La avalancha de denuncias falsas obliga a cerrar la unidad de “violencia de genero” de la Comisaría de Lugo

La Confederación Española de Policía (CEP), a través de su secretario provincial Juan Carlos González López, denunció judicialmente que en la Comisaría de Lugo no se están investigando los delitos relacionados con violencia de género. El grupo de policía judicial que se venía ocupando de esta materia fue desarticulado el pasado mes de octubre. Ahora las víctimas son atendidas en una oficina «puramente administrativa».

La denuncia fue presentada por el secretario provincial de la CEP, Juan Carlos González López. En la misma explica que, desde hace varios meses, en concreto desde octubre del año pasado, «no existe en la comisaría provincial de Lugo ningún grupo de policía judicial destinado específicamente a investigar e instruir los delitos relacionados von violencia de género, cuando hasta esa fecha sí lo había y, además, con una carga enorme de trabajo».

El funcionamiento de ese grupo, expresa la denuncia, «era muy eficiente, a la vez que se garantizaba la intimidad, el trato y todo lo referente a protección de las víctimas; también se aseguraba el buen resultado de las diligencias practicadas».

Sin embargo parece que las cosas cambiaron. «Desde hace tiempo y por orden del servicio del actual jefe provincial, Manuel Teijeiro Sande, los delitos relacionados con la violencia de género se tramitan en la ODAC, oficina que carece de medios para investigar y que es puramente administrativa, con el grave perjuicio que ello supone al tratamiento de la víctimas. Han de esperar en los pasillos para denunciar, rodeadas en ocasiones de un ambiente hostil debido a que se hallan mezcladas con los demás ciudadanos que esperan para denunciar otros hechos y detenidos», explicó ante la jueza el secretario provincial de la CEP. Esas esperas se producen «en plena entrada de la dependencia policial».

La jueza Estela San José también, responsable del Juzgado de Violencia de Género, también fue informada de que recientemente el comisario impartió otra orden de servicio «para que en los casos especiales se ejerza la tutela y supervisión de la instrucción por otros funcionarios, algo material y legalmente inviable».

A su vez, la magistrada recibió información sobre quejas de funcionarios uniformados, «los cuales a la hora de llevar a cabo la diligencia judicial de informe vecinal, no pueden dar cumplimiento a la misma por la reticencia de los vecinos a hablar de otros con personal uniformado». Supuestamente los servicios de seguridad ciudadana «están muy lejos de ser los que puedan llevar a cabo estos informes con garantía de éxito; el resultado es que apenas pueden practicarse».

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo también conoció lo que, según la CEP, es una «gran dejación» en la comisaría provincial por parte de su responsable, Manuel Teijeiro, en lo que respecta a «delitos relacionados con la violencia de género, lesiones, agresiones sexuales y todos aquellos con poca relevancia estadística».

La denuncia del secretario provincial de la citada confederación recoge que entiende «que no se están cumpliendo los mandatos legales que tenemos de perseguir delitos y poner el celo debido en capturar a los culpables, así como la pésima práctica de diligencias ordenadas por la autoridad judicial».

Por ahora no existe constancia de la decisión adoptada por la magistrada sobre la denuncia que fue presentada por escrito hace ya un par de semanas.  Fuente

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>>"Mi hermano ha fallecido de pena y tristeza por la denuncia falsa de su mujer y la injusta ley de género”

Todas las estadísticas están referenciadas a una fuente oficial de datos dependiente del Estado español: Consejo General del Poder Judicial, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ninguna estadística o dato se ha elaborado desde fuentes no oficiales.

Autores: Manuel O.N.- Eugenio M.C. – Manuel R.F. – Enero de 2016

España tiene uno de los niveles más bajos de la ‘violencia de género’ (doméstica) del mundo y en especial con relación a los países de su entorno.
La ley de violencia de género española introduce el llamado ‘derecho penal de autor’, propio de las dictaduras o regímenes totalitarios, y que trata penalmente de forma distinta a los hombres y a las mujeres, aplicando no sólo penas sino todo tipo de mecanismos procesales y extraprocesales distintos por razón de sexo, criminalizando al hombre de partida por el mero hecho de serlo, con efectos devastadores sobre la infancia.

