Escándalo de los ERE en Andalucía

El saqueo de los ERE, se encuentra ahora mismo en Wikipedia.

> Periodistas sevillanos buscan apoyo para contar la historia de los ERE

Tras conocer el atestado de la UCO de la Guardia Civil que reflejaba que Chaves y Griñán conocían el convenio y el uso de los fondos públicos utilizados fraudulentamente.


El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya, ha anunciado una querella criminal contra el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, entre otros.

El anuncio de querella se produce después de conocer el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, en el que se pone de manifiesto, entre otros destacados aspectos, que el Consejo de Gobierno de la Junta "conocía" el convenio firmado en 2001 por el que se regularon las ayudas que están siendo investigadas por la juez de Instrucción número 6.

En un comunicado de prensa, Manos Limpias recuerda que, en su día, "ya anuncio la implicación de los máximos responsables de los gobiernos de Chaves y Griñán", señalando que, "ahora, a la vista del atestado de la UCO, se ha puesto de manifiesto que los sucesivos gobiernos de Chaves y Griñán conocían el convenio y el uso de los fondos públicos utilizados fraudulentamente".

"La implicación" de ambos "sería en calidad de cómplices, encubridores y cooperadores necesarios en el fraude de los ERE", añade el sindicato Manos Limpias, que destaca también el punto del informe en el que la Guardia Civil señala que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación".

Según dice, este hecho "también en su día fue denunciado por Manos Limpias", tras lo que explica que "la presunta implicación de Manuel Chaves, aforado como diputado nacional, arrastraría la competencia jurisdicional a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se incluirían también los aforados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/manos-limpias-anuncia-una-querella-criminal-grinan-chaves-zarrias-y-viera-2

La primera sesión de comparecencias será el 23 de julio.

EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

LD/AGENCIAS 2012-07-05

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, comparecerán el día 3 de agosto en la comisión de investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) del Parlamento autonómico.

El presidente de la comisión de investigación, el diputado de IULV-CA Ignacio García, ha informado este jueves en rueda de prensa del calendario de comparecencias de las 25 personas que van a ser citadas de acuerdo con la primera tanda de comparecientes que han acordado los grupos parlamentarios.

La primera sesión de comparecencias, en mañana y tarde, se producirá el día 23 de este mes con el exdiputado del PSOE en el Parlamento andaluz y exasesor de la Consejería de Empleo, Ramón Díaz; el asesor de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois Ruiz, y el exdirector de Mercasevilla, Fernando Mellet.

En el listado de comparecientes se encuentran dos personas que están en este momento en prisión por el caso de los ERE: el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que han sido citados para comparecer en la comisión de investigación los días 24 y 27 de julio, respectivamente.

Gracia ha indicado que el formato de comparecencia de esas dos personas (videoconferencia, traslado de la comisión a un lugar que se determine o desplazamiento de los presos al Parlamento) todavía no está decidido y que hay que hacer la consulta pertinente con la Judicatura y con Instituciones Penitencias, que es la que los tutela actualmente.

El presidente de la comisión ha apuntado que, "en general", los criterios de los tres grupos parlamentarios, PP-A, PSOE-A e IULV-CA, para fijar el calendario de comparecencias han sido "coincidentes".

Las 25 comparecencias se desarrollarán a lo largo de diez días, la mayoría con tres comparecientes por día, con dos sesiones por la mañana (9,00 y 12,00 horas) y con una sesión por la tarde (16,30 horas), con una duración cada una de ellas de tres horas aproximadamente.

En la jornada del martes 24 de julio, además de Francisco Javier Guerrero, comparecerán el exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla, y el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

El día siguiente, por este orden, lo harán: los exdirectores generales de Empleo Juan Márquez y Daniel Rivera y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. El jueves 27, el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas y el exconsejero de Empleo y actual diputado nacional José Antonio Viera.

