El alcalde de Vitoria acusa a los magrebíes de “vivir de las ayudas sociales” y de “no tener interés en trabajar”

El tipo le ha tomado el pelo a todas las instituciones del País Vasco

El tipo es un fenómeno y lleva años tomando el pelo a todo el mundo y chupando del bote con fruición.

Afortunadamente para todos y desgraciadamente para el nigeriano, se le acabó el chollo el pasado 20 de agosto de 2018 cuando agentes de la Policía Nacional lo trincaron por falsedad documental y estafa.

El caradura, residente en Bilbao, solicitaba prestaciones públicas en las oficinas del Servicio vasco de Empleo (Lanbide) con una identidad falsa. Los investigadores han descubierto que de esta forma consiguió desde 2013 hasta la fecha un total de 42.508 euros en ayudas sociales.

La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha informado de que los agentes tuvieron conocimiento de dichas irregularidades a través de investigaciones llevadas a cabo contra el cobro de prestaciones públicas mediante la utilización de documentación falsa.

El nigeriano estaba acudiendo a las oficinas de Lanbide situadas en Bilbao con el propósito de renovar su prestación pública. Sin embargo, en el momento en que fue identificado por empleados de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, él mismo salió corriendo.

Cuanta Adrián Mateos en 'ABC' que, durante el transcurso de la persecución policial se desprendió del pasaporte que portaba, el cual pudo ser intervenido por la Policía Nacional gracias a la colaboración ciudadana de un transportista.

Este documento, que aparentemente presentaba un soporte auténtico, poseía «ciertas irregularidades» en su página biográfica.

En el proceso de investigación se pudo acreditar que la solicitud de dichas prestaciones se realizó usando la identidad falsa. También la percepción desde el 2013 de un total de 42.508 euros.

Asimismo, la Delegación del Gobierno destaca que, entre las pertenencias del acusado, se halló un cartel en el que se pedía dinero, así como la cantidad de 2.170 euros repartidos en billetes de 50 y 20 euros.

La operación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras perteneciente a la Jefatura Superior de Policía del País Vasco. Link

El Gobierno vasco ha retirado hoy mismo la ayuda social que recibía el yihadista detenido por la Policía en Vitoria acusado de hacer labores de captación a través de una asociación cultural que no conocen las principales asociaciones islámicas del País Vasco ni tampoco vecinos del lugar donde figura su domicilio social, en el Casco Viejo de la capital alavesa.

Fuentes del Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales han confirmado a Efe que el detenido, I.Z., de 36 años y de nacionalidad argelina, percibía la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y que en cuanto se ha tenido conocimiento esta mañana del arresto han suspendido cautelarmente esta prestación.

La Policía Nacional ha detenido hoy lunes en Vitoria a I.Z., de 36 años y nacionalidad argelina, acusado de ser miembro de la organización terrorista Daesh y realizar labores de captación para este grupo yihadista. Para ello utilizaba la Asociación Cultural para la Orientación y Desarrollo de la Comunidad Argelina en Euskadi, de la que era presidente.

Según la información del Ministerio del Interior, utilizaba esta presunta asociación cultural, que figura en el Registro de Asociaciones del País Vasco desde enero de 2010, para difundir el ideario yihadista entre la comunidad islámica vasca.

Fuentes policiales han confirmado que el arrestado acudía a menudo a la mezquita Altawhid, situada en la calle Eulogio Serdán, y catalogada por el Gobierno vasco en un plan de prevención del yihadismo como un centro que apoya el movimiento político religioso radical.

La operación se ha desarrollado durante varias horas en el inmueble del número 4 de la calle Castillo de Portilla, que ha estado cortada al tráfico por varias furgonetas de la Policía Nacional y coches camuflados, mientras los agentes registran un piso de ese edificio.

