El peso del empleo público crece en siete CCAA del PP y se dispara en Extremadura

UNO DE CADA TRES EXTREMEÑOS TRABAJA EN LA JUNTA

El sector público está en retirada de la actividad económica, pero no en todos los casos. Un dato lo refleja con toda nitidez. Pese a los recortes, el año pasado el número de empleados públicos continuó creciendo en nueve comunidades autónomas en relación al total de ocupación. Y de estas, siete están gobernadas por el Partido Popular. En concreto, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja.
Tanto en Canarias como en Navarra continuó aumentando el número de empleados públicos en términos relativos, pero en este caso se trata de Gobiernos ajenos al PP.


Los datos proceden de la última Encuesta de Población Activa (EPA), y ponen de relieve de qué forma cada Gobierno autonómico se ha enfrentado a la reducción del déficit público. Hay casos, como los de Baleares, Castilla-La Mancha o La Rioja donde el aumento del peso del empleo público es irrelevante (apenas una décima), pero en otros se ha producido un sensible ascenso. Esto ha ocurrido en Cantabria, Castilla y León o Murcia, donde el crecimiento ha sido significativo.

En este caso, por un doble fenómeno. En primer lugar, porque se ha producido una mayor pérdida de empleo en el sector privado, y eso, de forma automática, significa un aumento del empleo público en términos relativos. Igualmente, hay que tener en cuenta que el empleo público en las comunidades uniprovinciales es menos elástico a la crisis que en las que cuentan con más de una provincia, toda vez que deben garantizar servicios públicos esenciales de los que no pueden prescindir. Ello explicaría que, mientras el peso del empleo del sector privado haya seguido cayendo en coherencia con la situación económica, el público haya ganado peso en el conjunto de la actividad.

Desde luego, no en todos los casos. Los datos de la EPA muestran que en Extremadura el empleo público ha seguido creciendo. Tanto en términos relativos como absolutos. En concreto, nada menos que una tercera parte de los asalariados de la región que gobierna José Antonio Monago –-el 33,8%– cobra su sueldo de la Administración. O expresado en términos totales: Extremadura cuenta con 90.300 empleados públicos.

En todo caso, lejos ya de los 102.300 que llegó a tener en 2009, cuando políticas como las del Plan E del anterior Gobierno engordaron las plantillas de asalariados del sector público. La cifra, con todo, contrasta si se tiene en cuenta que el año pasado (media anual) Extremadura contó con una ocupación total de 336.100 personas. O lo que es lo mismo, la tasa de empleo se hundió hasta un increíble 37,2%. Sólo una de cada tres personas que están en edad de trabajar lo hace.

El caso de Andalucía

Detrás del Plan E se encuentra, precisamente, el enorme aumento del empleo público en Andalucía, que si en 2009 representaba el 19,9% del total de asalariados, un año más tarde alcanzaba ya el 23%. Ahora bien, Andalucía fue en 2013 una de las regiones que más recortó el número de empleados. El porcentaje pasó del 24,9% al 24,2%, en línea con lo que ha sucedido en el conjunto del país (del 21,2% al 20,6%).

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)En el lado opuesto a Extremadura se encuentra Cataluña, donde apenas el 16,1% de los asalariados trabaja en el sector público, la mitad que en la comunidad autónoma del popular Monago. Algo que puede explicar los frecuentes enfrentamientos entre algunos dirigentes de ambas regiones por la política de subvenciones o el pago de impuestos. La pujanza del sector privado en Cataluña respecto de otras regiones explica esta enorme diferencia.

En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el peso del empleo público asciende al 18,7%, sin duda afectado por la influencia de la Administración central. Al margen de Ceuta y Melilla (con una evidente singularidad por su posición geográfica) destaca igualmente Castilla y León, donde algo más de uno de cada cuatro asalariados (el 26,4%) trabaja para la Administración. En este caso, la enorme dispersión geográfica y la baja población pueden explicar su elevado nivel de empleo público. El Estado garantiza una serie de prestaciones obligatorias (sanidad o educación) y las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, son las que deben prestarlos.

El número de asalariados con nómina de cualquier Administración, en cualquier caso, se ha reducido de forma relevante en 2013. Hasta el punto de que ha disminuido hasta niveles desconocidos desde 2006 (2,82 millones). Ahora bien, hay que tener en cuenta que esas cifras incorporan un sesgo a la baja debido a que muchas Administraciones han externalizado determinados servicios públicos que antes suministraban de forma directa. Y esos trabajadores forman parte ya de empresas privadas en términos de la Encuesta de Población Activa.