España: el precio del agua podría subir hasta el 50% en pocos años

Ocho Reales Decretos aprobados en solo un año con más de 8.600 millones de euros de inversión prevista es el balance actual del Gobierno en materia de planificación hidrológica. Una carrera que ya ha permitido sentar las bases para la explotación y recuperación de once cuencas hidrográficas pero que aún no ha terminado.

Faltan los planes de las demarcaciones del Ebro, el Júcar y del área geográfica de Ceuta y Melilla. Tres iniciativas que verán la luz en las próximas semanas también como Reales Decretos y que, sin duda, elevarán la cifra de inversión por encima de los 10.000 millones. No en vano, el Ministerio de Agricultura ya cuenta con el visto bueno del Consejo Nacional del Agua para elevar estas propuestas al Consejo de Ministros. Para el Tajo y Segura, por el contrario, aún habrá que esperar algo más.

Pero, ¿por qué tanta prisa para aprobar todos estos planes hidrológicos? Muy sencillo. Si en 2015 España no cumple con los objetivos establecidos para esa fecha por la Directiva Marco del Agua (DMA), fijados por las propias administraciones nacionales a raíz de los análisis realizados en sus cuencas, nuestro país podría enfrentarse a importantes sanciones económicas. Y no está el horno para bollos.

La directiva del agua fue aprobada por el Parlamento Europeo en el año 2000 y en ella se establecieron varios objetivos. Los más importantes, prevenir y reducir la contaminación, promover un uso sostenible, proteger el medio ambiente, mejorar los ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos derivados de las inundaciones y las sequías. Unas metas para las que Bruselas establecía un calendario a largo plazo que España, por obra y gracia de la crisis y por la indiferencia del anterior Gobierno, lleva con retraso.

De hecho, aunque durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se puso en marcha en 2009 el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, la iniciativa, vacía de voluntad política, terminó aparcada y condenada al fracaso, dando como resultado que nuestro país se enfrente en 2013 a multas de entre 30 y 60 millones de euros por no cumplir con ella.

Por eso, desde el Departamento que dirige Miguel Arias Cañete se intenta por todos los medios recuperar el tiempo perdido y llegar a 2015, la fecha tope fijada por la DMA, con todos los programas de gestión hidrográfica listos y en funcionamiento.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, explicó a elEconomista que "este Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para avanzar en el proceso de planificación hidrológica y superar el retraso acumulado, impulsando la coordinación de todos los intereses territoriales y garantizando el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua de cara a conseguir aprobar los planes de cuenca de las demarcaciones competencia del Estado antes de que finalice este año o en los primeros meses del próximo. Ese esfuerzo ha hecho que sean ya 15 los planes hidrológicos impulsados por el actual Ejecutivo en poco más de año y medio, 11 de ellos ya aprobados por Real Decreto. Hay que recordar que, aunque la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea fijaba en 2009 el plazo para terminar la planificación de las demarcaciones, el actual Gobierno se encontró con un solo plan de cuenca aprobado, el distrito fluvial de Cataluña, lo que puede suponer sanciones por parte de la UE".

Entre tanto plan hay, sin embargo, hay una cara B para los ciudadanos. Y es que las inversiones para hacer sostenibles las cuencas hidrográficas traerán consigo notables incrementos en las tarifas del agua de, al menos el 50%, además de importantes procesos de privatización en la depuración de aguas residuales urbanas.

En este sentido, la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (Atta), a través de su director general Ángel Cajigas, ya manifestó hace unos meses que sus empresas están dispuestas a participar en la financiación de los proyectos que hagan falta siempre y cuando la Administración garantice un marco regulatorio estable y un retorno razonable de la inversión. Algo para lo que necesariamente habría que elevar sensiblemente las tarifas.

La posibilidad de subir el precio del agua , no obstante, ya era una de los mecanismos contemplados por Bruselas para tratar de promover el consumo responsable entre los ciudadanos europeos. Concretamente, la directiva sostiene que los gobiernos deberán garantizar que las políticas de tarificación nacional inciten a los consumidores a utilizar los recursos de manera eficaz y que los diferentes sectores económicos contribuyan a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el uso del agua , incluidos los costes medioambientales (quien contamina, paga) y de recursos.

Un aumento de las tarifas del agua también ha sido reclamado por asociaciones como Aeas, la patronal de las empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas. Su presidente, Roque Gistau, destacaba hace unos meses en una entrevista a este periódico que "los precios son bajos porque no recogen los costes reales del servicio. Es la empresa gestora la que en cada caso establece las tarifas que más le convienen y, por lo general, son un 40 por ciento de media más bajos de lo que sería recomendable".

Asimismo, Gistau coincide con muchos otros agentes del sector en la necesidad de crear un regulador de ámbito nacional que fije las tarifas y que incluya el coste de todo el servicio. Una solución que también gusta al Ejecutivo.

De todos los planes hidrológicos que el Gobierno ha aprobado hasta la fecha (ver gráfico), buena parte de las inversiones previstas están destinadas al saneamiento y la depuración de aguas residuales, un apartado en el que España aún tiene mucho camino que recorrer.

Y es que, aunque en estos momentos la tasa de cumplimiento de la normativa sobre colecta de aguas residuales asciende al 98 por ciento en nuestro país, el 86 por ciento en el caso del tratamiento secundario de aguas contaminantes, los compromisos de España con la UE pasan por llegar al 100 por cien en el menor tiempo posible.

Así, por el lado del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, el último aprobado por el Gobierno, de los 146 millones que se invertirán hasta 2015, 106 millones irán dirigidos a mejorar los sistemas de depuración y saneamiento. Y lo mismo pasa con el Duero, el Guadalquivir, el Miño y todos los programas que ya están en marcha, en los que además se incluyen partidas para modernizar regadíos y construir otras instalaciones hidráulicas que ayuden a la sostenibilidad de la cuencas.

En cuanto a los regantes, aunque los tratamiento de potabilización y destilación del agua no les afectan directamente, sí podrían verse perjudicados por otro tipo de obras hidráulicas que encarezcan el precio del agua . Este sector, de hecho, ya está en alerta por los incrementos registrados en el precio de la electricidad (muchos de los sistemas de riego que se utilizan actualmente son eléctricos).

Los regantes del Guadalquivir, por ejemplo, se pusieron en pie de guerra el pasado julio cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir avanzó un incremento en los cánones del 30 por ciento para el año que viene. Una subida en la tarifa consecuencia de la repercusión de los costes de explotación de las últimas presas construidas en la zona, la Breña II y Arenoso. "Estamos dispuestos a pagar, pero un precio justo, no un precio abusivo", señalaba entonces la presidenta de Feragua, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Margarita Bustamante.

Uno de los contratiempos que puede encontrarse el Ejecutivo en su carrera por poner en marcha los planes hidrológicos que le quedan viene por Cataluña y tiene que ver con el Ebro. Según el consejero de Territorio, Santi Vila, Cataluña llevará ante la Comisión Europea el plan hidrológico del Ebro por no está de acuerdo con el caudal mínimo de 3.010 hectómetros cúbicos establecidos para la desembocadura del río, "pone en peligro el Delta del Ebro". Y es que la Generalitat sólo estaría de acuerdo con un caudal mínimo de 7.000 hectómetros cúbicos para los años de sequía y 12.000 en los húmedos. Con todo, cabe recordar que Bruselas también ha exigido a España que ponga en marcha las desaladoras impulsadas por Zapatero. Una iniciativa de 2.300 millones. Fuente