PSOE – PP: directos al abismo
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PSOE – PP: directos al abismo
E. Milá
Dos hechos que no tienen absolutamente nada que ver confirman que nos encontramos en puertas de un nuevo ciclo político. De un lado, el pobrísimo espectáculo de Pedro Sánchez en el debate presupuestario, teniendo como oponente al ministro Cristóbal Montoro y la redada que ha llevado a varios altos cargos del PP a la cárcel por un nuevo escándalo de corrupción, demuestran que ambos partidos van a tener muchas dificultades para conservar a buena parte de su electorado. Día a día, cada vez más, aparecen signos más claros de que nos aproximamos al inicio de un nuevo ciclo político. La época del “bipartidismo imperfecto” se está acabando ante nuestros ojos, a diferencia del período franquista en el que las posibilidades de renovación estaban condicionadas a la desaparición física del jefe del Estado, casi cuarenta años después, el inicio del nuevo ciclo está condicionado a la desintegración de las dos grandes fuerzas políticas de centro–derecha y de centro–izquierda que han venido protagonizando los repartos de poder.
Pedro Sánchez, de la “gran apuesta” al “gran fracaso”
En Cataluña el PSC quedará relegado en las próximas elecciones al quinto o sexto puesto, no le va a ir mucho mejor en el País Vasco y en Navarra, la desintegración del PSOE madrileño es algo cantado en este momento y nada podrá impedir que quede detrás –quizás muy por detrás– de Podemos y del PP. Tampoco en Valencia, la sigla PSPV se beneficiará de la caída electoral del PP que se avecina y todo el misterio es si quedará en tercera o cuarta posición, por detrás de Podemos, de Compromís y del PP.
Lo peor no son los malos resultados en estas autonomías, sino el hecho de que, matemáticamente, el PSOE solamente puede alcanzar mayoría absoluta en todo el Estado cuando tiene éxitos rotundos en Cataluña y Andalucía. Pues bien, el PSC es sin duda la “parte” del PSOE más desecha por décadas de errores encadenados. En cuanto a Andalucía, aunque el voto clientelar consiga minimizar la sangría, va a resultar muy difícil que Podemos no ocupe un cómodo espacio que terminará por tener un espacio propio incluso en esa autonomía. En cualquier caso, lo que parece claro es que el nombramiento de Pedro Sánchez como nuevo secretario general, lejos de haber contribuido a “re–posicionar” la sigla histórica del PSOE, ha acelerado su caída.
A pesar de que no es una encuesta particularmente fiable, la publicada el 6 de octubre por la Sexta, dando apenas cuatro puntos de ventaja al PSOE sobre Podemos (del 21 al 17%, respectivamente), todo induce a pensar que, por una vez, la encuesta responde a la realidad. Es evidente que el PP también va a perder comunidades autónomas, pero eso no es un consuelo para el socialismo español que ve como se aproxima el tiempo de un hundimiento sin precedentes.
Pedro Sánchez ocupa el cargo de secretario general apoyado especialmente por las firmas de los compromisarios andaluces. En otras palabras, está allí porque Susana Díaz no ha querido ocupar aquel asiento. Las razones son evidentes: el caso de los EREs se aproxima peligrosamente a la presidenta andaluza e incluso aunque los reiterados escándalos de corrupción no afecten excesivamente al PSOE andaluz, no es la mejor carta de presentación en el resto del Estado. Por otra parte, es evidente que en las próximas elecciones el PSOE estará demasiado débil para ofrecer una alternativa sólida al PP y sus “barones” firmarían por mantenerse como partido mayoritario en la oposición. Así pues, el candidato que represente a la sigla PSOE en las próximas elecciones generales, saldrá derrotado y difícilmente sobrevivirá. Será entonces cuando Susana Díaz, acudiría a tomar el relevo con más garantías de éxito para las elecciones siguientes… siempre y cuando no se produzca un derrumbe electoral con Pedro Sánchez. Y el problema es que eso es justamente lo que se avecina.
Está claro que si las próximas elecciones autonómicas y municipales de junio se saldan con un absoluto fracaso, incluso la candidatura de Pedro Sánchez a las generales del año siguiente, peligra. Una cosa es saber quién va a ser el candidato derrotado y otra muy distinta que esa derrota sea extrema. El PSOE solamente podría volver al poder –tal es lo que piensan sus dirigentes– si se produjera una “dulce derrota”. Susana Díaz empieza a pensar si no sería mejor que ella se presentara como candidata en las elecciones generales en la perspectiva de que esa “dulce derrota” le ayudara a situarse como futura vencedora en las elecciones del 2020…
De momento, lo que se percibe cada vez con más claridad es la falta de talla política, no solamente de Pedro Sánchez, sino del resto de su equipo (una vez más se ha cumplido el “principio de Peter” sobre los distintos niveles de incompetencia: un incompetente siempre elige a gente más incompetente para los puestos inferiores para evitar que le hagan sombra).