El viernes 27 de julio, además de Antonio Fernández, comparecerán el también exconsejero de Empleo Manuel Recio y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo. El también exconsejero de Innovación Martín Soler comparecerá el día 30 de julio.

La ronda de comparecencias en el mes de julio se cerrará el día 31 con el actual consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila; el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, y la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez.

En el mes de agosto habrá sesiones durante tres días, la primera de ellas el día 1, con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

El jueves 2 de agosto comparecerán el actual presidente del PP-A, Javier Arenas, y el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana. Las comparecencias de esta primera tanda se cerrarán el 3 de agosto con Chaves y Griñán, a las 9,00 y 12,00 horas, respectivamente.

El presidente de la comisión de investigación ha explicado que el formato de las comparecencias será el de pregunta-respuesta, empezando de menor a mayor grupo parlamentario. El criterio para fijar las comparecencias, según ha expuesto, básicamente ha sido el de comenzar por las personas que estuvieron vinculadas a la Consejería de Empleo, seguida de la Economía, Innovación y Ciencia y de la de Hacienda y, por último, miembros de la administración del Estado y de la Presidencia de la Junta.

http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-07-05/chaves-y-grinan-compareceran-el-3-de-agosto-en-la-comision-de-los-ere-1276463137/

Sevilla- Daniel Alberto Rivera era la persona elegida por la Junta de Andalucía para poner orden en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Estaba en el cargo cuando trascendió el escándalo de los ERE –fue nombrado en abril de 2010 y ha estado en su puesto hasta el pasado 12 de junio–. Rivera, según la Administración andaluza, era el ejemplo de «colaboración» con la justicia. De hecho, la Junta le paga el abogado. A Rivera, la juez Mercedes Alaya le imputó ayer la comisión de cuatro delitos, todos ellos de forma continuada: prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos. La instructora, según la declaración de una ex asesora de la Consejería ante la Guardia Civil, considera que Rivera rehizo expedientes.

La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla considera que el sucesor de Juan Márquez –que a su vez relevó a Francisco Javier Guerrero en el cargo– repartió 42.947.910,24 euros en ayudas de manera irregular, todas en época de Griñán como presidente. En su declaración posterior, Rivera se excusó diciendo que «no sabía» que el procedimiento era ilegal y que nadie en la Consejería de Empleo –ni los servicios jurídicos, ni la Intervención ni el secretario general técnico– se lo advirtió. Sí admitió que tenía en su poder un informe jurídico de Garrigues en el que le señalaba la ilegalidad de las ayudas, trabajo al que le restó trascendencia: «Es una opinión», dijo. Licenciado en Derecho, reconoció que el dinero salía de Empleo sin fiscalización previa, permanente ni control posterior.

Durante la jornada de ayer, aseguró que él se limitaba a «firmar» las resoluciones que le trasladaban. Y tuvo algún roce con la juez: «Yo puedo tener responsabilidad política, pero no penal», esgrimió. Antes, Rivera había recusado a la magistrada, que no aceptó su petición por «extemporánea».



Chaves y Griñán, el 31 de agosto
PSOE e IU, con la oposición del PP, aprobaron ayer el nuevo calendario de comparecientes en la comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz. Las citas se concentran entre el 21 y el 31 de agosto, al objeto de cerrarla a finales de septiembre y comenzar el nuevo curso político con el tema zanjado. Chaves y Griñán cerrarán la comisión el 31 de agosto, viernes.

http://www.larazon.es/noticia/7600-rivera-dio-43-millones-sin-control-en-epoca-de-grinan

Los socialistas continúan sin hacer preguntas y se oponen a obligar a los interrogados a escuchar las cuestiones.

Tercera jornada de comparecencias y tercera jornada de silencios por parte de los interrogados en la comisión que investiga el escándalo de los falsos ERE en Andalucía. Los socialistas dieron ayer una vuelta de tuerca a su estrategia al defender públicamente a los imputados que se niegan a responder a las preguntas de IU y PP –el PSOE aún no ha hecho ninguna–.