Según la información facilitada por el Ministerio del Interior, durante los últimos cuatro años el detenido ha desarrollado numerosas acciones destinadas a favorecer e impulsar la actividad del Daesh, entre ellas, divulgar y extender la doctrina fundamentalista sunita, realizar labores de captación directa y remota, favorecer el regreso de terroristas a Europa o colaborar con otros yihadistas que aún permanecen en Siria.

El detenido se aprovechaba su cargo como presidente de una reconocida asociación cultural de la Comunidad Autónoma de Euskadi para difundir la doctrina yihadista entre los miembros de la comunidad islámica vasca. Entre sus proyectos, al parecer figuraba crear una escuela para adoctrinar desde la infancia a los niños musulmanes que acudiesen a ella.

La nota oficial agrega que además realizaba acciones de captación de manera remota. Las investigaciones realizadas indican que el detenido adoctrinó a través de redes sociales a una persona que de manera sistemática enviaba material audiovisual para incitarle a hacer la yihad. Además de intentar aislarla de su familia, centró sus esfuerzos en que aprendiese marketing on line e idiomas para distribuir más eficazmente la propaganda de Daesh.

El detenido recibía ayudas económicas por desempleo mientras obtenía recursos de un negocio propio encubierto de venta por Internet. En su labor de alienación remota, las pesquisas policiales indican que su intención era destinar estas ayudas sociales al mantenimiento de adoctrinados que después apoyarían su idea de reconstruir el califato.

¿Lo sabías? pues ya lo sabes.

Una pareja de origen paquistaní residente en Vitoria podría haber falseado su identidad hasta en diez ocasiones para conseguir ayudas sociales de forma fraudulenta. Él cobraba seis rentas de garantías de ingresos (RGI) al mismo tiempo y su mujer, otras cuatro. Estas percepciones sociales eran otorgadas desde las oficinas de empleo y ayudas sociales del Gobierno vasco, Lanbide, adonde acudía esta pareja de defraudadores para cobrar. Una renta que, según publica « El Correo», podría variar entre los 6.000 y los 10.000 euros mensuales. Se calcula que durante los más de tres años que engañaron al Gobierno vasco, ganaron 395.000 euros. Cuatro personas ya han sido arrestadas por estos hechos.

Fue la Diputación de Álava (PP) la que denunció en 2013 que se había detectado una llegada masiva de menores de Pakistán, que recalaban en los centros de acogida de la capital. De hecho, la población paquistaní se ha triplicado, de 500 a 1.500 personas censadas. A raíz de aquello, la Ertzaintza ha descubierto una red que habría falseado documentación para facilitar el cobro de las ayudas sociales a personas de aquel país. En Vitoria se han descubierto un centenar de empadronamientos falsos de paquistaníes. Un entramado que estaría vinculado con la captación de menores en la región norte del país (Lahore). Allí ofrecían a sus padres llevarlos al País Vasco, donde sus hijos podrían vivir de las instituciones previo pago de hasta 6.000 euros. Viajaban a través de Turquía, Grecia y Barcelona, hasta alcanzar la capital alavesa, según fuentes consultadas por ABC.

Indignación de la opinión pública alavesa

Otros casos flagrantes han incendiado en el último año a la opinión pública alavesa, que ha visto cómo condenados como un abusador sexual han seguido cobrando la RGI después de ser sentenciados. A la pregunta de por qué se concentra esto en Álava, el diputado general, Javier de Andrés (PP), responde:«Es en todo el País Vasco, pero ni PNV ni Bildu lo denuncian. La normativa aquí es laxa, hay mala gestión y cero control. Se les ponen sueldos sociales altos, sin demostrar nada, y funciona el boca a boca», denuncia.

Se calcula que se han cobrado indebidamente 86 millones

Vitoria se ha convertido en el epicentro del debate sobre los requisitos exigibles para el acceso de cualquier ciudadano a las ayudas sociales. En concreto, el regidor de Vitoria señaló en verano a los extranjeros de origen magrebí, «argelinos y marroquíes», por venir a «vivir de las ayudas sin querer trabajar». Según datos oficiales del Gobierno vasco, un 65 por ciento de estas nacionalidades cobran ayudas, lo que para el PPrefleja una «situación anómala» y tiene un «efecto llamada».

