El sablazo que viene para el transporte por carretera: diésel 15 céntimos por litro más caro

A la ya conocida equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina que quiere acometer el Gobierno se puede sumar la eliminación del gasóleo profesional que estudia introducir una Directiva de la UE

El sector del transporte por carretera teme encontrarse a no mucho tardar con un incremento del coste de los carburantes que sumar a la retahíla del problemas que arrastra y a los peajes para las vías de gran capacidad que prepara el Gobierno. Según comentó recientemente en un encuentro con inspectores de Hacienda la subdirectora general de Impuestos Especiales y Tributos sobre el Comercio Exterior y el Medio Ambiente, María Isabel López Rodríguez, se avecina una subida de impuestos al gasóleo, el gas y el transporte. Y entre las palancas que podría activar el Ejecutivo podría estar la supresión del gasóleo profesional. La Comisión Europea está trabajando en una directiva, conocida como 5th for 55, que prevé subidas al gasóleo y el gas, además de acabar con las exenciones al gasóleo profesional y a los transportes aéreo y marítimo. Sobre la mesa está también la equiparación que quiere acometer el Gobierno desde hace tiempo de la fiscalidad del diésel y la gasolina. Dos actuaciones que, de materializarse, supondrían un encarecimiento medio de 15 céntimos por litro en el precio del combustible que usa el sector.

El gasóleo profesional es una pequeña bonificación fiscal que se calcula por la diferencia respecto del impuesto de hidrocarburos que se aplica al gasóleo de uso particular, y que actualmente es de 4,9 céntimos por litro. De este gasóleo se benefician los camiones de más de 75 toneladas de carga máxima, autobuses y taxis en los consumos que realicen a través de tarjetas de carburante. Fuentes del Ministerio de Hacienda han precisado, no obstante, que los trabajos técnicos sobre la directiva europea donde se propone “están recién iniciados y habrá que esperar a ver cómo acaban esos trabajos técnicos de la Comisión Europea y cómo concluye esa redacción”.

Equiparación

A estos casi 5 céntimos que perdería el sector del gasóleo profesional se sumarían los 10 céntimos extra de gasto en carburantes que le supondrían la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina. No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado por ahora en «stand by» esta medida por la difícil situación económica actual. Aunque, cuando las circunstancias lo permitan, el Gobierno ya ha mostrado su voluntad de acometer la equiparación.

La eliminación del diésel profesional es una amenaza contra la que el sector del transporte lleva tiempo lidiando. Emana, dicen, de la intención de Bruselas de penalizar los combustibles fósiles y están presionando en la capital comunitaria para evitarlo. De hecho, en el Plan de Recuperación y Resilencia que remitió el Gobierno a la Comisión Europea en abril se incluía tal supresión al afirmar que «con el objetivo de moderar las emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, cumplir los compromisos europeos en materia medioambiental, se considera precisa la revisión de las bonificaciones existentes en la actualidad en algunos carburantes empleados en automoción».

El hecho de que el fantasma de la eliminación del gasóleo profesional haya vuelto a salir a relucir ha enervado de forma importante al sector del transporte por carretera, que ha convocado paros entre los días 20 y 22 de diciembre para denunciar los problemas a que se enfrenta. Entre ellos, el encarecimiento de los precios del combustible, que ha subido un 35% en el último año.

Rechazo frontal

Una de las principales patronales de los transportistas, Fenadismer, ya ha advertido de que «no admitirá que el Gobierno elimine la figura del gasóleo profesional para el transporte por carretera», una medida que el año pasado no entraba en los planes del Ejecutivo. De hecho, en julio del año pasado, y para evitar otra convocatoria de huelga, el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, se comprometió con el sector a estudiar el coste que tendría para la administración la devolución del gasóleo profesional de forma mensual y no trimestral como se hace ahora. Fenadismer exige que se defienda en Bruselas su continuidad, ya que cualquier revisión de las Directivas europeas en la materia requiere unanimidad de todos los Estados miembros.

A pesar de que uno de los ejes vertebrados de la política de transportes para los próximos años de la Comisión Europea es la descarbonización, el sector del transporte por carreta considera que, en su caso, a día de hoy y en los próximos años, es algo prácticamente irrealizable. La propia Comisión, en su nuevo Libro Blanco de Transporte, reconoce que aunque hay que buscar combustibles alternativos, este sector «seguirá dependiendo del petróleo en el 77% de sus necesidades energéticas de aquí a 2050».

Fuente.

El impuesto a la contaminación trasciende a los productores de energía eléctrica. Bruselas quiere que paguen coches y aires acondicionados.

Desde cómo se transportan las personas hasta cómo calientan sus hogares. En su delirio medioambiental, la Comisión Europea parece decidida a determinar punto por punto la vida de los ciudadanos europeos. Y es que, para cumplir con los objetivos de neutralidad climática en el año 2050 y de reducción de las emisiones de CO2 en un 55% para 2030 —respecto a niveles de 1990, que asciende a un 61% en comparación con 2005—, el Ejecutivo europeo parece dispuesto a inmiscuirse en cualquier cosa.

A través del paquete de medidas bautizado como Fit for 55, el gabinete presidido por Ursula von der Leyen recoge numerosas propuestas que afectan directamente al día a día de todos los europeos. Bruselas, insatisfecha con medidas como el fin de la venta de automóviles diésel en 2035 para fomentar —casi imponer— el uso de los coches eléctricos, va mucho más allá esta vez, especialmente en cuanto a su sistema de comercio de emisiones.

El último disparate de la Comisión consiste, entre otras cosas, en incorporar el transporte por carreteras y la calefacción al mercado de emisiones a partir de 2026. Es decir, que el transporte mediante vehículos privados de combustible fósil y el consumo de gas natural en edificios —especialmente difíciles de descarbonizar— dependerá de la compra de derechos de CO2. Aunque sí es cierto que dichos derechos de emisión no los pagaría directamente el consumidor, sería el comercializador de carburantes o de gas quien debería hacer frente a tal coste, trasladándolo posteriormente al precio final y encareciendo sus productos. No es ningún vaticinio: ya está ocurriendo en el mercado eléctrico y los desorbitados precios en la factura de la luz.

Así, mientras mantiene que el mercado de derechos de emisión ha sido "un mecanismo eficaz para reducir las emisiones y genera ingresos para apoyar la transición energética" en los últimos años, Bruselas parece no tener en cuenta el sobrecoste que supondrá para las familias el hecho de tener un coche particular o de mantener calientes sus hogares en invierno

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