La Junta pagó 1,8 millones a UGT para impartir cursos en el Caribe

El Gobierno socialista andaluz, con Manuel Chaves al frente, avaló el proyecto haciéndose cargo del 90% de los gastos. El 10% restante corría a cuenta del afiliado sindical.

El sindicato UGT ha dispuesto de 1,8 millones de euros de fondos públicos durante cuatro años para montar ocho sucursales de formación, denominadas como aulas sindicales, en siete países de Centroamérica y el Caribe: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

El Gobierno socialista, con Manuel Chaves al frente, avaló el proyecto haciéndose cargo del 90% de los gastos mientras que el 10% restante corría a cuenta del afiliado sindical. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, departamento que dependía del ahora ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, concedió esos 1,8 millones de euros en 2006, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, junto a otros fondos repartidos entre ONGs y CC OO.

En marzo de 2008, Zarrías, actual responsable municipal del PSOE a nivel federal, inauguró en Panamá uno de estos centros pagados con el dinero de todos los andaluces y abrió el Congreso Fundacional de la Confederación Sindical Americana, según recoge ABC, que ha tenido acceso a las facturas pagadas por la Junta que revelan la conexión internacional de los cursos de formación de UGT.

Entre otros, los gastos alcanzaron los 129.500 euros para la compra de equipos, mobiliario y suministros de estas sedes mientras que recibió otros 85.188,88 euros destinados a dietas, transporte y alojamientos. Como ejemplo, la construcción de un cuarto de baño en Costa Rica ascendió a 1.482 euros. Fuente

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Díaz anuncia que la Junta destinará a empleo juvenil el dinero de ayudas usadas indebidamente

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado a primera hora de este jueves a la sede central del sindicato UGT Andalucía, situada en Sevilla, para realizar un registro en el marco de la causa judicial sobre el uso de fondos de formación que investiga la magistrada Mercedes Alaya, según han informado fuentes del Instituto Armado.

El registro se ha iniciado sobre las 10:30 horas en la sede del sindicato ubicada en la calle Antonio Salado de la capital hispalense, que permanece cortada. Según las mismas fuentes, los agentes están solicitando documentación en papel y soporte digital sobre la contabilidad y las facturas del sindicato referentes a los fondos de formación.

Fuentes sindicales han informado de que los agentes de la UCO se encuentran reunidos en la sede con miembros de la Ejecutiva de UGT-A, entre los que no figura el secretario de Organización, Manuel Ferrer, responsable del sindicato desde la dimisión de Francisco Fernández Sevilla, que se encuentra de viaje.

CASTA SINDICAL

Además, la juez Mercedes Alaya ordenó el registro de la sede de Fudesa, fundación creada por el sindicato en 2002.

El registro realizado en la sede de UGT Andalucía por parte de la Guardia Civil ha sido un éxito ya que "se ha realizado muy a tiempo", según confirmaron fuentes de la Benemérita. Tal y como publica este sábado La Razón, el registro, ordenado por la juez Mercedes Alaya para investigar el supuesto desvío de dinero público destinado a los fondos de formación, culminó con éxito debido a que los investigadores consiguieron entrar a los archivos borrados por el sindicato. Los agentes, tras largas horas de trabajo, accedieron al servidor central telemático de UGT-A para realizar un clonado de archivos.

La impresión, a la espera de confirmarse, es que finalmente no se consiguió borrarse del todo los archivos, con lo que no se ha eliminado ninguna evidencia importante sobre el uso de dinero destinado a cursos de formación para necesidades propias del sindicato.

El periódico de Planeta destaca la actitud del secretario de Organización, Manuel Ferrer, que entregó a los agentes un voluminoso informe, elaborado por Forest Digital, en donde se justifica el borrado de archivos desde un terminal concreto -la versión que defiende el sindicato-. Los agentes, a pesar del informe, prefirieron seguir investigando.

