UGT se quedaba el 20% del dinero de los cursos

La Guardia Civil cree que el sindicato diseñó «una estructura empresarial ex profeso» para desviar fondos públicos

El sindicato UGT de Andalucía se quedaba con el 20 por ciento de las subvenciones de los cursos de formación fundamentalmente de desempleados para financiarse. Es una de las principales conclusiones a las que ha llegado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su investigación sobre el fraude de las facturas falsas que lleva a cabo el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla y que fue el detonante para que el propio exsecretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández (ahora imputado en el caso de los ERE), tuviera que abandonar el cargo el pasado mes de noviembre.

Según se desprende del sumario, al que ha tenido acceso ABC, los sindicatos «retendrían a su favor cantidades que oscilan alrededor del 20 por ciento de las subvenciones recibidas y que deberían ser dedicadas a acciones formativas». Una maniobra con la que conseguirían, según insiste el atestado de la UCO, «una importantísima fuente de financiación proveniente de fondos públicos dedicados a formación profesional, en detrimento de la calidad de dicha formación».

El sumario, que hasta hace solo unos días era secreto y que el juez Juan Jesús García Vélez decidió levantar la pasada semana, se centra en principio en las subvenciones otorgadas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo (el epicentro del caso ERE) entre los años 2008 y 2011. Los agentes ponen de manifiesto que los sindicatos diseñaron «una estructura empresarial ex profeso» para «justificar el presunto desvío de fondos públicos supuestamente malversados» destinados a financiarse.

Los cinco tomos que hay hasta ahora contienen todos los ingredientes de una película de cine negro. En el seno de la investigación, los agentes de la Guardia Civil llegaron a temer que se destruyeran pruebas, lo cual motivó, para evitarlo, los registros y detenciones. También hubo pinchazos telefónicos que se practicaron al extesorero de UGT-A, a Fernández y a la responsable de compras del sindicato, e incluso seguimientos.

La ejecutiva estaba al tanto de todo

Pero las diligencias, que provocaron a finales del pasado mes de junio la operación Cirene que se saldó con la detención del extesorero de UGT-A Federico Fresneda, entre otros 16 arrestados, revelan que la cúpula de UGT de Andalucía estaba al tanto de todo lo que ocurría con el dinero de los cursos de formación y que los dos anteriores responsables de esta organización, tanto Manuel Pastrana como el propio Francisco Fernández, estaban informados de todo: de la existencia del llamado «rappel», comisiones o descuentos que las empresas que contrataban con dinero de la Junta pagaban al sindicato y que no se reflejaba en las facturas que presentaban a la Administración. También conocían la existencia de los «botes», los saldos que acumulaban con los proveedor es a partir de las facturas infladas o falsas, que el sindicato empleaba para sus propios gastos. E incluso un testigo habló de que toda la ejecutiva conocía la existencia del «canon revolucionario».

El extesorero imputado confirmó en su declaración ante el juez que «se acordaba en la comisión ejecutiva y, por tanto, Manuel Pastrana y Francisco Fernández estaban al tanto». Incluso señaló que fue el propio Pastrana quien decidió crear la central de compras para canalizar los pedidos de UGT y obtener mejores presupuestos. Un dato sobre el que el fiscal Anticorrupción llegó a profundizar al preguntarle quién decidía las empresas que debían pagar este rappel.

En cuanto al porcentaje, el extesorero aseguró que solía ser del 4 por ciento y dependía de la facturación. Aseguró que no era cierto que ese porcentaje pudiera llegar al 20% ni tampoco que fuera una condición indispensable para poder contratar con UGT Andalucía. «Hay proveedores que contratan sin pagar rappel alguno», declaró el sindicalista que, sin embargo, luego admitió que otras federaciones y uniones provinciales negociaban estas comisiones con las empresas.

Manifestaciones y viajes

Luego también admitió que el sindicato retenía hasta el 20% de las subvenciones recibidas de la Junta para cursos y que la ejecutiva conocía la existencia de ese «bote». Otro trabajador que prestaba servicios en la administración de UGT relató que el saldo del bote «se utilizaba para afrontar gastos no justificables como los de manifestación, viajes del secretario general o habitaciones (en hoteles) para Cándido Méndez», como reveló ABC.

La Guardia Civil señala que las publicaciones relacionadas con las irregularidades (el sumario recopila las revelaciones de ABC) en la gestión de las subvenciones y la alarma social que generaron «afectaron sensiblemente a la dirección de UGT-A provocando la dimisión de Fernández al tiempo que restaban eficacia a las acciones policiales». Ello evidenció «un alto riesgo de destrucción o alteración de pruebas» que motivó la necesidad de registrar las sedes del sindicato en Sevilla y Córdoba, además de las empresas Soralpe y otras utilizadas por Fresneda para gestionar la administración de UGT-A. Pero en la investigación, iniciada por la juez Alaya y luego remitida a García Vélez, también aparece el conseguidor Juan Lanzas que mantuvo «relaciones comerciales» con algunas de las empresas que aparecen en las operaciones de UGT. Y el caso no ha hecho más que empezar. ABC