Seis de cada diez suspenden al Gobierno en inmigración, pensiones y economía

Los cien primeros días de Gobierno de Pedro Sánchez no superan el examen de los ciudadanos. El descontento por las políticas de los socialistas es general, pero se acentúa en asuntos como la inmigración, las pensiones o la economía y el empleo, según la última encuesta de GAD3 realizada para ABC. El balance global que hacen los españoles es rotundo: solo un tercio considera que el cambio de Gobierno producido en España, con la moción de censura que protagonizó el PSOE contra Mariano Rajoy, está siendo positivo para España.

Casi la mitad de los ciudadanos creen que el relevo en La Moncloa ha sido negativo, una percepción que alcanza al 22 por ciento de los votantes de Podemos, al 20 por ciento de los electores nacionalistas e incluso al 10 por ciento de los socialistas. El mayor descontento está entre los simpatizantes del PP y de Ciudadanos: el 82 por ciento de los primeros y el 69 por ciento de los segundos creen que el cambio en el poder ha sido malo para España.

Pedro Sánchez tomó posesión como presidente del Gobierno el 2 de junio, y desde el primer momento mostró una preocupación especial por su imagen, por los golpes de efecto y por decisiones políticas de impacto. Una de ellas se produjo solo unos días después de llegar al poder, el 11 de junio, cuando dio orden de acoger al barco «Aquarius» con más de 600 inmigrantes, tras impedirse su entrada en Italia. Fue su primer gran golpe de efecto, pero en pocas semanas el problema se recrudeció por un «efecto llamada». Ahora, los españoles hacen un primer examen al Gobierno socialista y su veredicto es claro: suspenso.

Seis de cada diez encuestados (el 61,4 por ciento) ve «negativa» la gestión del Ejecutivo de Sánchez en inmigración. Solo obtiene el aprobado del 28,3 por ciento en esta materia. Los únicos votantes que conceden un aprobado en este punto son los socialistas. El resto, incluidos los electores de Podemos o los nacionalistas, le otorgan un suspenso.

La inmigración es la primera «asignatura» que el Gobierno ha suspendido en septiembre, pero la lista es larga. Sánchez no alcanza el aprobado en las principales políticas que está llevando a cabo el Gobierno, incluida la relación con los independentistas que tienen el poder en Cataluña.

Sistema de pensiones

En la oposición, el PSOE de Sánchez no dudó en utilizar las pensiones para tratar de desgastar al Gobierno de Rajoy y el pacto de Estado resultó imposible. Pero ahora que está en el poder no ha logrado ganarse la aceptación de la mayoría en una política básica del Estado del Bienestar. El 61,4 por ciento suspende la gestión de Sánchez sobre las pensiones: los votantes del PP, Ciudadanos, Podemos y los nacionalistas ven negativa su polítca, y únicamente los electores del PSOE lo aprueban por mayoría (un 54 por ciento).

La gestión en economía y empleo tampoco merece el aprobado, justo cuando se ha conocido que el paro subió en agosto en 47.047 personas, el mayor incremento de 2011. Las señales sobre un posible freno de la economía se han extendido, y los españoles han tomado nota:el 61,6 por ciento también suspende a Sánchez en economía y empleo, y solo ven positiva su gestión el 20,6 por ciento de los entrevistados por GAD3.

La política económica del Gobierno socialista es la que merece más crítica por parte de los votantes del PP, Ciudadanos y Podemos: solo el 9 por ciento de los simpatizantes populares ven positiva la gestión, igual que el 12 por ciento de los electores del partido naranja o el 15 por ciento de los que votaron a la formación de Pablo Iglesias.

Lo que menos convence a los votantes socialistas es la política de reducción del déficit público del Gobierno socialista, que ha revisado los objetivos acordados con Bruselas y ha frenado el cumplimiento estricto de una medida que fue objetivo clave en la gestión económica del Gobierno de Rajoy. Solo el 44 por ciento de los electores del PSOE aprueban la línea seguida ahora por el gabinete de Sánchez. Uno de cada cuatro españoles apoya la gestión socialista en este punto.

Política exterior

La política que merece menos críticas por parte de los ciudadanos es la exterior, con el ministro Josep Borrell al frente. El 36,5 por ciento desaprueba su gestión, frente a un 34,1 por ciento que la aprueba. Merece la mejor calificación de los votantes socialistas: el 60 por ciento se muestra satisfecho con lo que está haciendo Sánchez en política exterior, lo mismo que el 40 por ciento de los electores de Ciudadanos. En Podemos, el aprobado se queda en el 33 por ciento de sus electores. ABC

No parece un presidente del Gobierno y todo tiene una sencilla explicación que los que lo viven desde dentro conocen a la perfección. Pero es que todo puede ir a peor en un breve período.

