fue hombre fuerte del gobierno y del PSOE-A en tiempos de Manuel Chaves. El sobrino del propio Fernando Villén, el ex director de la Faffe, o el hermano del presidente socialista de la Diputación de Jaén.

EL MUNDO de Andalucía ha tenido acceso a los expedientes laborales de todos ellos, una documentación que retrata con fidelidad el funcionamiento de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, más conocida por sus siglas, la Faffe, que más allá de gastar el dinero público que recibía en prostíbulos practicaba una política de recursos humanos en la que los principios de igualdad, mérito y capacidad brillaban por su ausencia.

Un caso paradigmático es el del ex alcalde de Lebrija. Antonio Torres fue trabajador de la Faffe desde la creación de la entidad, en 2003, primero con un contrato temporal y luego con uno indefinido, como técnico adjunto a la Dirección de Organización y, más tarde, director de Recursos Externos. Con la liquidación de la Faffe pasó, como el resto de sus compañeros, al SAE con las mismas condiciones laborales, aunque en 2012, como consecuencia de la crisis, le recortaron horario y sueldo, un ajuste con el que se mostró disconforme, tal y como refleja la documentación de su expediente.

Según los testimonios de esos compañeros recogidos por la Guardia Civil, Torres no acudía a su puesto y, a pesar de eso, se llegó a embolsar en todo el tiempo a sueldo de la Faffe cerca de medio millón de euros.

En esos años, Torres tuvo tiempo, además, de cursar un máster que le financió la propia Faffe. Fue al año siguiente de ser contratado por Villén y logró que la fundación le costease la mitad de los 2.274,04 euros que costaba la matrícula del Curso de Experto Universitario en Comunicación Institucional y Márketing Político, un título propio de la Universidad de Sevilla.

Máster "de primera necesidad"

Torres justificó la petición de la ayuda económica de la Faffe con el argumento de que suponía el "perfeccionamiento en contenidos propios del puesto" y el cargo que le dio el visto bueno, Antonio Jiménez, lo hizo alegando que era "de primera necesidad" tener a un profesional formado en comunicación institucional.

El máster de la Hispalense no fue el único título formativo que tuvo tiempo de conseguir mientras era empleado de la Faffe. De acuerdo con el curriculum incluido en su expediente, en 2010 realizó otro máster, el de Gerencia Política por la Universidad Politécnica de Madrid, y en 2007 hizo un curso en Dirección de Campañas Electorales impartido por MAS Consulting Group España, aunque en estos casos no hay constancia de que la fundación abonase parte o todo el coste.

El ex alcalde y ex presidente de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir -otra entidad pública plagada de irregularidades-, licenciado en Psicología y sin más experiencia que los cargos públicos que había desempeñado por el PSOE, resumió en 2011 sus "gestiones" en la Faffe en poco más de doce líneas. Se limitó a impulsar o proponer convenios y propuestas de colaboración o a "iniciar gestiones" para alcanzar acuerdos.

La investigación que ordenó el juzgado sobre sus funciones en la Faffe concluyó que Torres fue un empleado fantasma. Un informe elaborado por la Agencia Tributaria y enviado a la juez Mercedes Alaya en 2015 detalla cómo Torres fue fichado por la fundación apenas unas semanas después de que dejara la Alcaldía de Lebrija, cobrando un total de 535.452,64 euros brutos entre 2006 y 2013, con anualidades que oscilaban entre los 53.136,61 euros en 2013 y los 74.040,59 euros en 2010, más de lo que cobraba el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Sobre las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Huelva refleja el informe que "no se ha obtenido respuesta alguna sobre la actividad laboral que desempeñaba el investigado ni se ha podido determinar si tenía despacho o lugar concreto de trabajo". Más aún, el nombre de Antonio Torres ni siquiera aparecía en los listados de teléfonos. "Tampoco por parte de ninguno de los responsables de estos organismos se tenía conocimiento del trabajo ni de la presencia de Antonio Torres García en sus dependencias", añadía el autor del documento.

Entre los expedientes de la Faffe destaca también el de la mujer de Juan Espadas, el alcalde de Sevilla y antes consejero y viceconsejero en la Junta de Andalucía. Su esposa, Carmen Ibanco, entró en la Faffe en febrero de 2007, después de enviar su curriculum en respuesta a un anuncio publicado en el diario El País por el que, aparentemente, había tenido conocimiento de la oferta de trabajo.

Ibanco remitió su curriculum al director de Recursos Humanos el 24 de enero de 2007 y el 1 de febrero el máximo responsable de la Faffe, Fernando Villén, firmó su contratación como técnico de proyecto con un sueldo de casi 1.800 euros brutos mensuales.

Para contratarla, señala el informe final de aquel proceso de selección, se tuvo en cuenta que poseía "amplios" conocimientos experiencia en programas de empleo, "así como una alta disponibilidad y motivación para el desempeño de las funciones del puesto".

Otro ex alcalde socialista que encontró acomodo en la Faffe fue el ex regidor de Montellano, Francisco Aguilera. Éste sí se presentaba a veces en la oficina, pero, según los testigos a los que ha interrogado la Guardia Civil, se limitaba a leer la prensa o dar una cabezada en su mesa.

Aguilera fue fichado en noviembre de 2003, a los pocos meses de que se creara la fundación con un sueldo de unos 30.000 euros brutos anuales y con un curriculum en el que lo único que aparecen son cargos públicos. Su nivel máximo de formación era haber cursado segundo de Magisterio, además de cursos de monitor de natación o entrenador de fútbol.

Fuente.

