Mucho gasto y pocos resultados: el drama del sector público español

El gasto público vuelve a aumentar en estos PGE para 2014, pero ¿cómo rentan los 500.000 millones de euros que gastan las Administraciones Públicas?

RAJOY GASTARÁ MÁS EN 2014

Pese a que el Ejecutivo ha vuelto a decir que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha elaborado están basados en la austeridad y la restricción, lo cierto es que el gasto público vuelve a crecer, como lo ha hecho en los anteriores dos presupuestos presentados por la administración Rajoy.

Lo que va de legislatura del PP se ha caracterizado por una fuerte oposición de la izquierda a las políticas de austeridad y los llamados "recortes". Pese a que la cuantía y dureza de éstos distan de alcanzar los niveles recomendados por Europa, izquierda, sindicatos y hasta la patronal, han clamado contra la restricción de gasto público. Además son constantes las protestas contra la iniciativa privada y los recortes en la educación o la sanidad.

Atendiendo a los PGE aprobados para 2013, la Administración General del Estado presupuestó un total de 379.467 millones de euros de gasto público (incluida la Seguridad social -131.841 millones-). El resto hasta el 50% del PIB, unos 500.000 millones, corresponde al gasto de comunidades autónomas y entidades locales (algo más de 120.000 millones).

De ese medio billón de euros de gasto público del conjunto de las Administraciones Públicas salen, por ejemplo, las prestaciones por desempleo, el dinero para las pensiones, el pago a los funcionarios, las partidas para Justicia, Educación, Sanidad, las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal, así como la inversión en Infraestructuras o el mantenimiento de nuestras fuerzas armadas. Pero ¿Cómo le luce al Estado el gasto que pagamos vía impuestos?

Si echamos un vistazo al informe Panorama de la Educación 2013 elaborado en junio por la OCDE, la educación española podría definirse como bastante cara, no muy eficiente y también injusta. Según los datos de la OCDE, las administraciones públicas españolas dedican 7.293 dólares al año (5.386 euros) por alumno de Educación Infantil, 9.559 dólares en Educación Secundaria (FP y bachillerato) (7.060 euros) y 11.925 dólares en Terciaria (FP superior y universidad) (8.807 euros). De media, cada estudiante le cuesta al Estado 9.608 dólares al año (7.390 euros al año). Todas estas cifras son superiores tanto a la media de la OCDE (una organización que agrupa a los 34 países más desarrollados) como a la media de la UE-21 (los estados comunitarios que también forman parte de la OCDE).

El resultado, en cambio, no está a la altura de ese nivel de gasto. España tiene un fracaso escolar que ronda el 30%. Esta cifra ha caído desde el inicio de la crisis (ahora está alrededor del 25%), pero no por la mejora en la calidad de las clases, sino porque los alumnos no tienen ninguna alternativa en el mercado laboral. Sólo el 65% de los españoles de entre 25 y 34 años tiene al menos una titulación secundaria, ya sea bachillerato o FP. El resto, un 35%, no tiene nada o apenas el título de la ESO. Por comparar, en la OCDE el porcentaje es del 82% y en la UE-21 del 84%.

Por otro lado, el director del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), Andreas Schleicher, opina que en España hay "muchos" profesores en relación al número de alumnos y considera que no se debe pagar a todos lo mismo, sino "atraer a los mejores" con incentivos.

Pese a esto, los resultados de España en el conocido informe Pisa siguen dejando a nuestro país relegado a puestos de cola. Por detrás de España se sitúan Austria, Rusia, Chile, uruguay, México, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá y Perú. Por otro lado, según el informe, en España el 20% de alumnos tiene un nivel de comprensión lectora que no garantiza su éxito en sus estudios. En el caso de Andalucía, Baleares y Canarias, el porcentaje asciende a un 25%. Además, En los índices internacionales de mejores universidades del mundo no aparece ninguna española entre las 200 primeras. En cambio hay 3 escuelas de negocios españolas entre las 20 mejores (el Instituto de Empresa es la nº 12, IESE la 14 y Esade la 19).

Con estos resultados, no es de extrañar que algunos expertos en sistemas educativos, como Mauricio Rojas, se hayan mostrado sorprendidos porque en España se proteste por mantener un sistema educativo tan caro como mediocre.