El portavoz del Grupo Socialista en la Cámara andaluza, Francisco Álvarez de la Chica, aseguró que su formación es partidaria de no obligar a los comparecientes que se nieguen a declarar a escuchar íntegros los interrogatorios de los diputados. Además, De la Chica defendió la postura de los socialistas de no preguntar a quienes se acojan a su derecho de no responder, que hasta ahora han sido todos.

Esa actitud de defensa de los comparecientes se prolongó una vez iniciada la sesión. La portavoz del PSOE en la comisión, Antonia Moro, intercedió en favor del ex viceconsejero de Empleo andaluz, Agustín Barberá, en varias ocasiones durante el interrogatorio al que le sometió la diputada popular Teresa Ruiz-Sillero. Moro exigió que Ruiz-Sillero no relacionara al PSOE con los acusados, pese a que todos son ex altos cargos socialistas.

La parlamentaria del PP espetó a la del PSOE que dejara de ser “la abogada defensora del compareciente” y de evidenciar que a su Grupo sólo le mueven “intereses partidistas” en la comisión. El enfado de Moro lo provocó la acusación que Ruiz-Sillero había hecho poco antes, asegurando que el “silencio orquestado” de los interrogados estaba “urdido por el propio Partido Socialista”.

Esta tesis fue defendida también por la portavoz de Izquierda Unida, Alba Doblas, quien criticó que todos los comparecientes se negaran a declarar “por sistema y de forma concertada”. Doblas les acusó de tener una “actitud políticamente cobarde” y desmontó su argumento de que una hipotética declaración puede perjudicarles en el proceso judicial aduciendo que nada de eso valdría para algunas cuestiones pero no explica la “actitud omisiva” de los interrogados.

Especialmente dura fue la diputada comunista con Barberá, “el número dos cuando se montó la gran fiesta con el dinero público de todos los andaluces y las andaluzas”.

Chaves y Griñán

Un día más, IU y PP realizaron cuestionarios muy similares, preguntando por el cerebro del “fraude de los 1.500 millones” y por la posible implicación del PSOE andaluz y de los presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el escándalo. Ni el ex viceconsejero de Empleo –el ex alto cargo de mayor rango que hasta hora ha comparecido– ni los ex directores generales de Trabajo, Daniel Rivera y Juan Márquez, dieron respuesta alguna a estas inquisitorias.

Sí defendió Rivera su completa inocencia, asegurando que jamás conoció “ningún acto ilegal, ni siquiera irregular” en los procesos de concesión de ayudas de su departamento ni en la tramitación de los falsos ERE. Hasta en su alegato final subrayó el que fuera número tres de la Consejería de Empleo de 2010 a junio de 2012 que todos los “intrusos” fueron descubiertos por la propia Administración autonómica y que “el juzgado no ha encontrado ninguno”. Rivera consideró “injusta” su imputación y concluyó que cuando conoció “alguna irregularidad” no dudó “en ponerla en conocimiento de la Justicia con diligencia”.

El predecesor de Rivera en el cargo, Juan Márquez, también se negó a declarar, para desesperación de IU y PP. “Los andaluces tienen ya muy poco aguante”, le reprochó Alba Doblas.

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/psoe-sigue-su-boicot-investigacion-los-ere-20120824

La Cámara de Cuentas de Andalucía, presidida por el consejero mayor a propuesta del PSOE Antonio López, exoneró ayer en su esperado informe al hoy presidente José Antonio Griñán y a su antecesor, Manuel Chaves, de cualquier responsabilidad en la gestión de las partidas presupuestarias que financiaron el fondo de reptiles para financiar ERE y a empresas con total arbitrariedad entre 2001 y 2010.

En paralelo, y recogiendo datos de la consejería de Economía y Empleo, el documento cifra en 126 los intrusos -personas que nunca trabajaron en las empresa en cuyos ERE aparecían incluidos- y en 189 los expedientes de ayudas a empresas bajo sospecha.