Madre mía, si he votado es por que pienso que si no lo hacia era peor, tenemos una clase política que no se como funciona esto, y lo peor esque no queda esperanza alguna de que cambien y se preocupen un poco, solo pido un poco por los ciudadanos y no por los votos, en Andalucia 40 años robando y siguen votandoles, en Madrid partido político corrupto hasta los cimientos y siguen votandoles, en Cataluña 40 años robando Puyol INdependentistas y siguen votandoles, y asi sin fin, solo nos queda el humor y ser cerrar los ojos y no enterarse de nada por que se vive mucho más feliz, si penoso pero es así.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso LD, la malversación se habría producido durante la compra del Gobierno a China de batas, gel y guantes.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han sido denunciados junto al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA, Alfonso Jiménez, ante la Fiscalía Anticorrupción por malversar supuestamente más de 50 millones de euros durante la crisis del COVID-19.

La denuncia de 24 páginas presentada el pasado jueves en Anticorrupción, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, sostiene que Pedro Sánchez, Salvador Illa y Alfonso Jiménez podrían haber cometido "presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales", durante las compras a China de batas desechables, gel desinfectante y guantes.

"El decreto del Gobierno del pasado 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, abría la puerta a malgastar, sin ningún criterio lógico, el dinero público, ya que se concedía un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros, al Ministerio de Sanidad, para contribuir a la financiación de los gastos extraordinarios por la pandemia del coronavirus", afirma la denuncia.

Según el escrito, desde el 10 de marzo del presente año hasta el 17 de abril, el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, Alfonso Jiménez Palació, contrató por Procedimiento de Emergencia hasta un total de 41 contratos. "Haciendo uso de una total opacidad incumplió la Ley de Contratos del Sector Público, al no publicar la identidad de los proveedores y ocultar la información en el Portal de Transparencia a los ciudadanos", señala.

"Detrás del incumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del Ministerio de Sanidad", añade, "ocultando los datos de todos los contratos, estaba su ministro, Salvador Illa, jefe directo del director del INGESA. Las actuaciones presuntamente delictivas de las dos personas anteriormente citadas, principalmente en forma de un sobre coste escandaloso de los contratos que adjudicaron a empresas radicadas en China, van a ser la norma general de actuación en la mayoría ellos. Sorprendentemente ninguna de ellas fue cesada por quien tenía la potestad de hacerlo, que no es otro que el presidente del gobierno del reino de España, Pedro Sánchez".

Las compras de batas, gel desinfectante y guantes a China

Según el escrito, "mientras las empresas españolas venden al INGESA las batas sanitarias, ya sean impermeables o desechables, en precios que oscilan entre los 0,27 y 1,86 euros; las empresas chinas nos las venden entre 15,58 y 22,07 euros. Lo anterior nos obliga a preguntarnos quienes son los intermediarios españoles en la operación y a donde va todo el dinero malgastado, con incrementos entre precios españoles y precios chinos que pueden alcanzar hasta el 8.174 %. Suponiendo el precio unitario de 1 euros el coste de cada bata china, en consonancia con los precios españoles, la malversación podría alcanzar el importe de los 47 millones de euros".

La denuncia apunta que "no se entiende demasiado que una solución desinfectante, que hasta casi todos somos capaces de fabricarla en nuestra propia casa, el Ministerio de Sanidad haya optado por comprarla en China incrementando su precio en un 354%. Si hubiera tenido el precio español el gen desinfectante adquirido en China, el Ministerio de Sanidad se hubiera ahorrado más de 730.000 euros. Cantidad que es la malversación estimada producida".

Por último, el escrito señala que "los guantes adquiridos en China son un 277% más caro que los de la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, un 211,76 % que los de SUMINISTROS HOSPITALARIOS y un 244,10 % que los de SANICEN. La malversación estimada, si tomamos como referencia la media aritmética de las tres empresas españolas, cuyo valor es 0,0361 euros, sería más de 3,6 millones de euros".

"La opacidad del Gobierno es insultante"

La denuncia presentada ante el Ministerio Público afirma rotundamente que "parece muy evidente que los contratos realizados por el INGESA fueron ocultados por el -Gobierno de la nación con objeto de que no se conocieran los proveedores adjudicatarios de los mismos. Solo tras la presión mediática, día a día, solicitando el nombre de las empresas beneficiarias, doblegó la resistencia del gobierno que dispuso, a su pesar, la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. En todo caso se ha ocultado el nombre de los intermediarios españoles que han contratado en China para el INGESA".

"La información que se nos ha aportado", añade, "es muy deficiente, limitada y escasa. A cuentagotas. Un contrato de 50 millones de euros, entre una empresa china y el INGESA, no puede limitarse a cuatro páginas de las que tres de ellas son las mismas y se repiten en todos los contratos. La opacidad es insultante, haciéndose desde la soberbia de quien la practica, como quien controla todos los resortes y no le preocupa cualquier acción penal o mediática que pudiera ir contra el infractor o delincuente".

"Hemos valorado la malversación producida en más de 50 millones de euros, debiéndose tener en cuenta que se ha limitado el estudio a tres productos: batas desechables, gel desinfectante y guantes de nitrilo. Nos preguntamos entonces ¿cuál es la malversación en el resto de los contratos? ¿cuál es el total que se alcanza? Nos consta que también existen irregularidades en los contratos del suministro de monos desechables y de los hisopos, pero por no haberse completado su análisis, no es expuesta la información aquí. Todo sin hablar de los 640.000 test defectuosos que adquirió el gobierno en un contrato que superó los 500 millones de euros", concluye el escrito. Link

La Fiscalía Anticorrupción apunta a María Jesús Montero y a Luis Planas, al reclamar un acta de 2012 de la comisión de Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía en la que participaban las dos consejerías andaluzas que ambos lideraban

Dos ministros del Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez se han visto salpicados por la instrucción judicial que se sigue en un juzgado de Sevilla sobre el caso de presunta corrupción de Isofotón, la fotovoltaica malagueña que echó el cierre tras recibir de forma irregular más de 80 millones de euros de fondos públicos durante la etapa de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE.

