ÍndiceComienza a aflorar la suciedad de la Junta andaluza: aparecen 18 tarjetas 'black' de la 'administración paralela'
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Comienza a aflorar la suciedad de la Junta andaluza: aparecen 18 tarjetas 'black' de la 'administración paralela'
por Sandro Lun Ene 21, 2019 1:56 pm
La Cámara de Cuentas hace público un informe que muestra que la Junta reducía entes pero mantenía el personal de la "administración paralela".
Antes incluso de las auditorías prometidas, de las que ya se verá su alcance, su profundidad y su intensidad, las alfombras comienzan a revelar lo que se esconde bajo su sombra. Hasta ahora se creía que era un ente de la administración conocida como "paralela", la Fundación Andaluza para el Fondo de Formación para el Empleo (FAFFE), la que contaba con tarjetas black, e incluso motejadas como sex-black por el destino de sus pagos. Pero no. A pesar de las negativas de Susana Díaz y su Junta, en el día en que se constituye el nuevo gobierno, ya han aparecido 18.
Destaca este lunes El Mundo que no era la FAFFE la única entidad que disponía de ellas a pesar de que el gobierno de Susana Díaz negó una y otra vez su existencia en la Administración autonómica. Pero precisamente porque la "administración paralela" se erigió para eludir controles, ya se ha reconocido que hay varios de los entes que la componen que han usado este tipo de tarjetas de crédito al menos desde 2015.
Mientras se investía a Juan Manuel Moreno en el Parlamento andaluz, la Consejería de la Presidencia, que ha ocupado hasta ahora el vicepresidente de la Junta y mano derecha de Susana Díaz, Manuel Jiménez Barrios, respondía a una pregunta formulada hace cuatro meses a Portal de la Transparencia, que ya se ve cómo funciona.
Horas antes de que se descubra cuál era la realidad, el gobierno de Susana Díaz ha reconocido ya que hay catorce tarjetas que utilizan diversos responsables de la administración opaca de la Junta, desde Canal Sur TV a la Escuela Andaluza de Salud Pública a la Fundación Doñana 21.
Otros entes que disponían de tarjetas son el Parque Científico y Tecnológico Cartuja S.A., el Parque Aeroespacial (Aerópolis); la empresa VEIASA, que se ocupa de la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos en Andalucía, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía S.A. o Cetursa S.A., que se encarga de la estación de esquí de Sierra Nevada.
Algunas de estas entidades han dispuesto de tres tarjetas, otras de dos y algunas de una. El dinero pagado con ellas asciende, por ahora, a casi 300.000 euros en sólo cuatro años, 2015-18. De ese dinero, alrededor de 100.000 euros fue gastado por la tarjeta usada por Cetursa, entidad presidida por la exconsejera de la Junta María José López, casi todos en 2017. El Parque Tecnológico de Andalucía gastó 75.160,87 euros desde sus tres tarjetas.
La Junta dice ahora que estas tarjetas son necesarias para que las entidades que las usan "puedan cumplir con las competencias y funciones que tienen legalmente asignadas" como, por ejemplo, el mantenimiento de páginas web, alquilar vehículos o pagar servicios como los de la Liga de Fútbol Profesional. Hasta hace bien poco, la Junta negaba la existencia de estas tarjetas.
En la más que anunciada "reordenación" del sector púbico, la Junta redujo el número de entes que la componían pero no el personal que formaba parte de ellos. O sea, mera ingeniería de venta política. Lo ha revelado la Cámara de Cuentas de Andalucía en un reciente informe del que da cuenta ABC.
Desde el 27 de julio de 2010, cuando el Ejecutivo de José Antonio Griñán aprobó su plan de reforma, hasta finales de 2016, con Susana Díaz en el Palacio de San Telmo, la supuesta reforma "no ha afectado de forma significativa a una reducción del personal del sector público de la Junta de Andalucía, en la medida en que, en la mayoría de los casos, el personal se ha integrado en otra entidad preexistente o de nueva creación que queda subrogada en la posición jurídica derivada de las relaciones laborales de las entidades extinguidas".
Esto es, la Junta redujo el número de los entes pero incorporó a los que quedaron el personal de los que se extinguieron. Tras casi seis años de supuesta reconversión del obeso sector público andaluz, se han eliminado 39 de los 136 entes que dependían de la Junta, el 29 por ciento, pero el personal sólo se redujo en 61 personas, meramente un 0,2 por ciento. O sea, que la Junta fingió una reducción que se limitó a una "recolocación" en los entes resultantes.
En el caso de la FAFFE, especialmente estudiado por la Cámara de Cuentas y que tiene pendiente una Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz, todo su personal se integró en la agencia Servicio Andaluz de Empleo y allí siguen con la categoría "personal laboral de la agencia", pero manteniendo las condiciones laborales y retributivas que tenía en la eliminada FAFFE, más ventajosas que las de los funcionarios, precisa ABC.
Es más: lejos de mermar la ingente cantidad de empleados "paralelos", se ha incrementado hasta los 27.304 actuales, todos ellos contratados sin las garantías exigidas por el Derecho Administrativo para los funcionarios públicos. Este crecimiento ha sido reconocido por la Junta hace unos días, cuando ya se estaba a punto de investir al nuevo presidente de la Junta.
O sea, que se sepa hasta el momento, hay 97 entidades donde la Junta es la autoridad decisiva, aunque al margen de la Administración ordinaria. El ahorro de la "reordenación" en gastos de personal sólo fue de 1,5 millones mientras que su coste es de casi 3.500 millones de euros al año, el 10 por ciento del presupuesto general anual de la Junta de Andalucía.
Curiosamente, el presidente de la Cámara, Antonio López, afín al PSOE andaluz, esperó a que Juan Manuel Moreno fuese investido para dar a conocer estos datos. Pero ahora se sabe que tampoco ha contado con toda la información porque según el informe: "No se han realizado las preceptivas comunicaciones periódicas relativas a los datos económicos y de empleo en relación con el resto de entidades del sector público de la Junta extinguidas".
Es más, diez de los 11 consorcios disueltos no aportaron su documentación a la Cámara de Cuentas. Tampoco lo hicieron seis de las 12 fundaciones ni dos de las tres agencias administrativas ni 14 de las 25 sociedades mercantiles. O sea, el levantamiento de las alfombras aún no ha comenzado en serio. LD.
Antes incluso de las auditorías prometidas, de las que ya se verá su alcance, su profundidad y su intensidad, las alfombras comienzan a revelar lo que se esconde bajo su sombra. Hasta ahora se creía que era un ente de la administración conocida como "paralela", la Fundación Andaluza para el Fondo de Formación para el Empleo (FAFFE), la que contaba con tarjetas black, e incluso motejadas como sex-black por el destino de sus pagos. Pero no. A pesar de las negativas de Susana Díaz y su Junta, en el día en que se constituye el nuevo gobierno, ya han aparecido 18.
Destaca este lunes El Mundo que no era la FAFFE la única entidad que disponía de ellas a pesar de que el gobierno de Susana Díaz negó una y otra vez su existencia en la Administración autonómica. Pero precisamente porque la "administración paralela" se erigió para eludir controles, ya se ha reconocido que hay varios de los entes que la componen que han usado este tipo de tarjetas de crédito al menos desde 2015.
Mientras se investía a Juan Manuel Moreno en el Parlamento andaluz, la Consejería de la Presidencia, que ha ocupado hasta ahora el vicepresidente de la Junta y mano derecha de Susana Díaz, Manuel Jiménez Barrios, respondía a una pregunta formulada hace cuatro meses a Portal de la Transparencia, que ya se ve cómo funciona.
Horas antes de que se descubra cuál era la realidad, el gobierno de Susana Díaz ha reconocido ya que hay catorce tarjetas que utilizan diversos responsables de la administración opaca de la Junta, desde Canal Sur TV a la Escuela Andaluza de Salud Pública a la Fundación Doñana 21.
Otros entes que disponían de tarjetas son el Parque Científico y Tecnológico Cartuja S.A., el Parque Aeroespacial (Aerópolis); la empresa VEIASA, que se ocupa de la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos en Andalucía, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía S.A. o Cetursa S.A., que se encarga de la estación de esquí de Sierra Nevada.
Algunas de estas entidades han dispuesto de tres tarjetas, otras de dos y algunas de una. El dinero pagado con ellas asciende, por ahora, a casi 300.000 euros en sólo cuatro años, 2015-18. De ese dinero, alrededor de 100.000 euros fue gastado por la tarjeta usada por Cetursa, entidad presidida por la exconsejera de la Junta María José López, casi todos en 2017. El Parque Tecnológico de Andalucía gastó 75.160,87 euros desde sus tres tarjetas.
La Junta dice ahora que estas tarjetas son necesarias para que las entidades que las usan "puedan cumplir con las competencias y funciones que tienen legalmente asignadas" como, por ejemplo, el mantenimiento de páginas web, alquilar vehículos o pagar servicios como los de la Liga de Fútbol Profesional. Hasta hace bien poco, la Junta negaba la existencia de estas tarjetas.
La Junta redujo algunos entes pero no el personal
En la más que anunciada "reordenación" del sector púbico, la Junta redujo el número de entes que la componían pero no el personal que formaba parte de ellos. O sea, mera ingeniería de venta política. Lo ha revelado la Cámara de Cuentas de Andalucía en un reciente informe del que da cuenta ABC.
Desde el 27 de julio de 2010, cuando el Ejecutivo de José Antonio Griñán aprobó su plan de reforma, hasta finales de 2016, con Susana Díaz en el Palacio de San Telmo, la supuesta reforma "no ha afectado de forma significativa a una reducción del personal del sector público de la Junta de Andalucía, en la medida en que, en la mayoría de los casos, el personal se ha integrado en otra entidad preexistente o de nueva creación que queda subrogada en la posición jurídica derivada de las relaciones laborales de las entidades extinguidas".
Esto es, la Junta redujo el número de los entes pero incorporó a los que quedaron el personal de los que se extinguieron. Tras casi seis años de supuesta reconversión del obeso sector público andaluz, se han eliminado 39 de los 136 entes que dependían de la Junta, el 29 por ciento, pero el personal sólo se redujo en 61 personas, meramente un 0,2 por ciento. O sea, que la Junta fingió una reducción que se limitó a una "recolocación" en los entes resultantes.
En el caso de la FAFFE, especialmente estudiado por la Cámara de Cuentas y que tiene pendiente una Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz, todo su personal se integró en la agencia Servicio Andaluz de Empleo y allí siguen con la categoría "personal laboral de la agencia", pero manteniendo las condiciones laborales y retributivas que tenía en la eliminada FAFFE, más ventajosas que las de los funcionarios, precisa ABC.
Es más: lejos de mermar la ingente cantidad de empleados "paralelos", se ha incrementado hasta los 27.304 actuales, todos ellos contratados sin las garantías exigidas por el Derecho Administrativo para los funcionarios públicos. Este crecimiento ha sido reconocido por la Junta hace unos días, cuando ya se estaba a punto de investir al nuevo presidente de la Junta.
O sea, que se sepa hasta el momento, hay 97 entidades donde la Junta es la autoridad decisiva, aunque al margen de la Administración ordinaria. El ahorro de la "reordenación" en gastos de personal sólo fue de 1,5 millones mientras que su coste es de casi 3.500 millones de euros al año, el 10 por ciento del presupuesto general anual de la Junta de Andalucía.
Curiosamente, el presidente de la Cámara, Antonio López, afín al PSOE andaluz, esperó a que Juan Manuel Moreno fuese investido para dar a conocer estos datos. Pero ahora se sabe que tampoco ha contado con toda la información porque según el informe: "No se han realizado las preceptivas comunicaciones periódicas relativas a los datos económicos y de empleo en relación con el resto de entidades del sector público de la Junta extinguidas".
Es más, diez de los 11 consorcios disueltos no aportaron su documentación a la Cámara de Cuentas. Tampoco lo hicieron seis de las 12 fundaciones ni dos de las tres agencias administrativas ni 14 de las 25 sociedades mercantiles. O sea, el levantamiento de las alfombras aún no ha comenzado en serio. LD.
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Un agujero de 777 millones en la Junta por subvenciones desviadas
por Infornauta Dom Ene 27, 2019 10:50 am
El Gobierno de Susana Díaz acumula en sus cuentas 777,6 millones de euros en subvenciones que concedió hace años, que no se destinaron a los fines previstos y que no ha podido recuperar, a pesar de que está reclamándoselas a los beneficiarios. En este agujero millonario está el dinero público desviado por casos de corrupción, como el presunto fraude de los cursos de formación o la supuesta trama de las facturas falsas de la federación andaluza de UGT, y también otros asuntos menores en los que hay ayudas públicas en juego, pero en los que no se ha detectado ningún tipo de fraude.