Las sospechas de los guardias civiles se confirmaron cuando se supo que lo que realmente ha depositado el sindicato en una notaría de Sevilla no ha sido una copia del servidor general, sino simplemente la copia del archivo del contenido de un terminal del PC. Y es que como destaca La Razón, desde la Guardia Civil, crecen las sospechas sobre la estrategia del sindicato de intentar abrir a toda costa una brecha entre la federación andaluza y el resto de federaciones, para así no afectar al órgano central del sindicato.

Fudepa

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Por su parte, el diario El Mundo destaca en su información el registro realizado por la Benemérita a la sede de UGT en Córdoba. La investigación realizada en el antiguo Hospital militar, ahora activo inmobiliario del sindicato, esta enmarcada dentro de la operación Cirene, con el fin de investigar el entramado societario de UGT con el que supuestamente desviaron dinero público de los fondos destinados a la formación de parados.

La investigación se centró esta vez en la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), creada por UGT en 2002. Y es que, como destaca el diario de Pedro J. Ramírez, la juez Alaya tiene en su poder un documento elaborado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil -enmarcada en la investigación de los ERE fraudulentos- en donde se indica a Cándido Méndez, secretario general de UGT, como miembro del patronato de dicha sociedad (Fudepa).

A día de hoy, según confirma el propio sindicato, Cándido Méndez sigue siendo parte del patronato. Además, según informa la propia web de Fudepa, Manuel Pastrana, exsecretario general de UGT-A, figura como presidente de la Fundación. Debido a la ingente cantidad de documentación incautada por la Guardia Civil, el registro, que empezó durante la tarde del jueves, se prolongo hasta las 20:00 de este viernes.

LOS REGISTROS SALPICAN A CÁNDIDO MÉNDEZ

La Junta de Andalucía va a reclamar la devolución de dos subvenciones concedidas a UGT-A por importe de 1,8 millones de euros, después de que el gabinete jurídico de la Administración andaluza haya considerado que corresponden a ayudas que el sindicato no ha justificado adecuadamente.

Los letrados de la Junta entienden que corresponde esta vía administrativa en aplicación del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones al no haber justificado adecuadamente el sindicato las ayudas recibidas, según ha informado la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en un comunicado.

La Junta de Andalucía tramitará un expediente de reintegro para que esta central sindical devuelva a la Administración "las cantidades indebidamente justificadas".

Esta resolución del gabinete jurídico se produce tras la consulta en el procedimiento de revisión de oficio de una subvención de 1.100.000 euros correspondiente a 2009 para acciones de promoción, información, formación y asesoramiento, y otra de 700.000 euros correspondiente a 2010 para actividades coordinación, infraestructuras y difusión.

Los restantes procedimientos abiertos para la revisión de subvenciones concedidas a UGT de Andalucía (17 en total) se ajustarán al criterio que establezca el gabinete jurídico, de manera que si concurren las mismas circunstancias que en los dos anteriormente descritos, se tramitará también la devolución de la ayuda mediante los correspondientes procedimientos de reintegro.

La dimisión de Fernández

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El pasado 29 de noviembre, el entonces secretario general de UGT-Andalucía, Francisco Fernández, presentó su dimisión ante la creciente presión por el supuesto desvío de fondos de formación que derivó en la apertura de dos expedientes por parte de la Junta con un importe de devolución de 1,8 millones de euros.

El detonante de la dimisión fueron los expedientes abiertos por el gobierno andaluz para revisar las ayudas concedidas a UGT en los últimos años ante las sospechas de irregularidades.

La Junta tiene abiertos hasta 17 procedimientos para la revisión de subvenciones dadas a UGT-A

Confirma que ha iniciado "un procedimiento de verificación después de la publicación en la prensa" del posible uso fraudulento de los fondos de UGT.

Amparado en que la transparencia es requisito y bandera de las ayudas europeas, el comisario de Política Regional, Johannes Hahn, ha suspendido temporalmente las ayudas concedidas al sindicato UGT. Concretamente, el Ejecutivo comunitario pretende poner la lupa en la financiación de un proyecto de formación, tal y como ha informado por carta el propio comisario al eurodiputado de UPyD, Francisco Sosa Wagner.

