En los Presupuestos para 2014 sube un 27,9% en dinero para partidos políticos

Con todo, la partida es considerablemente inferior a la de 2012, cuando se destinaron a los partidos políticos 113,7 millones de euros

Se pasa de los 66,2 millones de 2013 a los 84,7 del próximo ejercicio

Otra cosa, pero preocuparse por ellos y por sus parientes, es algo que va en el código genético de los políticos españoles.

Y una prueba más que evidente son los Presupuestos General del Estado, que el ministro Cristobal Montoro ha presentado en el Congreso este 30 de septiembre de 2013.

Los llamados "presupuestos de la recuperación" son también los del incremento de la asignación para los partidos políticos.

La dotación de los Presupuestos Generales del Estados de 2014 para la financiación de las formaciones, correspondiente al Ministerio del Interior, se incrementará un 27,9% con respecto a este año, al pasar de los 66,2 millones de 2013 a los 84,7 del próximo ejercicio.

Con todo, la partida es considerablemente inferior a la de 2012, cuando se destinaron a los partidos políticos 113,7 millones de euros.

Las cuentas públicas de 2014 incluyen una partida de 2,7 millones de euros para sufragar gastos de seguridad de los partidos políticos, exactamente la misma que este año y 600.000 euros menos que en 2012, cuando se consignaron 3,3 millones en esta partida.

También aumenta considerablemente la asignación para procesos electorales y consultas populares, que pasa de los 3.000 euros de este año a los 75,1 millones del próximo.

Se debe a que el próximo año se celebrarán las elecciones europeas, mientras que este año no ha habido ninguna cita electoral en las urnas a nivel nacional. Fuente

El pago de intereses se sigue comiendo más de 36.000 millones. El gasto disponible de los ministerios supone apenas el 8% del total.

Los 423.227 millones de euros de las cuentas públicas para 2014 pueden desglosarse de muy diferentes formas: por partidas de gasto, por departamento, capítulos, etc... Es lógico que exista un cierto grado de confusión en la opinión pública. El Libro Amarillo que publica el Ministerio de Hacienda puede ser un buen punto de partida, aunque es un volumen de más de 300 páginas, llenas de datos, cifras y gráficas. También es interesante el Informe Económico y Financiero, que puede consultarse en la web del Congreso.

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Quizás lo más sencillo sea comenzar con el cuadro de gastos consolidados (página 488 del Informe).

 De los 423.000 millones, 68.605 corresponden a los pasivos financieros (deuda que vence en 2014 y hay que pagar).

 Luego, tenemos 40.535 millones más de activos financieros, de los que 38.135 corresponden al Estado y 2.384 millones a la Seguridad Social (con algunos restos para organismos autónomos). Básicamente, hablamos del crédito que el Estado asume y entrega a diferentes fondos (el FLA, pago a proveedores, MEDE,...). Se supone que no es gasto en sentido estricto, sino préstamos que se recuperarán. Por eso, no va a déficit, aunque sí se acumula como deuda.

Tras quitar estos dos conceptos, lo que quedan son los 314.087 millones de gasto puro. Este dinero se divide en cinco grandes líneas:

 164.849 millones: gasto disponible no financiero del Estado

 129.447 millones de la Seguridad Social (son 131.831 millones contando activos y pasivos financieros)

 49.423 millones: organismos autónomos que van desde el Servicio Público de Empleo Estatal hasta el Instituto Nacional de Estadística

 2.558 millones: agencias y otros organismos públicos como el Instituto Cervantes, el Centro Superior de Investigaciones Científicas o la Agencia Nacional de Meteorología
32.189 millones: son transferencias internas

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Al final, de lo que se habla fundamentalmente a lo largo de las semanas que siguen a la presentación de los PGE es de esos 164.848 millones de gasto del Estado. Apenas representa el 38,7% del total, pero incluye los gastos por ministerios, las transferencias a las Comunidades autónomas o el pago de la deuda. Este dinero se distribuye de la siguiente manera:

 36.590 millones de euros van destinados al pago de intereses de la deuda. A pesar de que el montante total de ésta sigue subiendo, esta partida cae respecto a 2013, por el descenso de los tipos observado en los últimos meses.