La Junta los mezcla todos en el mismo saco: en los expedientes de reintegro que cada año consigna en sus presupuestos. Sin embargo, no discrimina los casos claros de presunta malversación de fondos públicos de aquellos que no lo son. A través de estos expedientes de reintegro, el Gobierno andaluz pretende recuperar subvenciones desviadas o simplemente que no se emplearon en la finalidad prevista.
No es nada fácil encontrar el agujero de 777,6 millones de euros en el presupuesto del Gobierno andaluz, si bien esta cifra fue confirmada a EL MUNDO por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige María Jesús Montero. Para dar con ella hay que analizar la Cuenta General de 2016 y el resumen del estado de liquidación del presupuesto de 2017.
Sumando los 274,5 millones de los reintegros que hay sin pagar al cierre de 2016 y correspondientes a ese año, con los 388,1 millones de reintegros sin pagar correspondientes a años anteriores, además de los 115 millones que había a 31 de diciembre de 2017, salen los 777,6 millones que la Junta está reclamando y que todavía no le han pagado.
Como viene informando este diario, el Gobierno andaluz ha abierto al menos 34 reintegros correspondientes a 34 ayudas distintas a UGT Andalucía. A través de ellos exige la devolución de más de 15 millones de euros por subvenciones que el sindicato no destinó a los fines previstos. La cantidad exacta se mantiene en secreto. La opacidad sobre este asunto es total. El Gobierno de Susana Díaz se ha negado a facilitarla a la oposición en el Parlamento andaluz y a este diario a través del Portal de la Transparencia.
La Junta abrió estos reintegros a UGT después de que este diario y otros medios documentaran los numerosos desvíos de subvenciones, que terminaron costeando comilonas en la Feria de Abril de Sevilla, los 700 maletines fabricados en Asia que el sindicato regaló a los asistentes a un congreso regional o gastos de protestas del sindicato.
El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla investiga desde septiembre de 2013 la presunta financiación ilegal del sindicato a través de las subvenciones de la Junta en unas diligencias que acumulan una veintena de investigados -antes imputados- entre los que figuran los ex secretarios generales de UGT Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Estas pesquisas llevan un año paralizadas, a la espera de una pericial encargada por el juez que sirva para fijar la cuantía presuntamente malversada por el sindicato con las subvenciones para cursos de formación y otras materias que le otorgó la Junta.
No sólo está UGT en los reintegros millonarios abiertos por el Gobierno andaluz, ya que a través de estos expedientes trata de recuperar también el dinero desviado con el fraude de la formación.
Aunque Susana Díaz y sus consejeros insisten en que este escándalo ha sido un «bluf» y que los jueces están archivando, lo cierto es que la propia Junta tiene abiertos reintegros en los que hay claros desvíos de subvenciones, como los de los consorcios controlados por la Administración andaluza, que gastaron fondos destinados a los cursos en la cabalgata de los Reyes Magos de Almonte, jamones o fiestas.
El pasado noviembre, el consejero de Empleo, Javier Carnero, informó en el Parlamento de que su departamento había abierto 1.750 expedientes de reintegro en los que exigía la devolución de 149 millones de euros por subvenciones de cursos de formación que no se destinaron a los fines previstos.
Las fuentes de Hacienda consultas no pudieron precisar qué porcentaje de los 777,6 millones corresponden a la formación, a la supuesta trama de UGT o a otros asuntos. Sí puntualizaron que más de la mitad de los reintegros sobre los cursos están suspendidos por los órganos jurisdiccionales. En el caso UGT, un juez de lo contencioso administrativo paralizó en 2016 un pleito hasta que concluyera la investigación penal sobre las facturas falsas.
Aunque hay una elevada cantidad de reintegros que no se han pagado a la Junta (777,6 millones), lo cierto es que también se están recaudando sumas importantes cada año. En 2016 y 2017, se recaudaron 520 millones de euros, según los datos facilitados a este diario por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
En 2016, cuando había presupuestado 429 millones de euros en reintegros, el Gobierno andaluz logró recaudar 274 millones de euros y obtuvo 549 millones de euros en «derechos reconocidos».
Al año siguiente, en 2017, se presupuestó más (443 millones de euros) en reintegros, se recaudó menos (246 millones de euros) y se alcanzaron 361 millones de euros en derechos reconocidos sobre esta materia. Link
La Junta los mezcla todos en el mismo saco: en los expedientes de reintegro que cada año consigna en sus presupuestos. Sin embargo, no discrimina los casos claros de presunta malversación de fondos públicos de aquellos que no lo son. A través de estos expedientes de reintegro, el Gobierno andaluz pretende recuperar subvenciones desviadas o simplemente que no se emplearon en la finalidad prevista.
No es nada fácil encontrar el agujero de 777,6 millones de euros en el presupuesto del Gobierno andaluz, si bien esta cifra fue confirmada a EL MUNDO por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige María Jesús Montero. Para dar con ella hay que analizar la Cuenta General de 2016 y el resumen del estado de liquidación del presupuesto de 2017.
Sumando los 274,5 millones de los reintegros que hay sin pagar al cierre de 2016 y correspondientes a ese año, con los 388,1 millones de reintegros sin pagar correspondientes a años anteriores, además de los 115 millones que había a 31 de diciembre de 2017, salen los 777,6 millones que la Junta está reclamando y que todavía no le han pagado.
Como viene informando este diario, el Gobierno andaluz ha abierto al menos 34 reintegros correspondientes a 34 ayudas distintas a UGT Andalucía. A través de ellos exige la devolución de más de 15 millones de euros por subvenciones que el sindicato no destinó a los fines previstos. La cantidad exacta se mantiene en secreto. La opacidad sobre este asunto es total. El Gobierno de Susana Díaz se ha negado a facilitarla a la oposición en el Parlamento andaluz y a este diario a través del Portal de la Transparencia.
La trama de UGT
La Junta abrió estos reintegros a UGT después de que este diario y otros medios documentaran los numerosos desvíos de subvenciones, que terminaron costeando comilonas en la Feria de Abril de Sevilla, los 700 maletines fabricados en Asia que el sindicato regaló a los asistentes a un congreso regional o gastos de protestas del sindicato.
El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla investiga desde septiembre de 2013 la presunta financiación ilegal del sindicato a través de las subvenciones de la Junta en unas diligencias que acumulan una veintena de investigados -antes imputados- entre los que figuran los ex secretarios generales de UGT Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Estas pesquisas llevan un año paralizadas, a la espera de una pericial encargada por el juez que sirva para fijar la cuantía presuntamente malversada por el sindicato con las subvenciones para cursos de formación y otras materias que le otorgó la Junta.
No sólo está UGT en los reintegros millonarios abiertos por el Gobierno andaluz, ya que a través de estos expedientes trata de recuperar también el dinero desviado con el fraude de la formación.
Aunque Susana Díaz y sus consejeros insisten en que este escándalo ha sido un «bluf» y que los jueces están archivando, lo cierto es que la propia Junta tiene abiertos reintegros en los que hay claros desvíos de subvenciones, como los de los consorcios controlados por la Administración andaluza, que gastaron fondos destinados a los cursos en la cabalgata de los Reyes Magos de Almonte, jamones o fiestas.
El pasado noviembre, el consejero de Empleo, Javier Carnero, informó en el Parlamento de que su departamento había abierto 1.750 expedientes de reintegro en los que exigía la devolución de 149 millones de euros por subvenciones de cursos de formación que no se destinaron a los fines previstos.
Las fuentes de Hacienda consultas no pudieron precisar qué porcentaje de los 777,6 millones corresponden a la formación, a la supuesta trama de UGT o a otros asuntos. Sí puntualizaron que más de la mitad de los reintegros sobre los cursos están suspendidos por los órganos jurisdiccionales. En el caso UGT, un juez de lo contencioso administrativo paralizó en 2016 un pleito hasta que concluyera la investigación penal sobre las facturas falsas.
520 millones recaudados
Aunque hay una elevada cantidad de reintegros que no se han pagado a la Junta (777,6 millones), lo cierto es que también se están recaudando sumas importantes cada año. En 2016 y 2017, se recaudaron 520 millones de euros, según los datos facilitados a este diario por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
En 2016, cuando había presupuestado 429 millones de euros en reintegros, el Gobierno andaluz logró recaudar 274 millones de euros y obtuvo 549 millones de euros en «derechos reconocidos».
Al año siguiente, en 2017, se presupuestó más (443 millones de euros) en reintegros, se recaudó menos (246 millones de euros) y se alcanzaron 361 millones de euros en derechos reconocidos sobre esta materia. Link
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La nueva Junta pagará 800 millones por la mala gestión de Díaz
por Sandro Mar Feb 05, 2019 8:35 pm
La cifra es tan escandalosa que supone una cantidad superior al presupuesto total de la Consejería de Justicia de Interior.
Además de los 850 millones de euros de los euros irregularmente distribuidos en el caso de los ERE –680 de ellos malversados según Ciudadanos y con los que podría haberse resuelto el problema del riego en el campo andaluz según su máximo representante, Juan Marín–, y los más de 1.000 millones –hasta 3.000 millones euros se llegó a calcular– indebidamente empleados en el fraude de los cursos de formación, este lunes se conoció que hay otros 800 millones perdidos.
Es el nuevo macrocaso de una mala gestión política que viene a sumarse a los 2.000 millones de euros mal utilizados, por ahora, en los macrocasos judiciales de corrupción mencionados. Ahora resulta que hay otro macrocaso, éste debido a las deudas originadas por diferentes reveses judiciales anteriores sufridos por la Junta gobernada por el PSOE y que afectarán a la disponibilidad de dinero en el próximo presupuesto andaluz.
La cifra es tan escandalosa que supone una cantidad superior al presupuesto total de la Consejería de Justicia de Interior, tres veces el presupuesto de la Consejería de Economía y más o menos el mismo importe presupuestado para las consejerías de Empleo, Empresa y Comercio y la consejería de Fomento y Vivienda de la anterior legislatura. Ello da una idea del desaguisado.
Entre estos casos, los de corrupción y los pendientes de pago por sentencia adversas, la cifra final puede aproximarse e incluso superar el 10 por ciento del total del presupuesto andaluz de un año que se sitúa en torno a los 340 millones de euros.
Lo destapó este lunes el propio vicepresidente plenipotenciario de la Junta, Juan Marín, líder de Ciudadanos, quien dijo en su primera visita a la Empresa Pública de Turismo y Deporte andaluz en Málaga, y recoge ABC, que los 36 años de socialismo en Andalucía han dejado una herencia de "deudas a las que hay que hacer frente".
Curiosamente en su intervención ante los empleados del ente público anunció que continuaría la política turística del anterior gobierno de la Junta de Andalucía al mismo tiempo que admitía que algunos de los procesos judiciales que pueden costar dinero, y mucho, al nuevo gobierno se derivan de casos relacionados con la gestión del turismo en Andalucía.
Marín afirmó que "hay muchas sentencias judiciales. Algunas de ellas en firme, una muy concreta es la sentencia del Caso Nevada, entre muchos otros que nos van a ir cayendo encima". Se refería a la relativa al empresario Tomás Olivo al que la Junta debe pagar más de 168 millones de euros tras la condena condenatoria sufrida por haber paralizado el proyecto del centro comercial Nevada durante años.
168 millones es tres veces el presupuesto total del Parlamento andaluz y básicamente el mismo presupuesto que las Consejería de Cultura y Turismo y Deportes.
Añadió el vicepresidente que el consejero de Hacienda de la Junta, Alberto García Valera (PP), anunciará "esta semana o la que viene como muy tarde" las deudas a las que deberá hacer frente. Aunque Marín no concretó a qué reveses judiciales se refería precisó que el coste de las sentencias va a estar entre 700 y hasta 800 millones de euros.
Mientras estaba en funciones y antes del cambio de gobierno, Susana Díaz autorizó el pago de 168,26 millones de euros al empresario Tomás Olivo tras no admitir el Tribunal Supremo el recurso del Gobierno andaluz contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenó a la Junta a hacer esta indemnización millonaria.
Curioso en ese caso fue que el letrado de la Junta de Andalucía personado en el caso no compareciera siquiera en el juicio donde iba a presentar un informe pericial. La consecuencia de gestión tan anómala y lesiva para los intereses generales, fue el pago ordenado el pasado 21 de diciembre de los casi 170 millones de euros.
Este desembolso millonario se hizo efectivo el pasado 21 de diciembre. El mismo día la Junta tuvo que pagar otra indemnización 63,31 millones para reparar los daños ocasionados a Nueva Generadora del Sur por anular y paralizar el proyecto de una central eléctrica en San Roque. NI una palabra se dijo sobre aquel asunto antes de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre.