Los ministros afectados son María Jesús Montero, portavoz del Gobierno central y ministra de Hacienda, y Luis Planas, titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ambos fueron consejeros andaluces en 2012, con José Antonio Griñán como presidente de la Junta, y sus consejerías formaban parte de la comisión delegada para Asuntos Económicos en la que se modificó la propuesta de inversión para conceder un préstamo de 8,3 millones a la empresa Isofotón que ahora está investigando el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla.

EL MUNDO ha tenido acceso al auto de la titular del Juzgado de Instrucción 3, Patricia Fernández, fechado el pasado 5 de febrero, en el que pide a la Consejería de la Presidencia de la Junta que aporte al juzgado el acta de la comisión delegada para Asuntos Económicos de fecha 3 de julio de 2012, de la que formaban parte las consejerías andaluzas que dirigían los ahora ministros María Jesús Montero y Luis Planas.

La juez pide a la Junta que entregue esta acta después de que la Fiscalía Anticorrupción así lo solicitara. En su escrito, la representante del Ministerio Público apunta a Montero y a Planas, al reclamar el acta de 2012 de la comisión de Asuntos Económicos en la que participaban las dos consejerías andaluzas que ambos lideraban.

Anticorrupción recuerda que la comisión delegada para Asuntos Económicos está presidida por el presidente de la Junta -en julio de 2012 era Griñán-, y ostenta la vicepresidencia el consejero de Economía, en aquella época Antonio Ávila. "Otros miembros son las consejerías de Hacienda y Administración Pública, Obras Públicas y Vivienda, Empleo, Agricultura y Pesca [en esas fechas su titular era Luis Planas], Turismo, Comercio y Deporte, Igualdad y Bienestar Social [a cargo entonces de María Jesús Montero], Cultura y Medio Ambiente", detalla el escrito de la fiscal.

Entre las funciones de esta comisión para Asuntos Económicos de la Junta se encuentra "examinar y deliberar sobre todas aquellas propuestas relevantes en materias que tengan contenido económico o afecten a la economía andaluza en su conjunto o a sectores relevantes, con independencia del instrumento formal en que se plasme", recuerda la fiscal.

TERESA RIBERA
Precisamente poco después de que se concediera el crédito de 8,3 millones ahora en el punto de mira judicial se produjo el desembarco de otra ministra del Gobierno de Pedro Sánchez en Isofotón. Teresa Ribera, la actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, estuvo trabajando en la compañía malagueña entre septiembre de 2012 y mayo de 2013 como directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales.

Fue un fichaje estrella de Isofotón, que recurrió a la entonces ex secretaria de Estado de Cambio Climático en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para "consolidar su posición en mercados emergentes y afianzar su apuesta por un crecimiento verde y respetuoso con el medio ambiente", según dijo en septiembre de 2012 la compañía malagueña.

En el curriculum oficial de la vicepresidenta colgado en la web de la Presidencia del Gobierno no hay ninguna mención a su breve paso por Isofotón. En cualquier caso, su llegada a la fotovoltaica malagueña fue posterior a las sucesivas inyecciones de fondos públicos irregulares que investiga el juzgado.

TRES PRESIDENTES DE LA JUNTA
La última petición del acta de la comisión de Asuntos Económicos se suma a otro requerimiento que hizo la juez instructora el pasado octubre, cuando solicitó a la Junta, que preside Juanma Moreno (PP), que aporte "las actas del Consejo de Gobierno de los años 2005 a 2015, ambos incluidos".

Al abarcar todo ese periodo de tiempo, la investigación judicial sobre la presunta corrupción en Isofotón alcanza de lleno la gestión de tres ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía. Manuel Chaves fue presidente del Gobierno andaluz entre julio de 1990 y abril de 2009; Griñán, entre abril de 2009 y septiembre de 2013; y Susana Díaz entre septiembre de 2013 y enero de 2019.

Chaves y Griñán han sido ya condenados en la conocida como 'pieza política' de los ERE por la Audiencia de Sevilla, si bien el fallo todavía no es firme, ya que está recurrido ante el Tribunal Supremo.

El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla está investigando si, tras las inyecciones millonarias de fondos públicos por parte de la Junta en Isofotón, hay presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. Se indaga si las ayudas contaron con las autorizaciones y trámites preceptivos, si se excedió el límite de asignación presupuestaria de los préstamos de la Agencia IDEA y "si, efectivamente, se hubieran otorgado prescindiendo de los cauces correctos", especifica la juez en un auto.

EL CRÉDITO DE 2012
El último escrito de la Fiscalía recuerda que la entidad de la Junta Soprea otorgó un préstamo a Isofotón por valor de 8.395.854 euros para atender "parcialmente" las obligaciones de pago derivadas de la adquisición de células y paneles destinados a la obtención de energía solar.

"Con negligencia grave rayana en la intención", la Junta le dio el "apto" al préstamo a Isofotón "debido a la importancia estratégica" de la fotovoltaica malagueña, a pesar de que los datos sobre la compañía "no están verificados" y era "poco fiables", advierte Anticorrupción.

El préstamo se concedió por parte de la Junta "con conocimiento de los incumplimientos existentes en las ayudas otorgadas con anterioridad" a Isofotón por parte de la Agencia IDEA -dice la Fiscalía- y "con la finalidad de permitir el reintegro de un préstamo anterior", algo que finalmente no se hizo.

Entre las "obligaciones" de Isofotón, ésta debía mantener "al menos a 702 trabajadores en su plantilla" y "no podrá declarar o distribuir dividendos ni acordar ningún pago a favor de sus accionistas, socios y administradores, o de sus filiales, o de las personas vinculadas a éstos". Link

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a penas de entre uno y tres años de prisión a cuatro acusados por las presuntas irregularidades en la concesión en 2008 por parte de Invercaria de un préstamo de 1,5 millones de euros a la empresa Cedes Electria para la creación de una compañía de energía eólica, que estaba controlada por empresarios vinculados al PSOE. El perjuicio causado a las arcas públicas roza los 1,4 millones de euros.