En su carta, el comisario responde a la cuestión planteada por Sosa Wagner en relación a las investigaciones abiertas en España sobre el supuesto desvío de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) por parte del sindicato. Hahn asegura estar informado de dichas investigaciones. En concreto, Bruselas pone bajo su lupa un curso de formación organizado por UGT y del que más de la mitad (375.000 euros de los 500.000 que costó) fue financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Dicho curso formaba parte de un proyecto de cooperación entre España y Portugal.

Las informaciones aparecidas en la prensa sobre una presunta financiación irregular, tal y como explica el propio comisario en su carta, han puesto en guardia a la autoridad europea que gestiona el programa, y que, por tanto, "ha iniciado un procedimiento de verificación", es decir, una "investigación administrativa" dentro de la cual la primera medida provisional ha sido suspender temporalmente los pagos a UGT.

Aunque el comisario no ha revelado más detalles sobre las investigaciones en curso, sí ha advertido que, de confirmarse una "experiencia negativa", ello se "tendrá en cuenta" a la hora de otorgar futuras subvenciones públicas. No en vano, justifica el comisario, los fondos europeos se asignan bajo el criterio de la transparencia.

Las sospechas del comisario encargado de conceder ayudas y su decisión de suspender temporalmente los pagos a UGT vienen a sumarse a las investigaciones en curso llevadas a cabo por un tribunal sevillano, que ha puesto en tela de juicio posibles irregularidades y desvíos en las comisiones recibidas por el sindicato.

INVESTIGA EL PARADERO DE SUS FONDOS

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También: La Junta no descarta multar o excluir a UGT-A del reparto de subvenciones

Una comunidad de vecinos de Elda (Alicante) ha denunciado a UGT por llevar 18 años sin pagar el recibo de la luz ya que el suministro de electricidad les llegaba por un enganche ilegal que habían realizado. La denuncia llegó tras un cambio del administrador de la finca que vió como el recibo de la luz no se correspondía al gasto que solía tener un edificio de esas características. Conrado Hernández, secretario general de UGT-PV, considera «indignante» que sus compañeros de sindicatos durante 18 años no hayan informado de que estaban realizando un robo reiterativo de electricidad a sus vecinos.

La denuncia ha sido presentada por los administradores de fincas del inmueble «Arge Fincas», después de que la Policía Nacional e Iberdrola comprobaran que el contador de luz de la comunidad tenía un enganche y que el cableado del mismo correspondía al local número 7 del edificio, propiedad del sindicato UGT desde 1996.

Esta irregularidad fue detectada a raíz de una factura de luz «cercana a los 600 euros», una cifra económica que tanto los vecinos como los administradores -estos últimos gestionan la finca desde hace tres meses- consideraron «excesiva».

Tras comprobar que la factura correspondía a una lectura real, los vecinos contrataron a un electricista con el fin de conocer cuál era el origen del «excesivo consumo» y fue este profesional quien detectó que «había una toma de luz enganchada al contador de la comunidad» y que correspondía a la sede sindical.

«Durante 18 años los vecinos han asumido el coste de la luz de este local, pues el sindicato carecía de contador», han explicado los administradores de la finca donde está el local sindical.

Desde UGT, el secretario general de las comarcas alicantinas de La Montaña, El Vinalopó y la Vega Baja, Ismael Senén, en el cargo desde hace siete meses, afirmó a EFE, tras descubrirse esta situación irregular, que UGT carecía de contador. «Aquí no llegaban facturas de luz y nunca se nos cortó el suministro eléctrico. Creíamos que los recibos y los pagos se realizaban desde UGT-Valencia o desde UGT-Madrid, ya que hasta hace dos años este local era un centro de formación del sindicato», explicó Senén.

