El carbón español: malo, caro y de difícil extracción

DOS SIGLOS Y MEDIO DE VIDA

Las minas de carbón asturianas nos han quitado mucho más de lo que nos han dado; tal vez sea el momento de cerrarlas y dejar que Asturias aprenda a olvidarlas para siempre.

La minería del carbón asturiana tiene dos siglos y medio de vida. Es algo muy reciente, el último recurso natural que los españoles hemos extraído de un modo masivo en nuestro país. Empezó a mediados del siglo XVIII alentado por el empeño de la Armada, que vio en el carbón nacional una materia prima idónea y accesible para fundir piezas de artillería en el arsenal de El Ferrol. Desde entonces, las cuencas interiores del Principado y el negro elemento han ido de la mano escribiendo juntas una parte importantísima de la historia económica de la España contemporánea.

Pero, pese a todo, el carbón asturiano ha sido durante toda su historia antieconómico, conflictivo y extraordinariamente costoso en vidas humanas. A excepción de los años de la Primera Guerra Mundial, cuando la competencia inglesa se desvaneció, las minas asturianas siempre han dependido de ventajosos aranceles o de subsidios directos. A mediados del siglo XIX, en plena Revolución industrial, el carbón inglés costaba menos de la mitad que el extraído en Asturias.

Esto era así porque la industria inglesa estaba mejor capitalizada que la española y, además, su carbón era de mejor calidad y necesitaba menos proceso tras la extracción.

Los sucesivos Gobiernos españoles, obsesionados con la vieja e ineficiente idea mercantilista de evitar las importaciones, pusieron todo tipo de trabas al carbón inglés hasta hacerlo prohibitivo para la industria nacional. Dado que el carbón es un tipo de energía primaria, eso repercutió en la competitividad de nuestra propia industria, que nunca, hasta fechas muy recientes, estuvo en condiciones de medirse con los competidores extranjeros ni, mucho menos, de expandirse por el mundo. De este modo, el coste de comprar obligatoriamente carbón asturiano fue inmenso para las empresas españolas durante los años centrales de la segunda Revolución industrial............................................................
http://www.intereconomia.com/noticias-/negocios/carbon-espanol-malo-caro-y-dificil-extraccion-20120629

Su producción nunca ha sido competitiva, la calidad del mineral es baja y su precio muy superior al internacional.

YA RECIBÍA SUBVENCIONES EN EL XIX

El problema del carbón nacional no es de hoy. El sector recibe subvenciones y ayudas públicas de todo tipo desde hace más de un siglo. Las minas ya eran deficitarias en el siglo XIX, de modo que no podían competir con el carbón que entonces procedía de Reino Unido sin la asistencia estatal. Desde entonces, los mineros del carbón constituyen un grupo privilegiado gracias al maná del dinero público, procedente del bolsillo de los contribuyentes. Tanto es así, que ya en 1935, el economista Román Perpiñá Grau aconsejaba abandonar el proteccionismo del carbón nacional debido a su negativo impacto sobre la competitividad económica del país.

Hoy, un siglo después, la viabilidad del sector y la conveniencia o no de las ayudas sigue de actualidad, tras las protestas y marchas protagonizadas por los mineros en contra del recorte en las subvenciones que sigue recibiendo el sector. Pero, ¿por qué el carbón nacional no es rentable? En un amplio informe, el blog Desde el Exilio detalla algunas de las claves de esta ruinosa actividad nacional. A continuación, se reproducen las principales causas................................................
http://www.libremercado.com/2012-07-04/el-carbon-espanol-un-negocio-ruinoso-desde-hace-un-siglo-1276463068/

El Gobierno del PSOE decidió archivar un gran número de informes que calificaban las ayudas de ilegales.

ENTRE 2004 Y 2007

Entre 2004 y 2007, la Intervención General de la Administración del Estado (IAGE), encargada de regular las subvenciones estatales, determinó que las empresas de la minería del carbón debían devolver 494,4 millones de euros de los más de 1.800 que se habían concedido al sector porque incumplían la normativa establecida para las ayudas estatales.

A pesar del informe del IAGE, el Gobierno del PSOE decidió archivar casi todos los informes y renunció a cobrar 482 de los 494 millones que el organismo había calculado, según informa el diario ABC.

En concreto, la IAGE encontró:.......................................................................................
http://www.libremercado.com/2012-07-04/zapatero-regalo-a-la-mineria-482-millones-de-forma-irregular-1276463020/

Los mineros se prejubilan con menos de 50 años y hasta 3.000 euros al mes. El recorte de las ayudas excluirá a muchos trabajadores de este régimen.