 12.643 millones para clases pasivas (pensiones y ayudas que paga el Estado a determinados colectivos)

 Aunque son muy llamativos desde el punto de vista de los medios de comunicación, los presupuestos de los órganos constitucionales apenas se llevan unos pocos cientos millones de euros: Casa del Rey 7,78 millones, Cortes Generales 201 millones, Tribunal de Cuentas 61,28 millones, Tribunal Constitucional 23,57 millones, Consejo de Estado 9,85 millones y Consejo General del Poder Judicial 57,87 millones.

 Financiación territorial: hablamos del dinero que el Estado directamente transfiere a las CCAA y ayuntamientos (que tienen otras vías de financiación dentro del mismo PGE). Son 35.314 millones por el sistema de financiación general, 686 en otras relaciones financieras, 671 en el fondo de compensación y 2.595 por el fondo de contingencia.

 UE: la aportación a la caja común europea alcanzará los 13.083 millones en 2014.

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Quitando todos estos conceptos, quedan los 66.335 millones que son gasto de los ministerios en sentido estricto. Sin embargo, incluso dentro de esta partida el Gobierno desglosa entre lo que es "gasto disponible" y lo que son "aportaciones a otros organismos":

 Aportación al Servicio Público de Empleo Estatal: 14.597 millones (no es la única fuente de ingresos de este organismo, que también recibe fondos por cotizaciones)

 Aportación a la Seguridad Social: 13.000 millones (para el pago de prestaciones no contributivas, que el Gobierno sacó del sistema general para garantizar su supervivencia)

 Financiación costes del sistema eléctrico: 4.153 millones (tampoco es la única forma en la que se paga por este concepto; esta partida hace referencia a la aportación presupuestaria directa).

 Gasto disponible: 34.584 millones. Ésta es la cifra que el Gobierno más destaca en todos sus análisis. Supone apenas el 8% del gasto total y menos del 25% del gasto del Estado. Montoro asegura que el descenso del 4,7% respecto a los 36.302 millones de 2013 es la mejor prueba de la austeridad del Ejecutivo, aunque en realidad lo que se presentó en el proyecto de ese año era un gasto en esta partida de poco más de 32.000 millones. Es decir, se ha incumplido en casi 4.000 millones con lo anunciado en aquel momento.

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Por ministerios, los 66.335 millones se dividen como sigue:


 Empleo y Seguridad Social: 26.544,24 millones de euros, un 11,5% más (incluye transferencias a Seguridad Social y SPEE).

 Industria, Energía y Turismo: 5.158 millones, un 31,6% más (esta cifra incluye la financiación de costes del sistema eléctrico).

 Interior: crece un 1,2%, hasta 7.298,26 millones de euros.

 Educación, Cultura y Deporte: 2.662,97 millones (un 6,6% más).

 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: aumenta un 3% hasta 1.620,76 millones.

 Economía y Competitividad: 2.346,01 millones, un 19,5% más.

 Fomento: la partida asignada crece un 0,2%, con 5.805,07 millones.

 Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 1.907,6 millones, cae un 35,6% porque en ejercicios anteriores hubo que cumplir con obligaciones de pago extraordinarias (hay que tener en cuenta que el Gobierno no tiene competencias en estas materias; el gasto en Sanidad está en manos de las CCAA).

 Asuntos Exteriores y Cooperación: 996,49 millones (-8,8%).

 Justicia: cae un 2,3%, hasta los 1.472,29 millones de euros.

 Defensa: 5.742,94 millones, un 3,2% menos.

 Presidencia: 423,15 millones, un 2,6% menos.

Fuente

En España no hay dinero para nadie... excepto para los políticos. Según los Presupuestos, las formaciones recibirán un 28% más de dinero que el año anterior. Un dinero que sale del bolsillo del contribuyente, machacado a impuestos y sin resuello económico. ¿Es justo?