A principios de año, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del juez de lo Contencioso número 11 de Sevilla que condenó a la extinta Agencia de Obra Pública a pagar otros 160 millones por los retrasos en las obras del Metro de Sevilla.
Hace siete meses, en julio, el Consejo de Gobierno presidido por Susana Díaz autorizó pagar a las constructoras 17 millones de euros –9,5 millones por la inversión realizada y 7,5 millones por daños y perjuicios– tras haber decidido resolver unilateralmente el contrato para la construcción, explotación y conservación del trazado de la inacabada Autovía del Almanzora entre Purchena y la Autovía A-7 del Mediterráneo, en Almería.
Queda ahora por conocer qué entidades serán las beneficiarias de las nuevas indemnizaciones de la Junta anunciadas por Marín, al parecer bien numerosas porque si son 800 millones de euros los que hay que pagar, hay alrededor de 400 de los que no sabe el destino. Lo único que ha trascendido es que la Junta deberá afrontar algunas cantidades relativas a la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera y a la Empresa Pública de Turismo. LD.
Además de los 850 millones de euros de los euros irregularmente distribuidos en el caso de los ERE –680 de ellos malversados según Ciudadanos y con los que podría haberse resuelto el problema del riego en el campo andaluz según su máximo representante, Juan Marín–, y los más de 1.000 millones –hasta 3.000 millones euros se llegó a calcular– indebidamente empleados en el fraude de los cursos de formación, este lunes se conoció que hay otros 800 millones perdidos.
Es el nuevo macrocaso de una mala gestión política que viene a sumarse a los 2.000 millones de euros mal utilizados, por ahora, en los macrocasos judiciales de corrupción mencionados. Ahora resulta que hay otro macrocaso, éste debido a las deudas originadas por diferentes reveses judiciales anteriores sufridos por la Junta gobernada por el PSOE y que afectarán a la disponibilidad de dinero en el próximo presupuesto andaluz.
La cifra es tan escandalosa que supone una cantidad superior al presupuesto total de la Consejería de Justicia de Interior, tres veces el presupuesto de la Consejería de Economía y más o menos el mismo importe presupuestado para las consejerías de Empleo, Empresa y Comercio y la consejería de Fomento y Vivienda de la anterior legislatura. Ello da una idea del desaguisado.
Entre estos casos, los de corrupción y los pendientes de pago por sentencia adversas, la cifra final puede aproximarse e incluso superar el 10 por ciento del total del presupuesto andaluz de un año que se sitúa en torno a los 340 millones de euros.
Lo destapó este lunes el propio vicepresidente plenipotenciario de la Junta, Juan Marín, líder de Ciudadanos, quien dijo en su primera visita a la Empresa Pública de Turismo y Deporte andaluz en Málaga, y recoge ABC, que los 36 años de socialismo en Andalucía han dejado una herencia de "deudas a las que hay que hacer frente".
Curiosamente en su intervención ante los empleados del ente público anunció que continuaría la política turística del anterior gobierno de la Junta de Andalucía al mismo tiempo que admitía que algunos de los procesos judiciales que pueden costar dinero, y mucho, al nuevo gobierno se derivan de casos relacionados con la gestión del turismo en Andalucía.
Marín afirmó que "hay muchas sentencias judiciales. Algunas de ellas en firme, una muy concreta es la sentencia del Caso Nevada, entre muchos otros que nos van a ir cayendo encima". Se refería a la relativa al empresario Tomás Olivo al que la Junta debe pagar más de 168 millones de euros tras la condena condenatoria sufrida por haber paralizado el proyecto del centro comercial Nevada durante años.
168 millones es tres veces el presupuesto total del Parlamento andaluz y básicamente el mismo presupuesto que las Consejería de Cultura y Turismo y Deportes.
Añadió el vicepresidente que el consejero de Hacienda de la Junta, Alberto García Valera (PP), anunciará "esta semana o la que viene como muy tarde" las deudas a las que deberá hacer frente. Aunque Marín no concretó a qué reveses judiciales se refería precisó que el coste de las sentencias va a estar entre 700 y hasta 800 millones de euros.
Mientras estaba en funciones y antes del cambio de gobierno, Susana Díaz autorizó el pago de 168,26 millones de euros al empresario Tomás Olivo tras no admitir el Tribunal Supremo el recurso del Gobierno andaluz contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenó a la Junta a hacer esta indemnización millonaria.
Curioso en ese caso fue que el letrado de la Junta de Andalucía personado en el caso no compareciera siquiera en el juicio donde iba a presentar un informe pericial. La consecuencia de gestión tan anómala y lesiva para los intereses generales, fue el pago ordenado el pasado 21 de diciembre de los casi 170 millones de euros.
Este desembolso millonario se hizo efectivo el pasado 21 de diciembre. El mismo día la Junta tuvo que pagar otra indemnización 63,31 millones para reparar los daños ocasionados a Nueva Generadora del Sur por anular y paralizar el proyecto de una central eléctrica en San Roque. NI una palabra se dijo sobre aquel asunto antes de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre.
A principios de año, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del juez de lo Contencioso número 11 de Sevilla que condenó a la extinta Agencia de Obra Pública a pagar otros 160 millones por los retrasos en las obras del Metro de Sevilla.
Hace siete meses, en julio, el Consejo de Gobierno presidido por Susana Díaz autorizó pagar a las constructoras 17 millones de euros –9,5 millones por la inversión realizada y 7,5 millones por daños y perjuicios– tras haber decidido resolver unilateralmente el contrato para la construcción, explotación y conservación del trazado de la inacabada Autovía del Almanzora entre Purchena y la Autovía A-7 del Mediterráneo, en Almería.
Queda ahora por conocer qué entidades serán las beneficiarias de las nuevas indemnizaciones de la Junta anunciadas por Marín, al parecer bien numerosas porque si son 800 millones de euros los que hay que pagar, hay alrededor de 400 de los que no sabe el destino. Lo único que ha trascendido es que la Junta deberá afrontar algunas cantidades relativas a la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera y a la Empresa Pública de Turismo. LD.
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El Gobierno de Susana Díaz dejó en los cajones más de 1.074 millones de euros en facturas sin pagar
por Josuhe Vie Feb 08, 2019 7:54 pm
La Junta de Andalucía disparó los gastos realizados sin control de la Intervención, según la memoria de la cuenta general de 2017
El Gobierno de Susana Díaz comprometió gastos millonarios que no podía pagar porque carecían de cobertura presupuestaria. La Memoria de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2017, el último ejercicio cerrado, revela que la Junta de Andalucía dejó 1.074,5 millones de euros en facturas guardadas en los cajones a la espera de su endoso a los presupuestos. Son compras y servicios contratados sin autorización de los interventores autonómicos, los encargados de fiscalizar los gastos.
La montaña más alta de facturas sin abonar corresponde a proveedores de medicamentos y material sanitario. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) contrajo gastos sin sostén presupuestario por un importe total de 607,12 millones de euros. Suyas son el 56,5 por ciento de las facturas que han aflorado al cierre del ejercicio y que han pasado a engrosar la denominada cuenta 413 donde se contabilizan los «acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto».
La táctica de comprar sin control se ha institucionalizado en las consejerías y agencias que dependen de la Junta. Esta costumbre está más extendida en la sanidad, considerada por la anterior presidenta autonómica como la «joya de la corona» de su gestión. Año tras año, en los análisis de las cuentas anuales de la Administración que realiza la Cámara de Cuentas, queda patente que el SAS, que gestiona los hospitales y centros de salud, nunca tiene presupuesto suficiente para atender las necesidades básicas.
Lejos de resolverse, la falta de financiación se ha agravado en el ejercicio de 2017, que aún está pendiente de fiscalización por la Cámara de Cuentas. La Junta ha disparado un 36 por ciento el montante de facturas impagadas. En doce meses ha pasado de 787,57 a 1.074,5 millones de euros, si se comparan las memorias de las cuentas generales de 2016 y 2017 colgadas en la página web de la Junta. La suma total de facturas que deja el Gobierno saliente no se conocerá hasta dentro de un año, cuando se liquiden las cuentas de 2018.
El modus operandi es el siguiente. Cuando surge alguna necesidad y no hay dinero en una consejería y una agencia, procede a realizar la compra aunque se haya agotado la asignación económica. Al carecer de soporte presupuestario, la factura que genera no puede abonarse. Como consecuencia de ello, se guarda en un cajón a la espera de que lleguen tiempos mejores o de su imputación cuando se abra una nueva partida de crédito.
Así han llegado a acumularse más de 300.000 facturas del SAS que corresponden al ejercicio de 2017 y pendientes de años anteriores, incluso después de que la agencia pública se acogiera al plan de pago a proveedores, un mecanismo de financiación extraordinario que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para que las administraciones públicas saldaran sus deudas vaciando los cajones.
El descontrol contradice el principio de anualidad del presupuesto, según el cual el gasto que se realiza durante un ejercicio debe imputarse en el mismo, como recuerdan economistas consultados por ABC.
De los 1.074,5 millones de euros contabilizados en esta cuenta de acreedores, que figuran como pasivo, 436,25 millones de euros son bienes y servicios contratados por las consejerías. El resto, 638,24 millones, corresponde a las distintas agencias, tanto administrativas como de régimen especial. Dentro de las agencias, el 95 por ciento son del Servicio Andaluz de Salud: 607,12 millones.
En el desglose por consejerías, la que gastó más dinero a espaldas de la Intervención fue la de Empleo, Empresa y Comercio, que ha dirigido Javier Carnero desde junio de 2017 hasta enero de 2019. Su departamento acumuló facturas impagadas por valor de 156,12 millones de euros. Le siguen la Consejería de Medio Ambiente y la de Economía y Conocimiento, con 96,7 y 63,3 millones, respectivamente.
Descuadre
En la Memoria de la Cuenta General se aclara que hay un descuadre entre el saldo final del ejercicio de 2016 y el de 2017 por la inclusión de deudas detectadas que afloraron en los informes de auditoría de la Intervención General de la Junta de Andalucía. De resultas de esta regularización, se disparó en 103,17 millones el montante de gastos sin control presupuestario en las consejerías y en 53,11 millones en el conjunto de las agencias.
El informe especifica que de los 607,12 millones del SAS, más de la mitad (310,48) constituyen «gastos devengados y no exigibles correspondientes a las recetas de farmacia de los meses de noviembre y diciembre». Este gasto se imputa en los meses de enero y febrero del siguiente año porque, asegura, es «cuando se recibe la factura y se procede a su grabación, contabilización y pago».
El SAS también presenta una partida «muy significativa» dentro del capítulo presupuestario de Personal, que asciende a 115,67 millones de euros. Este montante, que figura en la cuenta acreedora, corresponde a la nómina complementaria del personal interino de la agencia sanitaria, «cuyo pago se materializa en el mes de enero», señala la citada memoria.
De escándalo
El Gobierno de Susana Díaz comprometió gastos millonarios que no podía pagar porque carecían de cobertura presupuestaria. La Memoria de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2017, el último ejercicio cerrado, revela que la Junta de Andalucía dejó 1.074,5 millones de euros en facturas guardadas en los cajones a la espera de su endoso a los presupuestos. Son compras y servicios contratados sin autorización de los interventores autonómicos, los encargados de fiscalizar los gastos.
La montaña más alta de facturas sin abonar corresponde a proveedores de medicamentos y material sanitario. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) contrajo gastos sin sostén presupuestario por un importe total de 607,12 millones de euros. Suyas son el 56,5 por ciento de las facturas que han aflorado al cierre del ejercicio y que han pasado a engrosar la denominada cuenta 413 donde se contabilizan los «acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto».
La táctica de comprar sin control se ha institucionalizado en las consejerías y agencias que dependen de la Junta. Esta costumbre está más extendida en la sanidad, considerada por la anterior presidenta autonómica como la «joya de la corona» de su gestión. Año tras año, en los análisis de las cuentas anuales de la Administración que realiza la Cámara de Cuentas, queda patente que el SAS, que gestiona los hospitales y centros de salud, nunca tiene presupuesto suficiente para atender las necesidades básicas.
Lejos de resolverse, la falta de financiación se ha agravado en el ejercicio de 2017, que aún está pendiente de fiscalización por la Cámara de Cuentas. La Junta ha disparado un 36 por ciento el montante de facturas impagadas. En doce meses ha pasado de 787,57 a 1.074,5 millones de euros, si se comparan las memorias de las cuentas generales de 2016 y 2017 colgadas en la página web de la Junta. La suma total de facturas que deja el Gobierno saliente no se conocerá hasta dentro de un año, cuando se liquiden las cuentas de 2018.