"Pedro Sánchez no parece un presidente de Gobierno. Parece un actor que interpreta el papel de presidente del Gobierno". Estas son las demoledoras palabras que un peso pesado del PSOE le reveló a Luis María Anson en una esclarecedora sobremesa y que el periodista ha plasmado este lunes en su columna de El Mundo.

Vamos, que no es que lo esté haciendo ni bien ni mal sino que simplemente "está interpretando el papel con el que ha soñado toda su vida. Y sus viajes, sus declaraciones, sus ruedas de Prensa, sus gesticulaciones históricas forman parte de lo que cree que debe hacer para parecer el presidente del Gobierno. Todo, todo es puro teatro".

O lo que es lo mismo "carece de autenticidad" porque "perdió abrumadoramente y por dos veces las elecciones, ganó las primarias de refilón gracias a las incongruencias de Susana, aceptó el abrazo del oso para superar la moción de censura, se instaló en Moncloa con 84 escaños y, en lugar de convocar inmediatamente elecciones, puso en marcha la operación de imagen que tenía preparada, con un Gobierno de mujeres, la renovación de todos los cargos, la colocación de su entorno en las empresas públicas y la mano tendida a Quim Torra, que le ha tomado el brazo".

En resumidas cuentas, "para desgracia del PSOE, Pedro Sánchez está jugando a ser presidente. Hace no lo que debe hacer sino que interpreta el papel de presidente, actuando conforme a lo que él cree que corresponde al ejercicio presidencial. Le falta credibilidad. Vivimos en una farsa. Se puede encabezar una moción de censura para eliminar una política que se considera indeseable, pero la primera medida a tomar es la convocatoria de elecciones, no la prolongación de la legislatura".

Pero no todos en el PSOE piensan que no convocar elecciones de forma inmediata es un error: "Los que están ya comiendo a dos carrillos en el pesebre público seguro que desean se prolongue lo más posible la situación. Y Pedro Sánchez no quiere que se baje el telón y termine su interpretación del papel de presidente. Pero muchos socialistas pensamos que la convocatoria inmediata de elecciones es lo que podría salvarnos del desastre que se avecina".  esDiario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este martes en el Senado que su objetivo final incluye una subida masiva de impuestos de 80.000 millones de euros. Esto significa aumentar la presión fiscal cerca de 13.000 millones al año.

El líder del Ejecutivo sostiene que el fin es equiparar el nivel de ingresos públicos al de la media de los países europeos, que se encuentra en el 46% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a solo el 38% registrado en España, lo que supondría ingresar hasta 80.000 millones de euros más.

Una meta ambiciosa que Sánchez descarta que pueda alcanzar esa cantidad de ingresos públicos en el tiempo que le queda hasta agotar la legislatura. No obstante, sí se ha mostrado a favor de aumentar los impuestos con tal de que España no esté “a la cola” de los países del entorno.

Con unos mayores ingresos para las arcas del Estado, Sánchez ha destacado los cinco principales objetivos en los que está apoyando su mandato, con el fin de revertir los recortes llevados a cabo en la pasada legislatura como, por ejemplo, el anteproyecto de ley que llevará el próximo viernes al Consejo de Ministros para anular los recortes en Educación.

Falsos autónomos

Respecto a su programa laboral, Pedro Sánchez ha señalado el empleo como otros de los ejes principales de su programa, en el que, a través del Plan Director por el Empleo Digno, se han aflorado 18.000 falsos autónomos. Además, prevé trasladar a la mesa del diálogo social con sindicatos y empresas otras temas como la retribución de las horas extras, la lucha contra la desigualdad laboral o la “mal llamada” economía colaborativa, tal y como la ha definido.

OKDIARIO

La gasolina y el gasóleo marcan máximo anual y el precio más alto en 4 años. La luz esta también en máximos del año. El paro marcó en agosto su dato más alto en ese mes desde que gobernó Zapatero. El turismo, pilar básico de la economía y empleo también ha caído y hay menos crecimiento, pero la preocupación del Gobierno de Sánchez no es otra que Franco.De día histórico ha calificado a este jueves 12 de septiembre el Gobierno socialista. Y no lo ha hecho porque, por fin Sánchez, tras las acusaciones de plagio, va a publicar su tesis doctoral, sino porque, por fin, el Congreso ha aprobado la exhumación del General Franco, muerto hace más de 40 años, del Valle de los Caídos.


Mientras tanto, los españoles que también tendrán que hacer frente a todos los gastos del turismo sanitario tras la aprobación de la tarjea sanitaria universal, pagan más por serivicios básicos y ganan menos. Sus sueldos en convenio a penas su suben el 1,8%, mientras la inflación lelva cuatro meses instalada en el 2,2%.

