Aterrador. Robles anuncia que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez seguirá «el modelo de Zapatero»

El discurso de Margarita Robles ha sido el pistoletazo de salida del futuro nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. En un discurso muy breve, de apenas 15 minutos, la portavoz socialista ha inaugurado la segunda sesión de la moción de censura, anunciando «una legislatura basada en la igualdad de todos».

Sin papeles como es habitual en ella, Robles ha hecho un discurso entusiasta: «Queremos que vuelva a España la ilusión de 1982 y de 2004». Robles ha dicho que el nuevo Gobierno seguirá «el modelo de José Luis Rodríguez Zapatero».

Robles ha destacado las figuras de María Teresa Fernández de la Vega y de Alfredo Pérez Rubalcaba. «Asumiremos la tarea con responsabilidad. Trabajaremos con ilusión, por el diálogo, para que vuelva la ilusión de 1982 y 2004».

En su breve discurso Robles ha justificado la moción de censura a partir de la sentencia del caso Gürtel, y ha añadido que un presidente que está «ausente del parlamento y que falta a la verdad en los tribunales» no puede seguir en el cargo.

En una breve réplica Pedro Sánchez ha planteado que el nuevo Gobierno se propone abrir «una página nueva de la historia de la democracia», planteando que su prioridad es «estabilizar socialmente nuestro país». Tanto él como Robles han planteado la cuestión de la brecha salarial como eje que «impregnará la acción de Gobierno». Link

El ya presidente del Gobierno se ha escudado en la corrupción para echar a Rajoy, pero calla los grandes escándalos de su partido.

El pasado año, Libre Mercado adelantó que el Índice de Competitividad Regional que elabora la Comisión Europea había situado a Andalucía como la región más corrupta de Europa. Este demoledor informe es coherente con los casi 90 casos de corrupción que registraba dicho territorio antes incluso del estallido del caso de los EREs irregulares, cuyo impacto para los contribuyentes ha sido estimado en 740 millones de euros por la Fiscalía.

El cenagal de corrupción en el que se ha convertido Andalucía tiene un único responsable directo: el Partido Socialista Obrero Español. A lo largo de las últimas décadas, una comunidad autónoma que lo tiene todo para ser rica se ha convertido en un pozo de irregularidades que, para colmo, se coloca de forma recurrente como farolillo rojo en los indicadores de empleo y dinamismo económico.

Por eso llama la atención que Pedro Sánchez pretenda enmascarar con argumentos éticos su moción de censura contra Mariano Rajoy empleando como excusa la sentencia de la Gürtel. No en vano, este mismo trimestre hemos conocido que la Justicia está investigando distintas adjudicaciones del gobierno de Zapatero que habrían servido como punto de partida para una trama de financiación irregular del PSOE valenciano.

No es uno, sino cuatro juzgados los que están investigando este asunto, que también salpica a uno de los partidos fundadores de Compromís. Las irregularidades habrían tenido lugar entre 2007 y 2011. ¿De qué decencia habla Sánchez? ¿Con qué autoridad pretende dar lecciones sobre la corrupción?

La tela de araña andaluza y la trama socialista de Valencia son apenas la punta del iceberg. Hace una década, la Justicia tenía 730 investigaciones abiertas contra políticos acusados de delitos de corrupción. De ellas, 264eran procedimientos penales contra cargos del PSOE. Cinco años después, la Universidad de la Laguna recabó información sobre distintos casos de corrupción urbanística y detectó 211 episodios ligados al PSOE, cifra equivalente al 31,2% del total. En 2014, el diario El Mundo documentó 83 casos de corrupción en España, de los que el 30,4% corresponden al partido del puño y la rosa. Dos ejercicios después, era el Partido Popular el que, recopilando fuentes judiciales, recordaba que el PSOE tiene 240 causas abiertas y más de 1.000 cargos investigados por corrupción.

PD: Para un repaso al largo historial de corrupción que arrastra el PSOE desde los años 80, no se pierdan este vídeo de Federico Jiménez Losantos en Es la Mañana de Federico, de esRadio.Filesa, Malaya, Mercasevilla, Caso Guerra, GAL, Astana, AVE, Caso CCM… Una larga lista de escándalos que también parece haber olvidado Pedro Sánchez a la hora de justificar con la "corrupción" su vergonzoso asalto al poder.

