La Junta de Andalucía gastará 80 millones en luchar contra el cambio climático

A juicio de la Junta, el Cambio Climático es uno de los problemas "más acuciantes" de Andalucía.

La lucha de la Junta de Andalucía contra el llamado Cambio Climático arranca en el año 2002, cuando la teoría oficial, hoy desechada hasta por sus promotores, sostenía que la humanidad se enfrentaba a un "calentamiento global" sin precedentes.

Desde ese año, el gobierno andaluz ha invertido centenares de millones de euros para mitigar los efectos de una catástrofe climática, a pesar de que la realidad y las previsiones de los especialistas en el clima desmienten con abundancia de pruebas.

En esencia, el dinero de los andaluces ha ido destinado a financiar tres grandes programas puestos en marcha por la Junta como son la "mitigación", la "adaptación" y la "comunicación".

A través de subvenciones de todo tipo el objetivo que el gobierno andaluz se marcó hace una década fue la reducción de las emisiones per cápita de efecto invernadero en un 19% para el año 2012. Dicho objetivo ha sido cumplido ampliamente, aunque la Junta de Andalucía no aclara si la intensa crisis económica que padece España, cuyos efectos más graves se están produciendo precisamente en Andalucía, ha tenido alguna responsabilidad en que la industria andaluza haya consumido menos recursos y producido, en consecuencia, un menor volumen de deshechos atmosféricos.

Además de las acciones destinadas directamente a reducir la emisión de gases, el programa de cambio climático del gobierno de Griñán pone en marcha un "Plan de Comunicación", con el fin de hacer llegar a la población la lucha del ejecutivo autonómico por la sostenibilidad a través de todo tipo de campañas, tanto en medios de comunicación, como directamente a los ciudadanos.

En total, los presupuestos generales de la Junta de Andalucía para 2012 reservan 80,2 millones de euros a este apartado, de los cuales 21 millones irán destinados a subvenciones y 11,8 millones a pagar los sueldos de los funcionarios y empleados públicos pertenecientes al departamento de lucha contra el cambio climático de la Junta de Andalucía.

José Antonio Griñán

A un mes de la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía, el aún presidente de la Junta y candidato socialista, José Antonio Griñán, se encuentra con todo el viento en contra. Los datos del paro andaluz -la mayor tasa española, del 31,23 por ciento y 1.248.500 parados-; el escándalo de los ERE, la crisis interna en su federación, parecen haberle condenado, de momento en las numerosas encuestas que realizan los medios en las últimas semanas, a una derrota de similares proporciones a las sufridas por el PSOE a lo largo de 2011.

De cumplirse estos negros augurios, sin embargo, Griñán tendría las espaldas, o bolsillos, más que cubiertas para su jubilación.

Ya se encargó su antecesor, el presidente andaluz durante 19 años hasta su salto a la vicepresidencia tercera de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, Manuel Chaves, se dejar los retiros dorados de los exjefes de la Junta bien atados con la aprobación de una Ley en 2005 para regular su régimen. Y eso que tres años antes rechazó expresamente regular la figura de los expresidentes autonómicos asegurando en una entrevista: “Cuando termine mi mandato, no necesito fondo vitalicio ni pretendo cubrirme las espaldas”.-

La Junta de Andalucía ha publicado en su diario oficial las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (sic), que regirán en el futuro para instrumentar las transferencias de fondos públicos que con tal motivo se realizarán en cada ejercicio.

Según el ejecutivo de Griñán, "el pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional con los países menos desarrollados promoviendo un orden internacional basado en una más justa redistribución de la riqueza". A tal fin, "la Comunidad Autónoma de Andalucía desplegará actividades de cooperación al desarrollo en dichos países, dirigidas a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos".

A pesar de que Andalucía lidera todas las estadísticas de pobreza y depauperación económica, durante el presente año, la Junta de Andalucía destinará a la cooperación exterior 72,7 millones de euros, tal y como recogen para este apartado sus presupuestos generales para el ejercicio de 2012. Cabe recordar el hecho de que también los sindicatos de izquierdas participan habitualmente de este objetivo solidario con el tercer mundo, trincando subvenciones escandalosas como las recibidas en años anteriores que pueden repetirse en el caso de que se presenten a la convocatoria de este año como suelen hacer habitualmente.