El precio de la gasolina de 95 octanos y el del gasóleo se han encarecido esta semana hasta los 1,341 y 1,246 euros, respectivamente, lo que supone un máximo anual para ambos carburantes y el precio más elevado que registran desde mediados de 2014.

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se mueve en máximos del año en la zona de los 75 euros megavatio hora (MWh). En lo que va de mes, el precio de la electricidad ha marcado varios máximos anuales.

El incremento de los precios en el mercado mayorista, en el que se fija el valor del megavatio hora para cada hora del día siguiente, repercute en el recibo de la luz que pagan los consumidores acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) o tarifa regulada.

En la tarifa PVPC el coste de la electricidad en el mercado mayorista supone el 35 % de la factura, mientras que el resto corresponde a peajes fijados por el Gobierno e impuestos.

En España hay once millones de clientes que tienen esta tarifa, que es para una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (KW) y a la que deben estar acogidos los beneficiarios del bono social eléctrico (el descuento sobre la factura de la luz para colectivos definidos como vulnerables).

El resto, más de 16 millones (cerca del 60 % del total de los consumidores eléctricos), tienen contratos en el mercado libre, mediante los cuales se garantizan el precio de la electricidad durante al menos un año, tiempo en el que están libres de las variaciones -tanto al alza como a la baja- del precio de la luz en el mercado mayorista.

Ceniceros, esta tarde en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Emilio Naranjo
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13 septiembre, 2018 - 18:25

La gasolina y el gasóleo marcan máximo anual y el precio más alto en 4 años. La luz esta también en máximos del año. El paro marcó en agosto su dato más alto en ese mes desde que gobernó Zapatero. El turismo, pilar básico de la economía y empleo también ha caído y hay menos crecimiento, pero la preocupación del Gobierno de Sánchez no es otra que Franco.De día histórico ha calificado a este jueves 12 de septiembre el Gobierno socialista. Y no lo ha hecho porque, por fin Sánchez, tras las acusaciones de plagio, va a publicar su tesis doctoral, sino porque, por fin, el Congreso ha aprobado la exhumación del General Franco, muerto hace más de 40 años, del Valle de los Caídos.
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Mientras tanto, los españoles que también tendrán que hacer frente a todos los gastos del turismo sanitario tras la aprobación de la tarjea sanitaria universal, pagan más por serivicios básicos y ganan menos. Sus sueldos en convenio a penas su suben el 1,8%, mientras la inflación lelva cuatro meses instalada en el 2,2%.

El precio de la gasolina de 95 octanos y el del gasóleo se han encarecido esta semana hasta los 1,341 y 1,246 euros, respectivamente, lo que supone un máximo anual para ambos carburantes y el precio más elevado que registran desde mediados de 2014.

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se mueve en máximos del año en la zona de los 75 euros megavatio hora (MWh). En lo que va de mes, el precio de la electricidad ha marcado varios máximos anuales.
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El incremento de los precios en el mercado mayorista, en el que se fija el valor del megavatio hora para cada hora del día siguiente, repercute en el recibo de la luz que pagan los consumidores acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) o tarifa regulada.

En la tarifa PVPC el coste de la electricidad en el mercado mayorista supone el 35 % de la factura, mientras que el resto corresponde a peajes fijados por el Gobierno e impuestos.

En España hay once millones de clientes que tienen esta tarifa, que es para una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (KW) y a la que deben estar acogidos los beneficiarios del bono social eléctrico (el descuento sobre la factura de la luz para colectivos definidos como vulnerables).

El resto, más de 16 millones (cerca del 60 % del total de los consumidores eléctricos), tienen contratos en el mercado libre, mediante los cuales se garantizan el precio de la electricidad durante al menos un año, tiempo en el que están libres de las variaciones -tanto al alza como a la baja- del precio de la luz en el mercado mayorista.
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Ya en agosto, el recibo de la luz encadenó su cuarta subida consecutiva anual y alcanzó su precio más alto en todo el año y se encareció casi un 11 % respecto al mismo mes de 2017, lo que supuso pagar 6,15 euros más en la factura que un año antes.

A la espera de que finalice septiembre, en los once primeros días de este mes el incremento alcanza casi un 20 % respecto al mismo período del año anterior para un consumidor tipo acogido al PVPC con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.000 kilovatios hora (250 KWh al mes).

Cada día más parados

El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en agosto en 47.047 personas respecto al mes anterior, lo que marca el mayor incremento en ese mes desde 2011 y sitúa la cifra total de desempleados inscritos en 3.182.068. Agosto de 2011 fue el último de Zapatero, el antecesor socialista en el cargo de presidente de Gobierno de Sánchez.bEl paro registrado aumentó en las 17 autonomías, encabezadas por Cataluña (11.594 desempleados más) y Andalucía (8.284 más).