Diego Sánchez de la Cruz

El líder del PSOE tiene, además, 15.834,3 euros en acciones de Red Eléctrica y 3.309,9 euros en Repsol

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cobra 4.443,7 euros netos al mes, con catorce pagas al año, cuenta con dos viviendas en propiedad con garaje, un coche y acciones por valor de 19.144,2 euros. [Consulta aquí la declaración de rentas, bienes, intereses de Pedro Sánchez]

Estos datos forman parte de la información que el PSOE ha colgado en su página web con las declaraciones de renta, bienes y patrimonio de los integrantes de su ejecutiva, de las direcciones de los grupos del Congreso y el Senado y de su gerente, así como toda la información financiera y de resultados del partido de los dos últimos años. Según el PSOE, facilitar estos datos le convierte «desde hoy en el partido más transparente de España».

Sánchez cobra 2.025,99 euros netos como diputado y 1.547,15 como presidente del grupo parlamentario, a lo que añade dietas por kilometraje y otros conceptos por valor de 870,56 euros, también en catorce pagas anuales. De sus emolumentos, el líder del PSOE dona al partido 420 euros -también en 14 abonos- y paga 84 euros al año como afiliado.

Además de un Peugeot 407 valorado en 30.000 euros, Sánchez tiene dos casas en Madrid, ambas con garaje, adquiridas en 1992 y 2008. La segunda de ellas con una hipoteca 159.300 euros con Bankia, cuyo saldo pendiente es de 127.220,75 euros. Tiene 15.834,3 euros en acciones de Red Eléctrica y 3.309,9 euros en Repsol.

Sánchez dispone además de un plan de pensiones con el BBVA de 85.366,34 euros y de 4.891,58 euros en una cuenta corriente en la misma entidad financiera. A ello une 1.555,27 euros en Triodos Bank y 14.525,34 euros por el plan de previsión social de las Cortes correspondiente al periodo 2008-2012.

La declaración de bienes y renta del líder socialista incluye otras rentas percibidas: 13.411,20 euros por arrendamientos de bienes inmuebles; 562,31 por dividendos y participación en beneficios de sociedades y 184,02 por intereses.

Sánchez cuenta además con un seguro de vida y accidentes con el BBVA por valor de 350.000 euros que el Congreso concede a todos los diputados en caso de fallecimiento o invalidez absoluta. Link

No es ningún secreto que la izquierda española ve con buenos ojos la llegada masiva de inmigrantes.

Tras la moción de censura que permitió a Pedro Sánchez proclamarse presidente del Gobierno sin necesidad de pasar por las urnas, el PSOE está decidido a implantar sus políticas migratorias, entre las que destacan el conceder permisos de residencia y trabajo a todos los inmigrantes que actualmente se encuentran en situación irregular en nuestro país, es decir, de manera ilegal.

El propio Pedro Sánchez, en una entrevista que concedió a la SER el 24 de junio de 2016, el que confirmó que “sí” estaría dispuesto a dar permiso de residencia y de trabajo a todos los inmigrantes en situación irregular.

El socialismo quiere volver a crear un efecto llamada, algo que ya se vivió con Zapatero, cuando su decisión de legalizar la estancia de todos los inmigrantes ilegales provocó la llegada de miles de inmigrantes a través de Ceuta y Melilla.

Ahora, que en Italia van a expulsar a medio millón de inmigrantes ilegales, las consecuencias podrían ser realmente preocupantes. Mientras que Salvini anuncia que no permitirá que los inmigrantes “vivan aprovechándose de las ayudas”, en España, todo lo contrario.

Son muchos los que ya han dirigido sus miradas hacia nuestro país, sobre todo tras el cambio de Gobierno, ya que el PSOE, con la presión de Podemos, está dispuesto a abrir las fronteras de nuestro país para la llegada no solamente de inmigrantes, sino también de refugiados. Link

El Ejecutivo socialista gastará unos 108.000 euros al mes en sueldos, casi 27.000 euros más que el de Rajoy.

Tras la toma de posesión de este jueves, Pedro Sánchez y sus 17 ministros garantizaban un próspero futuro para España. Caras famosas y personalidades de prestigio iban prometiendo sus cargos ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Sin embargo, el primer efecto directo que ha tenido este nuevo Ejecutivo es más gasto para pagar nóminas.