En pocos días la Junta de Andalucía abrirá el plazo para que todas las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la cooperación y el desarrollo puedan optar a su correspondiente subvención en los términos previstos en la presente normativa. Como ya demostramos en su día, Andalucía lidera no sólo los índices de fracaso económico y social, sino también la clasificación de organismos públicos que más destinan a subvenciones para ONG.

Dicen que las comparaciones son odiosas y eso debió pensar más de un socialista cuando el pasado miércoles el portavoz parlamentario de su grupo, José Antonio Alonso, provocó la carcajada de la bancada popular.

Con tal de atacar a la Comunidad Valenciana, no tuvo otra idea que enfrentarla a Andalucía y subrayar así que esta autonomía, en poder de los socialistas, “no ha despilfarrado”. Sin embargo, la realidad es bien distinta.

Aunque Alonso defendió que, según sus cuentas, el gasto no financiero se ha reducido en esta región un 7,5% entre 2008 y 2010, el amplio número de subvenciones ideológicas e innecesarias que ha otorgado la Junta de Andalucía en estos años habría supuesto una rebaja mayor.

Los beneficiarios han sido variopintos; y a la vista de los últimos acontecimientos, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, todo apunta a que el Gobierno de José Antonio Griñán piensa apurar al máximo su mandato (quizás también un hipotético traspaso de poderes) para contentar a sus afines a costa del erario público.

Al margen de todo lo que ha desviado en el caso de los ERE irregulares, estos son sólo algunos de los derroches que desdibujan esa imagen de austeridad que algunos se empeñan en atribuir al Ejecutivo andaluz...

El presidente andaluz y candidato socialista a la Junta en los comicios del 25-M, José Antonio Griñán, ha sido acusado de proyectar recortes en educación –así se lo hicieron saber un grupo de profesores en un acto de partido hace unas semanas– y también en sanidad, ámbito, en el que, por el contrario, no escatima a la hora de inyectar dinero público, el de los 1,2 millones de parados andaluces, a colectivos seudoprogresistas afines.

Y lo más sorprendente, no tiene reparo alguno en hacerlo en plena campaña electoral (a tan sólo 11 días de la cita con las urnas), en la que está siendo cercado con escándalos diarios sobre su aparente responsabilidad en la trama de los ERE irregulares. El último de estos despilfarros guarda relación con la concesión de cuantiosas partidas a través de la Consejería de Salud a grupos de transexuales y feministas muy próximos a los socialistas, tal y como aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, hecho público ayer.

El departamento que dirige María Jesús Montero aglutina en la misma concesión de las ayudas proyectos de destinatarios muy variados, que van desde Administraciones que ya cuentan con un presupuesto propio para cuestiones de estas características, con sus correspondientes estudios, como es el caso de ayuntamientos gobernados por el PSOE, fundaciones públicas, universidades o la propia Federación Andaluza de Municipales.-

Con su holding de agencias corruptoras, Griñán ha conseguido erradicar la cultura del esfuerzo, la iniciativa privada y la libertad, implantando en su lugar la ética del trinque.

Un famoso tertuliano de las televisiones generalistas, conocido en toda España por su defensa del PSOE, me decía en un debate de una televisión autonómica, refiriéndose a la victoria del PP en Valencia, que los votantes de izquierda son más críticos con su partido en lo referente a la corrupción que los votantes de derechas con el suyo. "Desde luego" –respondí-, "en Andalucía sólo han tardado 30 años en darse cuenta de que precisamente los suyos roban a espuertas".

Pero en realidad no es que los andaluces acaben de descubrir la corrupción sistemática del PSOE. Lo sabían desde el principio, pero mientras ha habido dinero para aliviar escrúpulos, untar conciencias y torcer voluntades el PSOE ha ido encadenando una victoria tras otra.

Los socialistas son incapaces de entender cómo funciona la economía en las sociedades libres y los socialistas andaluces, todavía más. Su gestión pública ha consistido en comprar a la sociedad con el dinero que previamente le han extraído, por sí o por institución interpuesta como los impuestos transferidos por el gobierno central.

Cuando llegó la crisis el gobierno andaluz no hizo sino extender el modelo al ámbito empresarial, el más fácil de corromper en una situación de desplome de la economía. Sólo así cabe entender que se creara un asfixiante entramado de agencias públicas y organismos oficiales cuyo único fin declarado es precisamente entregar subvenciones a los dueños de las empresas bien conectadas con el poder político.