Cae el turismo

España podría cerrar el año sin incrementos en turistas o incluso con menos, seún Turespaña. El último dato del INE apunta a una caída del 2,2% de las pernoctaciones, un porcentaje que sube el 6,2% en el caso de Cataluña debido a la tensión política que vive esa comunidad autónoma por el desafío separatista que ha llevado a países como Estados Unidos y Alemania a advertir a sus ciudadanos de los riesgos si se viaja a esa región española.

Rebaja de previsiones por los riesgos de la economía española

BBVA Research, el servicio de estudios del BBVA, ha sido el último que ha rebajado su previsión de crecimiento del PIB durante el tercer trimestre, debido a la ralentización en el ritmo de creación de empleo y la volatilidad a corto plazo de la demanda externa, entre otros factores, para dejarla en el 0,6 %, la misma tasa que la registrada entre abril y junio, y una décima menos que su anterior previsión.

A comienzos del tercer trimestre esta entidad calculó que la economía española crecería un 0,7 %, pero hoy ha decidido revisar esa cifra y ha advertido de que, ante la persistencia de ciertos riesgos, aumentan las probabilidades de que también tenga que rebajar su previsión para el crecimiento económico en el conjunto del año, que actualmente sitúa en el 2,9 %.

Para argumentar su decisión, ha explicado que aunque la demanda doméstica se mantiene como el principal soporte del avance de la actividad y se mantienen las expectativas de recuperación de la externa, la volatilidad de esta última es muy elevada y ofrece dudas a corto plazo en partidas como las exportaciones de servicios.

Al respecto, BBVA Research llama la atención en su informe sobre el turismo, que en el periodo estival ha sido menos dinámico de lo que se esperaba e, incluso, no descarta un retroceso de la afluencia de turistas en el conjunto del trimestre.

A todo ello se suma el hecho de que la recuperación del mercado laboral ha vuelto a perder fuelle en agosto, con un crecimiento en el número de afiliados a la Seguridad Social que en agosto fue la mitad que en julio y con una atenuación en el ritmo de descenso del paro registrado.

En cuanto a la inflación, los últimos datos constatan que ésta tiende a estabilizarse y la entidad prevé que la subyacente se mantenga ligeramente por debajo del 1 % durante el resto del año.

De cumplirse las previsiones de BBVA Research, ésta sería la segunda “sorpresa a la baja” en las previsiones del PIB, ya que entre abril y junio había calculado inicialmente un avance del 0,8 % y finalmente fue del 0,6 %.

Además, reforzaría “el sesgo a la baja que se cierne sobre la estimación de crecimiento prevista” por la entidad, que es del 2,9 %. La previsión actual del Gobierno para el conjunto de 2018 es del 2,7 %.

Los sueldos, por debajo de la inflación

La subida salarial media pactada en convenio hasta agosto fue del 1,65 %, un incremento que se situó en el 1,33 % para los convenios de empresas, mientras que para los de ámbito superior alcanzó el 1,68 %, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo. Esos porcentajes de subida están muy por debajo del 2,2% de la inflación interanual de finales de agosto, lo que reduce el poder adquisitivo de los españoles y su nivel de consumo.

Día Histórico…pese a “las derechas”

Pese a todo ello, la mayor preocupación de este Gobierno sigue siendo Franco, no el bienestar actual de los españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado hoy satisfacción por la convalidación por parte del Congreso del real decreto para exhumar los restos de Francisco Franco. “Hoy -ha afirmado- nuestra democracia es mejor”.

Sánchez ha hecho esta consideración en un mensaje en su cuenta de Twitter después de que el pleno del Congreso haya convalidado ese real decreto con la abstención de los diputados del PP y Ciudadanos.

“Justicia. Memoria. Dignidad. Hoy España da un paso histórico -y un paso atrás en la reconciliación y en el consenso de transición- para la reparación de los derechos de las víctimas del franquismo. Hoy nuestra democracia es mejor. El Congreso da luz verde al decreto que permitirá la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos”, ha escrito el jefe del Ejecutivo

Sobran las palabras

El Gobierno sacará del bolsillo de los españoles 26.500 millones de euros más en la nueva legislatura. Justo después de las elecciones y tras pasar de puntillas en la campaña electoral, anuncia a la UE un alza de la presión fiscal hasta su mayor nivel

Apenas habían pasado 48 horas desde el cierre de las urnas y sobre la mesa de la Unión Europea ya figuraba un plan fiscal para España del que nada se había oído comentar a Pedro Sánchez en campaña. Nada durante la infinidad de actos y apariciones públicas (dos debates incluidos) en las semanas previas a las elecciones generales del pasado 28 de abril: un nivel de presión fiscal sobre los contribuyentes nunca antes visto en la historia.

