No hay dinero para las pensiones, pero España va a acoger y alimentar a 18.000 invasores musulmanes

En 2017, España no tendrá para pagar las pensiones, con la hucha vacía y la Seguridad Social en quiebra, sin embargo, bajo la imposición de Bruselas y de la inútil de Ángela Merkel, el contribuyente español tendrá que pagar la acogida y la alimentación de 18.000 invasores musulmanes, que no vienen de Siria, sino de cualquier parte del islam

Los acuerdos establecidos anteriormente con la Unión Europea obligan al gobierno de Rajoy, muy ducho en bajarse los pantalones, a completar la acogida de más de 18.000 refugiados antes de septiembre de 2017. Por ahora, ya van 687 los invasores musulmanes ubicados en nuestro país, pero en menos de un año, esa cifra se multiplicará estrepitosamente.

La obligación impuesta por Merkel deriva de un compromiso de España con la UE en 2015, por la que nuestro país también se ofrecía a ayudar con el problema de la inmigración masiva procedente de Eritrea, Afganistán, y en parte, de Siria, que por esas fechas cumplía ya cinco años de guerra.

Al principio, el plan consistía en distribuir a más de 160.000 inmigrantes entre los estados miembros de la UE. La mayoría de los “refugiados” estaban en Italia y Grecia. A esa cifra se le sumaron otras 22.000 personas procedentes de Turquía, Líbano y Jordania. En un primer momento, el gobierno del PP se mostró algo crítico, pues la UE no estaba teniendo en cuenta factores imprescindibles como el paro o el porcentaje de inmigración, pero finalmente, Merkel consiguió que España aceptase la cifra de 18.000 “refugiados”.

Hasta el 26 de septiembre habían llegado ya unos 50 inmigrantes de Italia y otros 348 de Grecia, y posteriormente Jorge Fernández Díaz anunció la llegada de otros 500. En resumidas cuentas, en lo que llevamos de año casi 1000 inmigrantes han sido impuestos en nuestras tierras. Antes de septiembre de 2017, España está obligada a haber acogido a 18.000 extranjeros, parte de ellos refugiados.

Además de eso, el ministro de Interior se ha comprometido a mejorar las instalaciones de los inmigrantes, para que “estén a gusto” y no se produzcan más quejas como la ocurrida hace unas semanas en el CIE de Aluche, cuando a lo que debería procederse es a la inmediata deportación de quienes han entrado ilegalmente en España. Los mal llamados refugiados han protagonizado masacres y atentados por toda Europa.

Luis Bru

La xenofilia de los progresistas europeos alcanza niveles tan delirantes que en cualquier otro momento de la Historia habría tenido gravísimas consecuencias para ellos. Y es que una parte de la población española, tal vez el 20%, sobrevalorada mediáticamente y sobrerepresentada socialmente, quiere morir. Odio de sí mismo, arrepentimiento, autoflagelación, etnomasoquismo, xenofilia… Todo esto ya ha sido analizado un millón de veces y se puede resumir en una pulsión de muerte. Es un suicidio lento, pero real.

Ellos ven, al igual que todos, la degradación y la decadencia, pero su cerebro desquiciado, su pervertida escala de valores y su nulidad intelectual lo interpretan como la antesala de Shangri-Lá en primavera. Ahí fuera se mata y se viola como en un campeonato, el Tercer Mundo y sus lacras se han incrustado en nuestro paisaje y una humanidad con sus salvajes instintos intactos anda dando zarpazos a diestra y siniestra a una sociedad a la que sólo quiere devorar, pero el problema es la intolerancia y la xenofobia.

El 20% de los españoles desea, pues, morir, quiere desaparecer. Es su problema, pero nos quieren arrastrar al resto en su caída. Estos trastornados quisieran que hasta el recuerdo de sus antepasados fuera borrado de la faz de la tierra que les vio nacer. Les quieren dejar abiertas las puertas de par en par a los representantes de los pueblos más violentos y atrasados de la Tierra, incapaces nunca de nada grande. Si se enteraran que hay vida extraterrestre, les abrirían los brazos (y las nalgas) a los marcianos. Y pronto oiríamos: ¡Papeles para todos! ¡Sanidad para los hombrecitos verdes!

