Griñán sopesa cómo despedir a parte de los 20.000 "intrusos"

El Gobierno andaluz señala que hay 22.000 empleados en el sector público, pero la horquilla se abre hasta los 30.000.

QUE QUISO COLAR EN LA JUNTA

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta ha anunciado un ajuste para el sector público, pero trasladó la responsabilidad a cada una de las empresas públicas existentes.

Según La Razón, esto implica la posibilidad de que se produzcan rebajas salariales, de horario o incluso despidos y confirma las sospechas de los empleados del sector público. Recuérdese que la supuesta reordenación del sector quiso, mediante la ley – llamada del "enchufismo" por los funcionarios– aprobada a principios de 2011, no sólo no despedir a nadie, sino incluirlos como empleados públicos de la Junta -Laborales de Agencia-. El PP pide a Griñán que coja el toro por los cuernos. El coste de esta administración "paralela" supone casi el 75 por ciento de los 4.900 millones del rescate solicitado por la Junta al gobierno de España.

Dentro de los trabajadores del sector público hay dos clases diferenciadas. Por una parte están los funcionarios que trabajan en empresas y agencias públicas como la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o la de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa). NI les afectaría la rebaja de salarios u horarios no les afectaría y están amparados por el Estatuto Básico del Empleado Público dependiendo directamente de la Administración General, al igual que los 260.000 empleados entre los que se cuentan médicos, profesores o funcionarios judiciales.

Pero hay otros que no tienen esa seguridad. Los trabajadores que entraron en las ocho macroagencias sin pasar procesos selectivos equiparables a los de los funcionarios constituyen la denominada "administración paralela".

Nadie sabe cuántos son. La Junta no da los datos. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) registró a principios de mes un escrito para que Hacienda señale cuántos de estos trabajadores hay y cuánto cobran. El Gobierno andaluz señala que hay 22.000 empleados en el sector público, pero la horquilla se abre hasta los 30.000 si se tienen en cuentan estos eventuales o los que trabajan como autónomos, sobre los que las cifras son aún más difusas. La UGT los cifró en 35.000, más que funcionarios y laborales en toda la Junta.

Luego está el problema de los Tribunales. El TSJA ha dejado claro que la integración de personal es ilegal y que vulnera el Estado de Derecho. Dicho más claramente, la administración paralela no debería existir y la Junta va a tener que reordenar el sector público empresarial. Según SAF, tendrá que ver los que son necesarios para dar un servicio a la sociedad y hacer una oferta pública de empleo, en lugar de pagar ilegalmente a trabajadores como está haciendo en este momento.

El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, llama a la cautela cuando se habla de despidos, pero coincide en que hay que hacer una reforma "real" de la administración pública empresarial, examinando las posibles duplicidades y viendo "qué sobra o qué falta".............................................................
http://www.libertaddigital.com/espana/2012-10-11/grinan-sopesa-como-despedir-a-parte-de-los-20000-intrusos-1276471098/