En base a la Ley de violencia de género, y su desarrollo posterior en distintos protocolos de actuación en distintos ámbitos (policial, servicios sociales, asistencia jurídica a través de los colegios de abogados, etc), se asignan todo tipo de ayudas de carácter asistencial, como son la asistencia jurídica gratuita, tratamientos especiales en cuanto al cese voluntario de la supuesta víctima en su centro de trabajo, ayudas económicas, casas de acogida, etc…en gran parte financiado con los fondos europeos.

Para ello, basta con una simple denuncia, sin prueba alguna contra la pareja o ex pareja, y sin haber sido instruida causa alguna en el Juzgado, ni mucho menos haber sido condenado el hombre, ya se otorgan todas estas ayudas. El 80% de las denuncias son archivadas o sobreseídas.

Ni los juzgados ni la fiscalía, por instrucciones directas del Gobierno, actúan de oficio por un delito de denuncia falsa, por lo que no se devuelven posteriormente todas las ayudas que se fueron concediendo en base a esa denuncia. Esto hace que el propio sistema se retroalimente de manera progresiva, alentando en un ciclo perverso la interposición de denuncias falsas con fondos europeos: a más denuncias, más dinero.

Los fondos europeos por lo tanto, se asignan finalmente sin fundamento ni justificación, dado que en la mayoría de los casos, se otorgan ayudas en base a denuncias injustificadas que se archivan, generando un sistema que se retroalimenta y que viola los principios de seguridad jurídica y cualquier criterio objetivo y fundamentado de asignación de esos fondos.

Las consecuencias sobre decenas de miles de menores, hombres, familia extensa, mujeres, abuelos, son violaciones sistemáticas de derechos humanos y consecuencias graves en el desarrollo natural de los menores afectados. La magnitud del fenómeno en España es desconocida en cualquier sistema judicial de los analizados en Europa. No existe en Europa “derecho penal de autor” como hay en España recogiendo la tradición de la Unión Soviética.

La vinculación de esta maquinaria de extracción de rentas con los principales partidos políticos es evidente, y será objeto de un tercer informe como continuación de éste.

José Manuel Tomé ostenta un dudoso honor: es la única persona en España con 22 denuncias por violencia de género “falsas”. Cada una de ellas supera en horror a la anterior: amenazas, maltrato psicológico, agresión, abuso sexual de una de sus hijas… Este hombre, que saltó a la palestra mediática a principios de este mes al exigir a la Junta de Extremadura “justicia real” ante un caso que dura ya cinco años, asegura que las denuncias presentadas por su ex mujer tienen “la única finalidad de apartarme de mis hijas”.

Una situación que ha llevado a este pensionista a “estar en el calabozo todo un fin de semana”, a “no” ser persona, a renunciar a sus dos hijas durante un tiempo y a consumir 14 pastillas diarias. El debate sobre la violencia machista ha dado un giro peligroso en los últimos meses: cada vez son más los españoles que opinan que “la mayoría de las mujeres ponen denuncias falsas” (hasta un 20%, según una muestra del Ministerio de Igualdad).

El caso de Tomé no es excepcional, como muestra la lucha emprendida por el juez Francisco Serrano -que ya relató este diario- para que las mujeres que quieran divorciarse no usen las ventajas que les ofrece la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género para beneficiarse o chantajear sus ex parejas. Jueces, periodistas, policías judiciales, “hasta diputados y senadores de muy alto nivel me han dado la razón cuando les he dicho que esta ley es inconstitucional y discriminatoria”, señaló en su día a El Confidencial.