En la actualización del Programa de Estabilidad remitida a Bruselas, el Gobierno socialista contempla disparar en la próxima legislatura el nivel de impuestos y cotizaciones en más de dos puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB). En euros contantes y sonantes, 26.500 millones de euros más de aquí a 2022 que saldrán de los bolsillos de los ciudadanos y de las empresas españolas para acabar en las arcas públicas. Este es el resultado de incrementar la presión fiscal (ingresos tributarios respecto al PIB) del 35,1% en el que cerró 2018 hasta el 37,3% que prevé Moncloa en 2022. Este nivel superará al anterior récord, marcado por otro Gobierno socialista en 2007. En pleno boom inmobiliario y justo antes del estallido de la burbuja, José Luis Rodríguez Zapatero elevó la presión fiscal de España hasta el 37%, tras haberla recogido en el 34%. Después, la crisis hundiría la economía y con ello la actividad, recortando drásticamente los ingresos tributarios y dejando la cifra en apenas un 30,5% en 2009, un nivel no visto desde 1988.

Ni rastro en el programa

Eso sí, en las 300 páginas del programa electoral con el que el PSOE ganó las pasadas elecciones no aparecía ni una sola cifra o mención a esos 26.500 millones de euros o a ninguna otra subida fiscal. Nada concreto, tan sólo una serie de frases ambiguas en las que aparecen términos como «adaptar la fiscalidad» o «armonización a nivel europeo». El punto más «concreto» tan sólo señala que «se reforzará la progresividad del sistema fiscal en línea con los países de nuestro entorno, convergiendo paulatinamente hacia el promedio de recaudación de la Unión Europea, incrementando la aportación de las grandes empresas, de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios, y mejorando la equidad entre la fiscalidad de las rentas del capital y las rentas del trabajo, al tiempo que se reduce la carga fiscal soportada por las pymes».

Un «hachazo» tributario que perjudicaba sobre todo a las empresas (grandes y pequeñas), que debían cargar con tres cuartas partes de la subida, unos 6.200 millones de euros más cada año. Aunque desde el Gobierno han repetido hasta la saciedad que su objetivo es que sean las grandes corporaciones las que contribuyan más, lo cierto es que buena parte de esas medidas afectan también a pymes: subida de las bases máximas de cotización (850 millones), aumento del salario mínimo (600 millones para las empresas y 1.000 para los autónomos), Sociedades (1.776 millones), diésel (670 millones) etc. Pese a las subidas tributarias, la Seguridad Social cerrará este año con un desfase de 17.088 millones.

A esto se sumaban los nuevos impuestos a los servicios digitales (tasa Google) y a las transacciones financieras (tasa Tobin). Subidas fiscales todas ellas que Pedro Sánchez sacará del cajón donde quedaron antes de las elecciones en caso de ser elegido presidente del Gobierno para la nueva legislatura, como de hecho ya ha incluido en su Programa de Estabilidad para 2020.

En concreto, para el año que viene ya se ha comprometido con la Unión Europea a un aumento de impuestos de 5.654 millones de euros, incluyendo la mayoría de estas iniciativas, así como el aumento del IRPF para las rentas de más de 130.000 euros. Una medida cosmética, con un impacto más de imagen pública que recaudatorio, ya que apenas supondrá, según los cálculos del Gobierno, un alza de 328 millones de euros.

Ingeniería fiscal

Eso suponiendo, además, que se cumplan las previsiones del Gobierno, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya echó por tierra antes de las elecciones con la mayor parte de las subidas tributarias, al igual que hizo el Banco de España y otros organismos. En este sentido, la AIReF desmontó la optimista ingeniería fiscal del Gobierno y llegó a rebajar hasta la mitad los cálculos de ingresos. Por ejemplo, mientras que Hacienda calculaba que las subidas previstas en el Impuesto sobre Patrimonio aportarían 339 millones de euros, la AIReF dejaba estos ingresos entre cero y ocho millones, en el mejor de los casos. Ahora, el Ejecutivo de Sánchez estima que en tres años ingresará 2.500 millones con el impuesto a las transacciones financieras (soportado también por los pequeños inversores en bolsa) y otros 3.600 millones con la tasa Google, pese a que la AIReF no daba a estos tributos ni la mitad de capacidad recaudatoria.