El gasto público destinado al sistema sanitario oscila entre el 8 y el 9%. Algo que no impide que el sistema se encuentre en una encrucijada: no es sostenible ni a corto ni a medio o largo plazo, dado que está completamente influenciado por la demografía. Como en educación, hay que medirlo en gasto por paciente y no en porcentaje de PIB.

Según el informe de la OCDE Health at a Glance de este año, con datos de 2010, España se gasta 2.345 euros por persona y año en servicios sanitarios. Está ligeramente por encima de la media de la UE-27 (2.171 euros), aunque claramente por debajo de los primeros de la lista: Holanda (3.890 euros; todos los datos ajustados en paridad de poder adquisitivo), Luxemburgo (3.607 euros) y Dinamarca (3.439 euros). Incluso, países de fuera de la UE, como Noruega o Suiza, están por encima de los 4.000 euros.

Como en la educación, la gestión en la sanidad no se corresponde con la inyección de gasto público con la que cuenta. Según un informe del Tribunal de Cuentas de 2009 detectaba numerosos fallos burocráticos y administrativos de los que responsabiliza tanto al Sistema Nacional de Salud como a las comunidades autónomas.

Además, Otro informe, el Euro Health Consumer Index 2009 -sobre datos de 2008- indicaba que nuestro país volvía a retroceder en el ranking europeo. El estudio colocaba a España en el puesto 22 de 33 países con sólo 630 puntos por detrás de Portugal, Chipre o Hungría y a años luz de Holanda, cuyos servicios están completamente privatizados. España puntuaba bajo en categorías como la mejora de derechos del paciente e información. Dicho informe destaca que "en España el sistema de salud se deteriora año tras año, rindiendo muy por debajo de lo que se podría esperar" comenta Dr. Arne Björnberg, director del estudio.

A modo de ejemplo, el Sindicato Médico de Sevilla (SMS) denunció que en Andalucía en torno a 100.000 andaluces están en lista de espera, es decir, un 25 por ciento del global en toda España. Como el caso extremo de demora se localiza en la cirugía torácica en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde el tiempo de espera para operarse está en 1.450 días, es decir, casi cuatro años. Tanto es así que "la equidad en el acceso" no existe . En dicho hospital, los juanetes tienen más prioridad para intervenirse que otras patologías mucho más invalidantes como puede ser una escoliosis lumbar.

En España el número de empleados públicos aún supera los 2,8 millones. Según el último censo elaborado por el INE, el total de residentes en España a 1 de enero de 2013 bajó a 47.059.533 habitantes. Hoy por hoy, casi 13,8 millones de trabajadores del sector privado mantienen, de una u otra forma, al resto de la población de España. Dicho de otro modo, el peso del país descansa sobre el 29,3% de la población. Si echamos un vistazo a la Encuesta de Población Activa (EPA) Apenas 16,7 millones de ocupados (13,9 millones en el sector privado) sostienen un país con más de 47 millones de habitantes.

Dentro de este punto es preciso tener en cuenta que el sueldo de los empleados públicos (2,84 millones de efectivos, el 6% del total) es sufragado con los impuestos que paga el sector privado.

Finalmente, pese a los privilegios con los que cuentan funcionarios y empleados públicos, su estructura salarial determina que el sueldo esté asociado al puesto, no al trabajador. Esto lo que significa es que, a partir de un determinado nivel, un funcionario no puede ganar más (exceptuando los trienios por antigüedad, que son una parte pequeña del total del salario) por muy bien que lo haga. Todas las escalas de la administración están capadas por arriba, lo que desincentiva a los mejores empleados. Así pues, Los servidores públicos destacan entre sus pares antes de trabajar para el Estado, dadas las duras oposiciones que tienen que sacar, pero luego el sistema los engulle.

Buena parte del gasto público del conjunto de las administraciones públicas se destina, a programas especiales que se engloban en las llamadas "políticas de crecimiento". Uno de los ejemplos paradigmáticos de esta modalidad sería el tan recurrente "Plan E" de Zapatero.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un programa para generar puestos de trabajo a base de inyectar dinero público. Y lo hizo. Se gastó cerca de 8.000 millones de euros (7.836 millones) que, según un informe del Tribunal de Cuentas costó casi 40.000 euros por parado. Al final del programa sólo el 4% de los desempleados seguía en la empresa concesionaria. Es decir, que la inversión millonaria de gasto público no obtuvo resultados. Logró un empleo efímero y en obras nada necesarias que conllevó, además, el incumplimiento de las condiciones del propio plan. Además, la mayoría de los trabajadores de las empresas contratistas ya estaban ocupadas cuando empezó el programa.