Un fraude de 150 millones de euros

Por ambos conceptos, la Junta identifica al menos 153 millones malversados -12,3 millones por falsos trabajadores y el resto por ayudas discrecionales a empresas- de los 721 millones que se gestionaron desde la partida presupuestaria 31.L en esa década. El Gobierno andaluz ya ha solicitado el reintegro de la mayoría de ese importe global.

En cuanto a la vertiente política del documento, y su posible traslación a responsabilidades judiciales, el Partido Popular pidió ayer a la Cámara que entregue el expediente completo acumulado para redactar el informe, tal y como el presidente de la comisión de investigación parlamentaria sobre los ERE, Ignacio García (IU), ya hizo en septiembre pasado.

Los populares critican que el documento final haya eliminado referencias relevantes incluidas por los técnicos y auditores de la Cámara en el anteproyecto del informe. Este anteproyecto se transforma luego en informe provisional, y más tarde en definitivo, que es el presentado ayer. En esos pasos intermedios es donde se han suprimido referencias al papel de Griñán durante su etapa como consejero de Hacienda (2004-2009).

En concreto, ese anteproyecto recogía catorce casos de modificaciones presupuestarias mayores de tres millones que fueron aprobadas, debido a que superaban ese importe, en el consejo de Gobierno de la Junta que presidía Chaves entre 2001 y 2010 con el apoyo de los titulares de Hacienda en esos años, Magdalena Álvarez hasta 2004 y luego Griñán. Modificaciones que suman 125 millones.

Abuso y discrecionalidad

El documento censuraba que "no se ajustan a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta". Y ello porque utilizaban la vía de la transferencia de financiación a la agencia pública IDEA, que pagaba las pólizas a los trabajadores y las ayudas a empresas -todo ello por orden de la consejería de Empleo-. Ese tipo de transferencia exige menor control y fiscalización que la fórmula de las subvenciones excepcionales, que es la que la Cámara identifica como la idónea.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE en Sevilla, tiene la lupa puesta, entre otros aspectos, en las decisiones que tomó el consejo de Gobierno entre 2001 y 2010 sobre la partida 31.L.

Junto a ello, el informe definitivo detecta "un abuso del margen de la discrecionalidad administrativa" en la concesión de ayudas a empresas, de la que podrían derivarse, entre otras, responsabilidades contables y administrativas. Y critica que se han otorgado ayudas a empresas y personas "prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido", coincidiendo con la juez.

Carlos Pizá | 7:24 - 30/10/2012

El nuevo escándalo consistiría en una serie de préstamos "opacos" a empresas "amigas" del PSOE, que en algunos casos ni siquiera habrían devuelto estas ayudas públicas.

Sanz, que no ha precisado detalles de este nuevo "escándalo" a la espera de que lo haga el Gobierno andaluz, ha precisado que estos préstamos no formaban parte de las ayudas convencionales de la Junta a empresas sino que fueron desembolsados por la Consejería de Empleo sin publicidad, ni orden administrativa, con total discrecionalidad, sin explicitar ni exigir objetivos a los beneficiarios que, "en la mayoría de los casos" ni siquiera han devuelto estas ayudas.

http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-06-04/el-pp-denuncia-otro-fraude-en-la-junta-con-los-fondos-de-los-eres-1276425593/

La jueza que investiga los ERE irregulares, Mercedes Alaya, ha imputado a una veintena de personas, entre ellos el actual director general de Empleo, Daniel Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, así como a varios responsables de consultoras, abogados, empresarios y sindicalistas.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha emitido hoy un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que se imputa al actual director general de Empleo por ordenar el 1 de septiembre del 2010 pagos a favor de extrabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor, aunque dos de ellos no pertenecían a la empresa.

Igualmente, imputa a su antecesor Juan Márquez por autorizar la inclusión de intrusos en los ERE de las empresas Surcolor, Aglomerados Morell, Río Grande y Calderinox, esta última en la que se incluyó al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, aunque nunca trabajó en ella.