Lo que no ha cuantificado el Gobierno es el posible impacto que esta fuerte subida de impuestos puede tener sobre el empleo y sobre una economía que ya muestra evidentes signos de desaceleración. De hecho, el propio Gobierno asegura que una subida de intereses por parte del BCE restaría un punto al crecimiento de España. Es consecuencia del impacto que tendría sobre las familias un aumento de los costes de financiación, mientras que no calcula ningún perjuicio por el alza tributaria. Link

El abogado y economista mexicano Luis Pazos ha destacado las políticas económicas que ayudan a las economías a construir clases medias fuertes, pero Sánchez hará lo contrario

Pedro Sánchez no ha engañado a nadie, el que podría ser presidente (ya no en funciones y con presupuesto propio) de España, tiene un programa económico que, según el abogado y economista mexicano Luis Pazos, será nocivo para la economía del país y para los españoles.

Pazos, profesor de economía política y autor del libro Justicia Social Injusta, tiene claro que las políticas económicas que emplea el socialismo y el comunismo como «redistribución de la riqueza» o «impuestos a la riqueza» en realidad lo que generan es más pobreza, menos empleo y corrupción, justo lo que tanto ha sufrido España.

«El sexenio pasado en México se gastó mucho en gasto social y el numero de pobres aumentó, en España igual, el mayor gasto social no ha repercutido en menos pobres, pero (sí) en más gasto, en más corrupción… justicia social y gasto social son términos muy bonitos, pero: la justicia social va en contra de la justicia y gasto social lo único que genera es clientelismo político y corrupción».

En el Programa electoral del PSOE de cara a las pasadas elecciones generales, se incluyeron un conjunto de medidas económicas que al aplicarse crearán más pobreza, tal como sucediera con en gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algunos decidimos simplemente no aprender.

El subtítulo «Una política económica proactiva y una fiscalidad más justa para reducir las desigualdades» del programa de Sánchez es revelador, y destaca tres grandes ejes que van en el sentido contrario al señalado por el economista:

«(i) el impulso a la sostenibilidad medioambiental y la necesaria transición ecológica; (ii) la reducción de las desigualdades y el reforzamiento de la cohesión social y; (iii) un avance decidido en el saneamiento de las cuentas públicas, la reducción del déficit y la deuda y la sostenibilidad fiscal de medio plazo».

(…) La economía debe contribuir a garantizar la distribución de la riqueza y la reducción de las desigualdades, generando los recursos suficientes para asegurar y ampliar los servicios públicos. No puede haber justicia social si no hay justicia fiscal.

(…)Se refuerce la progresividad del sistema fiscal en línea con los países de nuestro entorno, convergiendo paulatinamente hacia el promedio de recaudación de la Unión Europea, incrementando la aportación de las grandes empresas, de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios, y mejorando la equidad entre la fiscalidad de las rentas del capital y las rentas del trabajo, al tiempo que se reduce la carga fiscal soportada por las pymes.”

La solución
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México dice que a los pobres hay que ayudarles, creándoles un trabajo digno y esto solamente se hace cuando hay inversión, cuando hay respeto a la sociedad y cuando hay progreso, y el demagogo, el populista siempre habla en contra de los ricos, y en qué países es donde se ha atacado más la pobreza, en donde hay más ricos.

El economista cita a China como ejemplo, «antes de esta reforma que se abre la empresa privada sólo había un rico, el Estado, era el dueño de todo, ahora hay más de 200 multimillonarios, pero ahora hay cientos de millones de clase media, cuando yo fui a China nada más había una igualdad en los pobres y ricos que era el gobierno, los que estaban en el gobierno».

«Las oportunidades para los pobres es que haya empleo, y en ello Pazos trae el ejemplo de México, el siglo pasado no se respetó la propiedad en el campo y qué genero, cordones de pobreza alrededor de las ciudades y migración a los Estados Unidos, entonces aqué necesitamos inversionistas, gente que invierta que cree empleo, no que la gente viva de la dádiva, de la ayuda del gobierno». Link

El gasto público aumentó en más de 21.000 millones en 2018, hasta rozar los 500.000, el mayor aumento desde el trágico 2008-2009.

España cerró el pasado año con un déficit público del 2,5% del PIB, equivalente a casi 30.000 millones de euros, el segundo mayor agujero fiscal de la zona euro, tan sólo superado por Chipre (-4,8%) y a la misma altura que Francia. Esta brecha es fruto de un gasto de 499.520 millones de euros (41,3% del PIB) y unos ingresos de 469.538 millones (38,9%), según los últimos datos disponibles de Eurostat.