El número de cargos del Gobierno de Sánchez aumenta con respecto al de Rajoy, pasando de 13 a 17 Ministerios, lo cual se traducirá en 26.697 euros más de gasto público destinado a salarios.

Según publica Sueldos Públicos, los ministros van a cobrar casi 6.000 euros brutos al mes durante los próximos dos años. Además, las nóminas de presidente y vicepresidenta también suman. Mariano Rajoy cobraba en el principio de su legislatura 6.515 euros mensuales y su mano derecha, Soraya Sáenz de Santamaría, ingresaba al mes 6.123 euros. Junto al salario de los ministros, es decir, 12 pagas de 5.748 euros, el Gobierno del PP suponía un gasto para el contribuyente de 81.621 euros al mes.

Pedro Sánchez, por su parte, recibirá algo más, 6.746 euros, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, 6.340 euros, y los 16 ministros restantes 5.952. La suma de todos los salarios asciende hasta los 108.318 euros mensuales. Así pues, el Ejecutivo socialista costará a los españoles, de entrada, un 32% más en sueldos que el de Rajoy. LM

Los vetos que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso a la reforma de la Memoria Histórica tienen los días contados.

Según fuentes de la dirección socialista, el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entiende que no conlleva un impacto importante sobre los Presupuestos, y levantará el veto presupuestario que las mantiene congeladas en el Congreso para que puedan iniciar su tramitación y ser debatidas en el Pleno. La luz verde de estos textos no admite duda entre los socialistas dado que han sido impulsados por ellos.

La proposición de Ley para la reforma de la Memoria Histórica reclama la nulidad de los juicios franquistas lo que permitiría a reclamar a las familias de las víctimas políticas, señala al Estado como responsable de localizar y exhumar las fosas con los huesos de más de 100.000 republicamos y propone retirar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y apropiarse de este monumento, construido en honor a todas las víctimas del conflicto.

Para ello propone demolerlo y ‘reconvertirlo’ en un “centro nacional de Memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”.

El anterior Ejecutivo popular estimó que incrementaría los créditos presupuestarios en más de 214 millones.También se obligará al Ministerio de Educación a incluir en los programas educativos “la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, así como a la formación de profesores con los nuevos datos obtenidos de la investigación sobre la memoria democrática, la inclusión en el currículo de todas las edades (de Primaria a la Universidad) de la memoria democrática y la promoción de investigaciones sobre la “represión franquista”.

Por otra parte, la ley insta a los medios de comunicación públicos, a promocionar “el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación y mediante la cobertura informativa de actividades relacionadas con la materia” y dando difusión al relato de las víctimas. Asimismo, se elaborará un manual de estilo para el adecuado tratamiento de la información en materia de memoria histórica.

En lo que respecta a las medidas represivas contempladas por la nueva ley socialista, se impondrán multas de 2.000 a 10.000 euros de multa para quienes se nieguen a cumplir una resolución sobre la retirada de un símbolo por considerarse franquista. Ha habido muchos casos de este tipo al querer retirar cruces por considerarse franquistas.

De 200 a 2.000 euros de multa para los que exhiban públicamente elementos contrarios a la Memoria Histórica.

De uno a cuatro años de prisión para los que públicamente “fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo por su condición”.

También para quienes distribuyan o vendan escritos con la misma condición del apartado anterior.

Se contemplan asimismo penas de seis meses a dos años cárcel para quienes enaltezcan o justifiquen el franquismo y se destruirán los libros que se atrevan a cuestionar los dogmas ideológicos de la Memoria Histórica

En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo por un tiempo superior entre tres y diez años de la pena por privación de libertad que se le imponga por el delito relacionado con faltar a la Memoria Histórica.

Se aprueba la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, etc. que den soporte a los delitos de los apartados anteriores.

Para los funcionarios públicos que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado voten en contra de medidas que supongan la aplicación de la memoria democrática, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas, será castigado con entre un año y medio a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de empleo o cargo.

Esta iniciativa contaría con el apoyo de Unidos Podemos así como de nacionalistas vascos y catalanes y por tanto saldría adelante.

Bien se estrena este Puerco Sanchez

La nueva ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha indicado que el Gobierno no descarta subir los impuestos para mejorar las políticas sociales, si bien ha apuntado que es un debate que no se ha abordado en el primer Consejo de Ministro del Ejecutivo celebrado este viernes.