SAQUEO AL BOLSILLO DEL CIUDADANO

En los últimos Presupuestos Generales del Estado, presentados esta semana por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, toda la atención se la han llevado las partidas destinadas a cubrir el gasto de las pensiones, el desempleo y el pago de los intereses de la deuda pública. Y no es de extrañar, ya que la suma total asciende a 193.801 millones de euros, un 54,6% del gasto contemplado para el año que viene.

Sin embargo, y de forma menos significativa en número pero igualmente llamativa, destaca la dotación que recibirán los partidos políticos en 2014. La financiación que percibirán para sufragar sus gastos (que no se ve afectada en esta ocasión por los recortes como en los últimos tres años) aumentaría en un 28% a causa de los comicios europeos previstos para mayo.

Por tanto, para el próximo año, las formaciones recibirán 84,75 millones de euros de los fondos públicos, de los cuales, 29,3 millones corresponderían a subvenciones electorales y 2,7 millones (la misma asignación que en 2013) irían destinados a costear gastos de seguridad.
Dinero que se repartirá en función de los resultados que obtengan las formaciones políticas en las urnas. Además, el Ministerio del Interior ha designado otros 75,02 millones de euros bajo el epígrafe “procesos electorales y consultas populares” dirigidos a las elecciones al Parlamento Europeo.

Saqueo al bolsillo del ciudadano

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En los presupuestos del año anterior, las subvenciones a los partidos sufrieron un importante recorte de casi el 50%, al pasar de los 113,7 millones de euros en 2012 a los 66,2 millones de este, el mayor tijeretazo de todo el periodo democrático.

Una cantidad que muchos siguen viendo demasiado elevada, sobre todo, después del enorme descontento que suscitan los políticos y la escasa valoración que tienen en la actualidad en las encuestas populares. Este sector más crítico abogaría por sacarlos de los Presupuestos Generales y que pasaran a financiarse única y exclusivamente por sus propios medios.

Y es que las formaciones con representación parlamentaria reciben múltiples ayudas del Estado, o lo que es lo mismo, dinero directamente del bolsillo de los ciudadanos. A nivel nacional, se subvenciona para el correcto funcionamiento de sus estructuras, pero también a los grupos regionales de cada partido, que perciben la cuantía a nivel autonómico.

Además, sufragamos los gastos electorales que se derivan de los comicios en cualquier ámbito territorial y las campañas que realizan cuando se convoca un referéndum. En definitiva, un expolio incalificable en momentos de crisis que los contribuyentes deben de asumir de forma obligatoria y sin rechistar.

Es cierto que estas formaciones son necesarias para el correcto funcionamiento del juego político (como reza la Constitución Española en su artículo 6), pero lo que no dice la Carta Magna es que los partidos deban financiarse a costa de los ciudadanos.

La única vía legal que regula esta financiación es la posterior Ley Orgánica 8/2007, una norma que ni siquiera supone una reforma constitucional, sino tan solo una modificación de una ley anterior a través de mayoría cualificada.

Lo contrario que ocurre en otros países de la Unión Europea, como Gran Bretaña y fuera del continente, como Estados Unidos, donde no cabe la financiación pública de los partidos y cuyas bases las sustentan los propios socios, a través de un sistema de donaciones transparente y público.

Los últimos Presupuestos Generales son, si cabe, más llamativos al saber que la abstención es la opción favorita entre los votantes españoles. Como refleja el barómetro del CIS del mes de julio, la abstención creció varias décimas, pasando del 22,17% en abril al 24% en esta última encuesta. Una alternativa que se va abriendo hueco en un ambiente en el que los dos principales partidos, PP y PSOE, van perdiendo fuerza en favor de otros minoritarios que continúan muy lejos de constituirse como alternativa factible.

Fuera de los presupuestos

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También los sindicatos y la patronal deben tener un papel destacado en el juego democrático, económico y social del país, pero la Constitución no dice en ningún momento que deban ser sostenidos por el contribuyente. Sin embargo, UGT y CC OO viven de las subvenciones públicas, lo que deja en entredicho su libertad para, por ejemplo, poder criticar al Gobierno de turno y defender los intereses de los trabajadores.

