Mercasevilla pagó nóminas a cargos del PSOE que nunca trabajaron en la empresa

¿Financiación ilegal de los socialistas andaluces? Mercasevilla pagó las nóminas a cargos del PSOE que jamás han trabajado en esta empresa pública, según denuncia el Partido Popular. Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén), aparecía en uno de los EREs de Mercasevilla. Supuestamente recibió 112.000 euros. Garrido ya ha dimitido tras la revelación de su nombre y al comprobarse que no perteneció a la plantilla de la compañía.

Entre 2003 y 2007 la empresa contrató a 66 personas, “ocultando trabajadores que desaparecen de las memorias anuales de Mercasevilla cedidos a la Fundación Mercasevilla”, según explica Juan Ignacio Zoido, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y parlamentario andaluz. El PP sevillano critica el “carácter fraudulento” de los EREs de la firma al haber procedido a la extinción de 67 contratos por prejubilación y tener en plantilla más trabajadores que antes de la implantación de los EREs: 200 empleados.

Garrido no es el único “trabajador fantasma” de Mercasevilla. María del Carmen Fontela González recibió 154.000 euros de la empresa y no figura ni en las listas de prejubilados ni en el expediente de la empresa. El presidente del Comité de Empresa de Mercasevilla, Rafael Jiménez, tiene claro que la opinión mayoritaria es que se trata de “una trama de financiación ilegal del PSOE”. “Pero será un juez quien tenga que demostrarlo”, señala a este diario.

El PP ataca con más munición directa. En su relato de los hechos, especifica que un sindicalista de Jaén, cuñado del dueño de la empresa que asesoró a Mercasevilla en los EREs, es señalado como un conseguidor que media entre Mercasevilla y la Junta de Andalucía. “Un conseguidor es en Andalucía un señor que, a cambio de una comisión, hace valer sus relaciones para conseguir trato de favor de la Junta de Andalucía”, detalla Zoido.

La Junta de Andalucía negó compromiso financiero alguno con el ERE de 2007. Sin embargo, han aparecido tres documentos firmados por un alto cargo del Gobierno andaluz señalado por un testigo “por ofrecer ITV de forma ilegal, comprometiendo y autorizando el copago de las prejubilaciones”.

Un ERE de 9 millones de euros

El expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad mixta, cuyo coste se eleva a 9 millones de euros y de cuya financiación se desliga la Administración autonómica, está incluido en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en cuanto a la posible comisión de un delito societario por parte de la anterior directiva del mercado central de abastos, encabezada por Fernando Mellet y Daniel Ponce.

Según el PP, expulsado del consejo de administración de la empresa tras las denuncias judiciales, la trama de Mercasevilla “empieza y termina en el PSOE”. “De las extorsiones a empresarios pasando por EREs en los se jubilan dirigentes socialistas que nunca han trabajado en la empresa”. En las conversaciones que desvelaron la trama de sobornos en Mercasevilla que publicó El Confidencial, ya se traslucía la relación entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, al contar con la Consejería de Empleo como centro de operaciones.

Este diario ya publicó el pasado 25 de febrero que la representación sindical continúa mostrando preocupación por los ‘números rojos’ destapados por la consultora Deloitte. El informe del ejercicio 2008 revela que las pérdidas superaron los 1,5 millones de euros mientras los pasivos de la empresa podrían superar los once millones de euros. En la etapa del ex director general Fernando Mellet se repartieron dividendos de 258.000 euros. Link

Mercasevilla se enfrenta esta semana a un caliente consejo de administración. Los actuales dirigentes de la central de abastos andaluces presentarán más números rojos. Las pérdidas están garantizadas en una empresa presa continua de los escándalos y carne de cañón mediática desde febrero de 2009.

Rafael Fernández, presidente del comité de empresa de Mercasevilla, alerta a El Confidencial de un intento de privatización ante la maltrecha situación económica. El informe del ejercicio 2008 ya reveló pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros mientras los pasivos de la empresa fueron de 11 millones de euros.

En 2009 los números tampoco mejoraron. Las pérdidas se elevaron a 4,1 millones de euros, más un pasivo de nueve millones de euros. Esta situación ha llegado a lastrar la cifra de negocios de Mercasa, que retrocedió un 11,4%, hasta 27,9 millones de euros. En la etapa del ex director general Fernando Mellet se repartieron dividendos de 258.000 euros. El mercado central sólo ha evitado la quiebra con una aportación de 1,2 millones de capital social.

“Todo está mal y ya son muchos los frentes que tiene la empresa”, admite Fernández, quien denuncia cómo se sienten perseguidos por la opinión pública: “Se está dando la imagen que somos todos unos chorizos, corruptos y rateros y no es así”. La exclusiva adelantada por este diario el pasado jueves del pago de sueldos encubiertos a prejubilados con préstamos al 0% ha disparado las alarmas de los 230 empleados que todavía trabajan en la empresa.

El presidente del comité de empresa, que figura entre los cuatro prejubilados del ERE promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla de entre los 33 nuevos casos de intrusos remitidos al juzgado por la Consejería de Empleo, ratifica que los préstamos no están sujetos a la declaración de la renta. “No entiendo cómo el INEM no actúa de oficio. Podría paralizar el pago, pedir la devolución del dinero y efectuar el embargo”, explica Fernández, quien critica el término de EREs falsos. “Lo habéis acuñado periodísticamente, pero en realidad se trata de seguros de renta falsos. Los EREs son legales”, añade.

“El problema”, insiste, “es la concertación de pólizas de seguro para personas a las que no iba dirigido ese dinero público. Se han beneficiado a personas que no estaban en los Expedientes de Regulación de empleo, pero el problema es de la Junta y de las empresas intermediarias”, explica Fernández, a quien le “cuesta pensar” que ningún consejero de Empleo del Gobierno andaluz “supiera nada”.

No se acaban aquí los problemas en Mercasevilla. Una multa de la Junta de Andalucía de 2,2 millones de euros por la venta de inmaduros y la morosidad de los mayoristas de frutas son otras de las causas del desconcierto de los empleados, que observan cómo la empresa está más pendiente de sus problemas de tesorería y juicios antes que resolver el día a día y diseñar un creíble plan de viabilidad. LInk