En su primera rueda de prensa tras la reunión del Gobierno, la ministra portavoz afirmó que "ciertamente hay posibilidad" de que el Ejecutivo suba los impuestos, y añadió que esta cuestión "está trabajada" con muchas comunidades autónomas con el fin de mejorar las políticas sociales, "respetando" eso sí los Presupuestos Generales del Estado de 2018, tal y como se ha comprometido Pedro Sánchez.

De hecho, el PSOE contemplaba subidas de impuestos por importe de 6.500 millones en sus Presupuestos alternativos para 2018, presentados antes de la moción de censura. En concreto, proponía que la presión fiscal en España aumentara al 42% del PIB, frente al 38% del proyecto presupuestario del PP, con medidas como que las grandes corporaciones paguen un tipo efectivo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades del 15% y elevar el IRPF hasta el 52% para las rentas superiores a los 150.000 euros.

Los 6.420 millones se recaudarían a través del IRPF (1.900 millones) por la progresiva equiparación de los tipos impositivos en las rentas del trabajo y rentas de capital; cerca de 4.000 millones con el tipo mínimo del 15% en Sociedades, y otros 600 millones en tributación medioambiental con la equiparación del diésel y la gasolina.

A estos 6.500 millones se sumarían otros 1.500 millones de recaudación por la lucha contra el fraude, lo que totalizará los 8.000 millones de ingresos complementarios fiscales previstos por el PSOE en sus Presupuestos alternativos. msn

No es que no lo descarte, es que lo anuncia con la boca pequeña.

El Gobierno planea una subida fiscal a carburantes, calefacción y energía porque “no afecta a los trabajadores”. El argumento que se acaba de lanzar a la opinión pública por parte del recién estrenado Ejecutivo es el de que, por ahora, no van a subir los impuestos que afectan a las clases medias y trabajadoras. Pero, tal y como ha publicado OKDIARIO, lo cierto es que Bruselas ha recordado ya que España tiene pendiente la aplicación de ajuste presupuestario de nada menos que 15.000 millones de euros hasta finalizar 2019. Y eso significa que, si no hay recortes, tendrá que haber aumento de recaudación fiscal.

Y los documentos elaborados por el PSOE en la fase previa a su llegada poder así lo avalan. De hecho, recogen todo un nuevo catálogo de lo que denominan impuestos medioambientales. Tributos que repercutirán sobre el coste total que soportan los conductores por los carburantes o, simplemente, por la energía o la calefacción.

“El mercado de productos que contaminan (en especial la energía) no recoge en los precios el efecto externo negativo que la contaminación supone para la sociedad”, afirman los socialistas. “La fiscalidad puede y debe resolver el ‘fallo de mercado’, siempre que los impuestos ambientales recojan estrictamente el coste ambiental en que se incurre”, añade.

La consecuencia: “Se plantea la posibilidad de afrontar una reforma de la fiscalidad ambiental con un triple objetivo: Avanzar en la transición energética desde el punto de vista de la emisión de gases efecto invernadero y nocivos para la salud. Mejorar el sistema fiscal, minimizando ineficiencias en la asignación de los recursos y sin merma de su progresividad, ya que parte de la recaudación debe destinarse a la entrega de ayudas directas a los ciudadanos con menor renta. Proporcionar los ingresos necesarios para financiar las energías renovables fuera de la tarifa eléctrica. Para ello, se podría utilizar el actual Fondo Nacional de Eficiencia Energética creado por el Real Decreto-Ley 8/2014 y gestionado por el IDAE, que pasaría a denominarse Fondo Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética”.

El resultado de “la reforma, en su primera fase, girará en torno a la creación de varios impuestos ambientales en torno a las actividades energéticas: generación eléctrica, por un lado, y sectores difusos (transporte y calefacción), por otro”.

“En el primer caso (generación eléctrica) habrá un primer impuesto que gravará las emisiones de CO2 por el daño causado por las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de generación de electricidad con la finalidad de llegar a un precio objetivo de 20€ por tonelada de CO2 en el que la compra de derechos de emisión en subastas será deducible. Habrá además un segundo impuesto que gravará el resto de los daños ambientales asociados a cada tecnología de generación (emisiones de SOx, NOx, ruidos, vertidos, etc.)”, afirma.