Más de 44 millones de euros es el presupuesto anual que, por el momento, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas maneja para uno de sus proyectos estrella: la renta valenciana de inclusión, una ayuda monetaria que concederá la Generalitat a inmigrantes ilegales y que reduce los requisitos para poder optar a ella. Así, por ejemplo, no será necesario contar con el permiso de residencia para poder recibir esta ayuda económica mensual. Bastará, únicamente, con estar empadronado en algún municipio de la Comunitat Valenciana, al menos, durante un año y ser mayor de edad, cuenta Las Provincias.

En concreto, según explicó ayer la consellera Mónica Oltra, hasta ahora el acceso a la renta garantizada de ciudadanía era «muy restrictivo», ya que era necesario llevar, al menos, dos años empadronado en la Comunitat, disponer del permiso de residencia legal y tener entre 25 y 65 años. A partir de ahora, únicamente será necesario contar con una «residencia efectiva» en algún municipio de la región, mientras que el límite de edad también desaparece y el mínimo desciende hasta los 18 años. Sobre esta reducción de los requisitos, Oltra descartó que vaya a provocar un efecto llamada.

Las cuantías de las ayudas también aumentan y pasarán de los 385,18 euros al mes actuales a cifras que pueden alcanzar los 532 euros mensuales (el actual Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), en función del tipo.

Parece claro que el riego de millones del Gobierno valenciano a los “sin papeles” actuará como un resorte sobre el “efecto llamada”. ¿Qué habitante del tercer mundo dudaría en aprovecharse de la vida regalada que les ofrecen los políticos globalistas españoles a costa del sacrificio de varias generaciones de sufridos compatriotas. link

Según ha podido saber OKDIARIO, “el hermano de un terrorista islamista que se inmoló recientemente en la frontera entre Siria e Irak” ha desaparecido en nuestro país. Este hombre, cuya identidad no ha trascendido, llegó como refugiado hace pocos meses a España. El hecho de que se le pierda la pista tras el atentado cometido por su hermano, ha levantado cierta inquietud entre las fuerzas de seguridad del Estado.

Las fuentes policiales consultadas por este diario aseguran que junto a este hombre, también se encuentran en paradero desconocido desde hace semanas otras 6 personas, procedentes principalmente de Siria, que recibieron asilo en España en el último año.

Estas mismas fuentes aseguran que no se puede hablar de un “estado de alarma, ya que se desconoce el motivo real de su desaparición”. “Muchos simplemente quieren dejar de estar controlados” en su vida diaria. Estas personas vivían y se alojaban principalmente en centros y pisos tutelados de la Comunidad Valenciana y de Cataluña.

Las propias ONG y asociaciones de ayuda al refugiado fueron las que avisaron a la Policía de que estas personas no se habían vuelto a presentar en sus lugares de acogida. No obstante, no es la primera vez que personas que han solicitado asilo en nuestro país vuelven a aparecer tiempo después.

Los refugiados en España....

El 60,8% de las personas beneficiarias de ayudas públicas son sirios, seguidos de venezolanos, palestinos, ucranianos y marroquíes

Desde enero de 2015 y hasta diciembre de 2017, un total de 11.971 personas refugiadas o solicitantes de asilo sin recursos se han beneficiado en Sevilla del sistema nacional de acogida e integración, según datos facilitados a ABC por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La cantidad de refugiados en Sevilla puede ser mayor, ya que algunos solicitantes de asilo y personas con el estatuto de refugiados no necesitan ayuda económica.

Según la Convención de Ginebra de 1951, se puede aplicar el término «refugiados» a quienes por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas no puede acogerse a la protección de su país o que, careciendo de nacionalidad no pueda por esas razones regresar al país donde antes tuvo su residencia habitual.

Eso explica que la mayoría de los refugiados o solicitantes de asilo que en Sevilla reciben ayudas públicas son sirios: 7.277, que representan el 60,8% del total. Le siguen de lejos los venezolanos (759); las personas apátridas, como los palestinos (714) y los ucranianos (662). En menor medida, son beneficiarios de esas ayudas personas de Marruecos (252), Guinea Conakry (208) y Colombia (174).