En la sentencia de 140 páginas notificada este jueves a las partes y a la que ha tenido acceso ABC, se condena a tres años y 1 día de prisión y 6 años y 1 día de inhabilitación absoluta al expresidente de Invercaria, la empresa pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía que concedía las ayudas, como autor de un supuesto delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de fondos públicos.

El tribunal impone la misma sanción penal a Isabel de Haro, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación entre 2002 y 2012, consejera de IDEA y vocal del consejo de administración de Invercaria.

Además, han sido condenados como inductores de un delito de malversación de caudales públicos los dos socios de Cedes Electria y de la Consultora para la Sostenibilidad Integral (CSI): Federico Mañero Ruiz y Enrique García Chelle. Según recoge la sentencia, la compañía que la Junta de Andalucía financió no llegó a registrar actividad alguna, aunque ellos lo negaron durante el proceso. Se les aplica una atenuante por la dilación indebida de la investigación. Ambos han sido condenados a un año y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de tres años. Sin embargo, el tribunal los ha absuelto del delito de prevaricación por el que estaban acusados.

Los cuatro condenados deberán indemnizar de manera conjunta con 1.363.281 euros a Inverseed, la sociedad heredera de Invercaria.

Vínculos con el PSOE

Federico Mañero Ruiz fue dirigente de las Juventudes Socialistas a principios de la década de los 80. Es amigo del ex presidente del Gobierno Felipe González. En esta causa se investigó a José Luis Manzano, presidente y consejero delegado de Cedes Electria, fallecido en mayo de 2021. Manzano llegó a escribir artículos en la antigua Fundación IDEAS del PSOE y también fue presidente de Isofotón, a la que la Junta concedió más de 80 millones de euros, ayudas que están siendo investigadas por otro juzgado de Sevilla.

Durante el juicio, la Fiscalía Anticorrupción retiró la acusación contra el que fuera consejero de esta empresa pública de capital riesgo, Bienvenido Martínez.

Según el tribunal, Cedes Electric fue creada en agosto de 2008 como sociedad de desarrollo de proyectos energéticos, encontrándose en Madrid su domicilio social y de operaciones, aunque "con la finalidad de cometer los hechos que se describen y de manera que pareciera que era un proyecto andaluz y se vinculara a Andalucía, se establecieron de forma ficticia" en la sede de la propia Invercaria y, posteriormente, en otra dirección, ambas en Sevilla capital.

El primer encuentro de los promotores de Cedes con Isabel de Haro y el entonces consejero de Innovación Francisco Vallejo, según la sentencia, derivó de la "relación de conocimiento" entre el empresario José Luis Manzano, ya fallecido, e Isabel de Haro.

El tribunal pone de manifiesto que el expediente de concesión de fondos a Cedes Electria obrante en Invercaria "carecía de documentación alguna", mientras que "el plan de negocios aportado por el promotor fue incorporado posteriormente, cuando las inversiones ya estaban efectuadas", añadiendo que "la realidad era que la actividad de Cedes estaba siendo desarrollada a través de las empresas de los propios socios" de la entidad.

En la sentencia, la Sección Primera señala que «ningún beneficio obtuvo Invercaria del dinero publico concedido lo que no ocurrió con los socios que se beneficiaron en la forma que consta en los hechos probados y que se acredita con la documental de las facturas siendo beneficiarios, si bien en menor cantidad, Sr Mañero y el Sr García Chelle«. Ambos, con el impulso de Manzano montaron «un entramado societario» y «posibilitaron el desvío de aquellos fondos«. »El Sr Mañero intervino a través de Sr Manzano para obtener los fondos por su conocimiento y relación a nivel político y la actuación del Sr García Chelle fue determinante para obtener fondos de CSI, cuyo destino fueron las empresas vinculadas al Sr Manzano«, recoge la resolución.

«Estos dos últimos participaron a través de diversas entidades que forman parte de CEDES, siendo además parte del Consejo de Administración; consta inexistencia de plan de negocios y la constitución posterior de CSI al que se le concedió un préstamo participativo de 400.000 euros«, señala la sentencia. El tribunal considera acreditado documentalmente que CEDES asumió la deuda de CSI y adquirió el 100% de sus participaciones por dos euros, de donde se desprende que CSI, carente de toda actividad, fue constituida para dichos fines».

Para Isabel de Haro y Pérez-Sauquillo la Fiscalía pidió seis años de prisión; mientras los empresarios se enfrentaban a una pena de dos años y seis meses de prisión. La Fiscalía igualmente solicita a la Audiencia de Sevilla que condene a los cuatro acusados a indemnizar a la administración autonómica en más de 1,8 millones de euros

Los socialistas, con Zapatero y Sánchez, han apostado por utilizar el pasado contra la derecha y como palanca de odio para ganar votos. Es un recurso antidemocrático, sucio e irresponsable que está construyendo un país dividido y rencoroso.

Hoy utilizamos sus mismas armas para demostrar que ellos no tienen autoridad moral para resucitar el pasado, ni para acusar a nadie de corrupción y abuso porque es prácticamente imposible superar sus suciedades, corrupciones, canalladas y abusos perpetrados desde el poder.

Publicamos una lista que recoge algunos de los muchos escándalos de corrupción y abusos del PSOE en España desde la muerte de Franco.

La lista, en la que falta muchos escándalos, algunos de ellos importantes, sobrecoge y asquea, demostrando que España ha estado y está en malas manos, maltratada, pervertida y expoliada por gente peligrosa e inclinada al delito.