El PSOE sumará a la subida del IRPF un nuevo castigo fiscal a través de los “impuestos sobre consumos específicos”. Calefacción, alcohol, tabaco e hidrocarburos serán penalizados con alzas fiscales. El documento del PSOE al que ha tenido acceso OKDIARIO señala las medidas concretas. “En primer lugar, la actualización de los impuestos específicos del alcohol y tabaco —no proporcionales— para evitar su pérdida progresiva de potencia recaudatoria, por el efecto de la inflación”. Según el PSOE, esa subida “no es otra cosa que aproximar tales impuestos a la media existente en la Unión Europea, con una recaudación esperada de 300 millones anuales, realizándolo de forma escalonada”, pero ellos mismos reconocen “que la medida puede proporcionar una recaudación total de 600 millones de euros” a medio plazo.

En segundo lugar, los socialistas pretenden “la equiparación entre los tipos de gravamen que soporta el gasóleo de automoción y la gasolina (sin afectar al gasóleo bonificado para transportistas y agricultores)”. El PSOE explica acto seguido que “se pretende, simplemente, revertir una medida que se adoptó hace años en la creencia de que el diésel era menos contaminante que la gasolina, ya que emitía menos CO2”. La decisión podría castigar a todos los contribuyentes con coches diesel, muchos de los cuales fueron adquiridos por su menor consumo y, por lo tanto, una buena parte de ellos no fueron comprados por lujo, sino por ahorro y por rentas medias y bajas.

“Esta medida proporcionaría una recaudación adicional de 2.140 millones de euros si se pasase de una vez los 30,70 céntimos por litro actual de impuesto del gasóleo de automoción a los 40,25 céntimos por litro con los que se grava la gasolina, pero aplicada de forma escalonada permite obtener, cada año —y, por tanto, en 2018—, una cifra aproximada de 600 millones de euros”, aclara el texto.

Finalmente, “deben implantarse otros impuestos que contribuyan a evitar otros consumos nocivos para la salud”, afirma el PSOE. Entre ellos incluye “desde luego, el impuesto sobre bebidas azucaradas, que aportaría una recaudación de 200 millones de euros y que fue anunciado por el propio Gobierno, pero no implantado. Pero debería ser complementado con otros impuestos que graven otros alimentos nocivos para la salud, como aquéllos con un alto contenido de azúcar o grasas perjudiciales (como los que contienen ácidos grasos trans)”.

Nota: Como si no pagáramos impuestos en los carburantes, calefaccion y energia. Toman por imbéciles a los españoles y lo malo es que muchos lo son.

El Ejecutivo está en coordinación con la Generalitat valenciana para la llegada del buque, el barco Aquarius de la ONG francesa Sos Méditerranée con 629 inmigrantes a bordo y cuya entrada en Italia ha sido denegada por las autoridades de ese país.

Gobierno informa en un comunicado de la decisión del jefe del Ejecutivo y adelanta que el destino del buque será el puerto de Valencia.

“Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer ‘un puerto seguro’ a estas personas, cumpliendo de esta manera con las obligaciones del Derecho Internacional”, afirma el comunicado del Gobierno.

El Ejecutivo está en coordinación con la Generalitat valenciana para la llegada del buque, el barco Aquarius de la ONG francesa Sos Méditerranée con 629 inmigrantes a bordo y cuya entrada en Italia ha sido denegada por las autoridades de ese país.

Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, informaba a los periodistas antes de participar en un almuerzo del Club Siglo XXI de que había dado su autorización a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para que el puerto de Valencia acoja al Aquarius.

Puig ha subrayado que se trata de razones humanitarias y ha lamentado que el barco esté, en estos momentos, “abandonado” en el Mediterráneo de forma “profundamente injusta”.

Entre los 629 inmigrantes que viajan en el barco, que ha pasado la noche con los motores parados a 35 millas de Italia y 27 de Malta, hay 123 menores no acompañados, 11 de ellos niños pequeños y siete mujeres embarazadas.

Ya se dirige a España

El ministro del Interior italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, ha indicado que el barco Aquarius se dirige ya a España, después del ofrecimiento realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

“Victoria. 629 inmigrantes a bordo del barco Aquarius en dirección a España. Primer objetivo logrado”, ha escrito el ministro en sus redes sociales.

Salvini, en una rueda de prensa, ha asegurado que la situación del Aquarius “se ha resuelto gracias al buen corazón del Gobierno español”, que ofreció recibir al barco en el puerto de la ciudad mediterránea de Valencia.

