Dirigentes andaluces de UGT reciben préstamos del propio sindicato tras desviar dinero de las subvenciones

El informe pericial que está aportado en el procedimiento judicial planteado en el TSJA por el despido colectivo de 159 trabajadores de UGT-Andalucía no sólo ahonda en la sangría de gastos «superfluos o de difícil justificación» que a juicio de una perito economista han generado un problema de tesorería en la organización. Como muestra de ello, pone como ejemplo los costes que soporta la central sindical por reuniones, desplazamientos, comidas en restaurantes y complementos que genera la comisión ejecutiva regional.

Algunos detalles fueron desgranados por La Voz Digital de Cádiz al publicar en exclusiva el contenido de este informe que está admitido como prueba en el Alto Tribunal Andaluz, y que recoge los más de 400.000 euros que cargaron a sus tarjetas de crédito los miembros de la Ejecutiva entre enero y noviembre del año 2010; o el dato que ha desatado más crítica en las redes sociales: los 852 euros que pagó el líder ugetista andaluz, Manuel Pastrana, con su Visa Corporate Oro del sindicato en un restaurante de lujo de la ciudad sudafricana de Durban el mismo día que se anunciaba el ERE que truncaba el futuro laboral más inmediato de 159 trabajadores de la central en Andalucía.

Pero este contrainforme guarda más conclusiones, basadas en la información que maneja el sindicato de manera interna, en la documentación justificativa aportada a los trabajadores al anunciar el ERE y en el contenido de una auditoría que encargó la propia comisión ejecutiva regional a una empresa y que certificó un superávit de casi un millón de euros en UGT-Andalucía meses antes de anunciar que se desprendía de 159 trabajadores; la mayoría administrativos.

La central sindical tiene dos vías de ingresos: las cuotas de los afiliados y las subvenciones públicas. Y sus trabajadores se dividen entre los que pertenecen a la estructura de la organización y los que dependen de programas finalistas que se nutren de las ayudas que convocan las administraciones públicas. Así, de los 159 empleados despedidos, 130 eran fijos-discontinuos (algunos con una antigüedad de 20 años en la ‘empresa’) a los que se les comunicó que se les ponía en la calle con 20 días de indemnización porque el programa Orienta, del que dependían, había sido eliminado por la Junta. Si bien, no existe ninguna publicación oficial de la Administración andaluza que indique esa supresión.

Rastreando en las convocatorias de ayudas, concesiones y los ingresos de las subvenciones que recibió la central sindical andaluza a lo largo de 2012, la perito economista detecta, según recoge en su informe, cómo se ha destinado dinero de subvenciones que sólo tienen como fin costear el desarrollo de un determinado programa para pagar otros gastos corrientes de la estructura del sindicato como alquileres, mobiliario, asesoría externa jurídica o las nóminas de trabajadores que no están vinculados a estos programas y que debían cobrar por los ingresos propios de la organización. «Ello supone claramente, salvo autorización expresa de los órganos cofinanciadores, una desviación presupuestaria (…) que no está permitido por las entidades que los financian, en la mayor parte de los casos cofinanciados por los fondos europeos y las consejerías de la Junta».

Devolución de partidas

La Fiscalía Superior de Andalucía ordena una investigación

Estarían las de anuncios en periódicos regionales, y las habría emitido cargándolas a programas de formación

La Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, ha ordenado a la unidad adscrita de Policía Judicial que investigue la gestión de los fondos de formación de UGT, tras las informaciones aparecidas en el diario 'El Mundo' que apuntan a la posible falsificación de facturas por parte del sindicato para financiar la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

Según han informado fuentes del Ministerio Público, en un decreto dictado este mismo lunes 19 de agosto de 2013 pide a la Policía Judicial que elabore un "informe previo" que aclare si en esa gestión existe posible responsabilidad penal.

Una vez concluida la investigación, la Fiscalía Superior podría continuar con las diligencias o trasladar el asunto a una Fiscalía Provincial, lo que es "probable" que ocurra --si el informe de la Policía Judicial determina la posible existencia de conducta delictiva--, según las fuentes consultadas.

A PROGRAMAS DE FORMACIÓN

'El Mundo' informa de que el Ministerio Público analiza la documentación publicada en sus páginas, especialmente las facturas presuntamente maquilladas que distintos proveedores de UGT habrían emitido cargando a programas de formación gastos que, en realidad, correspondían a la organización de la huelga general de septiembre de 2010. Entre esas facturas estarían las de los anuncios insertados en periódicos regionales y en la propia revista de UGT, según el rotativo.

La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Superior coincide además con la presentación de una denuncia por parte del sindicato Manos Limpias, que se basa también en las informaciones del rotativo que dirige Pedro J. Ramírez. Fuente