UGT y CCOO ingresan 500 millones desde 2003 sin justificar

Desde hace años está bajo sospecha el verdadero uso de los fondos para asesoramiento o formación. Ambas centrales han llegado a crear un emporio de empresas formado por más de 50 entidades.

Los últimos escándalos surgidos en Andalucía han puesto de manifiesto una costumbre muy arraigada en los dos sindicatos mayoritarios: ingresar dinero ajeno (no proveniente de las cuotas de sus afiliados) y abstenerse de rendir cuentas sobre el empleo de esos caudales. Ése ha sido el destino de, como mínimo, 500 millones de euros en los últimos diez años.

En algunos casos esa falta de control ha sido deliberadamente buscada para encubrir comportamientos delictivos y enriquecimientos personales. En otras ocasiones, no es posible señalar responsables concretos, y la falta de control es fruto de vacíos legales y prácticas asentadas y toleradas desde hace décadas.

Éstas permiten a los representantes de los trabajadores (y de igual manera a la patronal), tener manga ancha en la gestión de fondos destinados al asesoramiento en caso de despidos o de formación de los trabajadores, entre otros ámbitos.

Y, todo ello, dejando de lado la espinosa cuestión de las subvenciones que las centrales reciben, cada año, de forma automática de los Presupuestos Generales del Estado, en respuesta al muy general propósito de "fomentar cualquier tipo de actividad sindical y de protección de los trabajadores". En los mejores años, UGT y CCOO han llegado a absorber por esta vía hasta seis millones de euros cada uno debido a tan amplio concepto.

El presente artículo, con todo, se centra en aquellos ámbitos en los que hay, como mínimo, indicios de que el descontrol en la gestión se ha venido practicando de una forma reiterada durante años, hayan o no dado lugar a escándalos de gran trascendencia en los medios de comunicación.


De Forcem a los ERE

Al grupo de los casos que sí que acapararon primeras planas pertenece el escándalo destapado en 2003, cuando las centrales se vieron envueltas en la mayor polémica desde los tiempos de la quiebra de la inmobiliaria PSV. Fue hace 10 años cuando tomó velocidad el caso Forcem, el acrónimo de la Fundación para la Formación Continua, creada en 1992 por los sindicatos y la patronal para gestionar los fondos que los ahora llamados Servicios Públicos de Empleo (antes denominados Inem) reservaba a cursos para parados y trabajadores que, a su vez, provenían de las arcas de la Unión Europea (UE).

Hasta 100 millones de euros fueron a parar a programas formativos de los que no quedó constancia de que realmente se hubieran impartido o de que tuvieran siquiera alumnos apuntados. Seis altos cargos de UGT fueron finalmente procesados por esta causa, acusados de que fueron sus bolsillos el verdadero destino final de todo ese dinero.

Semejante trascendencia mediática ha vuelto a rodear a la central vinculada con el PSOE en los últimos meses debido a las facturas infladas, cuando no flagrantemente falsas, que hizo llegar a la Junta de Andalucía para obtener, según fuentes judiciales han concretado hasta el momento, 124.000 euros como paga extra entre los años 2011 y 2012.

En cuanto a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, el expediente que instruye la juez Alaya habla de 7,6 millones de euros que, a través de intermediarios, fueron a parar a las arcas de UGT y CCOO desde principios de la década pasada hasta 2010.

Sin necesidad de caer en lo delictivo como ha ocurrido en Andalucía, los ERE constituyen, además de un dolor de cabeza para los afectados, una fuente cuantiosa (y descontrolada) de ingresos para los dos grandes centrales debido a los servicios de asesoría que, supuestamente, prestan a los trabajadores.

"En teoría, un empleado tiene que dejar constancia por escrito de que quiere beneficiarse de la asesoría jurídica sindical", explican desde un importante bufete laboralista madrileño. Ahora bien "casi nadie se toma la molestia de repartir ese tipo de hojas y las centrales asumen que, por defecto, ellas son las encargadas de hablar en nombre de todos los empleados".

Y de cobrar por ello. Así, en un año histórico en lo que se refiere a la cantidad de regulaciones de empleo que se produjeron como fue 2011, con nada menos que 373.380 afectados de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), los sindicatos cobraron una media de 250 euros (hay casos en los que el coste ha llegado a ascender hasta los 400 euros) a cada uno de ellos en concepto de un servicio de asesoría del que no hay manera de demostrar que efectivamente se ofreció.

La suma total que se embolsaron las centrales asciende a 93,3 millones únicamente en ese ejercicio.


Sacar 'tajada' de la formación
Tras los escándalos reconocidos y el cobro por asesoramiento de ERE, el camino hacia los 500 millones de fondos sindicales incontrolados desde 2003 pasa por la formación tanto de trabajadores en activo como de parados.

A este fin se destinaron en 2011 3.013 millones de euros, de los que 300 millones fueron específicamente a parar a manos de los sindicatos para su gestión a la que resulta muy complicado seguirle la pista.

Hay múltiples maneras para desviar esos capitales, de acuerdo con fuentes conocedoras del funcionamiento de las grandes centrales, en la media en que "estamos hablando de organismos con muchas ramificaciones, que cuentan con sus propias empresas de formación (ver información gráfica adjunta ) e, incluso, con profesores propios, formados por ellos mismos".

En consecuencia, es fácil quedarse con parte del dinero haciendo que, por ejemplo, un docente vea rebajado el sueldo que le correspondería por impartir a un determinado curso a un grupo de trabajadores. Lo que no percibe el docente acaba en las manos del sindicato del que depende, según apuntan las mencionadas fuentes. Además, hasta tiempos recientes, ha resultado difícil controlar que un curso, aun cuando efectivamente se lleve a cabo, lo haga con la calidad que las facturas que se han presentado harían suponer.

De hecho, la endeblez de la formación que respalda la Fundación Tripartita (el organismo oficial que recibe los fondos para formación derivados de las cotizaciones sociales y de su reparto entre los agentes sociales), según las denuncias de los participantes en los cursos, condujo a esta entidad a tomar cartas e implantar cuestionarios regulares de control de la materia impartida.

Los agentes sociales han tenido desde hace décadas una presencia destacada en los consejos de administración de las cajas de ahorros, y la debacle de estas entidades financieras los ha arrastrado también, aunque sin que se les haya exigido responsabilidades directas.

Y eso que su función en el seno de estos organismos no era de ningún modo despreciable. Así, en los estatutos de una de las cajas que más ruido hizo al caer, Banco Financiero y de Ahorros (BFA)-Bankia, figura que patronal y sindicatos tenían como labor velar por la correcta administración y la gestión del organismo".

En pago por esa labor de vigilancia en 2011, justo el ejercicio anterior a la caída del conglomerado que formaron Caja Madrid y Bancaja, los dos representantes de UGT se embolsaron unos emolumentos por un valor total de 625.000 euros, entre dietas por asistencia a reuniones, sueldo por participar en comisiones especializadas y también pagos en concepto de participación en planes de ahorro que la propia institución respaldaba. Según los beneficiarios de estas prebendas y canonjías, la mayor parte de ellas iba a parar directamente a las arcas del sindicato al que pertenecen.

En cuanto a la voz de Comisiones Obreras en ese organismo el sueldo percibido en ese año crítico se situó en 181.000 euros.


Posible uso de los 500 millones
Todo ingreso que reciban UGT y CCOO es poco para el mantenimiento de tan gran emporio como han logrado construir en las últimas décadas. De acuerdo con los datos más definitivos del Registro Mercantil, asciende a más 50 el número de empresas en las que tienen participación ambas centrales, en no pocos casos al 100 por ciento. El entramado abarca varios ámbitos, desde la formación hasta el sector inmobiliario. Fuente