En esta categoría entrarían otros ejemplos no menos ilustrativos, como los numerosos aeropuertos que se construyeron durante la burbuja y que ahora yacen pasto de las malas hierbas, o el mastodóntico proyecto de la candidatura para que Madrid se convirtiera en sede de los Juegos Olímpicos.

Por no extender demasiado este pequeño repaso al destino del gasto público en España, terminamos con los casos de corrupción. Aunque, quizá, la cuantía total de la malversación de fondos públicos no represente un porcentaje significativo del PIB, no deja de constituir un síntoma evidente de la mala gestión del gasto.

Sin intención de hacer un detallado y exhaustivo repaso al mapa de la corrupción en España, podemos decir que en la última década se han judicializado en nuestro país más de 800 casos de corrupción con cerca de 2.000 corruptos detenidos.

Por cantidad de dinero público malversado, el reciente caso de los ERE fraudulentos es el más destacado. Y es que la cantidad de dinero defraudado es, según las fuentes, meteórico. Tal y como recoge la Cámara de Cuentas andaluza, el dinero que se ha utilizado de forma ilegal entre 2001 y 2010, ascendería a 720,8 millones de euros, aunque si seguimos el rastro hasta el final del programa inserto en la trama, obtendríamos un montante de 1.217 millones de euros.Fuente

El gobierno sigue mintiendo. Acaba de decir que los presupuestos del año 1014, recién aprobados, serán "los de la recuperación", pero es mentira porque subiendo los impuestos, bajando los sueldos, limitando las pensiones y sin adelgazar el monstruoso Estado español, el que consume tantos recursos que no deja nada para la prosperidad ciudadana, no puedo haber recuperación sino más depresión, sufrimiento, injusticia y destrucción de empleo y de actividad económica.

Los presupuestos aprobados mantienen todos los desequilibrios, injusticias, arbitrariedades y abusos típicos de la política económica de Rajoy: no reduce drásticamente el gasto de los gobiernos autonómicos, inciden mas en incrementar los ingresos que en reducir el gasto público, que sigue siendo escandalosamente alto y mantienen los impuestos elevados, los mas altos de toda Europa, proporcionalmente, congelados los salarios de los funcionarios y vigentes las subidas temporales de IRPF y Sociedades, lo que supone mantener viva una presión fiscal que muchos ciudadanos y empresas ya no pueden resistir y que provoca desempleo, quiebras empresariales, ruina, emigración, suicidios y huidas masivas hacia la economía clandestina.

Cualquier demócrata sabe que el dinero debe estar en el bolsillo del ciudadano para que la economía se active y la sociedad sea mas justa, pero el PP lo acapara todo y quiere que el poco dinero que existe esté en las manos del gobierno, que es incapaz de ahorrar, que prefiere freír al ciudadano con impuestos injustos y abusivos antes de cerrar una sola televisión pública, adelgazar el Estado, cerrar empresas públicas sin utilidad o suprimir lo que los ciudadanos reclaman a gritos: la financiación pública, con el dinero de los impuestos, de los partidos políticos y los sindicatos.

Es sorprendente, pero la crisis ha demostrado que el partido mas representativo de la derecha española no tiene un sus venas un gramo de liberalismo y que su sangre está contaminada por virus de la izquierda como el intervencionismo, el estatalismo y el desprecio al ciudadano como individuo libre.

En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del viernes 27 de septiembre, la vicepresidenta Soraya Saez de Santamaría, flanqueada por los ministros Montoro y de Guindos, dijo que los presupuestos del año 2014 serían "los de la recuperación", una falsedad manifiesta destinada a engañar de nuevo a los ciudadanos. Incluso dijeron que en la segunda mitad de 2014 se crearía empleo, un vaticinio aventurado y sin fundamento que mas que optimista parece tramposo.

