El Gobierno de Zapatero podría permitir a los inmigrantes homosexuales traer a sus parejas antes de ceder los trastos al PP

El Gobierno de Zapatero quiere despedirse con otro guiño a la comunidad gay. Ya que no por sus políticas económicas, los socialistas pretenden que al menos se les recuerde de forma positiva por lo que tanto destacaron sus candidatos en la pasada campaña: “Hemos colocado a España al frente de los derechos civiles en Europa”, repetían como un mantra en todos sus mítines.

En ese sentido, el Ejecutivo podría dar un último paso para blindar los derechos de la comunidad gay y aumentar al mismo tiempo la presión contra futuras medidas que puedan ser adoptadas contra este colectivo por el Ejecutivo de Rajoy. Siguiendo los pasos de Holanda, España podría facilitar los trámites de reagrupación familiar a los inmigrantes homosexuales, de modo que puedan reunirse con sus parejas.

Se haría a través de un permiso temporal que se concedería a las parejas de los inmigrantes que tengan derecho a solicitar la reagrupación, de modo que al llegar a España puedan contraer matrimonio y, al ser cónyuges, optar también a la residencia permanente.

De este modo se daría una respuesta “progre” a los homosexuales extranjeros que, en su gran mayoría, no han podido contraer matrimonio en sus países de origen y, por tanto, no pudieron reagrupar a sus parejas.

El Tribunal Supremo ha sentenciado que las víctimas extranjeras de violencia de género son también víctimas de una persecución y, por tanto, son merecedoras del derecho de asilo en España “cuando se evidencia que la tutela dispensada por las autoridades nacionales del país de origen se revela inútil o ilusoria” ante los malos tratos que padecen.

El fallo se produce por el caso de una mujer argelina que fue forzada a casarse por acuerdo familiar y sufrió a manos de su marido “continuas agresiones y vejaciones caracterizables como continuos malos tratos físicos y psíquicos”, un maltrato que también padecieron sus hijos menores de edad y que los jueces han acabado definiendo como “trato inhumano o degradante”.

La mujer huyó de Argelia y pidió asilo en España en el año 2007, pero el Ministerio del Interior se lo denegó y le ofreció un permiso de residencia por razones humanitarias. Recurrió a la Audiencia Nacional, que le dio la razón al constatar que la familia había sufrido “un trato inhumano o degradante” a manos del ex marido y padre de los niños que “no fue adecuadamente evitado por las autoridades” argelinas.

La sentencia concluyó que si madre e hijos volvían a Argelia su integridad física y moral podrían verse “nuevamente afectadas”, por lo que reconoció su derecho al asilo en España y anuló la resolución que había dictado el Ministerio del Interior al estimar que el caso reflejaba “con toda evidencia la necesidad de protección de la recurrente ante la realidad y vigencia de una persecución personal en su país de origen”.

Sin embargo, la Abogacía del Estado llevó el caso hasta el Supremo con un recurso de casación porque consideraba que en la Audiencia Nacional se había hecho una “interpretación indebida” de la Ley de Asilo. Para el Abogado del Estado, el juez había interpretado que “todas las mujeres maltratadas tienen derecho de asilo en España” cuando, en su opinión, no son un “grupo social” sujeto como tal a la aplicación de las leyes internacionales en la materia