El dirigente sindical afirmó que UGT reembolsará los gastos que le corresponden desde hace 18 años. «Ya hemos hablado con los vecinos en este sentido y tienen nuestra máxima colaboración», añadió Senén, quien lamentó esta situación.

El compromiso de pagar lo robado durante los últimos 18 años fue asumido ayer también por Conrado Hernández, máximo responsable del sindicato a nivel autonómico. «Estamos muy cabreados porque no tienen ningún sentido que un local esté abierto sin pagar la luz y que los que lo utilizan no se den cuenta. Es indignante la situación que se ha permitido y lo único que puedo hacer como secretario general de UGT-PV es pedir perdón y decir que estamos dispuestos a subsanar la situación».

El local en sí estuvo cerrado durante varios años, según explican desde UGT, y ahora se utiliza «dos tardes a la semana» y para «reuniones de federaciones comarcales». Según el sindicato, esta ubicación es utilizada para reuniones de empresas de Elda, Alcoy, Orihuela, entre otras localidades cercanas. «El consumo eléctrico que realiza es muy escaso y seguro que con 20 o 30 euros al mes se pagaría la factura», apunta Conrado Hernández. Los datos contrastan con la factura de 600 euros cada dos meses que aseguran los administradores de la finca de la que UGT lleva 18 años utilizando ilegalmente la luz. Fuente

UGT, denunciado por robar luz a los vecinos

El 11 de febrero suspendió 3,6 millones del plan Orienta por falta de justificación y le otorgó otros 40.300 euros para formación

La Junta de Andalucía mantiene abierto el grifo de la financiación pública a la federación regional de UGT a pesar del cúmulo de irregularidades que investigan dos juzgados de Sevilla. El mismo día que el Gobierno andaluz bloqueó el pago de una subvención de 3,6 millones de euros a la central correspondientes a la convocatoria de 2013 del programa Orienta, la directora del Instituto Andaluz de Administración Pública, Concepción Becerra Bermejo, le concedía otra ayuda de 40.302,50 euros para organizar cursos de formación.

La responsable autonómica firmó el 11 de febrero pasado la resolución por la que hacía público el reparto de subvenciones a las centrales con representación en la Junta «en materia de organización de acciones formativas a organizaciones sindicales en régimen de concurrencia no competitiva». Se da la circunstancia de que el mismo día el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, anunciaba que el Gobierno andaluz del PSOE e IU, ha considerado «oportuno suspender el abono de las ayudas correspondientes al año 2013 del plan Orienta, porque la normativa dice de manera taxativa que no se podrá proponer el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa».

La Junta concedió provisionalmente 6,5 millones de euros a la federación que dirige Carmen Castilla para ejecutar este programa concebido para luchar contra el paro a través de servicios de asesoramiento para los desempleados. Pero finalmente la cuantía se ha visto reducida a 2,8 millones porque se han perdido dos meses en su puesta en marcha y el sindicato ha renunciado a parte del plan.

El bloqueo de los pagos provocó tensiones entre la Junta y UGT. El sindicato aseguró que no iba a comenzar a ofrecer los servicios de orientación que debe prestar ya mientras la Junta no le abone el 75 por ciento de la subvención de este año. El Ejecutivo reclamó a UGT-A un total de 3,6 millones de euros por cuatro subvenciones que no ha podido justificar. Ha abierto 19 expedientes para revisar programas desde 2008 a 2012 a raíz de las revelaciones periodísticas sobre el desvío de ayudas finalistas a gastos de estructura y funcionamiento del propio sindicato. UGT coló a la Junta facturas de mariscadas, cenas con barra libre en la Feria de Abril de Sevilla o 700 maletines de piel falsificados en China para los delegados que asistieron a un congreso celebrado en septiembre de 2009.

