PARTE DE LOS DERROCHES Y DESPILFARROS DEL GOBIERNO ZAPATERO

Si el presidente no hubiese disparado el gasto público entre 2003 y 2007, España gozaría hoy de un superávit del 1,3% del PIB.


Algunas comparaciones son odiosas. Éste es el caso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Su mandato concluirá el próximo mes de noviembre tras casi dos legislaturas en el poder. Es tiempo, pues, de hacer balance, y en materia económica el resultado no es, precisamente, positivo si se equipara, por ejemplo, al efectuado por Alemania, principal locomotora de Europa.

Zapatero ha tratado de capear la crisis incurriendo en uno de los mayores deterioros presupuestarios de los países desarrollados (OCDE). Así, el Gobierno decidió echar mano de los 20.066 millones de euros de superávit público registrados en 2007 para, posteriormente, incurrir en un déficit de 45.189 millones en 2008, 117.306 millones en 2009, 98.227 millones en 2010 y algo más de 60.000 millones en 2011 (si cumple sus previsiones).

En total, un coste fiscal de casi 341.000 millones de euros durate la crisis, dejando así, de forma directa, una factura media de 24.000 euros a cada contribuyente neto. No en vano, cuando Zapatero abandone el poder la deuda pública de España casi se habrá duplicado, desde el 36% del PIB en 2007 hasta rozar el 70% en 2011.

Sin embargo, el cómputo total de su balance no acaba aquí. En este sentido, cabría preguntarse qué habría pasado si Zapatero hubiera gestionado las cuentas públicas de otra forma. Y es que, aunque resulta casi imposible calcular exactamente la riqueza que ha destruido el presidente desde su llegada a la Moncloa, hay dos elementos cuyas pérdidas son cuantificables: el incremento del gasto público y el coste de la legislación laboral. Juan Ramón Rallo ha evaluado ambas variables y el resultado habla por sí solo.

El gasto crece un 50%

Desde 2003 a 2010, el gasto público español se disparó desde los 300.000 millones de euros anuales hasta los 477.000, un aumento superior al 50%. Lo más sorprendente es que el grueso de dicho incremento no se produjo durante la crisis sino en plena burbuja crediticia, en la primera legislatura de Zapatero. En concreto, el gasto público anual creció en 112.000 millones de euros desde 2003 a 2007, casi un 40% más, mientras que entre 2007 y 2010 lo hizo en 65.000 millones, un 15%.

¿Qué pasó, por el contrario, en Alemania? Desde 2003 a 2010, Berlín apenas aumentó el gasto público desde los 1,05 billones de euros hasta los 1,16 billones, casi un 10%. En concreto, desde 2003 a 2007, el gasto anual sólo se expandió en 10.000 millones (menos de un 1%) y entre 2007 y 2010 lo hizo en más de 100.000 millones, alrededor del 10%.

De este modo, si Zapatero hubiese seguido los pasos de Alemania, congelando el gasto público entre 2003 y 2007, España contaría hoy con un superávit de 14.000 millones de euros (el 1,3% del PIB), "aun cuando se hubiese prestado la misma protección social que se ha prestado durante la crisis".

El coste de la no reforma laboral

Pero a ello se suma, además, el coste de no haber efectuado la reforma laboral precisa para generar empleo, tal y como vienen demandando desde hace años la mayoría de organismos internacionales y numerosos economistas.

Entre 2007 y 2010, Alemania no ha crecido mucho más que España -un 2,7% frente a un 1%, respectivamente-, pero mientras que la tasa de paro germana ha bajado del 8,3% al 6,8% la española se ha disparado desde el 8,2% hasta el 20%.

De hecho, el resultado es similar si se compara con los países europeos rescatados (Grecia, Irlanda y Portugal): la economía helena creció un 1,3% entre 2007 y 2010 y su tasa de paro aumentó del 8,3% al 12,5%; Irlanda sufrió una caída del PIB del 20% y su desempleo se incrementó del 4,5% al 13,6%; Portugal se expandió un 2,3% y su paro subió del 8,1% al 11%.