El modus operandi es el siguiente. Cuando surge alguna necesidad y no hay dinero en una consejería y una agencia, procede a realizar la compra aunque se haya agotado la asignación económica. Al carecer de soporte presupuestario, la factura que genera no puede abonarse. Como consecuencia de ello, se guarda en un cajón a la espera de que lleguen tiempos mejores o de su imputación cuando se abra una nueva partida de crédito.
Así han llegado a acumularse más de 300.000 facturas del SAS que corresponden al ejercicio de 2017 y pendientes de años anteriores, incluso después de que la agencia pública se acogiera al plan de pago a proveedores, un mecanismo de financiación extraordinario que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para que las administraciones públicas saldaran sus deudas vaciando los cajones.
El descontrol contradice el principio de anualidad del presupuesto, según el cual el gasto que se realiza durante un ejercicio debe imputarse en el mismo, como recuerdan economistas consultados por ABC.
De los 1.074,5 millones de euros contabilizados en esta cuenta de acreedores, que figuran como pasivo, 436,25 millones de euros son bienes y servicios contratados por las consejerías. El resto, 638,24 millones, corresponde a las distintas agencias, tanto administrativas como de régimen especial. Dentro de las agencias, el 95 por ciento son del Servicio Andaluz de Salud: 607,12 millones.
En el desglose por consejerías, la que gastó más dinero a espaldas de la Intervención fue la de Empleo, Empresa y Comercio, que ha dirigido Javier Carnero desde junio de 2017 hasta enero de 2019. Su departamento acumuló facturas impagadas por valor de 156,12 millones de euros. Le siguen la Consejería de Medio Ambiente y la de Economía y Conocimiento, con 96,7 y 63,3 millones, respectivamente.
Descuadre
En la Memoria de la Cuenta General se aclara que hay un descuadre entre el saldo final del ejercicio de 2016 y el de 2017 por la inclusión de deudas detectadas que afloraron en los informes de auditoría de la Intervención General de la Junta de Andalucía. De resultas de esta regularización, se disparó en 103,17 millones el montante de gastos sin control presupuestario en las consejerías y en 53,11 millones en el conjunto de las agencias.
El informe especifica que de los 607,12 millones del SAS, más de la mitad (310,48) constituyen «gastos devengados y no exigibles correspondientes a las recetas de farmacia de los meses de noviembre y diciembre». Este gasto se imputa en los meses de enero y febrero del siguiente año porque, asegura, es «cuando se recibe la factura y se procede a su grabación, contabilización y pago».
El SAS también presenta una partida «muy significativa» dentro del capítulo presupuestario de Personal, que asciende a 115,67 millones de euros. Este montante, que figura en la cuenta acreedora, corresponde a la nómina complementaria del personal interino de la agencia sanitaria, «cuyo pago se materializa en el mes de enero», señala la citada memoria.
De escándalo
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Susana Díaz dejó un 'agujero' de 2.900 millones en la educación y sanidad andaluzas
por Sandro Vie Mar 01, 2019 2:18 pm
Empiezan a aflorar los incumplimientos y desvíos presupuestarios de la anterior Junta socialista.
El gobierno andaluz que dirige el popular Juanma Moreno ha detectado importantes agujeros en las cuentas de la Junta de Andalucía. De momento, a la espera de que avancen las pesquisas y auditorías, el nuevo Ejecutivo cifra en 2.900 millones de euros el descuadre entre las cuentas oficiales y los números reales.
El consejero de Presidencia y portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha reconocido esta semana que el proceso de revisión de la salud financiera autonómica se va a prolongar al menos quince días. Al parecer, distintas consejerías han encontrado importantes desajustes que retrasarán la publicación de los primeros informes de situación.
De momento no hay muchos detalles sobre los esqueletos que guardaba Susana Díaz en el armario de la Junta, pero Juanma Moreno ha filtrado ya a los medios una primera cifra estimativa. De acuerdo con el nuevo mandatario andaluz, el diferencial negativo ronda los 1.700 millones de euros en el área de Sanidad y se acerca a los 1.200 millones de euros en el ámbito educativo.
Según ha podido conocer Libre Mercado, estas cifras incluyen todo tipo de incumplimientos, desde deudas que están ocultas en la Administración Paralela a inversiones que no se han materializado o ingresos que no se han realizado.
Todo este conjunto de incumplimientos se traduce en una importante brecha que pone de manifiesto la gran diferencia existente entre la contabilidad oficial que comunicaba el gobierno socialista y la realidad presupuestaria que se están encontrando los dirigentes del nuevo gabinete autonómico, conformado por PP y Cs con apoyo parlamentario de Vox.
Pese a los agujeros heredados de la Administración socialista, Juanma Moreno ha anunciado ya algunas rebajas fiscales, centradas principalmente en autónomos. En adelante, los trabajadores por cuenta propia que empiecen su actividad pagarán durante dos años una tarifa plana de 60 euros al mes, un notable ahorro frente a la cuota regular de casi 285 euros mensuales. Para los nuevos autónomos del medio rural o de menos de 25 años, el descuento será aún mayor, siendo la tarifa plana de 30 euros.
El gobierno autonómico trabaja a contrarreloj para conocer el estado real de las cuentas y así poder elaborar el Presupuesto autonómico para 2019. De momento, la región opera con una prórroga de las cuentas socialistas de 2018, a la espera de clarificar la herencia fiscal y, partiendo de esa base, empezar a configurar una nueva etapa en la gestión de la Junta. LD.
El gobierno andaluz que dirige el popular Juanma Moreno ha detectado importantes agujeros en las cuentas de la Junta de Andalucía. De momento, a la espera de que avancen las pesquisas y auditorías, el nuevo Ejecutivo cifra en 2.900 millones de euros el descuadre entre las cuentas oficiales y los números reales.
El consejero de Presidencia y portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha reconocido esta semana que el proceso de revisión de la salud financiera autonómica se va a prolongar al menos quince días. Al parecer, distintas consejerías han encontrado importantes desajustes que retrasarán la publicación de los primeros informes de situación.
De momento no hay muchos detalles sobre los esqueletos que guardaba Susana Díaz en el armario de la Junta, pero Juanma Moreno ha filtrado ya a los medios una primera cifra estimativa. De acuerdo con el nuevo mandatario andaluz, el diferencial negativo ronda los 1.700 millones de euros en el área de Sanidad y se acerca a los 1.200 millones de euros en el ámbito educativo.
Según ha podido conocer Libre Mercado, estas cifras incluyen todo tipo de incumplimientos, desde deudas que están ocultas en la Administración Paralela a inversiones que no se han materializado o ingresos que no se han realizado.
Los nuevos Presupuestos
Todo este conjunto de incumplimientos se traduce en una importante brecha que pone de manifiesto la gran diferencia existente entre la contabilidad oficial que comunicaba el gobierno socialista y la realidad presupuestaria que se están encontrando los dirigentes del nuevo gabinete autonómico, conformado por PP y Cs con apoyo parlamentario de Vox.
Pese a los agujeros heredados de la Administración socialista, Juanma Moreno ha anunciado ya algunas rebajas fiscales, centradas principalmente en autónomos. En adelante, los trabajadores por cuenta propia que empiecen su actividad pagarán durante dos años una tarifa plana de 60 euros al mes, un notable ahorro frente a la cuota regular de casi 285 euros mensuales. Para los nuevos autónomos del medio rural o de menos de 25 años, el descuento será aún mayor, siendo la tarifa plana de 30 euros.
El gobierno autonómico trabaja a contrarreloj para conocer el estado real de las cuentas y así poder elaborar el Presupuesto autonómico para 2019. De momento, la región opera con una prórroga de las cuentas socialistas de 2018, a la espera de clarificar la herencia fiscal y, partiendo de esa base, empezar a configurar una nueva etapa en la gestión de la Junta. LD.
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Joyas, comilonas y multas de tráfico pagados con cargo a una fundación de la Junta de Andalucía
por Infornauta Jue Mar 14, 2019 8:00 pm
La secretaria general del PP andaluz a calificado a la FAFFE como "el cajero automático del PSOE"
La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) también pagó artículos de joyería, cestas de bebé, comidas en la feria de Sevilla y en la de Jerez, multas de tráfico, copas y chupitos en discotecas y una comilona de 2.500 euros, según ha denunciado el PP.
Así se deduce de las testificales que está practicando la UCO de la Guardia Civil entre personal de la FAFFE y responsables de las empresas que emitieron las facturas que se cargaron a esa fundación, a las que el PP, personado en la causa, ha tenido acceso.
En conferencia de prensa, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, que ha ofrecido esta información con copia de los documentos de las testificales, ha calificado a la FAFFE como "el cajero automático del PSOE" y ha ironizado con el nivel de gastos de "la familia del PSOE" andaluz y asegurando que "la fiesta fue larga".
También ha expresado la sospecha de que la propia Administración --la FAFFE- haya falsificado facturas para posteriormente ella misma pagarlas, ya que el propietario del local que emitió la de 2.500 euros por una comida no ha reconocido haberla emitido por carecer del sello de su impresa, aunque el modelo de factura concuerde con los suyos.
El director de la FAFFE Fernando Villén, según López, mintió cuando dijo haber llamado a la entidad bancaria de las tarjetas de crédito de la FAFFE para que las anulara --cosa que dijo cuando se conocieron los gastos en prostíbulos--, ya que quien efectuó esta llamada, según los nuevos testimonios recogidos por la Guardia Civil, el adjunto a la Dirección Económica y Financiera de la FAFFE.
Según otros testimonios, a un empleado de la FAFFE se le encomendó un informe sobre el uso de las tarjetas de crédito de esta entidad, pero una vez que este informe se remitió a sus superiores, no se volvió a saber de él.
Estos gastos han sido calificados por López como "la punta del iceberg", ya que "aún no se ha entrado" en los millones de euros que debían haberse destinado a los desempleados andaluces.
López, que ha confiado en que la comisión de investigación de la FAFFE se reactive pronto, ha señalado que esta comisión parlamentaria debe estar presidida por el PP, partido que es el único personado en la causa judicial y que, en solitario, "lo ha destapado todo". Link
La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) también pagó artículos de joyería, cestas de bebé, comidas en la feria de Sevilla y en la de Jerez, multas de tráfico, copas y chupitos en discotecas y una comilona de 2.500 euros, según ha denunciado el PP.
Así se deduce de las testificales que está practicando la UCO de la Guardia Civil entre personal de la FAFFE y responsables de las empresas que emitieron las facturas que se cargaron a esa fundación, a las que el PP, personado en la causa, ha tenido acceso.
En conferencia de prensa, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, que ha ofrecido esta información con copia de los documentos de las testificales, ha calificado a la FAFFE como "el cajero automático del PSOE" y ha ironizado con el nivel de gastos de "la familia del PSOE" andaluz y asegurando que "la fiesta fue larga".
También ha expresado la sospecha de que la propia Administración --la FAFFE- haya falsificado facturas para posteriormente ella misma pagarlas, ya que el propietario del local que emitió la de 2.500 euros por una comida no ha reconocido haberla emitido por carecer del sello de su impresa, aunque el modelo de factura concuerde con los suyos.
El director de la FAFFE Fernando Villén, según López, mintió cuando dijo haber llamado a la entidad bancaria de las tarjetas de crédito de la FAFFE para que las anulara --cosa que dijo cuando se conocieron los gastos en prostíbulos--, ya que quien efectuó esta llamada, según los nuevos testimonios recogidos por la Guardia Civil, el adjunto a la Dirección Económica y Financiera de la FAFFE.
Según otros testimonios, a un empleado de la FAFFE se le encomendó un informe sobre el uso de las tarjetas de crédito de esta entidad, pero una vez que este informe se remitió a sus superiores, no se volvió a saber de él.
Estos gastos han sido calificados por López como "la punta del iceberg", ya que "aún no se ha entrado" en los millones de euros que debían haberse destinado a los desempleados andaluces.
López, que ha confiado en que la comisión de investigación de la FAFFE se reactive pronto, ha señalado que esta comisión parlamentaria debe estar presidida por el PP, partido que es el único personado en la causa judicial y que, en solitario, "lo ha destapado todo". Link
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Nuevo escándalo del PSOE andaluz: desaparecen 300 millones destinados a construir depuradoras
por Sandro Miér Mar 27, 2019 1:51 pm
El anterior Gobierno de Susana Díaz estaba obligada a destinar a depuradoras y tratamiento de agua lo recaudado por el canon de saneamiento.