Este Puerco Sanchez nos hunde del todo

> Los inmigrantes ilegales del Aquarius podrán reclamar una ayuda mensual de 532 euros al mes

Los expertos han asegurado que se producirá un efecto llamada "sin precedentes".

La decisión de Pedro Sánchez de que España acoja a los más de 600 inmigrantes que viajan en el Aquarius ha sido calificado de “error” por los expertos en migración.

Fuentes consultadas por CasoAislado.com reconocen que el líder socialista no ha acertado al permitir que lleguen a España los inmigrantes ilegales que viajan a bordo del barco que ha sido acusado de tráfico de humanos.

“De cara a la Unión Europea se ofrece una imagen que beneficia a España, pero lo cierto es que para los intereses del país, esta decisión es un gran error. Esto va a provocar que todos los inmigrantes que están en las costas de Libia y Argelia, a la espera de poder embarcarse en pateras, vean en España el destino ideal para sus intereses”, explica F.J., experto en inmigración.

“Las mafias van a ‘vender’ España como el destino perfecto para iniciar una nueva vida. No debemos olvidar que en las costas africanas hay casi cuatro millones de personas preparadas para emigrar a territorio europeo. A eso hay que sumar el posible aumento de los saltos de las vallas de Ceuta y Melilla. En los últimos meses, la inmigración en España se ha duplicado, mientras que en países como Italia, se ha reducido un 80%”, añade. C.A

Los inmigrantes del Aquarius tendrán la condición de refugiados. Tal y como hemos venido informando en CasoAislado.com, estos, al llegar con esa condición, no serán encerrados en Centros de Internamientos, sino que tendrán todas las ayudas disponibles.

A los 532 euros que recibirán de la Comunidad Valencia si finalmente deciden quedarse en territorio valenciano, hay que sumar vivienda gratuita, trabajo y libertad para moverse por el territorio nacional.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ha anunciado que los inmigrantes ilegales que reciban la etiqueta de “refugiados”, tendrán derecho a un empleo remunerado, una vivienda que pagará el Estado en sus primeros meses en España y la libertad de moverse por todo el territorio español y europeo.

Pero no solamente eso, sino que aquellos inmigrantes ilegales que hayan llegado con hijos, tendrán más ayudas, ya que ACNUR informa que en estos casos “se tendrán en cuenta las cargas familiares cuando se trate de padres o madres cabeza de hogar”.

Aquellos refugiados que tienen hijos, también recibirán ayudas por cada uno de los hijos que tengan a su cargo, incluso tendrán prioridad para escoger plaza en escuelas públicas, ya que los inmigrantes obtienen más puntos.

Libertad de movimiento por España

ACNUR también informa que los refugiados podrán moverse por todo el país de acogida, es decir, podrán moverse por toda España con plena libertad: “Así como no se podrá restringir la libre circulación de los refugiados en el país de acogida, tampoco se les negará el derecho a la obtención de un documento de identidad o de viaje que les permita ser identificados y acreditar su situación de refugiados ante las distintas autoridades y agentes de la sociedad”.

La gran mayoría de políticos de Europa han felicitado a España por acoger a los inmigrantes ilegales del Aquarius, que llegarán a Valencia con la condición de refugiados, pero los ciudadanos europeos, que al fin y al cabo son los que importan, no creen que Pedro Sánchez haya acertado acogiendo a los inmigrantes y mucho menos, ofreciéndoles una paga nada más lleguen a nuestro país.

Tal y como hemos informado en CasoAislado.com, los inmigrantes del Aquarius recibirán pagas que estarán entre los 495 euros y los 532 euros, una cifra que muchos españoles necesitan para poder llegar a final de mes pero que en cambio, no reciben al no ser refugiados o inmigrantes.

Esta información ha llegado a varios medios europeos como ‘Voice of Europe’. Con casi 200.000 seguidores en Facebook, miles de europeos se han preguntado “qué está pasando en España” para regalar con esa facilidad el dinero de los españoles.

“¿Qué problema tiene España? Su economía ya tiene problemas y aún así dan pagas a extranjeros. Deberían deportarlos ahora que pueden”, decía Scott Krieger.

“¿Pero qué cojones…? ¿Cómo es posible que España cometa ese error? Acabarán como Suecia”, decía Robert Smart.