Lourdes Navarro, responsable del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda del Refugiado (CEAR), explica que los españoles «debemos sentirnos satisfechos de que España sea un país de acogida y que gracias a ello los refugiados puedan encontrar aquí un sitio para descansar después de huir de sus países por distintos motivos». En este sentido, recuerda que Naciones unidas aprobó en 1951 la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados para proteger a los europeos tras la Segunda Guerra Mundial. También muchos españoles se convirtieron en refugiados tras el inicio de la Guerra Civil española (1936-1939), aunque muchos retornaron. De hecho, el exilio permanente causado por la Guerra Civil se cifró en unas 220.000 personas.

Estatuto y protección subsidiaria

El sistema español de acogida a refugiados ofrece a los beneficiarios alojamiento, manutención, asistencia jurídica, asistencia psicológica, atención social y asesoramiento. Con la solicitud de protección internacional, estas personas pueden obtener el estatuto de refugiado, que les daría también acceso a la nacionalidad a los cinco años; o la protección subsidiaria cuando existe un temor fundado a sufrir un daño si vuelven a su país, lo que les garantizaría además la nacionalidad a los diez años, según fuentes jurídicas. A quienes obtienen el estatuto de refugiado se les entrega un carné de color rojo, que les permite trabajar y residir en España.

Para atender a este colectivo, el Estado español cuenta en Sevilla con el Centro de Acogida de Refugiados (CAR), con 120 plazas, así como más de 500 plazas gestionadas por ONG especializadas y financiadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Entre las ONG que atienden a refugiados en Sevilla se citan la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación Comisión Católica Española de Migracion (Accem) la Fundación Cepaim y Cruz Roja, entre otras.

Ayudas públicas
Cuando una persona solicita beneficiarse del sistema de acogida, ya sea por ser refugiado o solicitante de asilo, puede recibir ayuda pública durante 18 meses, o 24 meses en casos de especial vulnerabilidad. En una primera fase pueden vivir seis meses en un centro de acogida gubernamental o gestionado por una ONG mientras se resuelve su situación legal. En esos centros tienen garantizado el alojamiento y la manutención. Cuando salen de esos centros y durante otro semestre pueden recibir una ayuda económica para alquilar una casa y mantenerse.

Durante ese período, Empleo y Seguridad Social ofrece al colectivo programas para su integración, como clases de español, formación para su inserción laboral, orientación socio-laboral, formación profesional ocupacional y fomento del autoempleo, además de actividades de ocio, deportivas, culturales...

Desde 1991 trabaja en Sevilla la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que tiene actualmente 120 trabajadores y 441 plazas en la provincia. Sólo en 2017 atendió a 1.393 personas que solicitaron protección internacional a través de su servicio jurídico. CEAR no sólo gestiona la acogida y las ayudas para la manutención, sino que además imparte clases de español o ayuda a buscar pisos de alquiler, «algo tremendamente difícil porque hay resistencia a alquilar a los refugiados», dice Lourdes Navarro, responsable del servicio jurídico de CEAR.

Triángulo de la muerte
En CEAR la mayoría de las personas que solicitan ayuda para tramitar la protección internacional son sirios «por motivos de conflicto armado» y ciudadanos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, el llamado «triángulo de la muerte», donde las «maras» ponen en el punto de mira a quienes no se someten a su extorsión.

«También solicitan protección internacional argelinos y marroquíes, por cuestiones de género, como matrimonios forzosos, embarazos fuera del matrimonio (penado con cárcel en el Código Penal marroquí), mutilación genital o discriminación laboral; venezolanos, por cuestiones políticas; palestinos por falta de patria; colombianos, ya que está resurgiendo el conflicto con las FARC o de cualquier país donde estén prohibidas las relaciones homosexuales, como Camerún, Costa de Marfil, Marruecos o Venezuela», añade la responsable del servicio jurídico de CEAR en Sevilla. link