De ahí a que una parte sustancial de esos fondos públicos llegara a bolsillos privados sólo había un paso que el socialismo siempre ha dado y además tomando impulso, como corresponde a la trayectoria de un partido que ha hecho de la corrupción su principal divisa política.

El PSOE andaluz es culpable de haber envilecido a toda una sociedad anulando sus resortes morales. Con su holding de agencias corruptoras, Griñán ha conseguido erradicar la cultura del esfuerzo, la iniciativa privada y la libertad para implantar la ética del trinque, de tal forma que sus paisanos ya sólo le afean que el dinero que debía llegarles se lo haya quedado el putero de la consejería del ramo.

En una sociedad sana, la primera denuncia habría sido contra el mero hecho de que la Junta de Andalucía entregue dinero público a unas empresas sin contrapartida conocida. Esa es la verdadera corrupción, a la que el cuerpo social andaluz se ha acostumbrado porque en estos treinta años no le ha ido del todo mal.

Ahora con la crisis los fondos escasean y la prodigalidad de antaño ha dado paso a un reparto del botín mucho más cicatero. El alud de corrupción ha comenzado a desbordarse ya y también en Andalucía los ciudadanos han comenzado a darse cuenta de que la recesión va en serio.

El problema es que los socialistas van a dejar a una sociedad en pleno síndrome de abstinencia del trinque y en estos casos suelen ocurrir episodios violentos. Esperemos que los sociatas le hayan dejado a Arenas al menos la metadona presupuestaria suficiente para tratar a tanto enfermo.

Pablo Molina

La Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros. Alaya afirma que otorgó esa serie de ayudas "de manera manifiesamente injusta y arbitraria"

La juez ordena el ingreso en prisión de Guerrero por riesgo de fuga y alarma

La defensa de Guerrero pedirá que la Junta sea "apartada" como acusación

La juez Mercedes Alaya, que esta madrugada envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, ha estimado que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, y la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros....

La fiscalía Anticorrupción cifra las ayudas en 933 millones de euros. La juez Alaya calcula que miembros y amigos del PSOE recibieron 887 ayudas.

LD / AGENCIAS 2012-03-10

La juez Mercedes Alaya, que esta madrugada envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha estimado que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, y la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros.

En un auto de prisión de 38 folios, al que ha tenido acceso EFE, la juez hace un resumen de lo investigado hasta ahora y afirma que Guerrero, "en connivencia con otros", otorgó esa serie de ayudas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".

Todo ello "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza", dice Alaya, que enumera entre otros los 50 millones de euros que recibieron empresas de la Sierra Norte de Sevilla, creando un "enorme agravio comparativo" con respecto al resto de la comunidad.


Las compañías de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibieron más de 9 millones, aunque "el desarrollo de la investigación puede desvelar más ayudas directas recibidas" tanto en este grupo empresarial como en otros, añade la juez.

La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión para Guerrero alegando que la pena que puede corresponderle supera los 18 años de cárcel y solicitó, además, la imposición de una fianza de 933 millones de euros, importe de lo malversado, aspecto sobre el que la juez se pronunciará la próxima semana, han informado a EFE fuentes judiciales.

Al término de tres días de declaración en sesiones de mañana y tarde, la última cerrada a las 2:30 horas de esta madrugada, la juez decretó prisión sin fianza para Guerrero, lo que justificó por su riesgo de fuga al haber perdido ahora su "arraigo social y laboral" y porque "podría estar recibiendo presiones externas" para eludir ahora la acción de la justicia y así evitar que se conozcan hechos "que no haya desvelado todavía".

"Es ahora cuando se comienza a conocer la gravedad de los indicios contra él y otras personas, cuando verdaderamente surge ese riesgo de fuga", sostiene Alaya.

Guerrero es el primero del medio centenar de imputados que entra en prisión y la juez aprovecha su auto para rebatir a quienes vinculan sus decisiones con la campaña electoral andaluza, acusaciones que reflejan "su absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional".

Entre otros, ya han sido imputados en la causa el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá; el ex director general de Trabajo Juan Márquez, su sucesor y actual titular Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ninguno de los cuales ha declarado aún.