Juan Márquez y Daniel Rivera sucedieron al frente de la Dirección General de Empleo a Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en la trama y que llegó a definir como “fondo de reptiles” las ayudas que se otorgaban a través de la Agencia IDEA -antiguo IFA- para financiar ERE irregulares y subvenciones en las empresas.

Guerrero ha sido citado por la jueza el próximo 23 de febrero a las 10:30 horas para declarar en calidad de imputado, después de que ayer testificara ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la que confesó que sus decisiones no eran “unipersonales” sino “compartidas” con los consejeros.

Imputados están también el exdirector comercial de Vitalia Antonio Albarracín y el exconsultor de esta empresa Jesús Bordallo, consultoras que tramitaron los ERE y que llegaron a recibir comisiones del 25 por ciento por su trabajo.....
http://www.alertadigital.com/2012/01/27/%C2%BFpartido-socialista-o-partido-de-mangantes-el-director-general-de-trabajo-de-la-junta-de-andalucia-imputado-por-el-caso-ere/

La comunidad autónoma con más imputados por corrupción vinculados a la Administración pública, a pesar de los múltiples casos denunciados en toda España, sigue siendo Andalucía.

Sin embargo, muchos creen que sólo estamos ante la punta del iceberg, y que si el Partido Socialista andaluz pierde las próximas elecciones del 25 de marzo, como indican la mayoría de los sondeos, los nuevos inquilinos de la Junta se encontrarán con unos agujeros económicos sin justificar mucho mayores de lo que se temen en la actualidad los partidos de la oposición.

Sin olvidar que hay muchos casos que aún están siendo investigados, principalmente por la juez Mercedes Alaya, a pesar de las graves obstrucciones que ha puesto el Gobierno que preside José Antonio Griñán.

http://www.alertadigital.com/2012/02/19/andalucia-lider-en-corrupcion/

El ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero se quedaba con parte del dinero que destinaba a pagar los ERE para gastárselo en cocaína, copas y fiestas, según adelanta el diario ABC. Esa es la principal conclusión de la declaración que prestó ante la Policía su chófer el pasado 15 de diciembre dentro de la investigación judicial que se lleva a cabo por el fraude en las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía y que se destinaron a falsas prejubilaciones y ayudas a empresas de forma indiscriminada.

Esas pesquisas que dirige la juez Mercedes Alaya tienen al que fuera director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero Benítez, como principal imputado, ya que se trataba de la persona que desde el Ejecutivo andaluz era encargado de conceder esas subvenciones y ayudas sin control.

http://www.alertadigital.com/2012/01/09/el-ex-director-de-empleo-de-la-junta-se-quedaba-con-parte-del-dinero-de-los-ere-para-gastos-de-cocaina-copas-y-fiestas/

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha detallado que la “segunda fase” de la investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta comprende 30 personas afectadas como detenidos o imputados y una docena de registros en las provincias de Sevilla, Jaén, Cádiz, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha explicado este miércoles en rueda de prensa junto al alcalde de Sevilla y presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, tras la Junta Local de Seguridad, Crespo ha indicado que prevé que esta “segunda fase” de la investigación, centrada en las empresas ‘mediadoras’ de la trama, concluya “a lo largo de esta jornada” después de que la primera se saldase con un total de 116 imputados.

Consultores y banqueros
El Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido en la ciudad de Barcelona a nueve cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank dentro de la operación por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Según han informado este miércoles fuentes cercanas al caso, los detenidos son cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank, que pudieron haber actuado como mediadores que se encargaban de dar apariencia de legalidad a los expedientes.

Las detenciones en Barcelona se han producido en la capital, a primera hora de la mañana de este miércoles, en los domicilios particulares de los afectados, aunque no ha habido registros.