Seguimos conociendo nuevos detalles sobre el desastroso legado del socialismo en Andalucía. Este diario ya informó sobre el agujero de 2.900 millones de euros que dejó Susana Díaz en la educación y la sanidad o el boquete de 1.000 millones de euros que ha aflorado en las agencias de la consejería de Fomento.
Libre Mercado también ha dado cuenta de la elevada factura de la corrupción, que ha supuesto hasta 1.600 euros por hogar y ya ha llevado a más de 500 altos cargos socialistas a los juzgados. Además, nuestros lectores también han conocido el desbarajuste de las listas de espera, donde se ocultó a más de medio millón de personas para maquillar unas estadísticas que, de haber sido reveladas de forma fehaciente, habrían puesto de manifiesto la nefasta gestión del PSOE.
Pero los escándalos se siguen sucediendo y esta semana hemos conocido uno nuevo gracias a la información facilitada por CEACOP, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. La patronal regional ha denunciado que la Junta recauda anualmente 120 millones de euros con el canon de saneamiento. Dicha tasa se impuso para financiar el desarrollo de depuradoras y proyectos de tratamiento de agua. Sin embargo solo una fracción de dicha recaudación se dedica, en efecto, a dichas tareas.
De acuerdo con las cifras que maneja CEACOP, en 2018 no se invirtieron 40 de los 120 millones de euros recaudados por este concepto. En 2017, la brecha fue aún mayor, puesto que ascendió a 60 millones. Algo similar ocurre con las cifras de 2016, cuando la diferencia entre lo ingresado y lo presupuestado arrojó un saldo negativo de 50 millones de euros.
En total, cuando se consideran los incumplimientos de la era Díaz, la patronal andaluza de la construcción detecta un gap de 300 millones de euros. No hay que olvidar que hablamos de ingresos obtenidos con un canon de saneamiento cuya naturaleza es finalista, de modo que la Junta está obligada a repercutir todos los caudales que obtiene por esta vía en este tipo de obras y proyectos.
En Bruselas ya han tomado nota de lo que han supuesto los incumplimientos del gabinete socialista. De hecho, la Unión Europea ya ha multado a las instituciones andaluzas por la falta de tratamiento de las aguas de Nerja, Alhaurín El Grande, Barbate, Tarifa, Matalascañas, Isla Cristina… En todas estas localidades no existen las infraestructuras de depuración de agua que, a priori, se deberían haber impulsado con los ingresos del canon de saneamiento. En consecuencia, Andalucía fue multada con 12 millones de euros, ampliables semestre tras semestre en otros 11 millones si no se toman medidas correctoras. LM
Seguimos conociendo nuevos detalles sobre el desastroso legado del socialismo en Andalucía. Este diario ya informó sobre el agujero de 2.900 millones de euros que dejó Susana Díaz en la educación y la sanidad o el boquete de 1.000 millones de euros que ha aflorado en las agencias de la consejería de Fomento.
Libre Mercado también ha dado cuenta de la elevada factura de la corrupción, que ha supuesto hasta 1.600 euros por hogar y ya ha llevado a más de 500 altos cargos socialistas a los juzgados. Además, nuestros lectores también han conocido el desbarajuste de las listas de espera, donde se ocultó a más de medio millón de personas para maquillar unas estadísticas que, de haber sido reveladas de forma fehaciente, habrían puesto de manifiesto la nefasta gestión del PSOE.
Pero los escándalos se siguen sucediendo y esta semana hemos conocido uno nuevo gracias a la información facilitada por CEACOP, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. La patronal regional ha denunciado que la Junta recauda anualmente 120 millones de euros con el canon de saneamiento. Dicha tasa se impuso para financiar el desarrollo de depuradoras y proyectos de tratamiento de agua. Sin embargo solo una fracción de dicha recaudación se dedica, en efecto, a dichas tareas.
De acuerdo con las cifras que maneja CEACOP, en 2018 no se invirtieron 40 de los 120 millones de euros recaudados por este concepto. En 2017, la brecha fue aún mayor, puesto que ascendió a 60 millones. Algo similar ocurre con las cifras de 2016, cuando la diferencia entre lo ingresado y lo presupuestado arrojó un saldo negativo de 50 millones de euros.
En total, cuando se consideran los incumplimientos de la era Díaz, la patronal andaluza de la construcción detecta un gap de 300 millones de euros. No hay que olvidar que hablamos de ingresos obtenidos con un canon de saneamiento cuya naturaleza es finalista, de modo que la Junta está obligada a repercutir todos los caudales que obtiene por esta vía en este tipo de obras y proyectos.
En Bruselas ya han tomado nota de lo que han supuesto los incumplimientos del gabinete socialista. De hecho, la Unión Europea ya ha multado a las instituciones andaluzas por la falta de tratamiento de las aguas de Nerja, Alhaurín El Grande, Barbate, Tarifa, Matalascañas, Isla Cristina… En todas estas localidades no existen las infraestructuras de depuración de agua que, a priori, se deberían haber impulsado con los ingresos del canon de saneamiento. En consecuencia, Andalucía fue multada con 12 millones de euros, ampliables semestre tras semestre en otros 11 millones si no se toman medidas correctoras. LM
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Andalucía, la comunidad con más corrupción de España en 2018 con 72 imputados por ese delito
por Abraham Sáb Abr 13, 2019 1:24 pm
En total en los doce meses se abrieron once causas en la comunidad, solo por detrás de Valencia, que juzgó 12 causas
Andalucía fue en 2018 la comunidad con más corrupción. En los doce meses del año hasta 72 personas fueron juzgadas por este tipo de delitos, según ha informado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En segundo lugar estaría la Comunidad Valenciana, que juzgó a 57 personas por cargos de corrupción. Le siguen Extremadura (14) y Madrid (12 acusados de corrupción sentados en el banquillo de los acusados en 2018).
Por casos, Andalucía se queda en segunda posición en el ránking de corruptos, según los datos del CGPJ. Pero lo hace a muy poca distancia del primero, Comunidad Valenciana, que abrió doce causas por corrupción en 2018 por las once de Andalucía.
Estos datos, explican desde el poder judicial, se refieren a «la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad». De este modo,el CGPJ detalla con estas cifras «los procedimientos judiciales que tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política», indican.
Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
ABC.
Andalucía fue en 2018 la comunidad con más corrupción. En los doce meses del año hasta 72 personas fueron juzgadas por este tipo de delitos, según ha informado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En segundo lugar estaría la Comunidad Valenciana, que juzgó a 57 personas por cargos de corrupción. Le siguen Extremadura (14) y Madrid (12 acusados de corrupción sentados en el banquillo de los acusados en 2018).
Por casos, Andalucía se queda en segunda posición en el ránking de corruptos, según los datos del CGPJ. Pero lo hace a muy poca distancia del primero, Comunidad Valenciana, que abrió doce causas por corrupción en 2018 por las once de Andalucía.
Estos datos, explican desde el poder judicial, se refieren a «la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad». De este modo,el CGPJ detalla con estas cifras «los procedimientos judiciales que tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política», indican.
Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
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Susana Díaz despilfarró, solo en multas, 762 millones de euros por su mala gestión de la Junta
por Infornauta Lun Abr 15, 2019 7:00 pm
En apenas dos años de 2016 a 2018, la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tuvo que destinar de los impuestos pagados por los andaluces 548 millones de euros a sentencias judiciales que venían dictaminadas por su mala gestión administrativa, mientras políticas como la sanidad, la educación o inversiones experimentaban recortes. De 2016 a 2019, la cifra en sentencias se ha elevado a 762 millones.
De hecho, el nuevo Gobierno ha heredado sentencias que colean como la de la Empresa Metro de Sevilla, que se eleva a 162 millones de euros. Una suma que habrá que tener en cuenta en los próximos presupuestos que Juanma Moreno Bonilla y Juan Marín quieren presentar este mes de junio.
Solo en 2018, la Junta desembolsó 168,2 millones de euros por el contencioso del Centro Comercial Nevada o, 63,3 millones de euros por la sentencia de la Nueva Generadora del Sur. Pero el despilfarro de la administración socialista no se saldó el día que Susana Díaz abandonó San Telmo. El Ejecutivo formado por el Partido Popular y Ciudadanos tendrá que hacer frente, este año al pago de 214 millones de euros, procedentes de sentencias heredadas, entre las cuales ha de sufragar una multa de 162 millones de euros que ha recaído sobre la empresa Metro de Sevilla.
Ante esta situación, la actual Junta andaluza se ha visto obligada a encargar a la Intervención General una estimación para contabilizar el dinero que los gobiernos socialistas han pagado en sentencias judiciales, ya que no existe un registro de todos los expedientes contables de gasto tramitados bajo el procedimiento de sentencias.
Sentencias ocultas
La administración andaluza tampoco descarta que existan pagos del cumplimiento de sentencias que no se han tramitado, y que han podido generar expedientes que inicialmente tuvieron otra tramitación. En suma, de 2016, hasta 2019, la Junta habrá pagado 762 millones, una cantidad que, según fuentes oficiales, queda muy lejos del impacto de las medidas fiscales recién aprobadas, y estimada en 240 millones de euros.
La Intervención General de la Junta de Andalucía ha delimitado hasta la fecha los ejercicios entre 2016 y y 2018, del que al menos se ha ejecutado el pago de 548 millones, cumpliendo así las sentencias judiciales, al tiempo que determina el importe a pagar de las sentencias a partir de 2019, y que de momento es de 214 millones de euros.
Dividido por áreas, las sentencias judiciales recayeron en la Junta de Andalucía, en el Instituto de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Administración Pública, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, el Servicio Andaluz de Empleo, el Patronato de la Alhambra y del Generalife, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia Tributaria de Andalucía y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
De todos estos organismos de la administración autonómica, quien más sentencias acumula es la propia Junta (390.930.664,24), el Servicio Andaluz de Empleo con 145.549.985,66 euros, y el Servicio Andaluz de Salud (9.738.842,16), siendo la empresa Pascual S.A la que más denuncias interpuso, y a la que en multas, la Junta le ha tenido que pagar 21,3 millones de euros. Se da la circunstancia de que esta es una de las empresas con las que Susana Díaz trabajaba para ofrecer sanidad concertada allí donde los hospitales públicos no alcanzaban a dar servicio, como es en la provincia de Cádiz.
Del tranvía de San Fernando a los Fondos de Empleo
Más allá de las sentencias judiciales por el mal aprovechamiento de los recursos, de la ocultación de 500.000 personas en lista de espera, de la sentencia que señala al Servicio Andaluz de Empleo, donde hay trabajadores concretamente 2.000 que no son funcionarios, y por tanto no tienen potestad administrativa para determinados desempeños, pero sin embargo cobran de la Junta, fuentes oficiales de Hacienda confirman otros desatinos como la posible devolución de 99 millones de euros a la Unión Europea por no haber terminado el tranvía que une las localidades gaditanas de Chiclana de la Frontera con San Fernando.
En estos momentos, como ha podido conocer de primera mano elEconomista, la Junta está negociando con Bruselas para evitar esa devolución, 99 millones de euros, y poder finalizar una obra que se topó con las vías de Adif en su recorrido, y que ha quedado paralizada.
A parte de esta anomalía, fuentes oficiales reconocen a este diario que también se producen muchas devoluciones, tanto al Estado como a Europa, de dinero que viene para cursos de formación en el Empleo. Y esta situación se debe explican a que en todo este tiempo no se ha encontrado un sistema de gestión adecuado. Al respecto, señalan desde Sevilla, la ejecución de fondos sin resolver han ido a peor desde 2007 a esta parte, coincidiendo con el perfil cada vez menos profesional de los consejeros que han ido ocupando las áreas que afectan a esta materia. Link
De hecho, el nuevo Gobierno ha heredado sentencias que colean como la de la Empresa Metro de Sevilla, que se eleva a 162 millones de euros. Una suma que habrá que tener en cuenta en los próximos presupuestos que Juanma Moreno Bonilla y Juan Marín quieren presentar este mes de junio.
Solo en 2018, la Junta desembolsó 168,2 millones de euros por el contencioso del Centro Comercial Nevada o, 63,3 millones de euros por la sentencia de la Nueva Generadora del Sur. Pero el despilfarro de la administración socialista no se saldó el día que Susana Díaz abandonó San Telmo. El Ejecutivo formado por el Partido Popular y Ciudadanos tendrá que hacer frente, este año al pago de 214 millones de euros, procedentes de sentencias heredadas, entre las cuales ha de sufragar una multa de 162 millones de euros que ha recaído sobre la empresa Metro de Sevilla.
Ante esta situación, la actual Junta andaluza se ha visto obligada a encargar a la Intervención General una estimación para contabilizar el dinero que los gobiernos socialistas han pagado en sentencias judiciales, ya que no existe un registro de todos los expedientes contables de gasto tramitados bajo el procedimiento de sentencias.