En su comparecencia judicial, Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular José Antonio Griñán e incluso a la portavoz de la Junta Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso, lo que en caso de imputarle obligará a elevar la parte de la causa referida a él al Tribunal Supremo.

El auto cita entre el "largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el imputado" a su exchófer Juan Francisco Trujillo, a quien concedió 1,3 millones de euros para unas iniciativas empresariales para las que "carecía de recursos materiales y personales para llevarlas a cabo" y otra ayuda de 122.649 euros para su madre.

A su vez, Guerrero recibió del chófer entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, múltiples regalos como antigüedades o un piano y cuando ambos terminaban su jornada laboral a mediodía "acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas", según el auto.

La juez enumera las irregularidades que han aparecido en la primera decena de empresas investigadas y cita, por ejemplo, que Surcolor tenía aprobado un ERE para 24 trabajadores pero incluyó a 26 y pese a que las indemnizaciones pactadas ascendían a 1,5 millones, las primas que pagó la Junta ascendieron a 2,6 millones.

Javier Arenas quiere reducir en al menos 10.000 los teléfonos móviles oficiales, eliminar las tarjetas de crédito de la Junta y subastar el 50% de los coches oficiales.

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, ha cifrado en 145 millones el gasto de la Junta de Andalucía y sus entes públicos en teléfono, entre móvil y fijo, en los tres últimos años, y ha anunciado que su formación ha encargado un estudio para reducir los 40.000 móviles que existen en estos momentos en la administración, "en al menos 10.000"...

La Administración andaluza ha concedido una subvención de más de 518.000 euros a una Fundación que oficialmente no existe por estar diluida desde hace meses en la Agencia de Seguridad Social y Dependencia.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla contra esta decisión.

La subvención aparece en la Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Infancia y Familias, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas a las entidades colaboradoras en el ejercicio 2011, al amparo de la Orden de 20 de julio de 2005 y la Orden de 9 de noviembre de 2005. Entre las subvenciones otorgadas para la financiación de programas de inserción social de jóvenes que han sido tutelados por la Junta, se encuentra como entidad beneficiaria la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS) que recibe un importe de 518.144,96 euros.


El caso es que desde la publicación de la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz, esta Fundación debiera estar extinta. Es contrario a Derecho que se conceda una subvención para una entidad que oficialmente no existe. El artículo 19 de la Ley mencionada establece que "el proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se tramitará simultáneamente a la extinción de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social, de acuerdo en el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre". Esto es, la Fundación oficialmente no existe.

El 29 de abril de 2011 se publicó en BOJA el Decreto 101/2011 y los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por lo que la Fundación FASS debería llevar casi seis meses desaparecida. Es más, la Disposición Adicional Primera del texto del Decreto no deja lugar a dudas y reitera que "a partir de la entrada en vigor de los Estatutos, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social, cesarán en el desarrollo de sus actividades". Y continúa "la Agencia, a partir del inicio de su funcionamiento, asumirá el desarrollo de las actividades, hasta entonces llevadas a cabo, por la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y por la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social".

Según el SAFJA, "es inexcusable y vergonzoso que se apruebe la concesión, nada más y nada menos, de más de medio millón de euros a favor de una Fundación que dejó de estar en vigor desde abril de este mismo año". Es un auténtico despropósito, y así lo ha hecho constar SAFJA en el recurso, y revela que lo que subyace en este proceder no es más que favorecer la externalización de servicios y la huida de los controles propios del ejercicio de las potestades públicas.

Esto viene a sumarse a un caso anterior, por lo que la Junta sigue insistiendo en procedimientos irregulares. SAFJA ya presentó en mayo de este mismo año un recurso potestativo de reposición contra el Acuerdo publicado el día 5 de ese mes, de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se autorizaba la concesión de una subvención de casi 17 millones de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), en materia de fomento de empleo. Pero en el momento de su "supuesta" autorización por el Consejo de Gobierno la FAFFE ya no existía.

SAFJA entiende que la Resolución impugnada permite el funcionamiento diario de la FASS extinguida a costa de los presupuestos autonómicos y que las funciones y acciones que realizará la misma, gracias a la subvención, implicará el ejercicio de potestades públicas que, por Ley, sólo está consagrado a los funcionarios de carrera y no al personal laboral de la Fundación.

José Antonio Griñán