Se calcula que el cobro indebido de prestaciones en el País Vasco desde 2012 se eleva a 86 millones, según datos oficiales. El alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto, y el PP vasco llevan meses denunciando en solitario los «abusos» cometidos en particular por una parte de la población, inmigrantes en situación irregular, que al no poder acceder al mercado regular «perpetúan» su situación como receptores de las ayudas sociales. En el País Vasco estas ayudas son superiores a las del resto de España, hasta 866 euros al mes más otros complementos, como ayudas para el alquiler (250 euros).  LInk

El implicado, de 35 años, accedió a las prestaciones mediante un pasaporte falso

La Policía Nacional detuvo ayer en Bilbao a un hombre de 35 años y origen nigeriano como presunto autor de sendos delitos de falsedad documental y estafa. La investigación ha desvelado que esta persona obtuvo de forma fraudulenta más de 80.000 euros en ayudas públicas a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide).

En un comunicado, la Policía ha informado de que la estafa se inició en 2012. El implicado, que posee permiso de residencia y trabajo y cuyas iniciales se corresponden con las siglas E.A.P., había intentado durante tres años acogerse a una serie de prestaciones sociales de Lanbide que le fueron denegadas por no cumplir los requisitos exigidos.

Decidió entonces hacerse con un pasaporte nigeriano falso. Bajo el nombre de James Odoh, el detenido tramitó una nueva solicitud de prestación al servicio autonómico de Empleo que sí le fue atendida. Desde hace ocho años ha estado recibiendo dinero, lo que le ha llevado a acumular una cifra de 83.557,65 euros.


La falsificación del pasaporte, acreditada mediante un informe pericial elaborado por la Brigada Provincial de la Policía Científica, evidencia que el detenido y el perceptor de las ayudas son la misma persona, apunta la Delegación del Gobierno en el País Vasco.

Esta fuente subraya que la investigación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y fronteras de la Policía Nacional en Bilbao, no se encuentra aún cerrada, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Pues si no lo sabías, ya lo sabes

La investigación de este caso comenzó en marzo de 2022

El senegalés alquilaba habitaciones que él había alquilado anteriormente

La Policía Nacional ha detenido a O.N. por un supuesto fraude que tuvo lugar en los últimos 10 años.

El acusado utilizó medio centenar de identidades falsas para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Dichas identidades falsas resultaron ser de ciudadanos de Senegal, Congo, Gambia, Mali y Ghana. El senegalés ha llegado a cobrar de manera ilegal un total de 1.097.000 euros en ayudas sociales del Gobierno vasco.

Este caso es bastante similar al ocurrido años atrás, en el que un nigeriano cobró más de 40.000 euros en ayudas sociales y mediante el empleo de una identidad falsa, publicado en Periodista Digital.

Fue el pasado mes de marzo cuando comenzó la investigación contra O.N. Al confirmarse las sospechas, efectivos de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional hicieron la detención pertinente al caso. Según agentes de la Policía Nacional, el imputado viajaba con bastante frecuencia a Senegal y, mediante el empleo de las identidades falsas antes mencionadas, cobraba las ayudas sociales del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Fueron también detenidos distintos colaboradores de O.N. por la suplantación de identidad del senegalés ante las oficinas vascas.

O.N además alquilaba habitaciones con el fin de empadronarse en un domicilio y, haciendo uso de certificados de empadronamientos falsos, completaba los años previos de residencia obligatorios. Acto seguido creaba una cuenta bancaria y acudía a las oficinas para conseguir el cobro.

Según informa El Mundo, O.N. conseguía ingresos mensuales de 1.000 euros, algo sospechoso en la percepción de ayudas, ya que el importe actual es de 1.002 euros para una sola persona.

El senegalés se empadronó en diferentes localidades de Vizcaya, como Bilbao, Durango, Getxo, Gernika o Iurreta.