A COSTA DE LOS CONTRIBUYENTES

M. LLAMAS 2012-07-09

La denominada marcha negra entró en la Comunidad de Madrid este domingo tras dos semanas de recorrido. Los mineros pretenden coronar su oleada de protestas con una manifestación en el centro de la capital este miércoles. El sector acumula ya 43 jornadas de huelga indefinida por el recorte de las ayudas públicas al carbón nacional. El Gobierno redujo su cuantía como resultado del ejercicio de contención presupuestaria para alcanzar el objetivo de déficit público este año.

Pero, ¿por qué protestan lo mineros? Desde el sector y los sindicatos se alude a la necesidad de conservar puestos de trabajo y evitar así la despoblación de las cuencas mineras. Sin embargo, las sustanciales ayudas públicas recibidas hasta ahora, unos 24.000 millones de euros desde 1990, no han conseguido ninguno de esos objetivos. De hecho, las subvenciones han perseguido, más bien, lo contrario: reducir las plantillas y la producción de un sector que dejó de ser rentable hace más de un siglo.

Así, a principios de los años 90, cerca de 45.000 personas trabajaban en el sector del carbón nacional, en algo más de 230 empresas, con una producción media de unas 20 millones de toneladas al año. Los tres planes de ayudas al carbón aplicados entre 1990 y 2005 sirvieron para reducir los empleados a apenas 8.300 (un 82% menos), el número de empresas a menos de 30 (88% menos) y la producción a unas 12 millones de toneladas (37% menos). Mientras, el último plan aprobado, que va de 2006 a 2012, se puso en marcha con el objetivo de reducir a poco más de 5.000 el número de trabajadores, y a 9,2 millones de toneladas la producción a finales del presente año.

Es decir, en todo caso, el régimen de subvenciones se ha destinado a reducir de forma progresiva el tamaño y capacidad de la minería nacional aunque, eso sí, con unas condiciones privilegiadas para los trabajadores gracias al dinero del contribuyente. El citado privilegio consiste, básicamente, en la concesión de generosas prejubilaciones -con poco más de 40 años y elevadas cuantías-. Así, por ejemplo, del presupuesto total asignado al sector en 2011 (1.078 millones de euros), más de un tercio (326 millones) se destinó al pago de prejubilaciones.

Los diferentes planes de la minería han contemplado prejubilaciones a partir de los 52 años de "edad mínima equivalente" lo cual, en la práctica, se traduce en una edad real de jubilación de entre 42 y 50 años en función del riesgo que conlleve la tarea específica de cada trabajador: los mineros se suelen jubilar con 42 años, el personal exterior y de mantenimiento a los 45 y el personal de oficina (administración) a los 50 años. Para poder optar a la prejubilación basta con haber trabajado un mínimo de ocho años en el sector de la minería y apenas tres años en la empresa que prejubila.

Según los datos oficiales del Ministerio de Industria, a través de los cuatro planes de ayuda aplicados desde 1990, el 16% de los trabajadores se han prejubilado con 40 ó 41 años; entre 42 y 44 años, un total del 33%; entre 45 y 49 años, el 29% de los trabajadores; de 50 a 54 años, el 17% del total de jubilados; de 55 a 58 años, el 4%; y de 60 a 64 años apenas el 1% del total de todos los trabajadores acogidos a prejubilación. De este modo, la mitad de los mineros prejubilados desde entonces lo han hecho con menos de 45 años, y casi el 80% con menos de 50 años.

En cuanto al importe de las prejubilaciones, también varía en función de la edad y el riesgo de la tarea: el 9% de los trabajadores ha obtenido una prejubilación de entre 901 y 1.300 euros; el 18% cobra entre 1.301 y 1.700 euros; el 24%, entre 1.701 y 2.100 euros; el 27%, entre 2.101 y 2.500 euros; el 21% obtiene una prejubilación superior a los 2.500 euros al mes; y el 1% restante se sitúa entre los 500 y los 900 euros. Es decir, ni más ni menos que el 72% de los prejubilados cobra una pensión superior a los 1.700 euros al mes, el doble que la pensión media en España. Una cuantía muy elevada si se tiene en cuenta, sobre todo, el número de años que realmente se trabaja.

