Escándalo de los ERE en Andalucía

La petición de cárcel a Griñán rompe el discurso anticorrupción del PSOE. En total, son 26 ex altos cargos de la Junta los que se enfrentan a penas de prisión de hasta ocho años

La veleta de la corrupción viró ayer bruscamente. Justo cuando los cañones de los dirigentes socialistas apuntaban hacia Génova tras la decisión del Supremo de investigar a Rita Barberá por supuesto blanqueo, la Fiscalía Anticorrupción hizo detonar una «bomba» adosada a los bajos del Gobierno andaluz. Justo el día que expiraba el plazo inicialmente acordado —que ha sido prorrogado un mes más por problemas en la notificación de la providencia—, el Ministerio Público presentó ayer su escrito de acusación al juez instructor de la rama política del caso ERE, Álvaro Martín. Para José Antonio Griñán, consejero de Hacienda entre 2004 y 2009 y presidente de la Junta de Andalucía hasta 2013 —su dimisión por el caso ERE abrió las puertas de la Presidencia a Susana Díaz—, solicita seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que para el expresidente de la Junta (1990/2009) Manuel Chaves, procesado por una supuesta prevaricación continuada, pide diez años de inhabilitación especial. En total, son 26 ex altos cargos de la Junta los que se enfrentan a penas de prisión de hasta ocho años. Hay seis exconsejeros de sus respectivos gobiernos procesados.

Chaves y Griñán, «como integrantes del Consejo de Gobierno, no tomaron decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento seguido por la Consejería de Empleo para la gestión de las ayudas sociolaborables y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de transferencias de financiación» para agilizar el pago de las ayudas burlando los controles de la Intervención de la Junta de Andalucía. Es solo una de las acusaciones que la Fiscalía vierte en el escrito dado a conocer ayer.

Con el procesamiento de los expresidentes federales del PSOE por el caso que acabó con sus carreras políticas, se va a sentar en el banquillo la cúpula del Gobierno andaluz por haber creado y mantenido durante más de una década (2000/2011) un sistema «ilícito» de ayudas para empresas y prejubilados, dotado de 855 millones de euros, para «mantener la paz social» y cumplir así su principal objetivo político: perpetuarse en el poder.

Destinatario de los informes

El horizonte penal de Griñán pinta más oscuro porque como consejero de Hacienda fue el destinatario directo de los «sucesivos informes» del interventor que alertaban de forma insistente desde 2005 de la irregularidad del sistema utilizado por la Consejería de Empleo para abonar las ayudas, canalizándolas a través de una agencia pública (IFA/IDEA), lo que permitía escapar a los rigurosos controles de la Intervención. Ya en 2009, Griñán como presidente de la Junta; Martínez Aguayo, como consejera de Economía y Hacienda; Antonio Fernández, como consejero de Empleo, y Francisco Vallejo como consejero de Innovación, «pese a tener conocimiento de la improcedencia de la concesión de fondos públicos descrita», «no iniciaron procedimiento alguno que permitiese el retorno debido de los mismos a la Junta».

En su contundente escrito de 40 páginas, los fiscales de Anticorrupción, Manuel Fernández Guerra y Juan Enrique Egocheaga, cifran la responsabilidad civil de 18 procesados por malversación de fondos públicos en 741,6 millones de euros y solicitan que sea devuelta a la Hacienda Pública de forma solidaria. Griñán, en concreto, tendría que restituir a las arcas públicas un total de 42,15 millones de euros.

Aunque el PSOE y, especialmente la todopoderosa federación andaluza que dirige Susana Díaz, ha cargado las tintas sobre la inoportunidad del escrito –un día después del caso Barberá–, la Fiscalía ha elevado al juzgado sus peticiones de pena justo el día que vencía el plazo acordado por el juez (45 días naturales) para formular las acusaciones en esta pieza. Se trata de una de las 17 diligencias que la juez María Núñez Bolaños ha desgajado de la macrocausa que abrió Mercedes Alaya en enero de 2011. Esta misma semana el juez decidió ampliar el plazo hasta el 15 de octubre porque otras acusaciones, como la que ejerce el PP, no habían recibido hasta agosto la notificación a través del sistema Lexnet. La Fiscalía, sin embargo, sí había sido notificada y tenía preparado su escrito para la fecha inicialmente prevista.

«Libre árbitrio»

Los fiscales parten de que la finalidad de las ayudas era dar respuesta a la crisis económica de empresas con sede en Andalucía y que la labor de fiscalización de la Intervención de la Junta ya puso de manifiesto desde el año 2000 una serie de irregularidades en la gestión de las ayudas que concedía la Consejería de Empleo. Conscientes de que esta labor de fiscalización «entorpecía y casi impedía» este sistema de ayudas, los procesados modificaron los presupuestos de la Junta introduciendo como mecanismo las «transferencias de financiación» al Instituto de Fomento de Andalucía (entre público adscrito a la Consejería de Empleo hasta mayo de 2004; luego se llamaría Agencia IDEA). Fue así como «se pusieron en manos de la Consejería de Empleo unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno». Ni Chaves ni Griñán frenaron las irregularidades. ABC

A los andaluces les sonará la frase, un latiguillo que acompañaba casi cada comparecencia de los responsables de la Junta de Andalucía cuando el escándalo de los ERE asaltaba los titulares de los periódicos. «Voy a perseguir hasta el último céntimo que haya podido ser utilizado mal porque el dinero público tiene que ser utilizado para el interés general».

