La Junta subvenciona a CCOO y UGT para 'colonizar' los Andes y Marruecos

Con dinero público, en Andalucía también costea un "curso de salud sexual" para Senegal

Los sindicalistas reciben las primeras ayudas de cooperación internacional tras el 25-M.

La Junta de Andalucía es capaz de hallar dinero en las maltrechas arcas autonómicas para inyectar otra dosis de dinero público a los sindicatos amigos a la vez que anuncia una "limitación de gasto" de más de 2.600 millones de euros para cumplir a regañadientes el objetivo de déficit del 1,5%.

En la primera concesión de ayudas a la cooperación internacional tras las elecciones del 25-M de marzo, el presidente andaluz en funciones, José Antonio Griñán, acaba de otorgar otros casi 2 millones de euros a las federaciones regionales de CC OO y UGT para que proyecten su actividad sindical en Sudamérica y Norte de África.

En concreto, el sindicato que dirige Cándido Méndez consigue tres asignaciones que suman en total 971.320 euros.

Esta cantidad se divide en 425.000 euros para la mejora en Costa Rica de las "capacidades organizativas y de incidencia política del movimiento sindical en América"; 400.000 euros para un proyecto en Bolivia de "información y capacitación en la Coordinadora de centrales Sindicales Andinas (CCSA)" y otros 146.320 euros para dotar a Marruecos de "equipamiento y fortalecimiento de las capacidades docentes de la organización sindical Unión Marroquí del Trabajo (UMT) en Nador".

Por su parte, la organización que lidera Ignacio Fernández Toxo percibe alrededor de 1.100.000 euros dirigidos a una decena de proyectos diferentes.

Entre ellos figura la concesión de 229.155,54 euros con los que se sufraga un expediente que tiene por destino El Salvador y que lleva por título "Incorporación de la equidad a la acción sindical en salud laboral en Centroamérica. El caso de las máquinas y las bananeras".

También aparecen otros 220.369,72 euros, cuyo objeto es el "fortalecimiento de las estructuras de las centrales pertenecientes a la coordinación de las centrales sindicales andinas para la afiliación y cotización".

Un proyecto que comparten cinco países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Asimismo, a instancia de varias ONG, también resultan agraciados Estados de Centroamérica como Cuba, donde la Junta andaluza costea el "aprovechamiento de la biomasa del marabú y otras especies energéticas como combustible en la generación de electricidad y recuperación ambiental".

Otros 206.492 euros se van para un "curso de experto en salud sexual" en Senegal.

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Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio efectivo", según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo.

Dicho texto afirma que las mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los sindicatos, de modo que estos "con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva".

Los sindicatos, mantiene Alaya, "no prestaban ningún servicio efectivo" a los mediadores pero, según un informe de la Guardia Civil, entre 2001 y 2009 habrían recibido retribuciones por parte de las aseguradoras Vitalia y Uniter por importe de 7.648.815 euros.

Los sindicatos emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados y se limitaban, según la exposición razonada, "a revisar los cálculos actuariales" realizados por las agencias, sin que estas lo precisaran.

Una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los 201 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un ex secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A.

Porcentajes 'muy sustanciosos'

La juez instructora mantiene que los sindicatos cobraban entre el 1 y el 1,5 por ciento de la prima del seguro, "porcentaje muy sustancioso dado el elevado coste de los seguros, y que inclinaría la balanza hacia una u otra mediadora".

Según un informe de la Agencia Tributaria, "existen datos suficientes para concluir que el pago a los sindicatos existió en la época de José Antonio Viera como consejero de Empleo", dice Alaya en referencia a uno de los siete exconsejeros andaluces aforados que ha motivado la elevación del caso al Tribunal Supremo.

Así, la entidad Temiqui, cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT, habría cobrado de Vitalia 177.820 euros, mientras que ITG, en la que el 100 % del accionariado pertenece a UGT, habría recibido 200.634 euros de Vitalia y de Uniter.

La Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz cobró en 2003 de Vitalia 16.668 euros y la Federación de Industria de CCOO otros 115.074 euros, mientras que una entidad denominada Prevenrisk, perteneciente a Vitalia, declaro en 2001 pagos a una de las federaciones de CCOO por valor de 27.886 euros, afirma la exposición razonada.

Añade que esta práctica continuó con Antonio Fernández como consejero de Empleo (2004-2010) "y la imprescindible colaboración de la Consejería de Hacienda, cuyo titular pasaba a ser José Antonio Griñán" (2004-2009) y Francisco Vallejo como consejero de Innovación.

Asesoramiento inexistente

En esta época, según datos de la Agencia Tributaria, "resultan pagos declarados a dichas organizaciones sindicales, que habían emitido sus correspondientes facturas a las mediadoras por servicios de asesoramiento que no habrían tenido lugar", asegura Alaya.

Así, Temiqui recibió en este periodo 316.831 euros de Vitalia y Uniter, mientras que ITG percibió entre 2006 y 2008 un total de 178.673 euros, aunque el escrito de Alaya añade que "un examen de las cuentas bancarias de Uniter pondría de manifiesto que entre 2007 y 2011 habría pagado a ITG un total de 1.041.970 euros".

A la Federación Agroalimentaria de UGT le constan entre 2004 y 2010 un total de 425.170 euros en ingresos, la Federación de Industria de CCOO declaró entre 2004 y 2010 unos ingresos de 436.551 euros y a Atlantis Asesores, vinculada a CCOO, le constan unos ingresos totales de 972.611 euros por parte de Uniter o empresas de su grupo, mientras que FGT Asesores de Recursos Humanos, perteneciente a CCOO, declaró unos ingresos de 518.006 euros de empresas del grupo Vitalia.

En su exposición al Supremo, Alaya afirma que "el pago a los sindicatos era indiciariamente de público y notorio conocimiento de la Consejería de Empleo" de la Junta debido al contacto tan estrecho que mantenían y que el pago de sobrecomisiones "sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno autonómico".

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/08/24/53f9d80eca4741d06c8b4574.html