El último capítulo en esta agria polémica lo ha protagonizado una productora danesa que afirma en un documental que en nuestro país se presentan cada día unas 350 denuncias por maltrato falsas. Bajo el título “Falsas acusaciones en España”, RVproductions asegura que la legislación española discrimina a los varones y elimina el principio de presunción de inocencia, dado que los hombres denunciados pasan automáticamente por el calabozo. Les ofrecemos un extracto de dicho documental:.-

Video en castellano REALIZADO por la productora danesa RVPRODUCTION. (rvproduction.net en ingles original) que hace una descripcion muy somera, sin detenerse en la cantidad de daño que producen, y haciendo negocio con un tema muy importante para todos. Ocultando datos, hoy en dia todos conocemos a alguien al que se le ha acusado en falso con la ayuda de la administración, y la instrumentalizacion de los hijos, el abuso. El intento mediante el uso de la teoria hipodermica de comunicacion de masas para asegurarse el apoyo a unos principios comunes que rechazamos, para desnaturalizar ese esfuerzo y convertirlo en una herramienta adecuada a sus intereses personales olvidandose de la sociedad. La pura censura, de recrear tanto la realidad que vivimos y compartimos, como la propia historia. Insultando y difamando a quien no cree en sus hipotesis, y arrogandose una labor que ha desarrollado la sociedad durante muchos años. Siete a cinco votos en el Tribunal Constitucional. Cinco altos magistrados ven inconstitucionalidad en la ley. La poblacion española exige auxilio y la igualdad de derechos.

El titular del Juzgado de Instrucción número trece de Madrid ha citado a declarar hoy a nueve personas como investigadas (la nueva figura del imputado) por haber urdido presuntamente una trama de denuncias falsas de violencia de género. Entre los investigados están dos conocidas abogadas especialistas en violencia de género, Cruz Sánchez de Lara, que era directora de la Asesoría Juridíca de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) cuando sucedieron los hechos, y su socia Yolanda Corchado. También están citadas dos psicólogas de esta organización, Beatriz Mata y Covadonga Naredo, que fue directora del área de violencia de género de la FMP. El resto de investigados son la mujer que denunció a su expareja, Beatriz Caniego, y varios de sus familiares.

El denunciante, Jesús Muñoz, es un Policía Municipal de Madrid que fue víctima de siete denuncias falsas de maltrato por parte de su exmujer. La sentencia por la que fue absuelto ha sido aportada al nuevo procedimiento, ya que el juez que llevó el caso apuntó hacia la «fabricación» de las denuncias que sirvieron para mantener imputado al hombre durante seis años.

La convivencia de la pareja, que tienen un hijo en común, se rompió en enero de 2005. En mayo de 2006, Jesús Muñoz denunció a Beatriz Caniego por agresión cuando intentaba ver a su hijo en la guardería, tras cuatro meses sin poder mantener contacto con él porque su madre se lo impedía. La exmujer de Muñoz contraatacó justo al día siguiente denunciándolo a élpor varios presuntos delitos relacionados con el maltrato. En la sentencia que absolvió al hombre, el juez apuntó claramente hacia la posibilidad de que las denuncias de maltrato fueran falsas: «Nos encontramos ante toda una serie de indicios que pueden hacer sospechar fundadamente en la posible utilización espuria del proceso penal».

No había maltrato

El magistrado argumentó que «ha de tenerse presente que las denuncias penales se inician cuando Beatriz ya contaba con asesoramiento letrado, y ya había interpuesto una demanda paterno-filial, en la que para nada relataba situación de maltrato». Jesús Muñoz también aportó una serie de grabaciones para acreditar que el maltrato fue «inventado» para obtener ventajas por parte de su expareja. El juez sostuvo en la sentencia que «habían existido unas conversaciones de Jesús Muñoz con las letradas de Beatriz, (grabadas por Don Jesús), destinadas a lograr un mutuo acuerdo en las medidas paterno filiales, sin ninguna mención a los supuestos malos tratos, y que justo al día siguiente de que Beatriz hubiera sido a su vez denunciada, es cuando Beatriz interpone la primera denuncia» por maltrato.