Las palabras son de Manuel Recio, por entonces consejero andaluz de Empleo, y fueron pronunciadas mes y medio después de que la juez Mercedes Alaya decidiera abrir una investigación que aún no ha terminado.Cuando salió a la luz el fraude de los cursos de formación en la Semana Santa de 2014, volvió a escucharse este mantra en el Ejecutivo andaluz para acallar las críticas de la oposición.

Desde entonces hasta ahora, la labor «persecutoria» que inició Manuel Recio y continuaron otros tres consejeros que lo sucedieron en el cargo ha dado menos frutos de los esperados. A sólo 20 días de que comience el primer juicio de los ERE en la Audiencia de Sevilla, de los 135,3 millones de euros reclamados por la Administración autonómica a través de un procedimiento de revisión de oficio de subvenciones irregulares de los ERE, sólo se han recuperado 4,6 millones de euros.

El Gobierno prometió recuperar hasta el último céntimo del dinero defraudado

Esta cantidad tan sólo representa el 3,4% del dinero solicitado. Si se tiene en cuenta que la Fiscalía Anticorrupción cifró el fraude en 741 millones de euros, el dinero recuperado no llega ni al 0,7 por ciento, a las puertas.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, detalló este jueves que se han recuperado 11,9 millones de euros correspondientes a expedientes de reintegro de ayudas indebidamente justificadas por entidades subvencionadas para formar a trabajadores y parados. En lo que respecta al caso ERE, el saldo es de 4,6 millones de euros recuperados, según especificó Montero en su comparecencia en el Parlamento andaluz para informar al respecto ante una pregunta formulada por la diputada del PP-A, Teresa Ruiz Sillero.

La revisión de oficio de las ayudas en el caso de la partida ilegal 31-L se inició en febrero de 2011. Fue entonces cuando el Ejecutivo de José Antonio Griñán declaró nulas todas las ayudas directas a empresas concedidas entre 2000 y 2010 con el fondo para empresas en crisis. Están a punto de cumplirse siete años desde que activó el mecanismo para que los millones de euros dilapidados año tras año con un sistema supuestamente corrupto retornaran a las arcas. Por mantener este procedimiento irregular van ser juzgados 22 ex altos cargos autonómicos, incluidos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La revisión de oficio de otors 8.505 expedientes de subvenciones a entidades para cursos de formación repartidas desde 2007 comenzó en septiembre de 2013. Más de cuatro años después, sólo ha sido devuelto el 8 por ciento de los 149 millones de euros reclamados.

Proceso complejo

La consejera de Hacienda justificó esta dificultad para recuperar los fondos por las resoluciones judiciales y la gestión que realiza la Administración central a través de su Agencia Tributaria, que «tiene la capacidad ejecutoria» para reclamar los fondos dados a terceros, explicó.

La Junta está tramitando mediante 1.750 expedientes de reintegro la devolución de 149 millones de euros que fueron a parar a entidades públicas y a empresas que no justificaron los fondos, algunas de las cuales ya han desaparecido. El 60% de los expedientes están paralizados judicialmente y el resto se encuentra en vía recaudatoria en la Agencia Tributaria estatal (AEAT) con diferentes situaciones, como embargos o identificación de terceros responsables. En lo que respecta a los ayuntamientos afectados, la Junta realiza una «compensación de deuda».

En el caso de los expedientes de reintegro de los ERE, de los 135,3 millones solicitados, «un cuarto de los expedientes están judicializados y el resto en vía recaudatoria», indicó.

La consejera y la diputada del PP andaluz protagonizaron un bronco debate. Teresa Ruiz Sillero acusó al Gobierno andaluz de «no hacer nada para recuperar el dinero» y recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a UGT en uno de los más de veinte pleitos que mantiene con la Junta asegurando que ésta está utilizando una vía errónea para recuperar el dinero. El objetivo del Ejecutivo, dijo, es «poner en vía muerta y darle el cajonazo a este tema para intentar borrar de la memoria de los andaluces el mayor fraude de la historia de España».

Montero, por su parte, lamentó la estrategia del PP de sacar «permanentemente» este asunto para dar «una apariencia falsa de que se ha producido un gran fraude o un enorme desfalco». La Junta no tiene competencia en la vía ejecutiva, sino que colabora con la AEAT, que «pone todos los medios a su alcance para recuperar el dinero», concluyó.

Los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz, volverán este lunes al banquillo de los acusados en la recta final del juicio del caso ERE, en el que se enfrentan a hasta ocho años de cárcel por prevaricación y malversación.

Tras diez meses de juicio llega el momento clave, en el que las partes expondrán sus conclusiones en informes finales sobre la responsabilidad de los 22 acusados en la creación y mantenimiento del "procedimiento específico" con el que del 2001 al 2010 el Gobierno andaluz dio 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis y si sirvió para eludir la fiscalización y dar las subvenciones de manera arbitraria.

Será entonces cuando la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares de PP-A y Manos Limpias expongan si mantienen su acusación contra los 22 procesados, por los mismos delitos y con la misma petición de penas, o si a tenor de lo declarado por los propios acusados, más de 120 testigos y 9 peritos, introducen cambios.

En sus escritos provisionales, el Ministerio Público y las acusaciones populares solicitaron 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro, el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

Para Griñán, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exinterventor general Manuel Gómez, reclamaron seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. MD.