Mucho gasto y pocos resultados: el drama del sector público español

El gasto público vuelve a aumentar en estos PGE para 2014, pero ¿cómo rentan los 500.000 millones de euros que gastan las Administraciones Públicas?

RAJOY GASTARÁ MÁS EN 2014

Pese a que el Ejecutivo ha vuelto a decir que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha elaborado están basados en la austeridad y la restricción, lo cierto es que el gasto público vuelve a crecer, como lo ha hecho en los anteriores dos presupuestos presentados por la administración Rajoy.

Lo que va de legislatura del PP se ha caracterizado por una fuerte oposición de la izquierda a las políticas de austeridad y los llamados "recortes". Pese a que la cuantía y dureza de éstos distan de alcanzar los niveles recomendados por Europa, izquierda, sindicatos y hasta la patronal, han clamado contra la restricción de gasto público. Además son constantes las protestas contra la iniciativa privada y los recortes en la educación o la sanidad.

Atendiendo a los PGE aprobados para 2013, la Administración General del Estado presupuestó un total de 379.467 millones de euros de gasto público (incluida la Seguridad social -131.841 millones-). El resto hasta el 50% del PIB, unos 500.000 millones, corresponde al gasto de comunidades autónomas y entidades locales (algo más de 120.000 millones).

De ese medio billón de euros de gasto público del conjunto de las Administraciones Públicas salen, por ejemplo, las prestaciones por desempleo, el dinero para las pensiones, el pago a los funcionarios, las partidas para Justicia, Educación, Sanidad, las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal, así como la inversión en Infraestructuras o el mantenimiento de nuestras fuerzas armadas. Pero ¿Cómo le luce al Estado el gasto que pagamos vía impuestos?

Si echamos un vistazo al informe Panorama de la Educación 2013 elaborado en junio por la OCDE, la educación española podría definirse como bastante cara, no muy eficiente y también injusta. Según los datos de la OCDE, las administraciones públicas españolas dedican 7.293 dólares al año (5.386 euros) por alumno de Educación Infantil, 9.559 dólares en Educación Secundaria (FP y bachillerato) (7.060 euros) y 11.925 dólares en Terciaria (FP superior y universidad) (8.807 euros). De media, cada estudiante le cuesta al Estado 9.608 dólares al año (7.390 euros al año). Todas estas cifras son superiores tanto a la media de la OCDE (una organización que agrupa a los 34 países más desarrollados) como a la media de la UE-21 (los estados comunitarios que también forman parte de la OCDE).

El resultado, en cambio, no está a la altura de ese nivel de gasto. España tiene un fracaso escolar que ronda el 30%. Esta cifra ha caído desde el inicio de la crisis (ahora está alrededor del 25%), pero no por la mejora en la calidad de las clases, sino porque los alumnos no tienen ninguna alternativa en el mercado laboral. Sólo el 65% de los españoles de entre 25 y 34 años tiene al menos una titulación secundaria, ya sea bachillerato o FP. El resto, un 35%, no tiene nada o apenas el título de la ESO. Por comparar, en la OCDE el porcentaje es del 82% y en la UE-21 del 84%.

Por otro lado, el director del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), Andreas Schleicher, opina que en España hay "muchos" profesores en relación al número de alumnos y considera que no se debe pagar a todos lo mismo, sino "atraer a los mejores" con incentivos.

Pese a esto, los resultados de España en el conocido informe Pisa siguen dejando a nuestro país relegado a puestos de cola. Por detrás de España se sitúan Austria, Rusia, Chile, uruguay, México, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá y Perú. Por otro lado, según el informe, en España el 20% de alumnos tiene un nivel de comprensión lectora que no garantiza su éxito en sus estudios. En el caso de Andalucía, Baleares y Canarias, el porcentaje asciende a un 25%. Además, En los índices internacionales de mejores universidades del mundo no aparece ninguna española entre las 200 primeras. En cambio hay 3 escuelas de negocios españolas entre las 20 mejores (el Instituto de Empresa es la nº 12, IESE la 14 y Esade la 19).

Con estos resultados, no es de extrañar que algunos expertos en sistemas educativos, como Mauricio Rojas, se hayan mostrado sorprendidos porque en España se proteste por mantener un sistema educativo tan caro como mediocre.

El gasto público destinado al sistema sanitario oscila entre el 8 y el 9%. Algo que no impide que el sistema se encuentre en una encrucijada: no es sostenible ni a corto ni a medio o largo plazo, dado que está completamente influenciado por la demografía. Como en educación, hay que medirlo en gasto por paciente y no en porcentaje de PIB.

Según el informe de la OCDE Health at a Glance de este año, con datos de 2010, España se gasta 2.345 euros por persona y año en servicios sanitarios. Está ligeramente por encima de la media de la UE-27 (2.171 euros), aunque claramente por debajo de los primeros de la lista: Holanda (3.890 euros; todos los datos ajustados en paridad de poder adquisitivo), Luxemburgo (3.607 euros) y Dinamarca (3.439 euros). Incluso, países de fuera de la UE, como Noruega o Suiza, están por encima de los 4.000 euros.