El magistrado llegó a citar «un hecho que ha producido el más absoluto asombro del juzgador». Se refiere a que la denunciante alegó «extrema delgadez» e «intentos de suicidio» como «evidencias del maltrato sufrido». Sin embargo, el juez constató que en la demanda civil previa se decía que ese «malestar físico y psicológico» no se debía a ningún maltrato, sino a «la separación de la pareja».

ABC se ha puesto en contacto con el despacho de las letradas y con la Federación de Mujeres Progresistas para recabar su versión de los hechos, pero han declinado responder. Link

España ha registrado 1,7 millones denuncias con la Ley de Violencia de Género, pero sólo el 23% acaba en condena.

A lo largo de los últimos años, y a la vista de la mayoría de noticias y mensajes políticos que recibe la opinión pública, da la sensación de que España se ha convertido en un país muy peligroso para las mujeres cuando, en realidad, es todo lo contrario. Los datos que se suelen aducir para sustentar tal afirmación es que, por un lado, las denuncias por violencia de género no dejan de crecer, mientras que, por otro, el número de condenas es muy superior al de absoluciones (63% frente a 37%), pese a que la mayoría de los casos no llegan a juicio.

De este modo, se transmite la idea de que, lejos de remitir, el problema de la violencia de género aumenta, lo cual sirve de excusa para exigir no sólo una mayor atención pública a todos los niveles, incluido el político y el judicial, sino también un mayor volumen de recursos económicos para luchar contra esta lacra. Hasta aquí, el discurso oficial. Vayamos ahora a los datos, y, más concretamente, a los informes que elabora anualmente el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se recogen tanto las denuncias presentadas como su terminación concreta en los juzgados.

Desde finales de 2004, momento en el que entra en vigor la Ley de Violencia de Género aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta 2017, se han presentado un total de 1,69 millones de denuncias relacionadas con esta materia, lo que arroja una media de casi 130.000 denuncias al año. De esa cifra global, los juzgados han resuelto 1,23 millones de casos (73,1%), mientras que las 454.000 restantes (26,9%) no han alcanzado ningún tipo de resolución concreta (sobreseimiento, archivo, absolución o condena por el tribunal competente). Los datos oficiales arrojan el siguiente cuadro:

El 26,9% de las denuncias no alcanzan ninguna resolución concreta.
El 36,2% son denuncias sobreseídas o archivadas.
El 13,7% son sentencias de absolución tras juicio.
El 11,6% son condenas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM).
El 11,4% son condenas en los Juzgados de lo Penal (J. PEN).
El 0,2% son condenas en la Audiencia Provincial correspondiente (AP).

La primera gran conclusión, por tanto, es clara: tan sólo el 23,2% de las denuncias presentadas por violencia de género acaban en condena, mientras que el 76,8% restante terminan sin resolución, archivadas, sobreseídas o con una sentencia absolutoria por parte de los tribunales. Así pues, el 77% de los denunciados acaban resultando inocentes o, si se prefiere, no culpables -todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante condena firme, tal y como exige la ley y el Estado de Derecho-.

Y si se excluyen las denuncias no resueltas (27% del total), el resultado que arrojan las resoluciones judiciales es el siguiente:

El 49,5% de las denuncias son sobreseídas o archivadas por carecer de indicios probatorios.
El 18,7% son absoluciones tras concluir el juicio.
Y el 31,8% restante son sentencias condenatorias tras su enjuiciamiento.

Así pues, del total de denuncias que concluyen con una resolución específica tras ser valoradas y juzgadas por la instancia correspondiente, el 68,2% (unos 840.000 casos) arrojan un dictamen de inocencia, ya sea por archivo y sobreseimiento (610.000) o por absolución (230.000), mientras que el número de condenas por violencia de género desde 2004 rondan el 32% (casi 392.000 casos).