Tan sólo de 2006 a 2010, el coste medio de una prejubilación asciende a una media de 433.000 euros para los contribuyentes....................................................
http://www.libremercado.com/2012-07-09/la-autentica-lucha-de-los-mineros-mantener-prejubilaciones-de-oro-a-los-40-1276463429/

Estos mineros son unos mantenidos desde hace treinta años nos están chupando la sangre. Viven de engrosar nuestro recibo de la luz y gracias a ellos tenemos la luz más cara del planeta:

Como todo récord mundial, se necesita esfuerzo y dedicación, ya qua al liderato no se accede por casualidad. Se han tenido que dedicar ímprobos esfuerzos para que los precios da la electricidad en nuestro país sean los mas caros del mundo industrializado.

La clase política, lejos del papel que le corresponde, y con independencia de la formación a la que pertenezca el Gobierno de la nación, ha arrimado al hombro junto a las “familias” dominantes en el sector eléctrico para conseguir la proeza de figurar en el informe de la consultora National Utility Service (NUS) qua señala a España como el país más caro por sus costes de energía eléctrica.

No solo se ha conseguido este récord Guinness, sino que la liberación del mercado eléctrico se ve como una parodia nacional al más puro estilo del cine de Berlanga.

Los precios se han resistido a bajar a pasar da la liberalización del sector y las sucesivas medidas adoptadas por el Gobierno trapicheando con las tarifas. En casi todos los países que recoge el informe NUS, el precio de la electricidad desminuyó, destacando los descensos tarifarios en Suecia con un 20,37%, Dinamarca con un 15,57% o Italia con un 12,05%. Por al contrario, la tarifa eléctrica española no ha variado a la baja, todo lo contrario desde 2008 se ha incrementado en más del 50%.

La codicia de las compañías eléctricas no tiene fin, no satisfechas en su lloriqueo perpetuo persisten que el próximo 30 de marzo se le de una vuelta de tuerca más a la tarifa y ponen toda la carne en el asador con el fin de esgrimir su fuerza intimidatoria. Estos angelitos se atreven a pronunciar: Es que esto no se arregla sin una subida del 30% o del 40% para no generar un agujero mayor, así también lindezas como esta: Al final, el negocio internacional es el que salva nuestra cuenta de resultados. Cuando no deja de ser una mentira detrás de otra, las inversiones internacionales, sobre todo en Sudamérica, han sido financiadas con el expolio de la tarifa nacional.

Así y todo el lobby de las eléctricas asegura que se trata de un mal negocio y que los balances contables están construidos en el aire: El beneficio no corresponde a flujos de caja reales, son contables, y que el esplendoroso déficit tarifario supone cinco veces su beneficio.

¿Si los beneficios son virtuales y no llegan a entrar en caja por qué continúan? ¿No sería oportuno que encaminaran sus pasos por una renacionalización? De esto ni hablar, de lo que se trata es de chupar de la mamella de la vaca hasta el infinito y lloriquear sin descanso: La realidad es que los beneficios cubren el esfuerzo financiero de la inversión, pero no retribuyen de una manera rentable los costes del capital invertido.

¿Cómo puede ser competitivo este país con una oligarquía que no está dispuesta a ceder en lo más mínimo? ¿Toda la carga tiene que avocarse en las espaldas del españolito? Esto no puede acabar bien, lo ve hasta los que miran al otro lado.

Ha sido da tal magnitud el latrocinio cometido con los ciudadanos del país a través del arma legislativa de incrementar la tarifa eléctrica que, ahora, cuando se desarrollan los efectos de la economía globalizada pueden apreciarse los estragos cometidos en toda su amplitud.

El coste de un KW/h en España respecto a la media de los países más industrializados es impresionante, más de un 40%. Un dato sin confirmar, un ciudadano londinense paga un tercio de lo que paga un español por el recibo de la luz a pesar de las diferencias salariales.

Se ha llegado a inflar el globo de las tarifas, al repercutir una y otra vez costes por distintos e imaginarios conceptos con variopintos nombres, acompañados de leyes que los legitimaban como saneamiento, moratoria, parón nuclear, y un sin fin de dimes y diretes que tratan de ocultar la quiebra técnica de las compañías eléctricas al invertir en centrales nucleares.