Sentencias ocultas
La administración andaluza tampoco descarta que existan pagos del cumplimiento de sentencias que no se han tramitado, y que han podido generar expedientes que inicialmente tuvieron otra tramitación. En suma, de 2016, hasta 2019, la Junta habrá pagado 762 millones, una cantidad que, según fuentes oficiales, queda muy lejos del impacto de las medidas fiscales recién aprobadas, y estimada en 240 millones de euros.
La Intervención General de la Junta de Andalucía ha delimitado hasta la fecha los ejercicios entre 2016 y y 2018, del que al menos se ha ejecutado el pago de 548 millones, cumpliendo así las sentencias judiciales, al tiempo que determina el importe a pagar de las sentencias a partir de 2019, y que de momento es de 214 millones de euros.
Dividido por áreas, las sentencias judiciales recayeron en la Junta de Andalucía, en el Instituto de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Administración Pública, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, el Servicio Andaluz de Empleo, el Patronato de la Alhambra y del Generalife, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia Tributaria de Andalucía y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
De todos estos organismos de la administración autonómica, quien más sentencias acumula es la propia Junta (390.930.664,24), el Servicio Andaluz de Empleo con 145.549.985,66 euros, y el Servicio Andaluz de Salud (9.738.842,16), siendo la empresa Pascual S.A la que más denuncias interpuso, y a la que en multas, la Junta le ha tenido que pagar 21,3 millones de euros. Se da la circunstancia de que esta es una de las empresas con las que Susana Díaz trabajaba para ofrecer sanidad concertada allí donde los hospitales públicos no alcanzaban a dar servicio, como es en la provincia de Cádiz.
Del tranvía de San Fernando a los Fondos de Empleo
Más allá de las sentencias judiciales por el mal aprovechamiento de los recursos, de la ocultación de 500.000 personas en lista de espera, de la sentencia que señala al Servicio Andaluz de Empleo, donde hay trabajadores concretamente 2.000 que no son funcionarios, y por tanto no tienen potestad administrativa para determinados desempeños, pero sin embargo cobran de la Junta, fuentes oficiales de Hacienda confirman otros desatinos como la posible devolución de 99 millones de euros a la Unión Europea por no haber terminado el tranvía que une las localidades gaditanas de Chiclana de la Frontera con San Fernando.
En estos momentos, como ha podido conocer de primera mano elEconomista, la Junta está negociando con Bruselas para evitar esa devolución, 99 millones de euros, y poder finalizar una obra que se topó con las vías de Adif en su recorrido, y que ha quedado paralizada.
A parte de esta anomalía, fuentes oficiales reconocen a este diario que también se producen muchas devoluciones, tanto al Estado como a Europa, de dinero que viene para cursos de formación en el Empleo. Y esta situación se debe explican a que en todo este tiempo no se ha encontrado un sistema de gestión adecuado. Al respecto, señalan desde Sevilla, la ejecución de fondos sin resolver han ido a peor desde 2007 a esta parte, coincidiendo con el perfil cada vez menos profesional de los consejeros que han ido ocupando las áreas que afectan a esta materia. Link
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Andalucía sólo usó el 20% de los 8.015 millones recibidos de la UE para el desarrollo
por Sandro Miér Jul 10, 2019 7:17 pm
Las cifras siguen mostrando el desbarajuste de la gestión de la Junta socialista de Susana Díaz.
Cómo era posible que tras recibir de la Unión Europea 100.000 millones de euros desde 1986 (tres presupuestos completos anuales extras de la Junta), Andalucía no hubiera progresado reduciendo su distancia económica y social de las regiones más desarrolladas, era un misterio sospechoso. Ahora se ha conocido que no todo ese dinero llegado a las arcas del gobierno andaluz era utilizado cabalmente.
Ayer, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, confirmó que, en los últimos siete años, de 2014 a 2020, la Unión Europea destinó a Andalucía 8.015 millones de euros pero que sólo el 19,78 fue utilizado y certificado por los gobiernos socialistas. Por tanto, casi 6.500 millones de euros, los no certificados, podrían dejar de ser utilizables en el desarrollo andaluz.
Esto es, además de no ejecutar los presupuestos andaluces en su totalidad, tampoco se ejecutaron los dineros procedentes de la Unión Europea. Si a ello unimos la cantidad de organismos "paralelos" cuyo dinero se usaba en pagar nóminas antes que, en efectuar inversiones reales, no encontramos un panorama de gestión muy desalentadora como herencia principal del PSOE andaluz.
El último ejemplo es la entidad Andalucía Emprende, que no sólo tenía al 80 por ciento de su personal contratado -nada menos que 1.000 personas -, sin cumplir las normas mínimas de respeto a la igualdad de oportunidades, publicidad y concurrencia. Pero es que además gastaba casi todo su presupuesto en pagar las nóminas y mantener su sede y sólo un 0,1 por ciento de su presupuesto en ayudar a los emprendedores.
Ya se había conocido el caso de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, donde trabajaban casi 500 empleados, que utilizaba casi todo su presupuesto en pagar las nóminas. Del montante global, 18 millones iban a pagar nóminas, 5 a gastos corrientes y sólo un millón de euros a la acción cultural.
En caso del dinero de la Unión Europea, según el mencionado Bendodo, se han perdido, como consecuencia de la inactividad y negligencia de la Junta, alrededor de 7.000 empleos. Eso explica, dijo, que "en 30 años Andalucía ha recibido más de 100.000 millones de euros de Europa. Después de 37 años de gobiernos socialistas, la comunidad sigue en los puestos de cola de la Unión Europea".
Por concretar algún caso, los fondos Feder, para ayuda al desarrollo de las zonas más desfavorecidas y promover su convergencia con las medias europeas de bienestar, no han sido bien utilizados. De hecho, de los 835 millones entregados a Andalucía en el período 2014-2020, la Junta de Andalucía sólo ha utilizado y certificado 100 millones, un 12 por ciento. O sea, que hay 735 millones rondando por el limbo de los justos que pueden estar en peligro.
Para hacerse una idea del desbarajuste, todo ese dinero podría haberse empleado eficientemente en mejorar los tramos inseguros o peligrosos de las carreteras andaluzas, la rehabilitación de viviendas en las barriadas más pobres de Andalucía, mejoras de pavimentos y otros asuntos de gran interés social. Es lo que la nueva Junta está intentando hacer. LD.
Cómo era posible que tras recibir de la Unión Europea 100.000 millones de euros desde 1986 (tres presupuestos completos anuales extras de la Junta), Andalucía no hubiera progresado reduciendo su distancia económica y social de las regiones más desarrolladas, era un misterio sospechoso. Ahora se ha conocido que no todo ese dinero llegado a las arcas del gobierno andaluz era utilizado cabalmente.
Ayer, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, confirmó que, en los últimos siete años, de 2014 a 2020, la Unión Europea destinó a Andalucía 8.015 millones de euros pero que sólo el 19,78 fue utilizado y certificado por los gobiernos socialistas. Por tanto, casi 6.500 millones de euros, los no certificados, podrían dejar de ser utilizables en el desarrollo andaluz.
Esto es, además de no ejecutar los presupuestos andaluces en su totalidad, tampoco se ejecutaron los dineros procedentes de la Unión Europea. Si a ello unimos la cantidad de organismos "paralelos" cuyo dinero se usaba en pagar nóminas antes que, en efectuar inversiones reales, no encontramos un panorama de gestión muy desalentadora como herencia principal del PSOE andaluz.
El último ejemplo es la entidad Andalucía Emprende, que no sólo tenía al 80 por ciento de su personal contratado -nada menos que 1.000 personas -, sin cumplir las normas mínimas de respeto a la igualdad de oportunidades, publicidad y concurrencia. Pero es que además gastaba casi todo su presupuesto en pagar las nóminas y mantener su sede y sólo un 0,1 por ciento de su presupuesto en ayudar a los emprendedores.
Ya se había conocido el caso de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, donde trabajaban casi 500 empleados, que utilizaba casi todo su presupuesto en pagar las nóminas. Del montante global, 18 millones iban a pagar nóminas, 5 a gastos corrientes y sólo un millón de euros a la acción cultural.
En caso del dinero de la Unión Europea, según el mencionado Bendodo, se han perdido, como consecuencia de la inactividad y negligencia de la Junta, alrededor de 7.000 empleos. Eso explica, dijo, que "en 30 años Andalucía ha recibido más de 100.000 millones de euros de Europa. Después de 37 años de gobiernos socialistas, la comunidad sigue en los puestos de cola de la Unión Europea".
Por concretar algún caso, los fondos Feder, para ayuda al desarrollo de las zonas más desfavorecidas y promover su convergencia con las medias europeas de bienestar, no han sido bien utilizados. De hecho, de los 835 millones entregados a Andalucía en el período 2014-2020, la Junta de Andalucía sólo ha utilizado y certificado 100 millones, un 12 por ciento. O sea, que hay 735 millones rondando por el limbo de los justos que pueden estar en peligro.
Para hacerse una idea del desbarajuste, todo ese dinero podría haberse empleado eficientemente en mejorar los tramos inseguros o peligrosos de las carreteras andaluzas, la rehabilitación de viviendas en las barriadas más pobres de Andalucía, mejoras de pavimentos y otros asuntos de gran interés social. Es lo que la nueva Junta está intentando hacer. LD.
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Un agujero de 777 millones en la Junta por subvenciones desviadas
por Abraham Lun Sep 02, 2019 1:30 pm
El Gobierno de Susana Díaz acumula en sus cuentas 777,6 millones de euros en subvenciones que concedió hace años, que no se destinaron a los fines previstos y que no ha podido recuperar, a pesar de que está reclamándoselas a los beneficiarios. En este agujero millonario está el dinero público desviado por casos de corrupción, como el presunto fraude de los cursos de formación o la supuesta trama de las facturas falsas de la federación andaluza de UGT, y también otros asuntos menores en los que hay ayudas públicas en juego, pero en los que no se ha detectado ningún tipo de fraude.
La Junta los mezcla todos en el mismo saco: en los expedientes de reintegro que cada año consigna en sus presupuestos. Sin embargo, no discrimina los casos claros de presunta malversación de fondos públicos de aquellos que no lo son. A través de estos expedientes de reintegro, el Gobierno andaluz pretende recuperar subvenciones desviadas o simplemente que no se emplearon en la finalidad prevista.
No es nada fácil encontrar el agujero de 777,6 millones de euros en el presupuesto del Gobierno andaluz, si bien esta cifra fue confirmada a EL MUNDO por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige María Jesús Montero. Para dar con ella hay que analizar la Cuenta General de 2016 y el resumen del estado de liquidación del presupuesto de 2017.
Sumando los 274,5 millones de los reintegros que hay sin pagar al cierre de 2016 y correspondientes a ese año, con los 388,1 millones de reintegros sin pagar correspondientes a años anteriores, además de los 115 millones que había a 31 de diciembre de 2017, salen los 777,6 millones que la Junta está reclamando y que todavía no le han pagado.
Como viene informando este diario, el Gobierno andaluz ha abierto al menos 34 reintegros correspondientes a 34 ayudas distintas a UGT Andalucía. A través de ellos exige la devolución de más de 15 millones de euros por subvenciones que el sindicato no destinó a los fines previstos. La cantidad exacta se mantiene en secreto. La opacidad sobre este asunto es total. El Gobierno de Susana Díaz se ha negado a facilitarla a la oposición en el Parlamento andaluz y a este diario a través del Portal de la Transparencia.
El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla investiga desde septiembre de 2013 la presunta financiación ilegal del sindicato a través de las subvenciones de la Junta en unas diligencias que acumulan una veintena de investigados -antes imputados- entre los que figuran los ex secretarios generales de UGT Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Estas pesquisas llevan un año paralizadas, a la espera de una pericial encargada por el juez que sirva para fijar la cuantía presuntamente malversada por el sindicato con las subvenciones para cursos de formación y otras materias que le otorgó la Junta.
No sólo está UGT en los reintegros millonarios abiertos por el Gobierno andaluz, ya que a través de estos expedientes trata de recuperar también el dinero desviado con el fraude de la formación.
Aunque Susana Díaz y sus consejeros insisten en que este escándalo ha sido un «bluf» y que los jueces están archivando, lo cierto es que la propia Junta tiene abiertos reintegros en los que hay claros desvíos de subvenciones, como los de los consorcios controlados por la Administración andaluza, que gastaron fondos destinados a los cursos en la cabalgata de los Reyes Magos de Almonte, jamones o fiestas.