Según la resolución publicada ayer en el BOJA, la Federación de Servicios Públicos de UGT-A es la segunda central que recibió más fondos por parte de este instituto dependiente de la consejera de Hacienda y Administración pública, María Jesús Montero, después de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), beneficiada con 46.055,48 euros. Link

El sindicato recibirá el doble de dinero que CC.OO. y 14 veces más que Cruz Roja

La Junta de Andalucía afirma públicamente que hay que investigar a UGT... pero sigue inyectándole dinero público. El sindicato socialista recibirá el gran bocado del programa de orientación a desempleados, una iniciativa de la Junta de Andalucía en el que se subvenciona a entidades externas a la Administración para que ayuden a personas paradas a encontrar un trabajo.

Concretamente, recibirá más de 6,5 millones de euros, a años luz de lo que se ha destinado a otras entidades con similar implantación en el conjunto de la comunidad autónoma. El programa se divide en recursos para organizaciones que tiene una estructura en toda la región (donde el sindicato recibe la cantidad millonaria) y aquéllas que han acudido al dinero que se destina por provincias. El primero se ha resuelto en los servicios centrales (la Dirección General de Políticas Activas de Empleo) y el segundo, en las delegaciones territoriales de Economía de cada una de las provincias.

El momento de la adjudicación no puede ser más revelador. UGT se encuentra en medio de un fenomenal escándalo sobre la utilización de los fondos de las políticas para activas de empleo tanto para cuestiones que nada tienen que ver con los cursos de formación (fiestas, mariscadas…) o para la propia financiación del sindicato por medio de supuestos descuentos comerciales a sus proveedores. La Junta de Andalucía tiene abierto un procedimiento de justificación de fondos y la juez Mercedes Alaya instruye una causa penal para dilucidar si se produjeron ilícitos punibles.

Los 6,5 millones para UGT —aparecen en la resolución provisional colgada en la oficina virtual del Servicio Andaluz de Empleo— están a años luz de lo que van a recibir otras entidades que se dedican, también, a este tipo de actividades de formación. Según el documento oficial, a Comisiones Obreras se le autorizan proyectos por algo menos de la mitad, 2.853.120 euros. Para darse cuenta de las magnitudes, a CC.OO. se le han autorizado 20 puntos de atención a desempleados con 93 personas, bien técnicos, bien personal de apoyo. A UGT, la resolución le reconoce 53 actividades de inserción de desempleados con 242 empleados. El caso de Comisiones tiene un elemento añadido. Ha quedado como «suplente» de proyectos por valor de casi cinco millones de euros.

En el sector, el resultado del concurso de la Junta ha causado estupor. Se trata de actuaciones competitivas aunque los técnicos reconocen son iniciativas estándar con protocolos fijados previamente. Era una de las pocas oportunidades que tenían las entidades que trabajan en esta materia por desarrollar iniciativas para apoyar a las desempleados. La queja, recabada por este periódico, es que los escándalos surgidos no han servido de gran cosa de cara a la Junta, que parece no haberse dado por enterada. Paralizada buena parte de las iniciativas de las políticas activas de empleo, directivos consultados por ABC aseguran que era de las pocas oportunidades por acceder a programas oficiales.

Según la documentación disponible, sólo la Dirección General de Políticas Activas de Empleo ha repartido (está repartiendo, de hecho, porque no la resolución no es definitiva) 24,8 millones en el programa de orientación. Las bases explican que, en función de la disponibilidad presupuestaria, se podría llegar a una cifra tope de 50 millones para este tipo de actividades.

Los servicios centrales de la Junta han repartido subvenciones entre 24 entidades por lo que la media de la ayuda ronda el millón de euros. Se trata de una cantidad que hay que explicar. Según el desglose, la Unión General de Trabajadores, recibirá una cantidad que multiplica por ocho los programas autorizados a todas las Cámaras de Comercio juntas. A la Confederación Empresarial del Comercio de Andalucía, por ejemplo, se le han asignado 740.943 euros (nueve iniciativas con 27 técnicos) por los 705.268 euros de las entidades camerales (11 proyectos de apoyo con 25 empleados). UGT recibirá 14 veces más que la Cruz Roja, 453.000 euros. Link