1.- CASO AVE
2.- RUMASA
3.- FILESA
4.- MALESA
5.- TIME EXPORT
6.- VIAJES CERES
7.- JUAN B. CALATAYUD
8.- JUAN PIÑA OLIVER
9.- FOXGOLVE-ALSTOM
10.- TELEMUNDI
11.- RENFE
12.- CRUZ ROJA
13.- LOS CONVOLUTOS DEL EMBAJADOR ALEMAN
14.- SU "G" EN SUIZA
15.- TAV
16.- SALIMAS-ANSTALT
17.-TRALCORDE
18.- TRUST
19.- TEQUILA
20.- FONDOS RESERVADOS
21.- ENAGAS
22.- Mc DOWELL DOUGLAS
23.- COMISIONES AVE
24.- FOCOEX
25.- ROLDAN
26.- MARBELLA
27.- FERNANDEZ MARUGAN
27.- VIVIENDAS UGT Y NICOLAS REDONDO
28.- LA "INSIDER TRADING" DE MARIANO RUBIO
29.- SU BANCO DE ESPAÑA Y TODOS SUS AMIGOS
30.- ESCUCHAS ILEGALES DEL CESID
31.- INTELHORCE
32.- LAS BOLSAS DE DINERO DE FERRAZ
33.- URRALBURU EN NAVARRA Y ANTONIO ARAGON SU SOCIO
34.- METRO DE MEDELLIN
35.- GAL, CAL VIVA...... FELIPE SE ENTERO POR LA PRENSA
36.- PARO FELIPE HASTA EL 22%
37.- SS CON FELIPE SIN FONDOS O CON TELARAÑAS EN LAS CAJAS FUERTES
38.- PSOE A IRAK CON SOLDADOS DE REEMPLAZO
39.- PAGOS CON DROGA
40.- MATILDE FERNANDEZ, NEGÓ SUBVENCIÓN A LA AVT , ABC HIZO COLECTA
41.- LEY CORCUERA, PATADA A LA PUERTA Y RUBALCABA "SE ENTERÓ POR LA PRENSA "
42.- OTAN, NO
43.- SARASOLA
44.- PSV Y LA UGT
45.- ANDRES PEREZ
46.- AMEDO
47.- DOMINGUEZ
48.- CASO OTANO
49.- CASO SIEMENS
50.- GUILLERMO GALEOTE
51.- OPERACION MENGUELE, CNI EXPERIMENTOS CON PERSONAS (MENDIGOS)
52.- FONDOS DE AYUDA AL DESARROLLO PARA VENTA DE ARMAMENTO
53.- GUSTAVO CISNEROS, QUE SIGUE SIENDO AMIGO DE FELIPE
54.- GALERIAS PRECIADOS, VENDIDA A LOS AMIGUETES POR 216 MILLONES Y LUEGO ESTOS LA VENDIERON POR 30.000 MILLONES
55.- DE LA ROSA Y GRAN TIBIDABO
56.- LOS HERMANOS DE A. GUERRA
57.- PALOMINO
58.- IBERCOP
59.- BOE
60.- CASO OSAKIDETZA
61.- VALVERDE
62.- CAMPELO
63.- EL HONRADO VERA, LUEGO ACOMPAÑADO A LA CARCEL EN LOOR DE MULTITUDES, POR SUS CONMILIT0NES SOCIALISTAS, DESDE EL MAS ALTO AL MAS BAJO Y SUS JEFES DE LA POLICIA
64.- EL EX-DIRECTOR GENERAL DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO
65.- BARRIONUEVO, MINISTRO DE FELIPE
66.- CORCUERA Y SUS JOYAS
67.- JUAN GUERRA
68.- SALANUEVA
69.- MARIANO RUBIO
70.- VERA
71.- AIDA ALVAREZ
72.- ELIGIO HERNANDEZ
73.- EXPO - 92
74.- EL TRIBUNAL DE CUENTAS, DETECTA UNAS PÉRDIDAS DE 35.OOO MILLONES DE PTAS. EN LA GESTIÓN DE LA EXPO 92, CELEBRADA EN SEVILLA, EN VEZ DE LOS 18.000 MILLONES DE BENEFICIOS DECLARADOS POR SUS RESPONSABLES.
75.- 8 EX-RESPONSABLES Y DIRECTIVOS DE LA MISMA EXPOSICION , JUZGADOS POR PRESUNTOS DELITOS DE MALVERSACIÓN, FALSEDAD Y APROPIACIÓN INDEBIDA, ENTRE LOS QUE CABE DESTACAR, EL EX-RESPONSABLE DE FILESA
76.- LUIS OLIVERÓ CAPELLADE
77.- ISIDORO GARCÉS, TAMBIEN ACOMPAÑADO A LA CARCEL POR LA PLANA MAYOR SOCIALISTA, ELLOS SE QUEDARON FUERA, EL ABOGADO iSIDORO GARCÉS Y EL CONSEJERO DELEGADO DE LA EXPO JACINTO PELLÓN
78.- CASO MAREY
79.- CASO LASA-ZABALA.... CAL VIVA
80.- CASO GALINDO
81.-CASO BOLIDEN Y LA BALSA DE AZNALCOLLAR 1.990 (LAS AGUAS TÓXICAS INUNDARON EL COT0 DOÑANA....CHAVES Y SUS PALMEROS SIGUIERON TOMANDO FINOS EN LA FERIA
82.- CATASTROFE DEL MAR EGEO, MUCHO PEOR QUE EL "PRESTIGE", 80.000 TM. DE CHAPAPOTE, CERCa de La Coruña
83.- INCENDIO DE GUADALAJARA, 11 MUERTOS
84.- INCENDIO EN GALICIA 2006 4 MUERTOS
85.- INCENDIO RIO TINTO, EL MAYOR INCENDIO DE ESPAÑA, 2 MUERTOS
86.- FUNDACION SAN TELMO-MONTESEIRIN, ALCALDE DE SEVILLA
87.- FUNDACION ANDRES RIBERA: JUAN MIGUEL BECERRA Y SANTIADO JAIME MESSIA FIGUEROA "EL MARQUÉS....
88.- CASO ERES ANDALUCÍA
89.- ALIANZAS DE GOBIERNO DE SÁNCHEZ CON GOLPISTAS, PRO ETARRAS Y TOTALITARIOS
89.- INDULTO GOLPISTAS CATALANES
90.-COMPRAR CORRUPTAS DE MATERIALES CONTRA LA PANDEMIA
91.- MUERTES INNECESARIAS POR COVID EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS
92.- TRASLADO MASIVO DE PRESOS ETARRAS A CÁRCELES VASCAS
93.- SUBIDAS CONTINUADAS DE LOS SUELDOS DE LOS POLITICOS EN 2.022
94.- UTILIZACIÓN ABUSIVA DEL FALCON Y DE LOS COCHES OFICIALES POR PARTE DEL GOBIERNO
95.- ENDEUDAMIENTO ABUSIVO QUE HIPOTECA EL FUTURO DE ESPAÑA
96.- MÚLTIPLES CASOS DE DESPILFARRO
97.- RPARTO DESIGUAL Y CORRUPTO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO
98.- AMIGUISMO Y NEPOTISMO EN LA ADMINISTRACIÓN
99.- TAMAÑO DESCOMUNAL DEL GOBIERNO, CON 22 MINISTERIOS
100.- IMPUESTOS ABUSIVOS Y CONFISCATORIOS, ENTRE ELLOS LOS DE SUCESIONES Y PATRIMONIO, ESTE ÚLTIMO YA SUPRIMIDO EN TODA EUROPA POR INDECENTE.