Dicho de otro modo, de los casos de violencia de género resueltos por los tribunales, tan sólo uno de cada tres termina en condena, y cerca de la mitad resulta archivado o sobreseído por falta de indicios, sin necesidad, por tanto, de llegar a juicio. LD.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lora del Río (Sevilla) ha ordenado deducir testimonio por presuntos delitos de acusación y denuncia falsa contra la mujer que fue condenada en el año 2012 a 20 meses de prisión por otra serie de denuncias falsas contra su exmarido, José Antonio Santos, que llevaron a éste a pasar once meses en prisión.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez archiva la causa abierta contra José Antonio Santos tras la denuncia por presuntas agresiones presentada por su exmujer, Raquel Valle, y acuerda de oficio deducir testimonio contra ésta por presuntos delitos de acusación y denuncia falsa.

El juez asevera que "de ni una sola de las múltiples diligencias de investigación e informes técnicos que obran en autos se desprende indicio alguno de esas agresiones que la denunciante refiere le fueron causadas por su expareja en la madrugada del día 21 de noviembre de 2015".

De este modo, el juez analiza por separado en este auto fechado el 25 de septiembre y consultado por Europa Press las agresiones denunciadas "dado que en caso de que ganare firmeza" el auto de archivo "le va a suponer a la perjudicada la incoación de oficio de un procedimiento por presuntos delitos de denuncia o acusación falsa".

Así, el instructor relata que, según la denunciante, los hechos tuvieron lugar sobre las 1,00 horas del 21 de noviembre de 2015, cuando salió a la puerta de su casa, que estaba abierta o encajada, y se encontró con su exmarido, quien, "según su denuncia en el hospital", le habría golpeado en la cabeza y la agarró del cuello.

Un "porrazo"

Según su denuncia, en ese momento notó un "porrazo" e inmediatamente perdió la conciencia, "no recordando nada más de lo sucedido hasta que vio" a su actual pareja junto a ella, "no siendo capaz de explicar o recordar el origen de los cortes que presenta en múltiples partes de su cuerpo".

El juez asevera que estas manifestaciones de la denunciante "resultan incompatibles" con el resto de pruebas practicadas, ya que los testigos compañeros de trabajo de su exmarido aseguraron que este último estuvo con ellos hasta el cierre del bar, aproximadamente entre las 1,45 y las 2,00 horas.

A ello se suma la testifical de su hijo, quien manifestó estar seguro de que cerró la puerta con llave, no dejándola abierta, refiriendo que la actual pareja de su madre le avisó de lo sucedido alrededor de las 2,00 horas, "hora que entiende este instructor debió suceder aquello que sucediera, dado que el centro médico de La Puebla de los Infantes informó que fueron avisados a las 2,20 horas para asistir a la denunciante, sin que escuchara nada desde que llegó a su casa a las 00,30 horas".

Además, "parece poco probable que una persona a la que se le golpea en la cabeza hasta perder el conocimiento no presente lesiones de cierta consideración en esa parte de su cuerpo, ni menos que no se de aviso a los servicios sanitarios, con los cortes que presentaba por su cuerpo, sino hasta pasada más de una hora".

Ni una sola mancha de sangre

El juez indica que, a todo lo anterior, se añade que no se apreció en la inspección ocular policial practicada en las viviendas de la denunciante y de su actual pareja "ni una sola mancha de sangre ni signos de lucha o violencia, como tampoco en la estrecha calle que las separa, ni se escucharon gritos ni voces por ninguna de las personas que se encontraban en el interior de las viviendas".

Asimismo, "no tendría sentido que una vez la denunciante en el suelo, su presunto agresor le asestara cortes superficiales, alguno hasta en el cuello, sin que aquella recobrara la conciencia ni sintiese ninguno de ellos", a lo que se suman los informes técnicos del médico forense y del servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Así, y según el informe del forense, "no existe ninguna compatibilidad simétrica entre las zonas corporales del cuerpo de la denunciante donde se sitúan esos cortes y las zonas rasgadas de su camiseta, no apreciándose apenas restos de sangre en la prenda de vestir que portaba ese día (a pesar de tratarse de heridas incisas)".