Otros europeos incluso han criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no ayude a los españoles que no pueden pagarse una casa. “Y mientras tanto, hay españoles que duermen en la calle…”.

Así han reaccionado los europeos.

Agencias/AD.- El Gobierno ha optado por acoger a los 629 inmigrantes que viajaban en el Aquarius y que se dirigen hacia Valencia. Así lo entienden fuentes jurídicas, después de que en el Ejecutivo se especulara con que ninguno de lo migrantes sería ingresado en un Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) -instalaciones donde se les interna hasta 60 días para proceder a su devolución al país de origen-.

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra ha señalado poco después, tras presidir la comisión que coordina la acogida, que la Delegación del Gobierno “ha dejado muy claro que se iba a aplicar el criterio de excepcionalidad que permite dar un estatus de refugiado y de persona que es acogida” dada la “excepcionalidad y emergencia” de la situación, al margen de que después individualmente cada persona pueda tener motivos de asilo o refugio.

Además, ha indicado que el tiempo de estancia hasta darles un destino será “el mínimo posible” para darles recursos “más permanentes y estables”. “Iremos paso a paso. Hay diferentes CC. AA. que se han ofrecido a acoger personas, pero eso hay que hablarlo con el Gobierno”, ha indicado.

Barcelona ofrece su ayuda

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ofrecido al alcalde de Valencia, Joan Ribó, atender a un centenar de los 629 inmigrantes rescatados por el barco.

Ada Colau, acompañada del teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, ha comparecido ante los medios para exponer la medidas de acogida de personas refugiadas en la ciudad y también las previstas ante la llegada del Aquarius a España.

“Nos ofrecemos para lo que sea”, ha señalado la alcaldesa, que ha advertido que esto “ira a más” y el Aquiarius no será el único barco cargado de inmigrantes que llegará este verano, tras lo que ha interpelado a la Generalitat y al Estado, a los que ha pedido “sentarse a la mesa a trabajar, planificar y poner recursos”.

“Basta ya del espectáculo lamentable de los estados peleándose mientras hay gente ahogándose en nuestro Mar Mediterráneo”, ha afirmado la alcaldesa, que ha reprochado la actitud de quienes “miran hacia otro lado” y les ha advertido de que si no es capaz de resolver la situación humanitaria “será Europa la que naufrague”.

Ayudas económicas

Si al final se ofrece el estatus de refugiados a los inmigrantes que viajaban en el Aquarius, la situación cambiaría drásticamente para ellos en comparación con los que llegan en pateras.

En el inicio de la fase de integración, que duraría un periodo de un año, los refugiados recibirían ayudas de entre 500 y 700 euros para encontrar una vivienda de alquiler, recibiendo otros 500 euros para manutención, es decir, más de 1.000 euros en ayudas.

En cambio, si se trata de una familia, la ayuda mínima asegurada sería de mil euros al mes, a lo que habría que sumar varios cientos de euros más en ayudas para manutención.

En estas dos semanas no ha anunciado ni una medida favorable al bien común

Hoy se cumplen quince días de la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente: el primer gobernante de España que llega a La Moncloa sin ser diputado y con sólo 84 escaños.

Es cierto que quince días no son un plazo suficiente para juzgar el papel de un Gobierno, pero sus primeras medidas ya nos pueden servir para imaginar cuáles son las prioridades del PSOE, por si alguien aún no conoce la trayectoria de ese partido:

--- 8 de junio: Levantar el control gubernamental a las cuentas de la Generalidad catalana, a pesar de que Torra ha anunciado que continuará el proceso separatista, y a pesar de estar en marcha una operación judicial contra el desvío ilegal de fondos públicos hecho por los separatistas para financiar su golpe.

--- 9 de junio: Plantear una reforma federal de la Constitución para apaciguar al separatismo. La idea la lanzó la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en un mitin del PSC en Barcelona. Dos días antes ya advertí aquí de que eso estaba en los planes de Borrell, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores. El día 13, el separatismo catalán daba un portazo a la idea del PSOE: lo que ellos quieren es romper España, y no reformar la Constitución.

--- 11 de junio: Ofrecerse a acoger un buque que transporta 629 inmigrantes ilegales procedentes de Libia. El barco, que había sido rechazado por Malta y por Italia, ha estado participando desde hace años en el transporte de inmigrantes ilegales desde aguas próximas a Libia hasta Italia.