De este modo, las Administraciones Públicas gastaron en 2018 unos 78.000 millones más que en 2007, en el pico de la burbuja inmobiliaria y poco antes de que estallara la crisis, mientras que la recaudación aumentó en 27.000 millones de euros desde entonces. Estos datos demuestran, por un lado, la ausencia de austeridad en las cuentas públicas, ya que el Estado gasta hoy un 18,5% más que antes de la crisis, y, por otro, que el desequilibrio presupuestario no es un problema de ingresos, puesto que la recaudación acaba de registrar un nuevo récord histórico, al rozar los 470.000 millones el pasado año, un 6,1% más que en el punto máximo de la burbuja.

Sin embargo, el regreso del PSOE al poder de la mano de Pedro Sánchez se ha traducido en el primer aumento del gasto público sobre el PIB desde 2012, cuando España acometió el rescate público de las cajas de ahorros en plena crisis del euro. El anterior Gobierno de Mariano Rajoy logró reducir el déficit de forma paulatina desde 2012 a 2017 (último año completo con el PP al frente) gracias a que mantuvo el gasto más o menos bajo control, al tiempo que la recuperación económica y la creación de empleo se traducían en un fuerte aumento de los ingresos. Esto permitió que el agujero fiscal cayera del 10,5% al 3,1% del PIB.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, que comenzó su andadura a mediados del pasado año, ha elevado el gasto público del 41% al 41,3%, tres décimas extra, el primer incremento sobre el PIB desde el fatídico 2012, rompiendo así la tendencia de los últimos años. Esto significa que el gasto ha crecido a un mayor ritmo que el PIB. En concreto, aumentó en 21.400 millones en 2018, lo que supone un 4,5% más a nivel interanual y el mayor incremento desde el trágico binomio 2008-2009, cuando estalla la crisis.

Así pues, la leve reducción que registró el déficit el pasado año, de apenas 6.000 millones de euros, se debió exclusivamente al aumento de los ingresos, unos 27.300 millones extra (+6,1% interanual). O, dicho de otro modo, Sánchez fía por completo la consecución de los objetivos presupuestarios a la favorable evolución de la recaudación, a pesar de que la desaceleración de la economía española se ha intensificado en los últimos trimestres. LD.

Cambio de estrategia tras meses negando la tijera. Tres ministros admiten la necesidad de ajustes y no descartan bajar el sueldo de los funcionarios. Las pensiones, también en el punto de mira

El equipo económico del Gobierno, encabezado por Nadia Calviño, ha abandonado el perfil bajo que mantenía desde finales de junio pasado para descender ahora en septiembre a la arena política e ir preparando el terreno social para los imprescindibles recortes que se avecinan en las cuentas públicas de 2021. Esa es la consigna y la estrategia diseñada por Pedro Sánchez con su círculo de confianza. Según confirman a este diario fuentes monclovitas, «se trata de ir calentando día a día los motores para hacer evidente la imperiosa necesidad de los recortes» que habrá que adoptar en los Presupuestos de 2021, después de que el tsunami que ha representado la pandemia de Covid-19 haya arrasado la economía española.

Esta estrategia responde al intento del jefe del Ejecutivo por evitar una contestación en la calle ante los inevitables ajustes que tendrá que adoptar, tras meses de negar la evidencia y descartar que se vaya a acometer recorte alguno. De paso, intentará que el mensaje cale entre las filas de su socio de Gobierno, Podemos, contrario a los ajustes. Para garantizar el éxito de la maniobra, en la misma sólo participan determinados miembros del equipo económico como Calviño, Montero y Escrivá, aseguran estas mismas fuentes. Sánchez ha optado por no hacer partícipe al resto del Gabinete de semejante encargo, con el fin de evitar declaraciones y contradeclaraciones y así conseguir que llegue a buen puerto la misión, que no es otra que lograr el respaldo parlamentario necesario para sacar adelante los Presupuestos antirrecesión, que incluirán las reformas demandas por Bruselas.

Y es que Sánchez es consciente de que si no comienza la senda de los recortes en las cuentas públicas que vienen, que deberán continuar, al menos, en las dos siguientes, España no recibirá los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo europeo de reconstrucción postcovid-19.

En este contexto, este jueves fue la primera exhibición de la puesta en escena para «vender» los recortes, después de semanas de mantener un perfil bajo todo el equipo económico para facilitar el diálogo en la sombra del Gobierno con los diferentes partidos políticos sobre los Presupuestos de 2021. Que no todos los miembros del Gabinete de Sánchez participan en este sanedrín fue más que evidente ayer. Mientras la vicepresidenta primera Carmen Calvo negaba cualquier recorte, incluido el de las nóminas de los funcionarios, en diferentes foros públicos, la vicepresidenta económica, la ministra de Hacienda y el titular de Seguridad Social defendieron la necesidad de acometer ajustes estructurales, al tiempo que advirtieron de la merma de ingresos fiscales sufrida como consecuencia del confinamiento de la población para frenar el avance del Covid.