Según las citadas fuentes, los detenidos están presuntamente vinculados a sociedades mediadoras que daban apariencia de legalidad a los expedientes, cobraban comisiones y supuestamente se dedicaban al blanqueo del dinero obtenido.
De hecho, según fuentes conocedoras del caso, ésta y otras empresas como Uniter se sospecha que pudieron haber cobrado comisiones por un valor total de hasta 50 millones de euros.

Siete provincias
La operación, denominada ‘Heracles’, ha comenzado sobre las 8.00 horas de este miércoles y se desarrolla de forma simultánea en Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén, Las Palmas, Madrid y Barcelona, provincias en las que la Guardia Civil ha practicado una veintena de detenciones, entre ellos varios abogados, uno de ellos además “relacionado” con otro imputado en la causa.

Los agentes de la Guardia Civil están llevando a cabo actuaciones principalmente en Sevilla, y concretamente en lugares como el edificio Viapol.

Fuentes consultadas por Europa Press han indicado que, además de las detenciones, varias personas ya imputadas en la causa han sido citadas a declarar por la juez instructora, entre ellos el conseguidor de los ERE y exsindicalista Juan Lanzas y el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, que ya se encuentra en dependencias judiciales. Fuente

Alaya cree que participó en el procedimiento ilegal de subvenciones «a sabiendas de que se daban con absoluta discrecionalidad»

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de más de 29,5 millones de euros a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez como una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró mas de una década.
De este modo, la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, tendrá que pagar una fianza civil de 29.568.129 euros por su imputación en el caso de los ERE fraudulentos. La juez Mercedes Alaya ha decidido imponerle esa fianza cinco meses después de que la exconsejera compareciera en el juzgado como imputada.

En un auto firmado este mismo miércoles,la instructora impone también medidas de responsabilidad civil al que fuera viceconsejero José Salgueiro, de 22.166.096 euros y al secretario general técnico de la consejería, Antonio Estepa otra fianza de 8.870.438 euros.

«Devolución del dinero que ha salido ilícitamente»
Según el contundente auto, en el que se explica con todo detalles las imputaciones, la juez toma en consideración las ayudas abonadas hasta el 31 de diciembre de 2003 que cuantifica en más de 177 millones de euros. Por ello impone esta fianza por razón de sus competencias y responsabilidad en los hechos que están siendo investigados que le valieron a la exconsejera de Economia las imputaciones de dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La juez asegura que resulta evidente que las medidas cautelares impuestas tienen la finalidad de «la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta de Andalucía».

Alaya asegura que los inculpados, en virtud de sus cargos durante el tiempo que prestaron servicios en la Consejería de Economía y Hacienda serían promotores, en connivencia con otros, del procedimientoi legal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la administración autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el 2011. Dicho procedimento consistiría en dotar a la consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas transferencias de financiación legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones ya que su finalidad era «financiar operaciones genéricas de lso entes o empresas públicas».  Y para ello con la necesaria habilitación presupuestaria la Consejería de Empleo transfería al IFA los referidos fondos para realizar los pagos a terceros ordenados por la cita consejería.

«Vulneración flagrante del procedimiento legal»

La consecuencia era obvia, «no se tramitaban por esta expedientes de subvenciones sino expedientes de transferencias de financiación al IFA con vulneración flagrante del procedimiento legalmente establecido, eludiendo los férreos requisitos legales de tramitacióny fiscalización propios de las subvenciones públicas, mientras que para la tramitación del expediente de transferencia de financiación solo era necesario comprobar la existencia de crédito suficiente  y adecuado y emiir la orden de traspaso de pagos al IFA en virtud de un calendario de pagos autorizado por la Dirección General de la Tesorería, basándose en estos solos extremos la fiscalización del expediente».