----14 de junio: Anunciar la retirada de las concertinas de las fronteras de Ceuta y Melilla, que dificultan la entrada de inmigrantes ilegales. Hay que recordar que quien las puso fue precisamente otro gobierno del PSOE: Zapatero gastó 8,7 millones de euros en instalarlas.

---- 15 de junio: Recuperar la asistencia sanitaria gratis para los inmigrantes ilegales. A partir de septiembre, según los planes del Gobierno socialista, podrán disfrutar de los servicios sanitarios que pagamos todos los españoles y los inmigrantes legales con nuestros impuestos.

---- 16 de junio: Anunciar un permiso “excepcional” de un mes de residencia a los inmigrantes ilegales del Aquarius para realizar los trámites de extranjería o asilo.

En estos quince días no ha habido ni una medida a favor del bien común de los españoles. Sería realmente sorprendente si no supiésemos que el que gobierna es el PSOE.

La próxima prioridad del gobierno socialista: desenterrar a Franco

Si después de leer esto te has llevado la impresión de que tenemos un Gobierno que sólo piensa en complacer a los separatistas y en beneficiar a los inmigrantes ilegales, descuida, que ésas no son sus únicas prioridades: hoy El País anuncia que el ejecutivo de Sánchez prepara ya el traslado de los restos de Franco para sacarlos del Valle de los Caídos. Esto es lo que le corre más prisa: desenterrar a un muerto para captar el voto de la ultraizquierda. ¿Qué le importan a Sánchez la recuperación económica, el paro, la corrupción, la crisis educativa, el invierno demográfico y otros problemas que tiene España? Al final, el PSOE sigue siendo lo de siempre: un partido que pone sus obsesiones ideológicas por encima del bien común de todos los españoles.

Su primera decisión como presidente fue aprobar una ayuda que no salió en el BOE hasta el sábado pasado

No ha perdido el tiempo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Unos días después de tomar posesión aprobó una inyección de liquidez a los sindicatos de casi 9 millones de euros. Recibieron el visto bueno el pasado día 5, pero no fueron publicados por el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el pasado sábado.

La cuantía exacta que recoge el BOE es de 8.883.890 euros, cifra similar a la fijada para 2017 2016, 2015, 2014 y 2013, año de fuerte crisis económica en el que el Gobierno de Mariano Rajoy recortó en un 20% las ayudas destinadas a subvencionar a los sindicatos.

Los recortes de Rajoy

La decisión de Sánchez anticipa cuál va a ser la política del nuevo Ejecutivo con las ayudas a las centrales. La primera legislatura de Rajoy, que coincidió con la crisis, aplicó un fuerte recorte de ayudas sindicales. El Ejecutivo del PP solo tardó quince días en anunciar unas medidas «extraordinarias y no previstas» debido a que el nuevo Gobierno se había encontrado una «desviación» en el déficit público «sustancialmente superior» a lo esperado: «en torno a un 8%». Así, en el segundo Consejo de Ministros celebrado un día antes de la Nochevieja de 2011 se anunció, entre otras importantes medidas, una reducción del 20% de las subvenciones que recibían los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, lo que, en conjunto, supondría un ahorro de unos 85 millones de euros, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, quien cifró en 55 millones de euros el ahorro por el recorte a la patronal y a las organizaciones sindicales.

Cambio de estrategia

Como ya informó este periódico, la moción de censura censura al Gobierno popular y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa parece que han cambiado la estrategia. La pasada semana, día antes de reunirse con el presidente del Gobierno, súbitamente, los secretarios generales de ambas centrales comparecían en rueda de prensa para anunciar que habían decidido «dar una oportunidad a la negociación» y suspender las movilizaciones previstas en todo el país. «Aunque ha habido un cambio relevante en las circunstancias de la negociación, aún no se ha llegado a ningún acuerdo», dijeron. Pero durante toda la semana Álvarez y Sordo aseguraron que el acuerdo con la organización que dirige Juan Rosell para recomendar subidas salariales a las empresas durante este año y los dos siguientes estaba prácticamente cerrado, mientras fuentes de la CEOE reconocían que había acercamiento en asuntos salariales, pero que eran muchos los flecos aún por atar, como el compromiso sindical de luchar contra el absentismo en las empresas o darle una vuelta a la formación. ABC.