La realidad de España es muy diferente a la que el gobierno está proyectando: el tejido industrial sigue destruyéndose y miles de empresas continúan desapareciendo, abrumadas por los impuestos, por la burocracia y por la falta de demanda. Se siguen destruyendo empleos, aunque el ritmo es menor, sobre todo porque la gente ya no confía en lo público y ni siquiera se apunta al INEM y porque decenas de miles de españoles se marchan al extranjero en busca de trabajo. Si las cifras del paro no suben como antes es porque ya queda muy poco por destruirse y porque millones de españoles se han zambullido en la economía sumergida, único espacio donde pueden sobrevivir sin ser aplastados por los impuestos que cobran los políticos.

El gobierno de Rajoy parece empeñado en acabar con la crisis empobreciendo drásticamente a los españoles, a los que les ha restado capacidad adquisitiva tras bajarle los sueldos, limitarle las pensiones y aumentarle los impuestos. El sector público es la gran decepción y el núcleo de la injusticia española, ya que ni se ha reducido sustancialmente, ni ha dejado de despilfarrar, ni ha bajado su frenético ritmo de endeudamiento, ni ha eliminado los grandes gastos, como son las administraciones duplicadas y triplicadas, las empresas públicas inútiles, los cientos de miles de políticos contratados sin ser necesario, sólo para premiarlos por tener en el bolsillo un carné de partido, sin suprimir la financiación pública de los partidos políticos y sindicatos, sin reducir privilegios y sin eliminar esa corrupción institucional y pública que, según los expertos, espanta la inversión extranjera, genera inseguridad jurídica y nos cuesta por lo menos entre dos y tres puntos del PIB cada año.

La crisis ha tenido quizás una sola ventaja: ha puesto en evidencia la profunda inmoralidad e injusticia del poder político en España, ajeno a la democracia, elitista, arrogante, mentiroso e incapaz de luchar contra una corrupción que se ha hecho fuerte en la política y en las instituciones y que permite que los que se han enriquecido con el poder y han saqueado las cajas de ahorros y parte de la Hacienda pública sigan en sus hogares, sin ser perseguidos y sin tener que devolver lo robado. Tras la crisis, es difícil convencer a los españoles que la clase política que gobierna España merece respeto y debe seguir controlando los destinos del pueblo al que ha arruinado, engañado y empobrecido. Fuente

La lucha contra el absentismo se ha convertido en uno de los caballos de batalla de la Seguridad Social para la presente legislatura. Por el momento, el Gobierno negocia con los agentes sociales un nuevo convenio con las mutuas de accidentes de trabajo colaboradoras del sector público para dar más protagonismo a estas entidades en la gestión de los procesos de incapacidad temporal, especialmente aquellos que tienen que ver con patologías de carácter traumatológico.

Al margen de lo que implica en términos presupuestarios, donde la incapacidad temporal supone ya la segunda de gasto más importante del sistema, más de 14.000 millones de euros -el doble que antes de la pandemia-, las cifras de seguimiento que arrojan los servicios de estudio de las principales compañías de recursos humanos dan cuenta de la paulatina petrificación del problema tras haberse superado ya los peores momentos de la crisis sanitaria iniciada hace cuatro años y también sus efectos colaterales.

Según datos del 'Informe de absentismo del cuarto trimestre de 2023' de Randstad, el nivel de el nivel de ausencias a los puestos de trabajo se situó en el 6,5% de las horas pactadas en el cuarto trimestre de 2023, lo que representa cinco décimas más frente al trimestre previo, En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT), la tasa en el cuarto trimestre del año pasado fue del 5%, cuatro décimas superior al cierre de 2022, según datos del INE recogidos por Randstad.

Estos niveles de absentismo suponen que 1,4 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario en el último trimestre de 2023, de las cuales un total de 1,07 se encontraban de baja médica. Es decir, que unas 325.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo sin justificación alguna, un 23,2% del total de personas que no fueron a trabajar.
El sector público, por encima de la media

Más allá, dentro de la remesa de cifras que proporciona el estudio llama la atención el caso del sector público. Bajo la rúbrica de 'Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria' desde el servicio de estudios de la empresas especializada en recursos humanos apuntan un absentismo de este colectivo de trabajadores cerró el año con una tasa de absentismo del 8,2%, lo que supone que unos 118.000 empleados se ausentaron cada día de su puesto de trabajo, lo que además supone un 26% más que la media del sector privado.