La lista del artículo se queda corta y le faltan canalladas y escándalos importantes, como la protección de los okupas, el acoso al varón en las leyes de género, el asalto al poder judicial, las subvenciones y ayudas a grupos extremistas y violentos como algunos del feminismo, el totalitarismo de izquierdas y la liga LGTBI, entre otros muchos.

Con un poco de tiempo, me comprometo a elaborar una lista de no menos de 500 casos graves de corrupción socialista.

Francisco Rubiales

La Guardia Civil cuenta ya con un mapa detallado de la trama usada presuntamente por el PSOE para financiar sus campañas,

La trama contaba con toda una red de empresas y permitió disponer de camisetas, lapiceros, globos y abanicos de Carmen Alborch con cargo final a las desaladoras públicas. Se trata, en definitiva, de lo que el PSOE calificaba hace años, en sus acusaciones al PP, como dopaje electoral.

La Guardia Civil ha dibujado ya un mapa perfectamente detallado de todos los movimientos que se realizaban por parte del PSOE para costear presuntamente, con cargo a Acuamed -la empresa pública de gestión de desaladoras- parte de sus gastos electorales en los años 2007 y 2008.

El informe de la Benemérita señala que "el análisis efectuado ha evidenciado que este no sería un caso aislado [el del cargo de gastos electorales del PSOE a una red de empresas que más tarde lograban concesiones de Acuamed-, sino que de las diferentes diligencias practicadas y su análisis conjunto, se infiere que existirían otros casos en los que actuaciones administrativas desarrolladas en el seno de Acuamed habrían propiciado pagos en beneficio del PSOE, en este caso por empresas adjudicatarias de contratos públicos y, nuevamente, participando indiciariamente José María Cataluña en la obtención y gestión de estos fondos".

Bajo esta hipótesis, la UCO de la Guardia Civil ha analizado "una serie de pagos efectuados a la sociedad Cronosport en beneficio del PSOE por parte de Construcciones Luján (120.060€) y, del mismo modo, por las mercantiles pertenecientes al Grupo Gimeno, Sitra (108.344€) y FACSA (70.817,40€)", detallan las investigaciones de la UCO.

El análisis "surge del efectuado en relación a los pagos materializados a Cronosport por parte de la mercantil Gigante Edificaciones (y en última instancia por el Grupo Axis), del que se desprende que, a través de estas operaciones financieras, se está asumiendo por el Grupo Axis el coste de una serie de materiales de merchandising adquiridos por el PSOE, principalmente con motivo de las elecciones municipales celebradas el 27.05.2007", aclara la Benemérita.

El informe judicial, efectivamente, evidencia que los efectos abonados por Gigante forman parte de un pedido de mayor entidad efectuado a Cronosport, no directamente por el PSOE, sino por una sociedad denominada Contexto Moda y Comunicación. Constatada la adquisición de los distintos materiales (camisetas, gorras, chapas, globos,...), se comprueba que ni el PSOE directamente, ni a través de Contexto Moda, habría abonado estas adquisiciones, así como que tampoco las habría declarado como gastos electorales, pese a que aparentemente deberían haberse declarado como tal".

Ante tal situación, la Guardia Civil confirmó un segundo aspecto: que el coste total del pedido relativo a las elecciones celebradas en el año 2007 (al que habría que sumar otros trabajos de entidad menor no relacionados con las elecciones), y que asciende a 261.771,08€, fue "asumido por las mercantiles Gigante Edificaciones y Obras (33.367,08€), SITRA (108.344€) y Construcciones Luján (120.060€)".

Y no fue el explicado un caso aislado ni mucho menos: "Además de los anteriores (relativos al 2007), también se evidencia del análisis efectuado que la sociedad Cronosport efectuó trabajos en beneficio del PSOE con motivo de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado que tuvieron lugar el 09.03.2008". Al igual que en el caso anterior, "constatada la adquisición de los distintos materiales cuyo importe asciende a 70.817,40€, se comprueba que el PSOE no las habría abonado, habiéndolo hecho en este caso la mercantil FACSA".