Como en la educación, la gestión en la sanidad no se corresponde con la inyección de gasto público con la que cuenta. Según un informe del Tribunal de Cuentas de 2009 detectaba numerosos fallos burocráticos y administrativos de los que responsabiliza tanto al Sistema Nacional de Salud como a las comunidades autónomas.

Además, Otro informe, el Euro Health Consumer Index 2009 -sobre datos de 2008- indicaba que nuestro país volvía a retroceder en el ranking europeo. El estudio colocaba a España en el puesto 22 de 33 países con sólo 630 puntos por detrás de Portugal, Chipre o Hungría y a años luz de Holanda, cuyos servicios están completamente privatizados. España puntuaba bajo en categorías como la mejora de derechos del paciente e información. Dicho informe destaca que "en España el sistema de salud se deteriora año tras año, rindiendo muy por debajo de lo que se podría esperar" comenta Dr. Arne Björnberg, director del estudio.

A modo de ejemplo, el Sindicato Médico de Sevilla (SMS) denunció que en Andalucía en torno a 100.000 andaluces están en lista de espera, es decir, un 25 por ciento del global en toda España. Como el caso extremo de demora se localiza en la cirugía torácica en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde el tiempo de espera para operarse está en 1.450 días, es decir, casi cuatro años. Tanto es así que "la equidad en el acceso" no existe . En dicho hospital, los juanetes tienen más prioridad para intervenirse que otras patologías mucho más invalidantes como puede ser una escoliosis lumbar.

En España el número de empleados públicos aún supera los 2,8 millones. Según el último censo elaborado por el INE, el total de residentes en España a 1 de enero de 2013 bajó a 47.059.533 habitantes. Hoy por hoy, casi 13,8 millones de trabajadores del sector privado mantienen, de una u otra forma, al resto de la población de España. Dicho de otro modo, el peso del país descansa sobre el 29,3% de la población. Si echamos un vistazo a la Encuesta de Población Activa (EPA) Apenas 16,7 millones de ocupados (13,9 millones en el sector privado) sostienen un país con más de 47 millones de habitantes.

Dentro de este punto es preciso tener en cuenta que el sueldo de los empleados públicos (2,84 millones de efectivos, el 6% del total) es sufragado con los impuestos que paga el sector privado.

Finalmente, pese a los privilegios con los que cuentan funcionarios y empleados públicos, su estructura salarial determina que el sueldo esté asociado al puesto, no al trabajador. Esto lo que significa es que, a partir de un determinado nivel, un funcionario no puede ganar más (exceptuando los trienios por antigüedad, que son una parte pequeña del total del salario) por muy bien que lo haga. Todas las escalas de la administración están capadas por arriba, lo que desincentiva a los mejores empleados. Así pues, Los servidores públicos destacan entre sus pares antes de trabajar para el Estado, dadas las duras oposiciones que tienen que sacar, pero luego el sistema los engulle.

Buena parte del gasto público del conjunto de las administraciones públicas se destina, a programas especiales que se engloban en las llamadas "políticas de crecimiento". Uno de los ejemplos paradigmáticos de esta modalidad sería el tan recurrente "Plan E" de Zapatero.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un programa para generar puestos de trabajo a base de inyectar dinero público. Y lo hizo. Se gastó cerca de 8.000 millones de euros (7.836 millones) que, según un informe del Tribunal de Cuentas costó casi 40.000 euros por parado. Al final del programa sólo el 4% de los desempleados seguía en la empresa concesionaria. Es decir, que la inversión millonaria de gasto público no obtuvo resultados. Logró un empleo efímero y en obras nada necesarias que conllevó, además, el incumplimiento de las condiciones del propio plan. Además, la mayoría de los trabajadores de las empresas contratistas ya estaban ocupadas cuando empezó el programa.

En esta categoría entrarían otros ejemplos no menos ilustrativos, como los numerosos aeropuertos que se construyeron durante la burbuja y que ahora yacen pasto de las malas hierbas, o el mastodóntico proyecto de la candidatura para que Madrid se convirtiera en sede de los Juegos Olímpicos.

Por no extender demasiado este pequeño repaso al destino del gasto público en España, terminamos con los casos de corrupción. Aunque, quizá, la cuantía total de la malversación de fondos públicos no represente un porcentaje significativo del PIB, no deja de constituir un síntoma evidente de la mala gestión del gasto.

Sin intención de hacer un detallado y exhaustivo repaso al mapa de la corrupción en España, podemos decir que en la última década se han judicializado en nuestro país más de 800 casos de corrupción con cerca de 2.000 corruptos detenidos.