La juez de los ERE considera que este procedimiento se adoptó con la autorización de los inculpados encargados de la elaboración del presupuesto anual en virtud del interés de la Junta de Andalucía de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales pretendiéndose como finalidad «eludir el control de la legalidad». Ademas Alaya insiste en que tanto Magdalena Alvarez como Salgueiro y Estepa participaron en ese uso ilegal de fondos púbicos «a sabiendas de que la concesión de subvenciones se concedería con absoluta discreconalidad y de forma totalmente opaca». Y tambien incumpliendo los mas elementales principios de actuacion de la adminstración consagrados en el Estatuto de Autonomía.

Además según la juez Mercedes Alaya, el resultado fueron unas leyes de presupuesto «frontalmente contrarias a gran parte del ordenamiento jurídico a la Constitucion española y al Estatuto de autonomìa, además de a varias leyes autonómicas». Link

El PP denuncia que el Consejo aprobó el abono de pólizas en 2011 desoyendo los reparos legales

El Consejo de Gobierno presidido por José Antonio Griñán adoptó dos acuerdos en 2011 para destinar 125,75 millones de euros al pago de prejubilaciones (más los intereses) de extrabajadores en la factoría de Delphi Automotive System España SL a sabiendas de que algunos de ellos eran intrusos, según denunció ayer el PP. El Ejecutivo andaluz dio luz verde a la Consejería de Empleo para desbloquear los pagos a dos pólizas de seguros colectivas, financiadas con el fondo de los ERE, a pesar de los reparos que la interventora general de la Junta, Rocío Marcos, puso inicialmente a la tramitación de uno de los expedientes por importe de 60,95 millones aprobado el 7 de diciembre de 2011.

La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, hizo ayer público un informe del órgano fiscalizador, fechado el 15 de noviembre de 2011, que detallaba un cúmulo de irregularidades que abarcan desde la «insuficiencia de crédito» o cobertura presupuestaria para realizar el desembolso, la indefinición del calendario de pagos y lagunas documentales importantes tales como que no se adjuntaban la relación de asegurados ni el montante que debía sufragar la Junta. Uno de los aspectos que hace saltar las alarmas de la interventora es la existencia en el expediente de al menos cinco trabajadores que no cumplían los requisitos y que fueron incluidos en la póliza financiada por la Junta de Andalucía en la multinacional de Puerto Real (Cádiz) que fabricaba componentes de automóvil. La Federación Estatal Minerometalúrgica de CC.OO. y la Federación Estatal del Metal, Construcciones y Afines de UGT figuran como tomadores de las pólizas.

Las reservas legales fueron desactivadas dos semanas después con un segundo informe de conformidad firmado por la misma interventora, remitido ayer a este periódico por la Consejería de Economía. El contrainforme dejó la vía expedita al Consejo de Gobierno. Había prisas por acallar las protestas de los prejubilados y los sindicatos por el impago de sus prestaciones. Acuerdos como el de Delphi le permitió reanudar los abonos que interrumpió en enero de 2011 al conocerse el fraude de los ERE. La interventora dio su brazo a torcer a la refinanciación encomendando a la agencia IDEA (que pagaba los ERE) la gestión de ambas pólizas a extrabajadores de Delphi: una por importe de 60,95 millones de euros y la otra de 64,8, después de poner por escrito una serie de condiciones a la Consejería de Empleo, bajo el mando del diputado andaluz Manuel Recio.

La Junta salvó la difícil papeleta con el compromiso de pedir la devolución del dinero cobrado indebidamente por algunos asegurados.
http://sevilla.abc.es/andalucia/20131108/sevi-intrusos-grinan-delphi-201311072216.html

El exdirectivo de Vitalia, Eduardo Pascual,ha acusado a la Junta de Andalucía de financiar al PSOE y al PSC.

El responsable de Vitalia canta ante Alaya:

El exdirectivo de Vitalia, Eduardo Pascual, imputado por la juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya y último de los encarcelados en salir en libertad, ha acusado este viernes a la Junta de Andalucía de financiar al PSOE nacional y al PSOE catalán. Según el acta de la declaración de Pascual "de la Junta de Andalucía salen cien millones de euros para Fortia y de Fortia salen 18 millones al bolsillo de las sociedades de empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional como el señor Cruz Apestegui, Jesús Barderas, Antonio Garrigo y Eduardo Bajet".