Es decir, el peor de los países intervenidos, Irlanda, goza de una tasa de paro 6,5 puntos inferior a la de España, pese a que su PIB se desplomó un 20%. La clave del problema radica en una "legislación laboral controlada por los sindicatos que bloquea la creación de cualquier puesto de trabajo", alerta Rallo.

Si Zapatero hubiese flexibilizado el mercado de trabajo en 2007, el paro no debería ser hoy muy superior al de Irlanda. "Siete puntos menos de paro se habrían traducido en muchos menos subsidios de desempleo, en concreto, unos 12.000 millones de euros menos al año".

Resultado: medio billón de euros

La suma de las dos variables citadas arroja el siguiente resultado: entre 2007 y 2011, España ha gastado cada año unos 112.000 millones de euros más de lo necesario debido al sustancial aumento de gasto público de la primera legislatura; y otros 12.000 millones de euros extra al año en subsidios de desempleo gracias a la actual legislación laboral. "En total, medio billón de euros que Zapatero, y unas autonomías y sindicatos a los que se no atrevió a poner coto, han tirado por el desagüe en apenas una legislatura. La mitad del PIB de España", concluye.

Dos tercios del desequilibrio se explican por los "rescates" y el resto, por los activos problemáticos que acumuló el sector inmobiliario.

El Tribunal de Cuentas estima que el coste real del "rescate" financiero aprobado durante la pasada crisis económica ascendió a 101.000 millones. Dos tercios de dicho coste obedecen a las inyecciones de capital canalizadas mediante diversos mecanismos especiales como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), mientras que el resto obedece a la deuda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocida como el "banco malo".

Pero vayamos por partes para entender mejor cómo se cuantifican las ayudas concedidas hace ya una docena de años. En primer lugar están las inyecciones de dinero público aportadas a las diversas entidades financieras. Una parte de ellas se habilitaron a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB):

- Bankia + BMB: 24.069 millones de euros.

- Catalunya Banc: 12.599 millones.

- Novacaixagalicia: 9.404 millones.

- Banco de Valencia: 6.103 millones.

- CEISS: 1.559 millones.

- CajaSur: 1.192 millones.

- Banca Cívica: 977 millones.

- Caja 3: 407 millones.

- Banco Gallego: 245 millones.

- Liberbank: 124 millones.

El resto de las ayudas se desembolsaron a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), articuladas del siguiente modo:

- CAM: 12.474 millones de euros.

- CCM: 4.215 millones.

- UNNIM: 2.905 millones.

- Catalunya Banc: 1.270 millones.

- Novacaixagalicia: 946 millones.

El impacto de la "SAREB"

El coste público no recuperado del "rescate" ascendería a 45.344 millones en el caso del FROB y a 21.295 millones en el caso del FGD. Sin embargo, el Estado también facilitó una tercera vía de ayudas al sector bancario con la creación del llamado "banco malo", al que las entidades transfirieron activos inmobiliarios especialmente dañados.

En este caso, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) se encargó de "aguantar" tales activos en cartera y liquidarlos con el paso del tiempo, conforme van surgiendo oportunidades de venta que parecían imposibles en pleno "pinchazo" de la "burbuja" inmobiliaria. Esto ha hecho que la deuda del "banco malo" haya pasado de 50.781 millones en 2012 a 34.918 millones en 2020.

Por lo tanto, el agujero del sector financiero que dejó la mala gestión y la nefasta supervisión de la Era Zapatero, y que fue preciso cubrir con cargo al erario público, ascendería a 101.557 millones de euros, con datos a cierre de 2020.

En el periodo 2023-2027 podríamos ver cómo esta cifra se reduce por dos vías: la primera es la venta del 16,11% de las acciones de CaixaBank, controladas por el Estado a raíz de su anterior participación en Bankia y valoradas en 3.000 millones (con 2023 como año límite); la segunda es la liquidación de los activos de SAREB pendientes de venta (con 2027 como año límite).

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