En el debate presupuestario Pedro Sánchez apenas pudo oponer nada más que tópicos e ideas muy generales al proyecto presentado por Montoro. Y eso que la economía es su especialidad. La victoria de Montoro, sino por KO, por puntos, fue clara e indiscutible. Además, esta derrota venía tras las ridículas declaraciones sobre los funerales de Estado para víctimas de la violencia doméstica y a la propuesta de disolución del Ministerio de Defensa que ni el mismísimo Zapatero hubiera hecho en sus excesos como “optimista antropológico”. Quedó claro, por lo demás, que el PSOE ya siente el aliento de Podemos detrás de la oreja y que todos los esfuerzos van dirigidos a mantener a su sigla como la hegemónica en la izquierda. Estos episodios restaron brillantez a la enérgica expulsión de los implicados en el escándalo de las tarjetas–black de Bankia.
Leónidas- Cybernauta-Gran-Master
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Enésimo escándalo de corrupción: Francisco Granados
En el mismo escándalo de las tarjetas–black, el PP actuó con mucha más timidez. El propio Rodrigo Rato facilitó su dimisión para evitar poner en un compromiso a un partido que ya le interesa muy poco. La sombra de Gürtel planea sobre el PP desde febrero de 2009, demasiado tiempo para que el sumario no se haya cerrado, juzgado y condenado a los participantes en la trama y cuando esta amenaza dista mucho de estar conjurada, ahora estalla otro escándalo que se lleva por delante al que fuera brazo derecho de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Lo peor que le podía pasar al PP y lo peor, en realidad, que le podía pasar a las maltrechas “fuerzas constitucionalistas”.
No se trata, como en el caso Gürtel de detenidos por temas de corrupción que se remontan a varios años atrás, sino por escándalos que se han dado en los últimos meses. De momento, no solamente Francisco Granados, sino el presidente de la Diputación de León y seis alcaldes madrileños (cuatro del PP, una del PSOE y otro de la Unión Demócrata Madrileña) han sido imputados por la Audiencia Nacional. Cuarenta y cinco personas más, casi todos ellos constructores y empresario están pasando a declarar a raíz de una denuncia procedente de Lausana.
No hay nada nuevo en esta operación salvo los nombres de los imputados. Por lo demás, estamos ante una trama de influencias políticas para conseguir irregularmente adjudicaciones de contratos y servicios públicos, seguido por otra trama de blanqueo del dinero obtenido ilegalmente. Todo ello generado dentro de autonomías de amplia tradición pepera: Madrid, Valencia, Murcia y León.
A estas alturas ya no es nada nuevo que un grupo de dirigentes políticos sea procesado por falsificación documental, delitos fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de dinero público, prevaricación, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, revelación de secretos, actos prohibidos a funcionarios y organización para delinquir… Si alguien creía que el Caso Pujol era una excepción en la España de Blancanieves creada por la constitución de 1978, se equivoca. Si alguien creía que otras autonomías no iban a aparecer en el ranking de los más corruptos y no rivalizarían con la Junta Andaluza y con la Generalitat de Catalunya, simplemente ignoraban que la corrupción es la característica más extendida del régimen nacido en 1978.
Que se trata de una operación de envergadura lo da el hecho de que además de los 50 detenidos, se han producido 259 registros, 400 mandamientos a entidades bancarias, 30 embargos preventivos y alguna que otra sospecha de fuga de información para alertar a los implicados de que estaban siendo investigados. Esto, por supuesto, no acabará aquí y la instrucción promete ser larga y suculenta. Quizás estemos ante otra trama de financiación ilegal del PP o quizás ante una simple trama para beneficio personal de unas cuantas docenas de espabilados… francamente, importa muy poco.
No se trata, como en el caso Gürtel de detenidos por temas de corrupción que se remontan a varios años atrás, sino por escándalos que se han dado en los últimos meses. De momento, no solamente Francisco Granados, sino el presidente de la Diputación de León y seis alcaldes madrileños (cuatro del PP, una del PSOE y otro de la Unión Demócrata Madrileña) han sido imputados por la Audiencia Nacional. Cuarenta y cinco personas más, casi todos ellos constructores y empresario están pasando a declarar a raíz de una denuncia procedente de Lausana.
No hay nada nuevo en esta operación salvo los nombres de los imputados. Por lo demás, estamos ante una trama de influencias políticas para conseguir irregularmente adjudicaciones de contratos y servicios públicos, seguido por otra trama de blanqueo del dinero obtenido ilegalmente. Todo ello generado dentro de autonomías de amplia tradición pepera: Madrid, Valencia, Murcia y León.