Si descendemos al plano de las bajas asociadas a procesos de incapacidad temporal, es decir, aquellas que cuentan con una baja médica prescrita el absentismo se sitúa en 6%, un 20% más que la media (equivalente a ausencias diarias de unos 87.000 trabajadores. Es decir, hasta un 27% de los empleados públicos que se ausentaron sin baja médica de su puesto de trabajo en el pasado ejercicio, lo que supone cuatro puntos porcentuales más que la media del sector privado.

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Mes tras mes, analizamos los datos de endeudamiento de las Administraciones Públicas (AAPP). Llegamos al último publicado, mayo de 2024, de manera que completa un período de seis años desde que Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno. Sin duda, su política económica, aparte de por subir impuestos, está marcada por el gasto público, el déficit y el terrible endeudamiento en el que todo ello desemboca.

Si el gasto es creciente, como vimos en el nuevo techo de gasto no financiero, la deuda es exponencial. Así, el techo de gasto sigue por la senda del gasto tremendamente expansivo, con un incremento del gasto no financiero -sin fondos europeos- de un 3,2%, que equivalen a 6.138 millones de euros más, para dejarlo, sin fondos europeos, en 195.353 millones.

Aun sin contar los fondos europeos, el gasto no financiero habrá crecido en 75.519 millones desde que Sánchez llegó al Gobierno. Con los fondos europeos es un incremento del gasto no financiero desde 2018 de 79.337 millones de euros. Si se suman los fondos europeos, el techo de gasto no financiero se eleva hasta 199.171 millones, es decir, 51 millones de euros sobre el actual que incluye fondos europeos.


En cuanto a la deuda, en mayo descendió la deuda en 4.281 millones de euros, pero por un mero efecto de decalaje entre amortizaciones y refinanciaciones -tal y como sucedió también en abril, debido a la estrategia del Tesoro de haber refinanciado gran parte de su cartera y de endeudamiento nuevo en el primer trimestre del año-, no por un descenso real de deuda, cuya senda sigue siendo ascendente, pues el déficit público continúa incrementándose.

Así, Sánchez sigue incrementando la deuda igual que lo ha hecho durante todo el sexenio de su mandato. La deuda sigue en los 1,6 billones de euros y se sitúa en mayo en 1,600.087 billones de euros de endeudamiento, con 442.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Sánchez (442.750 millones), según las notas iniciales de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España con carácter mensual.

De esta forma, la deuda sigue incrementándose en alrededor de 200 millones de euros al día (201,98 millones) -casi 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes, casi 9 millones cada hora- desde que gobierna Sánchez. O dicho de otra manera, Sánchez incrementa la deuda cada minuto en 140.267 euros.

Es decir, mientras un ciudadano hace una pausa de quince minutos para tomarse un café por la mañana, Sánchez habría incrementado la deuda en más de 2 millones de euros. Y durante una jornada laboral completa, en la que un ciudadano habrá estado trabajando duramente ocho horas, generando actividad económica, empleo y pagando sus impuestos, Sánchez habrá aumentado la deuda en casi 70 millones de euros.

Este grave problema puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto.

La resistencia de la inflación en la zona dólar y su persistencia en la zona euro -pese a acercarse más al objetivo del 2%, pero sin lograrlo- han hecho que la Reserva Federal y el BCE, respectivamente, enfríen las expectativas de unas mayores bajada de tipos sobre las anteriormente previstas, con lo que los efectos de la política monetaria en la economía, en forma de un menor crecimiento y de un encarecimiento del coste de la deuda pública, se mantendrán durante más tiempo.

El incremento del gasto es un problema importante, con el déficit estructural, construido sobre un gasto desmedido, que se ha ido consolidando en el tiempo, como principal problema. Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad: con una recaudación adicional de más de 30.000 millones en 2022, el déficit sólo se redujo 2 décimas sobre el objetivo, que denota el importante incremento del gasto que se está produciendo (tres décimas si empleamos la revisión del PIB, pero no es comparable con la previsión inicial, realizada con un PIB estimado menor, al no haberse revisado entonces).

Además, la IGAE ha detectado un pequeño incremento del déficit posteriormente, que se come una décima. En 2023, el gasto siguió aumentando y si el déficit disminuyó se debió sólo al incremento de ingresos por aumento de la inflación, al igual que en 2022. El Gobierno también fía todo a los ingresos en 2024, ya que el gasto se encuentra disparado, como hemos podido ver con el techo de gasto no financiero que prevé para 2025, donde cada vez se vuelve más estructural.