El Mundo amplía la información diciendo que además, Jesús Barderas, quien se ha declarado amigo fraternal de Felipe González, es el hombre que controla los negocios del PSOE en Latinoamérica.

Es más, según ABC, Pascual ha dicho a la salida que lo que ha salido en los ERE no es más que la punta del iceberg y ha afirmado ante Alaya que hay otras comunidades como Valencia en las que también se han realizado prejubilaciones.


Pascual ha prestado hoy por segunda vez declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. La primera tuvo lugar el 23 de marzo de 2013 y, a su término, la instructora decretó prisión comunicada sin fianza, medida cautelar que le levantó el pasado 18 de junio tras depositar una fianza de 6.000 euros. Los 18 millones de euros que salieron de Fortia se invirtieron en dos hoteles de la República Dominicana que están controlados por los empresarios anteriormente citados.

Según Pascual, los expedientes por los que la juez le ha preguntado fueron controlados por el PSOE de Cataluña y el PSOE andaluz. Y añadió de todo el dinero un quince por ciento tenía que invertirse en inversiones de interés para los empresarios vinculados con la cúpula del PSOE en Sudamérica.

Pascual también ha asegurado que la documentación referente a toda sus declaración estaba en un despacho pero que este despacho ha sido cerrado y la documentación ha desaparecido.

El magistrado que instruye el caso ERE en el Supremo ha pedido al tribunal que tramite el suplicatorio ante el Parlamento para inculpar al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, mientras que inculpa al también expresidente José Antonio Griñán.

El suplicatorio se pide para todos por prevaricación administrativa y, en el caso de Viera, además por malversación. El instructor inculpa también por prevaricación a Griñán, pero no pide el suplicatorio contra él porque, al no ser ya senador, ha perdido el aforamiento.

La senadora y exconsejera Mar Moreno es la única de los parlamentarios implicados que no ha sido inculpada por el juez, Alberto Jorge Barreiro.

El instructor pide los suplicatorios mediante una exposición motivada, que se dirige a la misma sala que abrió el caso, la cual, según han informado a Efe fuentes del Supremo, los tramitará automáticamente ante el Congreso sin que quepa recurso de las defensas contra esta decisión.

En el caso de Griñán, el juez utiliza una fórmula distinta: reúne en un auto los indicios recabados contra él por los que le imputa un delito de prevaricación, del que le considera coautor, y, aunque asume que ha perdido la condición de aforado al haber renunciado a su escaño como senador, le mantiene en el caso por conexidad con los hechos compartidos con los otros imputados.

Sí cabe recurso contra este auto por la defensa de Griñán, en el que concreta que debe ser juzgado conjuntamente con los otros incupados por hechos como el haber establecido, entre 2001 y 2010, un sistema legal de subvenciones modificado para que, mediante las transferencias de financiación, escapara al control legal.

"Esas modificaciones presupuestarias fueron arbitrarias", considera el juez, que añade que esa arbitrariedad contaminó también al ejercicio del poder que tenían atribuido los inculpados.

Barreiro estima "altamente probable" que el expresidente Chaves, a quien le correspondía fijar las directrices generales del Gobierno, junto al exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, tomaran la determinación de poner en marcha este sistema en connivencia con Viera.

Lo hicieron, continúa Barreiro, al margen del ordenamiento jurídico y estando implicadas las consejerías de Economía y Hacienda e Innovación y Desarrollo.

Con la exposición razonada y el auto relativo a Griñán el juez pone punto y aparte a más de siete meses de investigación, que comenzaron cuando la Sala de lo Penal de este tribunal abrió la causa ante la aparición de indicios contra los citados parlamentarios dentro del sumario original instruido en Sevilla por la juez Mercedes Alaya.