Además, la opacidad de sus cuentas, un obstáculo para conocer al detalle a cuánto asciende la cantidad de dinero subvencionado, unido a las múltiples críticas que reciben sus liberados sindicales y la función que éstos desempeñan, solo serían algunos de los argumentos que se esgrimirían para pedir que no se siguiesen financiando con dinero público.

En un periodo de crisis como el que vive España en la actualidad, donde se están privatizando los servicios básicos, instalando el copago farmacéutico y recortando en becas y ayudas al estudio, entre otras muchas medidas, no hay razón aparente para permitir que los partidos políticos y sindicatos sigan viviendo a costa de todos los españoles.

Como cualquier otra asociación privada y siguiendo el modelo que ya han instaurado otros países, éstos deberían financiarse con las cuotas de sus socios y las donaciones voluntarias de aquellos que así lo deseen. Alejarlos de los Presupuestos Generales es la mejor forma para evitar el saqueo a los bolsillos de los ciudadanos.

l informe revela que en esos tres años los partidos siguieron incumpliendo algunos de los requisitos establecidos por la ley respecto a las donaciones.

La financiación pública que recibieron los partidos políticos fue de un total de 287,1 millones de euros en 2009, 247 millones en 2010 y 316 millones en 2011, según el informe de fiscalización de los estados contables de las formaciones políticas aprobado ayer por el Tribunal de Cuentas. Sigue

 Entre ellos, CiU, UPyD, IU, Amaiur, ICV o Coalición Canaria; según la fiscalización realizada por el Tribunal, tenían patrimonio neto negativo.

  En total, los partidos políticos analizados recibieron 287,1 millones de euros de financiación pública en 2009; 247 en 2010; y 316 en 2011.

 Casi la mitad de los partidos estaban "en quiebra técnica" al inicio de la crisis.

Un total de 17 partidos políticos con financiación pública, de 29, se encontraban en 2011 en situación de quiebra técnica, según el informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas relativo a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, al que ha tenido acceso 20minutos.

En 2009 eran diez; en 2011, 17; y, según el informe correspondiente a 2008, que se conoció hace unos meses, 15 formaciones las que tenían patrimonio neto negativo. Estaba previsto que el Tribunal presentara este año este informe conjunto de los tres ejercicios y también el de 2012, que aún no ha visto la luz.

Estos 17 partidos son Convergencia i Unió, Izquierda Unida, UPyD, Amaiur, Unió Democrática de Catalunya, Coalición Canaria, Geroa Bai, Iniciativa Per Catalunya Verds (ICV), Bloc Nacionalista Valencià, Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista, Esquerra Unida de les Illes Balears, Esquerra Unida del País Valencià, Esquerra Unida i Alternativa, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y el Partido Aragonés.  

El Tribunal de Cuentas recomienda a estas formaciones que "ajusten sus actividades económicas" para alcanzar un "reequilibrio patrimonial, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados". En total, los partidos políticos recibieron 287,1 millones de euros de financiación pública en 2009; 247 millones en 2010; y 316 millones en 2011.

Donaciones, créditos, contratos

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En cuanto a los recursos privados, el Tribunal de Cuentas señala que las cuotas y aportaciones de afiliados y simpatizantes alcanzaron en 2009 un total de 41,6 millones; en 2010 40,7 millones; y en 2011, 43,2 millones de euros. Sobre las donaciones privadas "no finalistas", la fiscalización asciende a 6,2 millones en 2009 (5,1 de personas físicas); 7 millones en 2010 (6); y 8,7 millones en 2011 (5,7).

El informe ha encontrado donaciones no identificadas a IU de Andalucía en 2009 (107.623 euros), 2010 (136.417) y 2011 (93.817); y al Partido Aragonés en 2011 (82.480). También, hay donaciones de personas jurídicas "de las que no se han facilitado el acuerdo del órgano social competente": en 2009, 3.000 euros a CDC; 1.250 euros a CiU y 7.000 euros a UPyD; en 2010, 26.999 euros a CDC y 200.000 euros a UDC; y en 2011, 16.000 euros a CDC y 60.000 euros al PP.