Por si fuera poco, el presunto estafador buscaba cobrar la prestación por alquiler de vivienda de 250 euros mensuales. Para ello, registraba en Lanbide contratos de alquiler de habitaciones en pisos que fueron alquilados por él mismo anteriormente.

Volviendo con la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, han aportado un sumario judicial en el que denuncian la ausencia de mecanismos que controlen este tipo de situaciones en el Servicio Vasco de Empleo.

Desde el pasado año 2020, Lanbide depende de la vicepresidenta vasca Idoia Mendia, que reconoció que, en ese año, había pagado un total de 10,4 millones de euros de más a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos.

De esa totalidad, solo el 8,6 millones fueron recuperados, por lo que se produjo una pérdida de 1,8 millones. En el año 2021, alrededor de 10.000 perceptores han recibido más dinero de más, por lo que se ha vuelto a producir pérdidas en el ámbito económico al no devolver dichas cantidades.

Fuente.

Un matrimonio ha sido detenido en Francia por la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Francesa, por un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por obtener fraudulentamente 140.281 euros en ayudas sociales, tras una denuncia del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

El Ministerio del Interior ha informado de que la investigación se ha llevado a cabo por parte de la Comisaría de la Policía Nacional de San Sebastián, quienes han tenido conocimiento a través de Lanbide de que una persona, con nacionalidad argelina, portadora de una tarjeta de residencia de larga duración UE, estaba recibiendo prestaciones de organismos públicos españoles, pudiendo este individuo y su familia estar residiendo en Francia desde hacía varios años, según recoge Europa Press.

La familia llevaba sin residir en España desde 2014

De la investigación y las actuaciones realizadas por la Brigada de Extranjería se pudo confirmar que, efectivamente, esta familia residía en Francia desde el año 2014, mientras en España, toda su unidad de convivencia, compuesta por el matrimonio mencionado y sus cinco hijos, estarían recibiendo prestaciones económicas.

Este matrimonio, para llegar a poder percibir las ayudas económicas, tuvo que solicitar las mismas mediante diversos formularios, estando sujetos durante todo el tiempo que durasen las prestaciones a lo estipulado en la normativa, tanto a los derechos como a las obligaciones que se establecen en cada caso.

Entre las obligaciones mencionadas se destaca que tanto el solicitante de la prestación como todos sus beneficiarios estarían sujetos a, entre otras cosas, notificar a la entidad emisora de la prestación y, en un máximo de 15 días, todos aquellos hechos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o incluso extinción de ese derecho, como puede ser el percibir otros ingresos monetarios, tener propiedades o comunicar cualquier cambio de domicilio, entre otros.

Recibieron hasta 177.912,13 euros en ayudas

De las investigaciones realizadas se ha comprobado que ambos ciudadanos se encontraban recibiendo ayudas en España, iniciándose las mismas en el año 2008 hasta la actualidad, habiendo recibido en este tiempo hasta 177.912,13 euros en concepto de prestaciones y ayudas económicas.

Se ha podido acreditar que en los últimos años el padre ha estado trabajando en diferentes empresas de Francia, así como que también ha percibido diferentes ayudas económicas provenientes del Estado francés en concepto de ayudas para la educación de sus hijos.

Sin embargo, todos estos ingresos en ningún momento han sido declarados ni comunicados a los organismos públicos de España. Así mismo, en la actualidad los detenidos son titulares de tres vehículos, dos de ellos franceses y uno español, existiendo un cuarto vehículo que fue propiedad de los detenidos entre los años 2014 al 2016, propiedades todas ellas que tampoco fueron declaradas.

De la investigación realizada se ha podido estimar que el matrimonio argelino ha defraudado a la Hacienda Pública 140.281 euros. «La excelente colaboración entre la Policía Nacional, las autoridades policiales francesas y el Servicio Vasco de Empleo ha permitido llevar a cabo esta investigación y la detención del matrimonio por un delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social», ha concluido el Ministerio, tal como informa Europa Press.

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