El pasado noviembre, el consejero de Empleo, Javier Carnero, informó en el Parlamento de que su departamento había abierto 1.750 expedientes de reintegro en los que exigía la devolución de 149 millones de euros por subvenciones de cursos de formación que no se destinaron a los fines previstos.
Las fuentes de Hacienda consultas no pudieron precisar qué porcentaje de los 777,6 millones corresponden a la formación, a la supuesta trama de UGT o a otros asuntos. Sí puntualizaron que más de la mitad de los reintegros sobre los cursos están suspendidos por los órganos jurisdiccionales. En el caso UGT, un juez de lo contencioso administrativo paralizó en 2016 un pleito hasta que concluyera la investigación penal sobre las facturas falsas.
En 2016, cuando había presupuestado 429 millones de euros en reintegros, el Gobierno andaluz logró recaudar 274 millones de euros y obtuvo 549 millones de euros en «derechos reconocidos».
Al año siguiente, en 2017, se presupuestó más (443 millones de euros) en reintegros, se recaudó menos (246 millones de euros) y se alcanzaron 361 millones de euros en derechos reconocidos sobre esta materia.
El Mundo
La Junta los mezcla todos en el mismo saco: en los expedientes de reintegro que cada año consigna en sus presupuestos. Sin embargo, no discrimina los casos claros de presunta malversación de fondos públicos de aquellos que no lo son. A través de estos expedientes de reintegro, el Gobierno andaluz pretende recuperar subvenciones desviadas o simplemente que no se emplearon en la finalidad prevista.
No es nada fácil encontrar el agujero de 777,6 millones de euros en el presupuesto del Gobierno andaluz, si bien esta cifra fue confirmada a EL MUNDO por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige María Jesús Montero. Para dar con ella hay que analizar la Cuenta General de 2016 y el resumen del estado de liquidación del presupuesto de 2017.
Sumando los 274,5 millones de los reintegros que hay sin pagar al cierre de 2016 y correspondientes a ese año, con los 388,1 millones de reintegros sin pagar correspondientes a años anteriores, además de los 115 millones que había a 31 de diciembre de 2017, salen los 777,6 millones que la Junta está reclamando y que todavía no le han pagado.
Como viene informando este diario, el Gobierno andaluz ha abierto al menos 34 reintegros correspondientes a 34 ayudas distintas a UGT Andalucía. A través de ellos exige la devolución de más de 15 millones de euros por subvenciones que el sindicato no destinó a los fines previstos. La cantidad exacta se mantiene en secreto. La opacidad sobre este asunto es total. El Gobierno de Susana Díaz se ha negado a facilitarla a la oposición en el Parlamento andaluz y a este diario a través del Portal de la Transparencia.
La trama de UGT
La Junta abrió estos reintegros a UGT después de que este diario y otros medios documentaran los numerosos desvíos de subvenciones, que terminaron costeando comilonas en la Feria de Abril de Sevilla, los 700 maletines fabricados en Asia que el sindicato regaló a los asistentes a un congreso regional o gastos de protestas del sindicato.El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla investiga desde septiembre de 2013 la presunta financiación ilegal del sindicato a través de las subvenciones de la Junta en unas diligencias que acumulan una veintena de investigados -antes imputados- entre los que figuran los ex secretarios generales de UGT Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Estas pesquisas llevan un año paralizadas, a la espera de una pericial encargada por el juez que sirva para fijar la cuantía presuntamente malversada por el sindicato con las subvenciones para cursos de formación y otras materias que le otorgó la Junta.
No sólo está UGT en los reintegros millonarios abiertos por el Gobierno andaluz, ya que a través de estos expedientes trata de recuperar también el dinero desviado con el fraude de la formación.
Aunque Susana Díaz y sus consejeros insisten en que este escándalo ha sido un «bluf» y que los jueces están archivando, lo cierto es que la propia Junta tiene abiertos reintegros en los que hay claros desvíos de subvenciones, como los de los consorcios controlados por la Administración andaluza, que gastaron fondos destinados a los cursos en la cabalgata de los Reyes Magos de Almonte, jamones o fiestas.
El pasado noviembre, el consejero de Empleo, Javier Carnero, informó en el Parlamento de que su departamento había abierto 1.750 expedientes de reintegro en los que exigía la devolución de 149 millones de euros por subvenciones de cursos de formación que no se destinaron a los fines previstos.
Las fuentes de Hacienda consultas no pudieron precisar qué porcentaje de los 777,6 millones corresponden a la formación, a la supuesta trama de UGT o a otros asuntos. Sí puntualizaron que más de la mitad de los reintegros sobre los cursos están suspendidos por los órganos jurisdiccionales. En el caso UGT, un juez de lo contencioso administrativo paralizó en 2016 un pleito hasta que concluyera la investigación penal sobre las facturas falsas.
520 millones recaudados
Aunque hay una elevada cantidad de reintegros que no se han pagado a la Junta (777,6 millones), lo cierto es que también se están recaudando sumas importantes cada año. En 2016 y 2017, se recaudaron 520 millones de euros, según los datos facilitados a este diario por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.En 2016, cuando había presupuestado 429 millones de euros en reintegros, el Gobierno andaluz logró recaudar 274 millones de euros y obtuvo 549 millones de euros en «derechos reconocidos».
Al año siguiente, en 2017, se presupuestó más (443 millones de euros) en reintegros, se recaudó menos (246 millones de euros) y se alcanzaron 361 millones de euros en derechos reconocidos sobre esta materia.
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Una treintena de ex altos cargos de Susana Díaz cobra al mes 151.000 euros en cesantías de la Junta
por ¿Sabías Que? Mar Oct 29, 2019 12:28 pm
Los cesados tienen derecho a su sueldo íntegro durante un plazo máximo de dos años, en el caso de los consejeros, y un año, el resto. La ex consejera De la Calle logró un 'pensionazo' de 123.000 euros
Una treintena de altos cargos andaluces de la etapa del gobierno de Susana Díaz, que dejaron sus puestos tras la llegada al poder del PP y Ciudadanos, está cobrando mensualmente 151.625,17 euros en concepto de cesantías, la asignación económica conocida popularmente como el paro de los políticos.
El Gobierno que preside el popular Juanma Moreno paga estas cesantías a 29 ex altos cargos de la etapa del PSOE en el ejecutivo, según refleja el último listado colgado en el portal de transparencia de la Junta, consultado por EL MUNDO, con los importes actualizados a fecha de 30 de junio. El documento revela que el pasado abril, la lista de beneficiarios era mayor: 41 ex altos cargos que suponían un gasto para las arcas públicas de 212.521,92 euros.
El Gobierno de Manuel Chaves implantó las cesantías en Andalucía en 2005 dentro de un paquete legislativo que se llamó «de impulso democrático». A partir de ese año, todos los altos cargos con rango de director general o superior de la Junta o de su administración paralela, así como los 109 parlamentarios andaluces, están blindados a la salida del despacho oficial o del escaño. Estas asignaciones también se perciben en la Administración estatal.
Los importes mensuales que están ingresando los 29 ex cargos rondan los 5.000 euros: 4.755,67 euros el que menos cobra y 5.682,18 el que más. Entre ellos, hay tres ex viceconsejeros: el de Presidencia, Fernando López Gil, con seis meses reconocidos a 5.268 euros cada uno; la de Educación, Elena Marín, con diez meses de cesantías (56.821,8 euros en total); y la de Justicia e Interior, Isabel Mayo (50.109,21 euros).
Hay otros tres ex altos cargos con 12 meses de cesantías: la ex secretaria general técnica de Turismo y Deporte, María Dolores Atienza, que tiene reconocido el derecho a cobrar en total 63.061,8 euros; la ex directora general de la Agencia de Evaluación Educativa, Aurelia Calzada (62.038,2 euros); y la ex secretaria general de Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz (63.216 euros).
El 'pensionazo' de la ex consejera
La ex alto cargo más beneficiada por estas asignaciones económicas ha sido la ex consejera de Educación Adelaida de la Calle, que por dos años en el puesto se le reconocieron otros dos años más de cesantías: en total 123.424,08 euros que terminó de cobrar hace unos meses. Muy polémicos fueron también los 'pensionazos' de 100.000 euros del ex vicepresidente de la Junta Diego Valderas y Rafael Rodríguez, ex consejero de Presidencia, ambos de IU.
Aunque ahora haya 29 ex altos cargos cobrando cesantías, la cifra se elevó a 71 el pasado marzo, con un coste para la Administración andaluza de 364.905,42 euros.
No obstante, la cifra de beneficiarios es más pequeña de la inicialmente prevista por el gobierno de Susana Díaz. En principio, el número de políticos andaluces con derecho a estas asignaciones era de 141, según refleja el informe elaborado por el anterior gobierno, que fue difundido días antes del desalojo del PSOE del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.
El número ha sido menor porque muchos de ellos, como la propia Susana Díaz y casi todos los ex consejeros, son diputados en el Parlamento andaluz. Al cobrar un sueldo de la Cámara, no pueden percibir las cesantías, ya que éstas son incompatibles con cualquier otra remuneración. Otros han sido designados para otros puestos, como el ex consejero de Cultura Miguel Ángel Vázquez, que ahora es senador y, por lo tanto, dejó de percibir las cesatías. También hay ex altos cargos que han renunciado a estas asignaciones económicas y han vuelto a su puesto de trabajo, como el ex director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Reynaldo Fernández.
En cada listado que publica la Junta varía el número de beneficiarios porque no todos tienen derecho al mismo número de meses de paro. Para calcularlo, se considera el tiempo que estuvieron en el despacho oficial y el rango del puesto. Los cesados pueden seguir cobrando el sueldo íntegro que percibían por un periodo máximo de hasta dos años -en el caso de los ex consejeros- y de un año, el resto. Fuente
Una treintena de altos cargos andaluces de la etapa del gobierno de Susana Díaz, que dejaron sus puestos tras la llegada al poder del PP y Ciudadanos, está cobrando mensualmente 151.625,17 euros en concepto de cesantías, la asignación económica conocida popularmente como el paro de los políticos.
El Gobierno que preside el popular Juanma Moreno paga estas cesantías a 29 ex altos cargos de la etapa del PSOE en el ejecutivo, según refleja el último listado colgado en el portal de transparencia de la Junta, consultado por EL MUNDO, con los importes actualizados a fecha de 30 de junio. El documento revela que el pasado abril, la lista de beneficiarios era mayor: 41 ex altos cargos que suponían un gasto para las arcas públicas de 212.521,92 euros.
El Gobierno de Manuel Chaves implantó las cesantías en Andalucía en 2005 dentro de un paquete legislativo que se llamó «de impulso democrático». A partir de ese año, todos los altos cargos con rango de director general o superior de la Junta o de su administración paralela, así como los 109 parlamentarios andaluces, están blindados a la salida del despacho oficial o del escaño. Estas asignaciones también se perciben en la Administración estatal.
Los importes mensuales que están ingresando los 29 ex cargos rondan los 5.000 euros: 4.755,67 euros el que menos cobra y 5.682,18 el que más. Entre ellos, hay tres ex viceconsejeros: el de Presidencia, Fernando López Gil, con seis meses reconocidos a 5.268 euros cada uno; la de Educación, Elena Marín, con diez meses de cesantías (56.821,8 euros en total); y la de Justicia e Interior, Isabel Mayo (50.109,21 euros).
Hay otros tres ex altos cargos con 12 meses de cesantías: la ex secretaria general técnica de Turismo y Deporte, María Dolores Atienza, que tiene reconocido el derecho a cobrar en total 63.061,8 euros; la ex directora general de la Agencia de Evaluación Educativa, Aurelia Calzada (62.038,2 euros); y la ex secretaria general de Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz (63.216 euros).
El 'pensionazo' de la ex consejera
La ex alto cargo más beneficiada por estas asignaciones económicas ha sido la ex consejera de Educación Adelaida de la Calle, que por dos años en el puesto se le reconocieron otros dos años más de cesantías: en total 123.424,08 euros que terminó de cobrar hace unos meses. Muy polémicos fueron también los 'pensionazos' de 100.000 euros del ex vicepresidente de la Junta Diego Valderas y Rafael Rodríguez, ex consejero de Presidencia, ambos de IU.
Aunque ahora haya 29 ex altos cargos cobrando cesantías, la cifra se elevó a 71 el pasado marzo, con un coste para la Administración andaluza de 364.905,42 euros.
No obstante, la cifra de beneficiarios es más pequeña de la inicialmente prevista por el gobierno de Susana Díaz. En principio, el número de políticos andaluces con derecho a estas asignaciones era de 141, según refleja el informe elaborado por el anterior gobierno, que fue difundido días antes del desalojo del PSOE del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.