A estas alturas ya no es nada nuevo que un grupo de dirigentes políticos sea procesado por falsificación documental, delitos fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de dinero público, prevaricación, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, revelación de secretos, actos prohibidos a funcionarios y organización para delinquir… Si alguien creía que el Caso Pujol era una excepción en la España de Blancanieves creada por la constitución de 1978, se equivoca. Si alguien creía que otras autonomías no iban a aparecer en el ranking de los más corruptos y no rivalizarían con la Junta Andaluza y con la Generalitat de Catalunya, simplemente ignoraban que la corrupción es la característica más extendida del régimen nacido en 1978.
Que se trata de una operación de envergadura lo da el hecho de que además de los 50 detenidos, se han producido 259 registros, 400 mandamientos a entidades bancarias, 30 embargos preventivos y alguna que otra sospecha de fuga de información para alertar a los implicados de que estaban siendo investigados. Esto, por supuesto, no acabará aquí y la instrucción promete ser larga y suculenta. Quizás estemos ante otra trama de financiación ilegal del PP o quizás ante una simple trama para beneficio personal de unas cuantas docenas de espabilados… francamente, importa muy poco.
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Cinco conclusiones para un sainete
Nos equivocaríamos si creyéramos que estos son episodios puntuales y sin ninguna ligazón. Ambos casos –el fracaso de Pedro Sánchez y el hundimiento electoral del PSOE y el nuevo escándalo de corrupción– no son más que dos nuevos episodios de la crisis generalizada del régimen nacido en 1978. PP y PSOE son consciente de que su destino es solidario: si desaparece uno, el otro seguirá antes o después el mismo camino (y cuando nos referimos a “desaparición” queremos decir desplazamiento de un papel axial en la política española a un lugar marginal).
La primera conclusión nos parece difícilmente rebatible: PP y PSOE (o como algunos prefieren llamarlos PPSOE) han iniciado su inevitable declive electoral.
Segunda conclusión: el declive del PPSOE es, al mismo tiempo, el declive del sistema político nacido en 1978 y de sus equilibrios de fuerzas.
Tercera conclusión: no hay que descartar antes de las próximas elecciones una aproximación entre ambos partidos (especialmente si la economía se tuerce sin posibilidades de alegar “brotes verdes” de ningún tipo). No hay que olvidar el hecho capital: hoy disponen de 2/3 de los votos para modificar la constitución en beneficio propio. Después de las próximas elecciones generales, con toda seguridad, la suma de diputados del PP y del PSOE difícilmente llegará a esa cifra. Parece difícil que se pongan de acuerdo en tan poco tiempo. Como muchos animales en cautividad, tanto PP como PSOE han perdido el instinto de supervivencia y conservación.
Cuarta conclusión: el próximo parlamento estará mucho más fragmentado que éste. Iremos a una situación parecida a la italiana completamente incompatible con un sistema de bipartidismo imperfecto.
Quinta conclusión: lo que tenemos ante la vista es un largo período de inestabilidad política.
Los estrategas del PP y del PSOE saben perfectamente que este esquema es el único posible pero se aferran a esperanzas, minimizando el alcanza de su propio hundimiento. En el PP, Pedro Arriola está convencido de que si bien el PP perderá la mayoría absoluta, podrá mantenerse durante dos legislaturas gobernando en minoría, apoyados circunstancialmente por unos u otros grupos recién entrados en el congreso de los diputados. A fin de cuentas, UCD consiguió algo parecido en sus dos legislaturas.
El problema de Arriola es que piensa en términos de “antiguo régimen”, es decir, de “régimen constitucional” en el que el enemigo principal del PP era el PSOE y viceversa. Hoy, ese régimen está muriendo ante nuestros ojos, a sobresaltos como estos dos comentamos hoy. Arriola tiene razón es que el que más sufrirá con la aplicación de la Ley d’Hont en el nuevo ciclo que se abrirá con las próximas elecciones generales, será el PSOE: el partido socialdemócrata será, así, víctima del sistema electoral que contribuyó a crear en 1978 y que beneficia a las dos fuerzas mayoritarias. En aquellas circunscripciones en las que el PSOE no quede ni en primer ni en segundo lugar… corre el riesgo de convertirse en fuerza extraparlamentaria. Y si esta posibilidad ensombrece hasta el ocaso el futuro del PSOE, a medio plazo afecta también al PP. De ahí la necesidad para ambos partidos de modificar la ley electoral… como siempre, en beneficio propio. Pero también aquí existe el riesgo de que esta modificación altere completamente la relación con los nacionalistas y que, incluso, sea considerada como un fraude para el electorado y para la democracia.