Por cantidad de dinero público malversado, el reciente caso de los ERE fraudulentos es el más destacado. Y es que la cantidad de dinero defraudado es, según las fuentes, meteórico. Tal y como recoge la Cámara de Cuentas andaluza, el dinero que se ha utilizado de forma ilegal entre 2001 y 2010, ascendería a 720,8 millones de euros, aunque si seguimos el rastro hasta el final del programa inserto en la trama, obtendríamos un montante de 1.217 millones de euros.Fuente

El gobierno sigue mintiendo. Acaba de decir que los presupuestos del año 1014, recién aprobados, serán "los de la recuperación", pero es mentira porque subiendo los impuestos, bajando los sueldos, limitando las pensiones y sin adelgazar el monstruoso Estado español, el que consume tantos recursos que no deja nada para la prosperidad ciudadana, no puedo haber recuperación sino más depresión, sufrimiento, injusticia y destrucción de empleo y de actividad económica.

Los presupuestos aprobados mantienen todos los desequilibrios, injusticias, arbitrariedades y abusos típicos de la política económica de Rajoy: no reduce drásticamente el gasto de los gobiernos autonómicos, inciden mas en incrementar los ingresos que en reducir el gasto público, que sigue siendo escandalosamente alto y mantienen los impuestos elevados, los mas altos de toda Europa, proporcionalmente, congelados los salarios de los funcionarios y vigentes las subidas temporales de IRPF y Sociedades, lo que supone mantener viva una presión fiscal que muchos ciudadanos y empresas ya no pueden resistir y que provoca desempleo, quiebras empresariales, ruina, emigración, suicidios y huidas masivas hacia la economía clandestina.

Cualquier demócrata sabe que el dinero debe estar en el bolsillo del ciudadano para que la economía se active y la sociedad sea mas justa, pero el PP lo acapara todo y quiere que el poco dinero que existe esté en las manos del gobierno, que es incapaz de ahorrar, que prefiere freír al ciudadano con impuestos injustos y abusivos antes de cerrar una sola televisión pública, adelgazar el Estado, cerrar empresas públicas sin utilidad o suprimir lo que los ciudadanos reclaman a gritos: la financiación pública, con el dinero de los impuestos, de los partidos políticos y los sindicatos.

Es sorprendente, pero la crisis ha demostrado que el partido mas representativo de la derecha española no tiene un sus venas un gramo de liberalismo y que su sangre está contaminada por virus de la izquierda como el intervencionismo, el estatalismo y el desprecio al ciudadano como individuo libre.

En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del viernes 27 de septiembre, la vicepresidenta Soraya Saez de Santamaría, flanqueada por los ministros Montoro y de Guindos, dijo que los presupuestos del año 2014 serían "los de la recuperación", una falsedad manifiesta destinada a engañar de nuevo a los ciudadanos. Incluso dijeron que en la segunda mitad de 2014 se crearía empleo, un vaticinio aventurado y sin fundamento que mas que optimista parece tramposo.

La realidad de España es muy diferente a la que el gobierno está proyectando: el tejido industrial sigue destruyéndose y miles de empresas continúan desapareciendo, abrumadas por los impuestos, por la burocracia y por la falta de demanda. Se siguen destruyendo empleos, aunque el ritmo es menor, sobre todo porque la gente ya no confía en lo público y ni siquiera se apunta al INEM y porque decenas de miles de españoles se marchan al extranjero en busca de trabajo. Si las cifras del paro no suben como antes es porque ya queda muy poco por destruirse y porque millones de españoles se han zambullido en la economía sumergida, único espacio donde pueden sobrevivir sin ser aplastados por los impuestos que cobran los políticos.

El gobierno de Rajoy parece empeñado en acabar con la crisis empobreciendo drásticamente a los españoles, a los que les ha restado capacidad adquisitiva tras bajarle los sueldos, limitarle las pensiones y aumentarle los impuestos. El sector público es la gran decepción y el núcleo de la injusticia española, ya que ni se ha reducido sustancialmente, ni ha dejado de despilfarrar, ni ha bajado su frenético ritmo de endeudamiento, ni ha eliminado los grandes gastos, como son las administraciones duplicadas y triplicadas, las empresas públicas inútiles, los cientos de miles de políticos contratados sin ser necesario, sólo para premiarlos por tener en el bolsillo un carné de partido, sin suprimir la financiación pública de los partidos políticos y sindicatos, sin reducir privilegios y sin eliminar esa corrupción institucional y pública que, según los expertos, espanta la inversión extranjera, genera inseguridad jurídica y nos cuesta por lo menos entre dos y tres puntos del PIB cada año.

La crisis ha tenido quizás una sola ventaja: ha puesto en evidencia la profunda inmoralidad e injusticia del poder político en España, ajeno a la democracia, elitista, arrogante, mentiroso e incapaz de luchar contra una corrupción que se ha hecho fuerte en la política y en las instituciones y que permite que los que se han enriquecido con el poder y han saqueado las cajas de ahorros y parte de la Hacienda pública sigan en sus hogares, sin ser perseguidos y sin tener que devolver lo robado. Tras la crisis, es difícil convencer a los españoles que la clase política que gobierna España merece respeto y debe seguir controlando los destinos del pueblo al que ha arruinado, engañado y empobrecido. Fuente