A veinte días de que los Presupuestos del Estado de 2021 deban entrar en el Congreso de los Diputados para su tramitación, el Gobierno reconoció públicamente, por primera vez, que deberá meter la tijera en las nóminas de los funcionarios en las próximas cuentas públicas, tal y como adelantó LA RAZÓN el 24 de marzo pasado. Así lo dejó entrever Calviño durante una entrevista en Cope. Mientras, casi a la misma hora, el titular de Seguridad Social lanzaba el mensaje en Onda Cero de la necesidad de implantar medidas de ahorro y de acometer ajustes estructurales en determinadas áreas. De esta manera, sin citarlo, aludía a la reforma de las pensiones. El Gobierno estudia ahora la congelación de las mismas. Su revalorización en el 0,9% este año supuso un gasto extra de 1.400 millones.

Después de meses de descartar con contundencia recorte alguno, ayer la ministra de Hacienda admitió también que «el país se enfrenta a una situación muy complicada» y que, por ello, «debe estudiar todas las alternativas» sin descartar ninguna. De momento, según fuentes gubernamentales, el Gobierno baraja desde una congelación de las retribuciones de los empleados públicos hasta la aplicación de una bajada de las mismas del 2%, que afectará a las Administraciones estatal, autonómica y local y a las plantillas de los organismos autónomos y de las empresas públicas, es decir, a un total de 2,5 millones de empleados. Este descenso de nóminas liberaría más de 3.000 millones de euros y supondría, en la práctica, la supresión de la subida salarial aprobada por el Consejo de Ministros en enero pasado.

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Ya está procesando 1.518 expedientes. El gobierno pretende que los nuevos vehículos tengan etiqueta "cero".

El pasado 9 de octubre saltó la noticia de que el presidente de la Diputación de Huelva, el socialista Ignacio Caraballo, había comprado un Tesla Model 3 Performance AWD "por razones de modernidad y de ecologismo institucional".

La adquisición de este vehículo, valorado en 65.300 euros, despertó indignación por el difícil contexto económico en el que se encuentra España y los previsibles ajustes presupuestarios que será necesario adoptar para reducir el abultado déficit esperado para 2020. A todo esto hay que sumarle el hecho de que Caraballo está imputado por soborno pero se niega a dimitir, de modo que su permanencia al frente de la Diputación de Huelva ya estaba en entredicho desde hace al menos tres años.

Esta semana, la siempre delicada cuestión del parque de vehículos oficiales vuelve a saltar a las páginas de actualidad. Esta vez, la noticia es que el gobierno de España tiene previsto renovar un total de 5.794 coches de la flota pública por tener una antigüedad superior a los diez años y funcionan, en la mayoría de casos, con motorización diésel.

Según se desprende de una respuesta parlamentaria del gobierno a una pregunta formulada por el grupo en el Congreso de Vox, la meta que se ha marcado el gobierno de España es cambiar estos vehículos en el marco del llamado Plan de Impulso a la Cadena de Valor de la Industria de Automoción.

La renovación de esta flota ya está en marcha y tiene como condicionante que los nuevos vehículos oficiales tengan la llamada etiqueta "cero". Hasta la fecha, se han presentado 1.518 solicitudes de adquisición de este tipo de vehículos, que se compran de forma centralizada a través del ministerio de Hacienda y posteriormente se entregan a las Administraciones que los solicitan.

De momento, la dotación presupuestaria para la renovación de la flota pública asciende a unos 100 millones de euros. Repartidos entre los 1.518 expedientes que ya está procesando Hacienda, el precio medio rondaría los 65.000 euros. Si finalmente se procede a la renovación de los 5.794 coches que tienen más de diez años de antigüedad, el coste final podría ser de 377 millones.

Podemos y los coches oficiales

En la actualidad, los 22 ministros del gobierno cuentan a su disposición con una flota de 145 vehículos oficiales. Aunque los dirigentes de Podemos criticaron durante años el uso de este tipo de coches, lo cierto es que Pablo Iglesias y Yolanda Díaz cuentan con cinco coches adscritos a sus respectivos departamentos de gobierno (Vicepresidencia de Política Social y Ministerio de Trabajo), mientras que los titulares de Igualdad (Irene Montero), Consumo (Alberto Garzón) y Universidades (Manuel Castells) cuentan con tres coches cada uno.

La Presidencia del Gobierno que encabeza Pedro Sánchez maneja una flota de 25 vehículos oficiales, mientras que los ministerios de Hacienda y de Economía cuentan con 13 y 11, respectivamente. Exteriores maneja ocho vehículos oficiales, mientras que Fomento cuenta con siete. El resto de los ministerios cuenta con una media de cinco vehículos, salvo Interior, que solo cuenta con uno. LM