Este endeudamiento se agravará, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, especialmente con las medidas electorales que tomó Sánchez ante el adelanto electoral y con las anunciadas en su debate de investidura. Deuda que aumentará con el esfuerzo presupuestario que supone la medida intervencionista de la entrada del Estado en Telefónica a través de la SEPI.

De esa manera, el déficit estructural español se sitúa alrededor de cuatro puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea. De hecho, si la Comisión Europea considera que España logrará contener el déficit en 2024 en el 3% del PIB, se debe al incremento del PIB nominal como consecuencia de la inflación, no a que el gasto se reduzca, porque el gasto aumenta.

Sánchez no rectifica, pues la disminución de la deuda que algún mes se produce, como éste, no es real, sino por efecto estadístico del distinto decalaje entre amortizaciones y nueva financiación. La tendencia, así, sigue siendo alcista -y así seguirá mientras siga habiendo déficit, pues la deuda no es más que el sumatorio de los distintos saldos presupuestarios de cada ejercicio- con la aportación de inestabilidad a la economía que ello supone, como también ha sucedido en 2022 y en 2023, pese al incremento extraordinario de recaudación motivado por la inflación, que ya se desacelera a pasos agigantados, situando el gran problema a partir de 2024, donde la ralentización económica -más allá del impulso artificial del efecto base estadístico- será mayor y los ingresos podrán cubrir todavía peor los gastos.

La propia AIReF ha advertido de la aceleración del gasto y ha pedido que se tomen medidas para corregir lo que será un incumplimiento de la regla de gasto. La deuda con esos 1,6 billones de euros, supone el 103,7% del PIB español sobre el dato estimado por el Gobierno en la actualización del programa de estabilidad enviado a Bruselas.

Sobre los datos de PIB agregados de los últimos cuatro trimestres, el porcentaje se eleva al 107,9%. - Seguir leyendo: https://

Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitiga el cociente, como vemos, seguirá siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos.

Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 442.750 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de cinco años de mandato el incremento es de 442.000 millones de euros, según las notas mensuales iniciales publicadas por el Banco de España sobre la deuda de las AAPP.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de cuatro años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 9.100 euros (más de diez veces el incremento del primer año).

O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras casi cinco años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 201,98 millones de euros cada día

De esa forma, seguimos con un incremento exponencial del gasto, manteniéndonos en el furgón de cola de la recuperación de la UE, pese a la revisión extraordinaria al alza que ha realizado el INE y al impulso que en 2023 le dio el gasto público al PIB, en un entorno económico complicado, de todavía elevada inflación, que, además, no cae, sino que repunta y se acelera en términos intermensuales, con el agravante de venir de niveles muy elevados, siendo muy preocupante la subyacente, el mantenimiento de fuertes costes energéticos -que han propagado ese incremento de precios por toda la cadena de valor-, y un optimismo imprudente por parte del Gobierno.

Es más, la mejora en las revisiones para 2024 son debidas al artificio estadístico del efecto arrastre del último trimestre de 2023 y del gasto público y el sector exterior en el ITR-2024, porque la inversión sigue por debajo del nivel anterior a la pandemia, que denota falta de confianza y malas expectativas.

Los ciudadanos necesitan que el Gobierno les aligere de cargas, como, por ejemplo, la deflactación del IRPF, y la bajada de impuestos, no que los endeuden más.

Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque es el origen del problema y vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante endeudamiento, y devolver a los ciudadanos la recaudación extra que el Gobierno está consiguiendo gracias a la inflación, que asfixia a los españoles, les hace perder poder adquisitivo y les impide llegar a fin de mes y poder competir, en el caso de las empresas, en los mercados. Es decir, se necesita una política económica radicalmente distinta a la de Sánchez.

El gasto es preocupante, pero nadie parece incidir suficientemente en la necesidad de reducirlo, al ser impopular, pero no podemos permitirnos este nivel de gasto. Si no se reduce, entonces los recortes, cuando estalle el problema, tendrán que ser mucho más fuertes que si se ajustase a tiempo. Ésa es la realidad.

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