La Guardia Civil confirma, además ,que "el motivo por el que estas mercantiles asumen costes de trabajos desarrollados en beneficio del PSOE se encuentra, indiciariamente y en base a los diferentes elementos recopilados, en diversas actuaciones desarrolladas en el seno de Acuamed u otras empresas públicas vinculadas a esta".

Los informes de la Guardia Civil apuntan, de este modo, a que el PSPV-PSOE pagó en 'b' parte de los gastos de campaña de distintos líderes suyos a lo largo de esas fechas. Los candidatos dopados podrían haber sido Joan Ignasi Pla, Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega en los comicios de 2007 y 2008, tal y como señala indiciariamente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La cantidad que habría percibido el PSOE gracias a esta trama habría rozado el millón de euros: en concreto, se trataría de 948.411,98 euros costeados por distintas empresas que, posteriormente, habrían obtenido favores de la sociedad pública gestora de las desoladoras, Acuamed.

Link.

Una operación antifraude se ha saldado con la detención de un ex director general del Gobierno canario y un general de la Guardia Civil retirado investigados por su presunta relación con los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los detenidos por un presunto fraude en subvenciones de productos de alimentación son Taishet Fuentes, que fue director general de Ganadería del Gobierno canario hasta su destitución el pasado año, y el general retirado Francisco Javier Espinosa Navas, que estuvo al frente de la comandancia de Las Palmas.

Las citadas fuentes señalan que los presuntos delitos que se le imputan a los detenidos se circunscriben a los años 2020 y 2021, cuando el general retirado arrestado este martes estaba al frente del proyecto GAR-SI Sahel, encargado de la formación de gendarmes en países de África Occidental y, por tanto, sin dependencia directa de la estructura orgánica de la Guardia Civil.

La operación se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife. En el operativo han participado agentes de Asuntos Internos de la Guardia Civil, así como de la Policía Nacional.

Destituido hace unos meses

El Gobierno de Canarias informó en junio de 2022 de que Taishet Fuentes había sido relevado de su puesto al frente de la Dirección General de Ganadería al "no tener la confianza" del presidente canario, Ángel Víctor Torres, para dar un "nuevo impulso" y "nueva orientación" en un momento de crisis en el sector por la guerra de Ucrania.

Además de ex director general de Ganadería, Taishet Fuentes había sido designado candidato del PSOE a la Alcaldía de Antigua (Fuerteventura). El arresto se debe a su presunta relación con irregularidades en la gestión de subvenciones vinculadas a productos de alimentación en varias provincias españolas, según ha avanzado el periódico regional Canarias7.

Además, entre las personas investigadas está Juan Bernardo Fuentes, diputado socialista en el Congreso por la provincia de Las Palmas, que fue director general de Ganadería al comienzo del mandato y lo relevó en el cargo su sobrino Taishet Fuentes.

Reunión interna del PSOE

En cuanto a Taishet Fuentes, también sobrino del diputado socialista en el Parlamento canario Domingo Fuentes Curbelo, fue cesado como director general de Ganadería en junio de 2022. El Gobierno de Canarias "niega cualquier conocimiento" sobre esta operación, según han apuntado fuentes del Ejecutivo autonómico.

Taishet Fuentes fue designado, hace una semana, cabeza de lista del PSOE para la Alcaldía de Antigua. Ante esta situación, el PSOE celebrará este jueves 16 de febrero una reunión para abordar este asunto. No obstante, los socialistas han abogado por respetar la actuación y la investigación policial, así como la presunción de inocencia de Taishet Fuentes, pidiendo prudencia a la hora de valorar el arresto hasta tener todos los datos.

Fuente.

Según ha podido confirmar a Onda Cero de fuentes de la investigación dos de los siete detenidos por la compra de votos forman parte de las listas del PSOE en Mojácar.

La Guardia Civil ha detenido hasta el momento a siete personas en una operación contra la compra de votos para las elecciones de este domingo 28 de mayo en la localidad almeriense de Mojácar.

Según ha confirmado Onda Cero, dos de los siete detenidos por la supuesta compra de votos forman parte de las listas del PSOE en Mojácar. La operación se ha iniciado esta mañana, sigue abierta y se espera una decena de arrestos, según ha informado la Guardia Civil. La operación se produce después de que la Policía Nacional detuviera en Melilla a diez personas también por una supuesta compra de votos.

Onda Cero ha podido confirmar que los dos candidatos detenidos que forman parte de la lista electoral del PSOE de Mojácar para las elecciones municipales del 28M son el número 2 , Francisco Bartolomé Flores Torres, y el número 5, Cristóbal Vizcaíno González. En el facebook del PSOE de Mojácar se puede consultar la lista completa del PSOE en esta localidad.

Según estas mismas fuentes agentes de la Guardia Civil y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplegado desde primera hora de la mañana en el municipio, donde también hay tres investigados y donde se han practicado "decenas de registros".

Lo denunció un particular

La operación abierta parte de una denuncia ante un presunto fraude electoral realizada por un particular que se habría visto afectado por la supuesta trama que, conforme a los primeros indicios, habría afectado a un "número indeterminado de votos".

La investigación, que se inició "hace tiempo" y en la que se descarta que el origen anónimo de la denuncia, la coordina el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera (Almería), que ha acordado decretar el secreto de las actuaciones, según han informado fuentes del caso.

La Guardia Civil mantiene abierta una operación contra el fraude electoral que se encuentra en plena explotación, por lo que no se descarta que pueda haber más detenidos a lo largo de la jornada.

Quién gobierna en Mojácar

En Mojácar el PP gobierna con mayoría absoluta tras las últimas elecciones municipales de 2019, cuando obtuvo ocho de los 13 ediles que componen el Pleno con 1692 votos mientras que el PSOE consiguió cinco de ellos, con 1.145 papeletas. En total se emitieron 2.990 votos, el 71,26 por ciento del censo.

Un escándalo que está empañando la campaña electoral en plena recta final de cara a la votación que se llevará a cabo el próximo domingo 28 de mayo

El PSOE suspenderá de militancia y abrirá expediente a los candidatos detenidos

El PSOE ha anunciado que va a suspender de militancia y abrir expediente a los detenidos en Mojácar y subrayan además que no le tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o que se sitúe fuera una altura ética máxima.

Prometen contundencia con los dos integrantes de su lista detenidos por la supuesta compra de votos por correo en esta localidad, ya que fuentes de Ferraz afirman que "si llegasen al Ayuntamiento no formarían parte del grupo municipal socialista".

Desde el partido están tratando de averiguar si estos dos detenidos son militantes del PSOE, en cuyo caso decretarían la "suspensión de militancia inmediata y apertura de expediente".

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado sobre esta supuesta trama de compra de votos en Mojácar que es "muy grave en términos de calidad democrática que haya personas que de una u otra manera intenten alterar la voluntad de los ciudadanos" y ha pedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las instancias judiciales que sean "determinantes" y se llegue hasta el final para que paguen sus responsabilidades los que persiguen alterar los procesos electorales.

La trama de Melilla

El caso de Melilla está salpicando directamente al Gobierno de la Ciudad Autónoma, presidido por Eduardo de Castro. Uno de los detenidos de la supuesta trama de fraude electoral por la compra de votos por correo en la ciudad autónoma de Melilla es Mohamed Ahmed Al-lal, responsable de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno melillense y número 3 de las listas de Coalición por Melilla (CPM).

Tras prestar declaración en dependencias policiales, los agentes han dejado en libertad a los nueve detenidos, seis arrestados hoy martes y tres en la jornada del lunes,, que serán citados por la juez que instruye las pesquisas sobre esta supuesta trama.

Este partido está en el punto de mira porque otro de los detenidos es el yerno de Mustafá Aberchán, líder Coalición por Melilla.

Marlaska asegura que no habrá fraude electoral

Precisamente al hilo del supuesto fraude en Melilla, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el pasado domingo que "no va a haber ningún tipo de fraude ni en Melilla ni en ninguna otra zona de España".

Link.

La Audiencia de Sevilla ha condenado al ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén a seis años de cárcel por los pagos en prostíbulos con tarjetas bancarias de la entidad, perteneciente entonces de la Junta socialista de Andalucía. Villén, que en el año 2008 entró en la Ejecutiva del PSOE andaluz, dilapidó 32.566 euros en una docena de orgías en clubes de alterne. La ex directora económica financiera de la Faffe Ana Valls ha sido condenada a cinco años y tres meses de cárcel por su inestimable ayuda en el desvío de fondos públicos. El tribunal considera a ambos autores de un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor.

Así figura en una sentencia emitida el 19 de septiembre por la Audiencia de Sevilla y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ambos fueron juzgados meses atrás por un jurado popular en un juicio en cuya primera jornada Villén reconoció haber pagado en clubes de alterne con su tarjeta de empresa, aunque aquello sólo ocurrió en «diez ocasiones» durante los siete años que estuvo al frente de la Faffe, según defendió. Añadió además que «cuando uno está en un local de esos, uno toma copas y eso afecta a las facultades». El tribunal señala que realizó un total 40 pagos en prostíbulos con la tarjeta black de la entidad, nueve de ellos en un mismo día. «El acusado tenía una afición descontrolada por este tipo de establecimientos», remarca la sentencia.

La citada instancia judicial condena además a Villén a una multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público durante seis años, y a indemnizar a la Junta de Andalucía con 24.129 euros, resultado de restar al importe total de los gastos (32.566 euros) la devolución por parte del acusado de 8.437 euros el 25 de marzo de 2010. Además, y de manera solidaria con la acusada, deberá indemnizar igualmente a la Administración autonómica con 6.300 euros. Ana Valls es condenada a una multa de 5.840 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público durante cinco años.

No obstante, Villén aseguró en el juicio que siempre fue consciente de que debía «devolver» a la Faffe el dinero de todos aquellos usos «indebidos» de la tarjeta para gastos «injustificables» en prostíbulos. Según sus palabras, repuso el gasto de la tarjeta de su propio bolsillo. El socialista encuadró estas prácticas en la necesidad de «no alarmar» a su familia, para «evitar una situación complicada en casa».

Villén también mostró su «grado de arrepentimiento» por estos hechos. «He pedido disculpas en varias ocasiones. Arrastro un deterioro de mis relaciones personales, sociales y familiares y toda una depresión. Siento un arrepentimiento muy grande».

De su lado, la ex directora financiera de la entidad Ana Valls manifestó que antes de que estos gastos trascendiesen a los medios de comunicación, no sabía «nada», y cuando salieron a la luz sintió «un gran bochorno», al igual que el resto de la plantilla de la Faffe.

No obstante, según el fiscal Fernando Soto, delegado en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, durante el juicio quedó probado que el ex director de la Faffe «no ha devuelto esas cantidades». Soto le reprochó además que no dijese «con quién gastó» esos 32.566 euros de dinero público en clubes de alterne, callando qué «alto, medio o bajo cargo (de la Administración) o empresarios» le acompañaron en aquellas visitas a locales de citas como Don Ángelo, Top Show Girls, La Casita o la Sala Delux.

Cabe recordar que Villén figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del ex alcalde socialista de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres García, de manera «injusta y arbitraria» y por la sola «afinidad y vinculación personal y política» entre ambos. También está investigado por la «contratación irregular, injusta y arbitraria» del concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.

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