La juez precisa, al hilo, que "solo una de las roturas de la parte posterior de la camiseta sería compatible con su acusación con arma blanca (el resto son simples desgarros), no coincidiendo esa rotura simétricamente con ninguno de los cortes que presentaba en su espalda", por lo que "el resultado no puede ser otro que el archivo de las actuaciones" dado que "no existen indicios de la presunta agresión del encausado contra su expareja que se le imputaba".

En un segundo auto, dictado el 21 de julio y consultado por Europa Press, el juez archiva otra denuncia interpuesta por Raquel Valle contra su exmarido por otra presunta agresión, aunque no acuerda deducir testimonio de oficio contra ella al entender que "del resultado de toda la prueba practicada en autos no puede quien aquí suscribe llegar a la convicción segura de que esos hechos, tal y como se describen en su declaración policial y judicial, hayan sido una mera fabulación o invención de la perjudicada contra su expareja". Link

Hace ya unos años, todo un Ministro de Justicia, en pleno ejercicio de sus delicadas y constitucionales funciones, se despachó con aquello de «las denuncias falsas son un coste asumible de la LIVG 2004». Más que un coste asumible, cabría puntualizar al señor López Aguilar –por cierto, enfermo del virus que él había ayudado a propagar, ya que fue denunciado en aquellos días por violencia de género, hecho que se prestó incluso al cotilleo jocoso– que se trata de un coste calculado y previsto, como también necesario por razones que se muestran evidentes, ya que la gran Teta de Género, esa que amamanta a diario a tanto y tanta cuentista del rollo ese del género, funciona con denuncias, ese y no otro es el combustible que mueve la Industria de Género, un negocio millonario y clientelar en nombre del feminismo, pero a costa de la mujer, incluso de sus vidas en algunos casos, otro coste igualmente tasado. Y más que denuncias falsas, Sr. López, se trata de delitos que requieren diligencia para ser abordados y ponerles coto.

El abogado Gerardo Rodríguez Acosta, experto en Derecho de Familia (La Razón, 15/04/2019), asegura que hay muchísimas denuncias falsas, más de las que se recogen oficialmente, y advierte que «cada una de ellas desencaja el sistema de protección de la mujer ante la violencia de género». Los jueces –prosigue Acosta– saben cuándo un letrado presenta una denuncia falsa, incluso existiendo informes médicos. La dificultad está en probar que está mintiendo. Lo más grave es que, cuando la mentira prolifera, se acaba perjudicando a «mujeres verdaderamente maltratadas» cuyas denuncias no prosperan por no poder acreditarlo suficientemente.

Veamos el histórico de denuncias de violencia de género interpuestas entre los años 2004 y 2015, según datos oficiales:



De 1.482.041 denuncias interpuestas se condenó a 177.994 hombres (12%). Ello apunta a que un 88% de las denuncias no terminaron en condena al hombre, lo que se traduce en que más de un millón de hombres fueron denunciados de manera irregular.



De ahí que podamos afirmar que sólo 1 de cada 10 denuncias contra un varón acaba en condena, de este modo se somete casi al 90% de los hombres denunciados a una innecesaria estigmatización social y a un enorme daño moral que debiera ser compensado con el patrimonio y rentas de quien denuncia, imponiéndose además la pena de prisión correspondiente, ya que denunciar en falso es un delito tipificado, aunque, a la vista está, no perseguido como debiera.



En esto, las feministas clientelares que de una u otra forma viven a la sombra del maltrato a la mujer, objetan que no hay hombres inocentes, sino que no se ha podido mostrar su culpabilidad, otra frase hecha para enredar, mentir y dejar que pasen los meses para poner la mano y cobrar un dinero que precisa no tener escrúpulos de ninguna naturaleza para con las de sus mismo sexo, las verdaderamente maltratadas abandonadas a sus suerte.

José R. Barrios