También hay donaciones de personas jurídicas "con contrato vigente con la Administración Pública": 30.000 euros a Coalición Canaria en 2011; 1.500 euros y 15.000 euros al PP en 2010 y 2011; y dos importes de 100.000 euros a UDC en 2009 y 2010 y otro de 70.000 euros en 2011. Por otro lado, constan donaciones, según el tribinal, no ingresadas en las cuentas bancarias ad hoc.  

Los partidos tienen deudas con los bancos por importe de 237 millones de euros (2009), 218 millones de euros (2010) y 275,3 millones (2011). El Tribunal de Cuentas pide, como en anteriores ocasiones, una mayor transparencia a los partidos.

Informaciones incompletas

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En 2009 y 2010 se fiscalizó a 21 formaciones y en 2011 a 29 en 2011, ya que se sumaron aquellas que obtuvieron "representación en los procesos electorales celebrados en dicho año" y que recibieron fondos públicos.

El Tribunal destaca que algunos partidos han presentado algunas de sus cuentas fuera del plazo legal, como CiU, Compromís o EA. Izquierda UNida, explica, no ha presentado "estados consolidados entre las diferentes federaciones y la Ejecutiva Fenderal para ninguno de los ejercicios".

Por otro lado, el informe asegura que hay formaciones que no han incluido -o lo han hecho de manera incompleta- en su memoria información sobre las subvenciones y donaciones privadas, así como las concesiones de créditos o préstamos. Destaca también que "diversas formaciones" no han presentado documento alguno sobre sus sistemas de control interno.

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El Tribunal de Cuentas identifica 17 partidos con patrimonio negativo

En otros países como Alemania, Gran Bretaña y EEUU, el blindaje de los políticos ni siquiera existe.

Más de 10.000 políticos españoles gozan de un conjunto de privilegios procesales-penales a la hora de ser juzgados por sus delitos. Este aforamiento implica la alteración de las reglas de la competencia judicial penal en beneficio de determinadas personas, en este caso, de la casta política española.

Los delitos de los aforados, por tanto, no los investiga un juez cualquiera, sino los dos tribunales de alto rango cuyos nombramientos están más politizados: el Supremo para cargos nacionales y los TSJ para los autonómicos.

En este sentido, cabe recordar cómo funciona este mecanismo burocrático-judicial para la protección de los políticos españoles. Los partidos eligen a los miembros del CGPJ, que, a su vez, nombra a los jueces del Supremo, quienes luego se encargan de juzgar a los cargos políticos.

En este sentido, Juan Luis Gómez Colomer, coautor del mayor tratado sobre el aforamiento, ha asegurado a El Mundo que "el aforamiento es un incentivo a la corrupción, porque facilita la impunidad de los políticos que delinquen." Tampoco es sorprendente, por tanto, que este verano sólo 19 diputados votaran a favor de la propuesta de la UPyD de anular este privilegio del que se benefician el presidente del Gobierno, sus ministros, los parlamentarios nacionales e inclusos cargos insólitos como los tres adjuntos al defensor del pueblo andaluz.

Uno de los grandes beneficiados de este privilegio fue el expresidente del Gobierno, Felipe González, que no fue imputado por los GAL. Otro dirigente socialista, José Blanco, tampoco fue juzgado por el caso Campeón.

Ejemplos de honestidad

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Sin embargo, no todos los políticos españoles están de acuerdo en la necesidad de tener este privilegio. El expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, certificó su renuncia a este blindaje ante notario y una decena de periodistas. Santiago Cervera, detenido hace un año por un presunto chantaje, también renunció este privilegio para someterse a la justicia ordinaria, porque no le "parecía justo que me juzgara el Supremo por ser aforado en un asunto no relacionado con mi cargo".

En comparación con el resto de los países occidentales, Francia sólo blinda a su presidente y sus ministros, mientras que en Alemania, Gran Bretaña y EEUU este privilegio ni siquiera existe.

LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA