El Estado aportó a Cataluña 25.795 millones en menos de dos años

Antes de poner rumbo a sus vacaciones en Lanzarote, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso hacer un último guiño a Cataluña poniendo en valor el acuerdo alcanzado con la Generalitat para la futura ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat. Tras despachar con el Rey en el Palacio de Marivent, donde se desplazó el pasado martes tras presidir el último Consejo de Ministros antes del cierre del curso antes de la vacaciones estivales.

El presidente quiso hacer bandera de su apuesta por la región catalana y su economía, destacando que esta gran inversión en infraestructuras contribuirá de «manera mucho más importante» al crecimiento económico de Cataluña después de haber «estado por detrás» en los últimos años, que ha ralentizado su recuperación económica. «Con este acuerdo estamos sentando las bases para que Cataluña se recupere a un mayor ritmo y contribuya de manera mucho más importante al crecimiento económico del país», afirmó Sánchez. Fue a partir de esta declaración cuando su discurso erró de pleno. El presidente afirmó que pese al retroceso vivido por la economía catalana en los últimos años, ésta representa todavía «el 25% del PIB de la economía española», algo absolutamente erróneo y que no puede atribuirse a un error de una décima arriba o abajo. En realidad, Sánchez sumó un 6% de más al producto interior bruto catalán, cifrado en el 19% del PIB nacional en los últimos datos oficiales del Ministerio de Asuntos Económicos. Esto significa que «regaló» de golpe 67.000 millones de euros a los catalanes y sus empresas.

Pudo ser que confundiera el PIB actual con el que quiere que alcance esta región española tras las inversiones estatales, ya que «en los últimos años Cataluña ha retrocedido y está por detrás de esa recuperación» y pretende que recobre el peso perdido, todo encuadrado en los acuerdos firmados entre el Gobierno y la Generalitat, con la voluntad de cumplir el Estatut y combinando en sus relaciones con Cataluña la «cogobernanza desde el espacio multilateral», defendió.

La ampliación del aeropuerto de Barcelona está prevista que esté operativa a partir de 2030, con una inversión de 1.700 millones de euros. «Nuestra previsión es que durante los primeros años se haga toda la planificación y los informes de impacto ambiental, pero que el aeropuerto pueda ser una realidad a partir del año 2030», explicaron fuentes ministeriales.

Según la documentación manejada por Aena, el Gobierno pretende que esta ampliación conlleve la creación de 83.000 nuevos empleos directos y 364.000 indirectos, con un aumento de la facturación directa en casi un 100% y la indirecta en un 68%, y la contribución al PIB catalán se elevaría del actual 6,8% al 8,9%, 2,1 puntos más, muy lejos de los seis de más que sumó el presidente al supuesto PIB catalán.

Fuente.

La posibilidad de conceder una Hacienda propia a Cataluña, la condonación de deuda autonómica y la futurible apertura de la negociación entre Gobierno y regiones para abordar al fin la renovación del sistema de financiación empieza a generar un amplio debate acerca de las cuentas autonómicas.

Y uno de los puntos más relevantes es la existencia o no de una financiación justa y adecuada para mantener los servicios públicos básicos que prestan las CCAA. En este sentido, ya es popular el lema independentista de "España nos roba", según el cual Cataluña recibe menos dinero del que debería a través del sistema de financiación.

Los datos, sin embargo, desmienten este extremo. Según un reciente estudio publicado por la Fundación de Estudio de Economía Aplicada (Fedea), Cataluña no aparece entre las regiones con peor financiación, sino que se sitúa por encima de la media. Al margen de las forales vasca y navarra, cuya financiación es diferente, existe una diferencia de hasta 25 puntos porcentuales entre las regiones mejor y peor tratadas por el sistema en términos de financiación por habitante ajustado (a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal).

Según este indicador, las mejor financiadas son, por este orden, Cantabria, Baleares, La Rioja y Extremadura, por encima de 110 puntos sobre una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen común. Por el contrario, las peor financiadas son Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, por debajo de 95 puntos. Cataluña, sin embargo, se sitúa incluso por encima de la media regional, con 102 puntos, casi a la misma altura que Madrid.



Por esta razón, entre otras propuestas, Fedea propone crear un fondo transitorio dotado con 3.000 millones de euros procedentes del Estado para situar en la "posición correcta" a las cuatro comunidades infrafinanciadas y, de este modo, abordar otras reformas que precisa el sistema para mejorar su funcionamiento, como, por ejemplo, la necesaria corresponsabilidad fiscal, a fin de que cada región sea responsable financieramente de sus competencias. Andalucía y Valencia recibirían entre 1.400 y 1.150 millones, mientras que Murcia y Castilla-La Mancha entre 270 y 150 millones, respectivamente.
Nuevo fondo de 3.000 millones

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, explicó que se trataría de un fondo con recursos "aportados por el Estado", con un coste de 3.000 millones a repartir entre las cuatro regiones infrafinanciadas. Según su propuesta, esa cantidad se mantendría "hasta que se cierre la reforma del sistema" y tendría "dos buenas propiedades".

En primer lugar, "una mejora inmediata de la equidad del reparto" en los recursos que reciben Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia. Por otro lado, "modificaría el ‘statu quo’ en la dirección correcta de cara a la negociación final de la reforma", con lo que "si ya negocias desde una posición favorable" es "difícil" que esas autonomías "se vuelvan a quedar atrás". Por ello, apostó por crear el fondo "de forma inmediata" y recalcó que los 3.000 millones aportados por el Estado "luego se integrarían en el sistema", debido a que se trataría de un fondo temporal.

Insistió en que "lo primero que habría que hacer" para abordar la reforma del sistema de financiación sería "arreglar el problema de las comunidades peor financiadas" y reiteró que esas cuatro "están por debajo de 95 puntos sobre una media de 100" en un indicador de financiación. "Murcia y Valencia están casi en 90, diez puntos por debajo de la media y esto es un problema", indicó.

Dicho y hecho. Ayer mismo, aprovechando su visita a Fitur, los presidentes autonómicos de estas cuatro regiones coincidieron en reclamar juntos al Gobierno mejoras en su financiación. El andaluz Juanma Moreno, el murciano Fernando López Miras, el valenciano Carlos Mazón -los tres del PP- y el castellano-manchego Emiliano García-Page -del PSOE- coincidieron en que sus regiones están "infrafinanciadas" y van a exigir en total algo más de 3.000 millones de euros en recursos adicionales.

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