El número ha sido menor porque muchos de ellos, como la propia Susana Díaz y casi todos los ex consejeros, son diputados en el Parlamento andaluz. Al cobrar un sueldo de la Cámara, no pueden percibir las cesantías, ya que éstas son incompatibles con cualquier otra remuneración. Otros han sido designados para otros puestos, como el ex consejero de Cultura Miguel Ángel Vázquez, que ahora es senador y, por lo tanto, dejó de percibir las cesatías. También hay ex altos cargos que han renunciado a estas asignaciones económicas y han vuelto a su puesto de trabajo, como el ex director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Reynaldo Fernández.
En cada listado que publica la Junta varía el número de beneficiarios porque no todos tienen derecho al mismo número de meses de paro. Para calcularlo, se considera el tiempo que estuvieron en el despacho oficial y el rango del puesto. Los cesados pueden seguir cobrando el sueldo íntegro que percibían por un periodo máximo de hasta dos años -en el caso de los ex consejeros- y de un año, el resto. Fuente
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Una vecina de Granada: «El PSOE compró mi voto y el de todo mi entorno»
por Infornauta Miér Oct 30, 2019 7:41 pm
«A mí me extrañó el contrato, claro, pero cuando tienes necesidad de comer...» se disculpa esta vecina, que se dice votante de izquierdas, «pero no del PSOE»
Se llama Lola García de Hierro y es vecina de la localidad de Vegas del Genil, en Granada. En la campaña de las elecciones locales de 2015 el entonces candidato del PSOE -y hoy alcalde-, Leandro Martín, le ofreció contratarla en el Ayuntamiento con dinero público a cambio de que votase a su partido. Llegó incluso a poner por escrito el compromiso con el sello y membrete del PSOE andaluz. Ella firmó. «Me extrañó lo del contrato pero como tenía necesidad de comer, pues lo firmé, sí».
Según explica, su caso es calcado al de otra persona del pueblo por el que el socialista Leandro Martín ya fue denunciado ante los tribunales. El caso está archivado de manera temporal y puede ser reabierto ahora que el PP tiene previsto presentar el contrato de García de Hierro.
Esta mujer, doctora en Biología, presentó a todos los partidos políticos que se presentaron a las elecciones su proyecto de un programa de investigación y educación ambiental para el pueblo. «El PP y Adelante me dijeron que estaba muy bien, pero que la situación económica no era buena y que no sabían si se podría poner en marcha», recuerda García del Hierro. «Cuando se lo presenté al candidato del PSOE me llamaron a su despacho y me presentaron el contrato. Si ganaban, me dijeron, me contrataban».
Con esta situación ella y su familia y entorno votaron al PSOE. «Me compraron el voto, sí, porque yo nunca he votado al PSOE, solo entonces. Y arrastré muchos votos más porque la gente de tu entorno te apoya, claro», señala. «A mí me extrañó el contrato, claro, pero cuando tienes necesidad de comer...» se disculpa esta vecina, que se dice votante de izquierdas, «pero no del PSOE».
Esta mujer, que cuenta que el alcalde le vuelve la cara cuando se lo encuentra por el pueblo, no cree que su comportamiento pueda ser considera parte del presunto delito de compra de votos . Y asegura que no tiene pensado dedicarse a política ni tiene relación alguna con el PP, partido que ha denunciado su caso ante la Justicia. «Yo sola contra un partido como el PSOE no me quiero meter, se lo dejo a ellos», explica.
«Yo tengo claro que con mi moral y mi honorabilidad no se juega; ni con mi trabajo», reivindica esta vecina de Vegas de Genil que ha puesto cara a la compra de votos en su pueblo. abc
Se llama Lola García de Hierro y es vecina de la localidad de Vegas del Genil, en Granada. En la campaña de las elecciones locales de 2015 el entonces candidato del PSOE -y hoy alcalde-, Leandro Martín, le ofreció contratarla en el Ayuntamiento con dinero público a cambio de que votase a su partido. Llegó incluso a poner por escrito el compromiso con el sello y membrete del PSOE andaluz. Ella firmó. «Me extrañó lo del contrato pero como tenía necesidad de comer, pues lo firmé, sí».
Según explica, su caso es calcado al de otra persona del pueblo por el que el socialista Leandro Martín ya fue denunciado ante los tribunales. El caso está archivado de manera temporal y puede ser reabierto ahora que el PP tiene previsto presentar el contrato de García de Hierro.
Esta mujer, doctora en Biología, presentó a todos los partidos políticos que se presentaron a las elecciones su proyecto de un programa de investigación y educación ambiental para el pueblo. «El PP y Adelante me dijeron que estaba muy bien, pero que la situación económica no era buena y que no sabían si se podría poner en marcha», recuerda García del Hierro. «Cuando se lo presenté al candidato del PSOE me llamaron a su despacho y me presentaron el contrato. Si ganaban, me dijeron, me contrataban».
Con esta situación ella y su familia y entorno votaron al PSOE. «Me compraron el voto, sí, porque yo nunca he votado al PSOE, solo entonces. Y arrastré muchos votos más porque la gente de tu entorno te apoya, claro», señala. «A mí me extrañó el contrato, claro, pero cuando tienes necesidad de comer...» se disculpa esta vecina, que se dice votante de izquierdas, «pero no del PSOE».
Esta mujer, que cuenta que el alcalde le vuelve la cara cuando se lo encuentra por el pueblo, no cree que su comportamiento pueda ser considera parte del presunto delito de compra de votos . Y asegura que no tiene pensado dedicarse a política ni tiene relación alguna con el PP, partido que ha denunciado su caso ante la Justicia. «Yo sola contra un partido como el PSOE no me quiero meter, se lo dejo a ellos», explica.
«Yo tengo claro que con mi moral y mi honorabilidad no se juega; ni con mi trabajo», reivindica esta vecina de Vegas de Genil que ha puesto cara a la compra de votos en su pueblo. abc
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Susana Díaz dejó en el cajón al irse de San Telmo 1.500 millones de euros en facturas sin pagar
por ¿Sabías Que? Jue Jul 30, 2020 1:41 pm
El último Gobierno del PSOE en Andalucía disparó los gastos sin partida presupuestaria, sobre todo en la "administración paralela"
El día en el que Susana Díaz abandonó su despacho en el Palacio de San Telmo en enero de 2019, cerrando una etapa de 37 años de gobiernos ininterrumpidos del PSOE en Andalucía, en los cajones de la Administración autonómica dejó casi 1.500 millones de euros en facturas sin pagar. Son gastos que se hicieron sin tener consignación presupuestaria y al margen de las cuentas oficiales. El último informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Andalucía elaborado por la sigue...
El día en el que Susana Díaz abandonó su despacho en el Palacio de San Telmo en enero de 2019, cerrando una etapa de 37 años de gobiernos ininterrumpidos del PSOE en Andalucía, en los cajones de la Administración autonómica dejó casi 1.500 millones de euros en facturas sin pagar. Son gastos que se hicieron sin tener consignación presupuestaria y al margen de las cuentas oficiales. El último informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Andalucía elaborado por la sigue...
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El PSOE andaluz que malversó 680 millones de los andaluces da lecciones a la Junta ¡de gestión de Canal Sur!
por Infornauta Vie Sep 04, 2020 11:44 am
El PSOE de Andalucía, a través de su secretario de Política Institucional, Paco Conejo, ha dado una nueva ‘lección’ de gestión a la Junta de Andalucía. El mismo partido que robó 680 millones a todos los andaluces, y lo escondió a través de Canal Sur, da lecciones ahora de cómo se tiene que gestionar la cadena pública.
«Desde el PSOE de Andalucía hemos denunciado la imposición de la extrema derecha en los contendidos de Canal Sur la nueva programación de otoño. Aumenta el gasto en externalización un 30%, pese a la caída publicitaria, generando más déficit a la cadena», explica Conejo.
Francisco Conejo, diputado del PSOE por Málaga, acusó a la Junta de Andalucía de interferir en Canal Sur, y se quejó de que «por primera vez en 31 años las cámaras de Canal Sur no ha retransmitido la Romería de la Virgen de la Cabeza». El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, le dio un brutal zasca: «¡Cómo se va a retransmitir si no se ha celebrado!»
En este sentido, Elías Bendodo ya pidió al PSOE-A ante el Pleno del Parlamento que dejara de «engañar» sobre la situación de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), donde se acabó la «manipulación» que ejercieron los anteriores gobiernos socialistas, mientras que ahora hay «independencia» y se respeta la «pluralidad».
Durante su intervención ante el Pleno de la Cámara, Bendodo defendía hace unas semanas que la RTVA goza hoy, como estipula la ley, de «autonomía en la gestión, organización y funcionamiento» y tiene una «dirección capacitada para hacer frente a los desafíos. «La nueva RTVA funciona mejor que la que ustedes dejaron»,dijo al PSOE-A, al que recomendó que no pretendiera dar lecciones sobre la cadena autonómica después de lo que hicieron durante décadas.
«Desprestigiar el trabajo Canal sur y de sus profesionales no es razonable», según ha advertido Bendodo al PSOE-A, al que ha acusado de «faltar a la verdad» sobre la situación de la cadena pública para «criticar el trabajo de los profesionales». Ha indicado además que al PSOE-A le molesta que cada día haya más personas que ven Canal Sur.
Asimismo, defendió que el actual equipo directivo es «más austero que el anterior», ya que hay un cargo menos y ello supone un ahorro global de 40.000 euros. Ha apuntado que una gran parte de ese equipo directivo se mantiene de la etapa anterior.
Sobre el pluralismo, ha indicado que el informe elaborado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) pone de manifiesto que Canal Sur es ahora «más plural» que en la etapa de los anteriores gobiernos socialistas. De hecho, según ha apuntado, el PSOE-A es el partido de la oposición que más sale en Canal Sur, «muy por encima de la representación institucional que tiene».
Bendodo ha manifestado que está encantado de hablar de Canal Sur en el Parlamento y de cómo los anteriores gobiernos del PSOE-A «la manipularon durante muchos años». Link
«Desde el PSOE de Andalucía hemos denunciado la imposición de la extrema derecha en los contendidos de Canal Sur la nueva programación de otoño. Aumenta el gasto en externalización un 30%, pese a la caída publicitaria, generando más déficit a la cadena», explica Conejo.
Conejo y su gazapo
Francisco Conejo, diputado del PSOE por Málaga, acusó a la Junta de Andalucía de interferir en Canal Sur, y se quejó de que «por primera vez en 31 años las cámaras de Canal Sur no ha retransmitido la Romería de la Virgen de la Cabeza». El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, le dio un brutal zasca: «¡Cómo se va a retransmitir si no se ha celebrado!»
En este sentido, Elías Bendodo ya pidió al PSOE-A ante el Pleno del Parlamento que dejara de «engañar» sobre la situación de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), donde se acabó la «manipulación» que ejercieron los anteriores gobiernos socialistas, mientras que ahora hay «independencia» y se respeta la «pluralidad».
Durante su intervención ante el Pleno de la Cámara, Bendodo defendía hace unas semanas que la RTVA goza hoy, como estipula la ley, de «autonomía en la gestión, organización y funcionamiento» y tiene una «dirección capacitada para hacer frente a los desafíos. «La nueva RTVA funciona mejor que la que ustedes dejaron»,dijo al PSOE-A, al que recomendó que no pretendiera dar lecciones sobre la cadena autonómica después de lo que hicieron durante décadas.
«Desprestigiar el trabajo Canal sur y de sus profesionales no es razonable», según ha advertido Bendodo al PSOE-A, al que ha acusado de «faltar a la verdad» sobre la situación de la cadena pública para «criticar el trabajo de los profesionales». Ha indicado además que al PSOE-A le molesta que cada día haya más personas que ven Canal Sur.
Asimismo, defendió que el actual equipo directivo es «más austero que el anterior», ya que hay un cargo menos y ello supone un ahorro global de 40.000 euros. Ha apuntado que una gran parte de ese equipo directivo se mantiene de la etapa anterior.
Sobre el pluralismo, ha indicado que el informe elaborado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) pone de manifiesto que Canal Sur es ahora «más plural» que en la etapa de los anteriores gobiernos socialistas. De hecho, según ha apuntado, el PSOE-A es el partido de la oposición que más sale en Canal Sur, «muy por encima de la representación institucional que tiene».
Bendodo ha manifestado que está encantado de hablar de Canal Sur en el Parlamento y de cómo los anteriores gobiernos del PSOE-A «la manipularon durante muchos años». Link
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Re: Comienza a aflorar la suciedad de la Junta andaluza: aparecen 18 tarjetas 'black' de la 'administración paralela'
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