España se convierte en un paraíso para cacos y carteristas

El Gobierno asegura que la reforma de los tipos penales y la revisión del sistema de penas garantizará una mayor protección al comercio.

Las empresas de distribución pierden alrededor del 1% de su facturación por los hurtos que se cometen en sus establecimientos. Esto supone un pico considerable de más de 1.200 millones de euros en las cuentas de los supermercados, que, unido a la crisis y a la caída del consumo, lleva años suponiendo un quebradero de cabeza a los dueños de las compañías.

El importe medio del hurto es de 63 euros, según la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). Sin embargo, esta cantidad no supone ni siquiera un delito, así que poco se puede hacer de momento para resarcir el daño hecho a la compañía. El laxo Código Penal en esta materia establece claramente que el que sustrae bienes de otras personas, sin utilizar la fuerza ni la intimidación por un valor inferior a 400 euros, tan sólo comete una falta, por lo que saldrá de comisaría una vez prestada declaración -si le pillan, claro-.

Además de estos 1.200 millones de euros, las compañías gastan con la intención de protegerse de este tipo de problemas (sistemas antihurto, personal de vigilancia, actividades de concienciación para el personal, vitrinas de protección…) un 0,28% de su facturación anual, según Aecoc. La cuantía económica que les supone estas actuaciones a los supermercados y tiendas no queda ahí. Anualmente se registran en los supermercados españoles un total de 130.000 incidentes, de los cuales sólo se denuncian 18.000. Las empresas dedican al año 400.000 horas a gestionar este tipo de incidentes (ya sean denunciados o no). Este número de horas obviamente tiene un coste económico cuantificable.

La consecuencia de esta problemática supone una pérdida de eficiencia, de productividad y competitividad que se materializa en los balances de cada compañía. Un estudio de Civitas Crime sitúa a España en segunda posición detrás de Bélgica en tasa de robos por cada 100.000 habitantes de todo el mundo. Las empresas de distribución consideran que el código penal es demasiado indulgente en su tratamiento de los hurtos en los puntos de venta y, por ello, la reincidencia es uno de los principales problemas del sector.

El Código Penal actual tipifica al hurto como un delito contra el patrimonio y lo cuantifica por encima de los 400 euros, y esto los ladrones lo conocen muy bien. Es decir, el objeto de la ley es proteger los bienes que tengan un determinado valor económico, por tanto, todos los que carezcan de este valor no son protegidos.

El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a ocho meses si la cuantía de lo sustraído excede de 400 euros.

Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice tres veces la acción descrita en el apartado 1 del artículo 632 de este Código, siempre que el montante acumulado de las infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito.

Ante esta cuantía, las cadenas de distribución poco pueden hacer ante los pequeños robos que sufren cada día en sus lineales.

¿Qué roban?

---

El Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2012-2013, realizado por Euromonitor Internacional en colaboración con Checkpoint Systems, asegura que desde 2007 ha crecido especialmente el robo de alimentos, moda y pequeños electrodomésticos, es decir, objetos pequeños y fácilmente sustraíbles.

Euromonitor indica que el 50% de los hurtos son cometidos por los clientes, un 5% corresponde al fraude de proveedores y un 18% a pérdidas no relacionadas con la delincuencia. Por otra parte, el 27% son perpetrados por los propios empleados, porcentaje que disminuye con respecto a años anteriores por "el miedo de los empleados a la pérdida del empleo".

Reforma del Código Penal

---

Para intentar buscar soluciones a esta lacra, el pasado miércoles se reunieron en Madrid más de 150 profesionales de las áreas de seguridad, sistemas y operaciones, que analizan la colaboración entre el ámbito público-privado para la lucha contra el hurto comercial así como la reforma del Código Penal y un sistema de protección integral del comercio.

A este Congreso de Prevención de Pérdida, organizado por Aecoc, acudió el Secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, que analizó la reforma del anteproyecto de ley de Protección del Comercio. Fernando Román aseguró que la reforma de los tipos penales y la revisión del sistema de penas garantizará una mayor protección al comercio. Tanto el secretario como Manuel Foix, jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, coincidieron en la importancia de la eliminación de las faltas, de modo que todos los hurtos van a ser procesados como delitos. Este marco, según el secretario de Estado, permitirá controlar mejor a los reincidentes así como a las bandas organizadas y delincuentes profesionales.

En el anteproyecto se establece que se sustituirán las faltas de hurto por un delito leve de hurto que castigará los casos en los que lo sustraído no supere los mil euros. En los casos de multireincidencia y la delincuencia grave las penas podrían ser de uno a tres años de prisión. Es decir, los robos de menos de 400 que antes se consideraban faltas pasarán a entrar en la tipificación de delito leve y, si reinciden, podrán entrar en prisión. Link