Si se quiere llegar al fondo de la cuestión es necesario explicar lo ocurrido con un cierto detalle, de lo contrario, en genérico es tan superficial que el potente sistema mediático arrasa con todo y la mentira se consolida. Para ello volvamos algo atrás.....................................................................
https://ataquealpoder.wordpress.com/2012/03/22/lo-han-conseguido-la-electricidad-espanola-es-la-mas-cara-del-mundo-2/

La Comisión indaga tras la denuncia de un concejal de IU: administraciones, empresas y prejubilados se enfrentan a devolver las cantidades percibidas

La denuncia de un concejal de un pequeño pueblo minero, Fabero (León), acaba de desencadenar una investigación preliminar sobre el destino de los fondos europeos que deberían haber servido para reconvertir las cuencas mineras. El sector en su totalidad ha recibido 24.215 millones de euros en ayudas públicas entre 1990 y 2014, pero la Ley General de Subvenciones establece que el organismo que las concede solo puede reclamar la devolución de aquellas que hayan sido concedidas o justificadas en los últimos cuatro años.

Esto significa que la investigación ha de acotarse a los últimos 2.500 millones destinados. Es poco más del diez por ciento del total, pero aun así se trata de una investigación de unas dimensiones titánicas que no ha hecho más que empezar. Los fondos se han distribuido en tres grandes áreas: ayudas directas a la producción de las empresas mineras, prejubilaciones de trabajadores y financiación de proyectos alternativos a la minería. Según las fuentes consultadas, el fraude se ha extendido de forma transversal: centenares de prejubilados fraudulentos (similar al caso de los ERE andaluces), cifras de extracción de carbón infladas para cobrar más subvenciones y proyectos pagados con fondos Miner pese a que no encajan en las bases de las subvenciones.

El origen de la denuncia está en el Pleno del Ayuntamiento de Fabero celebrado en julio de 2013, en el que un concejal del PSOE, Pedro Monasterio, reconoció abiertamente la existencia de un gran fraude en la gestión de ayudas públicas y se negó a solicitar una auditoría a la Unión Europea. Monasterio conoce a la perfección el mundo de la minería, ya que antes de entrar en política había sido secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. de Castilla y León.

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Juan Carlos Alonso, defendía una moción que consistía en solicitar al Tribunal de Cuentas de la UE que lleve a cabo una auditoría sobre todos los fondos Miner destinados a España. Alonso reseñó que se han destinado «ingentes cantidades de dinero público» para, en teoría, «la mejora de la calidad de vida de las comarcas mineras y la creación de empleo juvenil en las mismas», pero «nada de esto se ha realizado». El concejal de IU se preguntaba dónde ha ido a parar ese dinero y quién se ha enriquecido.

Pero la petición de Izquierda Unida se encontró con la frontal oposición del PSOE, el grupo mayoritario. El principal argumento para no solicitar una investigación fue el riesgo a que eso pudiera suponer la devolución de las cantidades malgastadas. Tomó la palabra el citado Pedro Monasterio, exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. de Castilla y León. El actual concejal socialista reconoció que «algunas actuaciones no se gestionaron bien» y que ha habido prejubilaciones fraudulentas (ver información en la siguiente página).

El principal argumento para votar en contra de la moción fue el riesgo de que una auditoría se traduzca en una devolución forzosa de las subvenciones. Los seis concejales del PSOE votaron en contra; cinco lo hicieron a favor (tres del PP y los de IU); y los dos independientes del MASS se abstuvieron.

Tras la negativa, el portavoz de Izquierda Unida decidió denunciar directamente el caso ante el Parlamento Europeo, al que envió el acta del pleno extraordinario como prueba de que hasta en una sesión oficial en un ayuntamiento se reconocían los «tejemanejes» con las subvenciones. Así, Carlos Alonso solicitó una investigación del destino de los fondos Miner. El pasado 26 de mayo recibió la respuesta de la Eurocámara: «Me complace comunicarle que la Comisión de Peticiones ha examinado su petición y ha decidido que los asuntos que en ella plantea cumplen los requisitos para su admisión a trámite», según refleja el documento que reproduce ABC, firmado por la presidenta de la citada comisión, la italiana Erminia Mazzoni. Así, el organismo comunitario ha «solicitado a la Comisión Europea (que tienen el poder Ejecutivo) que lleve a cabo una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema».

Esta investigación se suma a la que instruye un juez de Ponferrada tras una denuncia de la Fiscalía. En este caso, en el que están imputados una docena de empresarios de la minería, se investiga solo uno de los capítulos que financian las subvenciones europeas: las ayudas directas a la producción. Según el Ministerio Público, solo en 2011 las mineras cobraron 57 millones de euros de más tras inflar las cifras de producción. El juez amplió la investigación a los últimos cinco años. El presunto fraude podría rondar los 600 millones de euros.