Recuerdo a Thomas Molnar y a su gran obra La Contrarrevolución: hay un momento en el que un régimen político precisa reformas, pero el régimen y sus componentes se sienten fuertes y no juzgan necesario realizar corrección alguna. Es el tiempo de la “reforma necesaria” que nunca se aborda. Pero luego viene un tiempo en el que esa “reforma” se muestra cada vez más necesaria, pero quienes debían de realizarla, están debilitados y no pueden aplicar ninguna modificación legislativa sin el riesgo de que todo se hunda sobre ellos. En el período de Luis XIV (el que analiza Molnar), la “reforma necesaria” podía haberse aplicado. Parecía increíble que aquella Francia pudiera algún día caer. Pero en la Francia de María Antonieta y de Luis XVI, la reforma era inaplazable, pero abordarla suponía el fin del régimen y el chasquido de la guillotina. Así fue.
Razón tenía Marx cuando decía que la historia, cuando se repite, pasa de ser drama a farsa. Y en esta desgraciada España, pasa de ser farsa a sainete.
La primera conclusión nos parece difícilmente rebatible: PP y PSOE (o como algunos prefieren llamarlos PPSOE) han iniciado su inevitable declive electoral.
Segunda conclusión: el declive del PPSOE es, al mismo tiempo, el declive del sistema político nacido en 1978 y de sus equilibrios de fuerzas.
Tercera conclusión: no hay que descartar antes de las próximas elecciones una aproximación entre ambos partidos (especialmente si la economía se tuerce sin posibilidades de alegar “brotes verdes” de ningún tipo). No hay que olvidar el hecho capital: hoy disponen de 2/3 de los votos para modificar la constitución en beneficio propio. Después de las próximas elecciones generales, con toda seguridad, la suma de diputados del PP y del PSOE difícilmente llegará a esa cifra. Parece difícil que se pongan de acuerdo en tan poco tiempo. Como muchos animales en cautividad, tanto PP como PSOE han perdido el instinto de supervivencia y conservación.
Cuarta conclusión: el próximo parlamento estará mucho más fragmentado que éste. Iremos a una situación parecida a la italiana completamente incompatible con un sistema de bipartidismo imperfecto.
Quinta conclusión: lo que tenemos ante la vista es un largo período de inestabilidad política.
Los estrategas del PP y del PSOE saben perfectamente que este esquema es el único posible pero se aferran a esperanzas, minimizando el alcanza de su propio hundimiento. En el PP, Pedro Arriola está convencido de que si bien el PP perderá la mayoría absoluta, podrá mantenerse durante dos legislaturas gobernando en minoría, apoyados circunstancialmente por unos u otros grupos recién entrados en el congreso de los diputados. A fin de cuentas, UCD consiguió algo parecido en sus dos legislaturas.
El problema de Arriola es que piensa en términos de “antiguo régimen”, es decir, de “régimen constitucional” en el que el enemigo principal del PP era el PSOE y viceversa. Hoy, ese régimen está muriendo ante nuestros ojos, a sobresaltos como estos dos comentamos hoy. Arriola tiene razón es que el que más sufrirá con la aplicación de la Ley d’Hont en el nuevo ciclo que se abrirá con las próximas elecciones generales, será el PSOE: el partido socialdemócrata será, así, víctima del sistema electoral que contribuyó a crear en 1978 y que beneficia a las dos fuerzas mayoritarias. En aquellas circunscripciones en las que el PSOE no quede ni en primer ni en segundo lugar… corre el riesgo de convertirse en fuerza extraparlamentaria. Y si esta posibilidad ensombrece hasta el ocaso el futuro del PSOE, a medio plazo afecta también al PP. De ahí la necesidad para ambos partidos de modificar la ley electoral… como siempre, en beneficio propio. Pero también aquí existe el riesgo de que esta modificación altere completamente la relación con los nacionalistas y que, incluso, sea considerada como un fraude para el electorado y para la democracia.
Recuerdo a Thomas Molnar y a su gran obra La Contrarrevolución: hay un momento en el que un régimen político precisa reformas, pero el régimen y sus componentes se sienten fuertes y no juzgan necesario realizar corrección alguna. Es el tiempo de la “reforma necesaria” que nunca se aborda. Pero luego viene un tiempo en el que esa “reforma” se muestra cada vez más necesaria, pero quienes debían de realizarla, están debilitados y no pueden aplicar ninguna modificación legislativa sin el riesgo de que todo se hunda sobre ellos. En el período de Luis XIV (el que analiza Molnar), la “reforma necesaria” podía haberse aplicado. Parecía increíble que aquella Francia pudiera algún día caer. Pero en la Francia de María Antonieta y de Luis XVI, la reforma era inaplazable, pero abordarla suponía el fin del régimen y el chasquido de la guillotina. Así fue.
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