Gobierno y PSOE, ko: la Audiencia Nacional imputa a Dolores Delgado y a Zapatero por blanqueo de capitales

El juzgado central de instrucción nº 6 ha notificado a ACODAP, mediante un Auto, el inicio de las investigaciones penales

El juzgado central de instrucción nº 6 ha notificado a ACODAP, mediante un Auto, el inicio de las investigaciones penales que se siguen como Diligencias Previas 28/2022, en donde el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado aparecen denunciados por los delitos de fraude fiscal, evasión y blanqueo de capitales, cometidos a través de la supuesta cuenta de Panamá.

Tal y como ha publicado Periodista Digital, la nota que presuntamente habría dirigido Zapatero a Delgado se expresaría en estos términos: “A la atención de Dolores Delgado. Mi buena amiga, comunicarte que ya he pasado tu número de cuenta y en breve tendrás ingresada en ella la cantidad acordada. Saludos“, es lo que puede leerse en esta nota supuestamente remitida por Rodríguez Zapatero a la ahora Fiscal General del Estado. ACODAP (Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública presidida por el juez Fernando Presencia) lo denunciaba ante la Audiencia Nacional como delito de “blanqueo de capitales”.

Según los términos de la denuncia, la responsable máxima de la Fiscalía General del Estado habría recibido presuntamente diversos ingresos de 150.000 dólares cada uno, hasta superar los 3 millones de dólares, en una cuenta de la entidad Banistmo de Panamá, el conocido paraíso fiscal.

Una vez defenestrado el ex fiscal jefe de Cataluña José María Mena, “la presunta organización que él organizaba se ponía a buscar un sustituto adecuado, alguien sin escrúpulos amante del poder y el dinero. El ex presidente Rodríguez Zapatero se hace cargo de la tarea que suelen realizar los head hunters en la búsqueda de fichajes. Finalmente, la elección recae en la siempre discutida Dolores Delgado”, tal y como afirman desde ACODAP a Periodista Digital.


El Auto de la Audiencia Nacional.

Según esta organización, “la copia de los manuscritos llegados a manos del juez Presencia comienzan con una nota explicativa: “Cartas entre Zapatero y Patrick McDowell sobre la sustitución de José María Mena Álvarez y precio pagado a la sustituta, la fiscal general del Estado Dolores Delgado.”

Tal y como les hemos informado en PD, ACODAP, la asociación que lucha contra la corrupción presidida por el juez y ex decano de los juzgados de Talavera de la Reina Fernando Presencia, denunciaba estos presuntos hechos aportando las copias de las supuestas notas manuscritas, así como los números de cuenta del Banistmo con los ingresos realizados en ella. La denuncia tiene por objeto exigir que se investigue a fondo todo este enrevesado y comprometedor asunto.

Ahora, la Audiencia Nacional ha notificado en ese Auto el inicio de las investigaciones penales contra el expresidente Zapatero y también contra la actual Fiscal General del Estado y ministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. La resolución judicial supone todo un palo para el actual Ejecutivo, para Sánchez y para todo el PSOE.

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La Audiencia Nacional admite el recurso contra el archivo de la causa por blanqueo de capitales a la Fiscal General y al expresidente

La Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) ha informado que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto por ACODAP contra el segundo y controvertido auto del juez Gadea Francés, que en tan solo 48 horas y sin practicar ninguna diligencia de prueba revocaba el primer auto de imputación contra el expresidente del Gobienro, José Luis Rodríguez Zapatero y contra la Fiscal General del Estado Dolores Delgado, por unos presuntos delitos de blanqueo y evasión de capitales. Según el juez Fernando Presencia, que lidera esta asociación, “el auto de imputación sigue siendo la única resolución firme que se ha dictado en la causa”.

El recurso que ha presentado ACODAP, firmado por el abogado sevillano José Manuel Martín Leal, “introduce un hecho nuevo en este martirologio en el que el controvertido juez Gadea quiere convertir la causa abierta en su juzgado por el asunto de ‘los Millones de Zapatero y Dolores Delgado en Panamá’, utilizando falsos argumentos para represaliar al juez Presencia, dando carnaza a los medios para que emprendan una intolerable campaña contra su persona”, según explican a Periodista Digital desde la propia organización.

El dato hasta ahora inédito se trata de la denuncia que, antes que ACODAP, formularon ante la Agencia Tributaria el investigador Alberto Royuela Fernández y el periodista Juan Martínez Grasa, haciendo uso de la misma documentación que tiempo después se presentaría en el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional. “Lo más importante de todo este galimatías es que Hacienda [Agencia Tributaria] ha tomado esos documentos como verdaderos, y está investigándolos”, según las mismas fuentes.

“De esta forma queda totalmente legitimada la denuncia presentada contra el juez de la Audiencia Nacional que está pretendiendo echar marcha atrás en su primera decisión, la única que tiene valor legal, de imputar a Zapatero y a Dolores Delgado por los 3 millones presuntamente recibidos en Panamá supuestamente como sobornos”, aseguran desde ACODAP.

Tal y como les informaba en su día Periodista Digital, transcurridas tan solo 48 horas desde la comunicación del primer Auto, el miércoles 13 de abril, el mismo juez se desdecía de lo dicho y acuerda en un improvisado e inventado Auto el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Señala ACODAP en esta nueva denuncia que: “Es ilegal que en tan solo 48 horas pretenda revocar la imputación de Zapatero y Delgado sin practicar ni una sola diligencia de prueba, ni siquiera el imprescindible oficio dirigido a la entidad bancaria para que certifique si existe o no esa cuenta”.

En efecto, el artículo 267.1 de la LOPJ dice de manera imperativa que “los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.” En otras palabras, un juez no puede ir en contra de sus propias decisiones.

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