El PSOE acumula 64 causas de corrupción más que el PP

Conde-Pumpido ha desvelado que en España existen 730 causas contra cargos públicos por corrupción

La creciente corrupción entre la clase política española se ha traducido hoy en datos de boca del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ha revelado que se están tramitando un total de 730 causas contra cargos públicos por corrupción. PSOE y PP acumulan 464 del total de las causas, 264 el Partido Socialista y 200 el PP. Conde-Pumpido ha desvelado estos datos durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso.

En cuanto al resto de partidos políticos, Coalición Canaria acumula 43 causas, CiU 30, el Partido Andalucista 24, Izquierda Unida 20, el Grupo Independiente Liberal (GIL) 17, Unió Mallorquina 7, Ezquerra Republicana de Catalunya 5, Bloque Nacionalista Galego 3 y PNV otras 3.

A estos se añaden un procedimiento abierto a un cargo de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos locales, 16 contra imputados independientes y 72 asuntos en los que se desconoce la afiliación política de los investigados.

Según el fiscal general, 'hay de todo' y en todos los partidos. Por eso, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al asegurar que existen 'más de 66.000 concejales y alcaldes, además de 17 asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado', con lo que, según el fiscal 'no llega al uno por ciento el número de los responsables públicos de este país que en su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal'.

Conde-Pumpido ha explicado que en la actualidad existen 594 procedimientos judiciales abiertos y 136 diligencias de investigación de la Fiscalía.

El fiscal general ha salido además en defensa de la Fiscalía, que según ha dicho persiguen a los delincuentes no por su afiliación política, 'sino por los delitos que cometen' y ha asegurado que lo contrario es 'ajeno por completo a la realidad del Ministerio Fiscal'. 'La Justicia no persigue a políticos, sólo persigue a corruptos y corruptores, estén donde estén, aunque estén en todas partes'.

Además de explicar los datos sobre la corrupción, Conde-Pumpido ha querido aclarar el asunto de las filtraciones en ciertos casos investigados por la Justicia. El fiscal ha asegurado que no hay filtración ninguna de actuaciones judiciales, sino informaciones facilitadas desde el exterior por personas que, sin acceso al sumario, disponen de datos a veces porque han intervenido en los hechos investigados.

'Hemos evitado por tanto cualquier filtración de la investigación llevada a cabo por el fiscal y hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano para perseguir las que se han producido, fuese cual fuese su origen', ha resaltado el fiscal general del Estado.

También ha recordado que 'la investigación del caso Gürtel fue tramitada durante muchos meses a través de diligencias de la Fiscalía Anticorrupción sin que durante ese tiempo se produjese filtración alguna', lo que demuestra la absoluta discreción de los fiscales.

En concreto, según Conde-Pumpido, en relación con las supuestas filtraciones del sumario del 'caso Gürtel' la Fiscalía ha llevado a cabo diez actuaciones diferentes y 'ha promovido' que la investigación prospere por todos los medios a su alcance.

PÚBLICO.ES / AGENCIAS

Crespo Gomar SL ha sido adjudicataria de distintos contratos concedidos por el gobierno de Zapatero.

La llamada Gürtel Roja empezó como una investigación relativamente modesta, referida solamente a la presunta "caja B" del PSOE-PSPV en el Ayuntamiento de Benidorm. Sin embargo, los agentes de la policía tiraron de la manta y encontraron estructuras similares en la agrupación socialista de Valencia capital, así como una red de presuntas facturas falsas que salpicaría también a Bloc-Compromís.

En el centro de la operativa aparece la agencia Crespo Gomar SL, una mercantil dedicada a la comunicación y el marketing que, según la UDEF, habría asumido gastos de campaña que después habrían sido sufragados no por el PSOE-PSPV, sino por los contribuyentes, mediante contratos y adjudicaciones concedidos a terceras empresas que, de acuerdo con la policía se prestaban a esta triangulación a cambio de comisiones.

Pero la cosa no acaba aquí. Como explica el juzgado de investigación número 21 de Valencia en un auto con fecha 19 de enero de 2018, en el transcurso de la investigación se ha podido comprobar que Crespo Gomar SL ha sido adjudicataria de distintos contratos concedidos por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Para ser precisos, han sido objeto de pericia dos adjudicaciones: una de 2008, otorgada por el ministerio de Sanidad a cambio de 184.138,40 euros, y otra de 2009, concedida por el ministerio de Vivienda a razón de 126.208,00 euros.

Tras repasar las apreciaciones del perito, el juez instructor distingue en la segunda adjudicación "irregularidades que van más allá de lo meramente administrativo y podrían ser constitutivas de infracción penal". Y es que, como apunta el auto, "del estudio del contenido del expediente resulta muy llamativo que se procediese a la apertura de la oferta económica sin disponer de los informes técnicos. En los procesos de licitación pública siempre se procede a la apertura en primer lugar de la oferta técnica y, posteriormente, una vez puntuada, se hace la apertura de la oferta económica. Hacerlo a la inversa no lleva sino a favorecer la falta de transparencia, ya que conociendo de antemano la puntuación obtenida por cada licitador con su oferta económica, resulta mucho más sencillo intentar favorecer a cualquiera de ellos, dado el carácter subjetivo de la valoración técnica".

Además, "el expediente pone de relieve la falta de motivación en el rechazo de uno de los licitadores por baja temeraria, lo que claramente favorece a Crespo Gomar SL, que no hubiese resultado adjudicatario en caso de no haberse rechazado al otro licitador concurrente".

El juez también apunta que "existen en el expediente una serie de irregularidades de las que indiciariamente parece concluirse que el contrato estaba adjudicado antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales. Con anterioridad al 18/12/2008, fecha en la que todavía no se ha firmado el contrato, se requirió a la Intervención General para que mandase delegado al acto de recepción de los servicios contratados, apareciendo ya el nombre de Crespo Gomar SL. Además, para poder suscribir un contrato administrativo (el del expediente figura firmado el 29 de diciembre) se requiere que, previamente, el Abogado del Estado haya bastanteado los poderes que aporta la persona que comparece a la firma del contrato en representación de la adjudicataria. En el expediente objeto de informe, el bastanteo del Abogado del Estado llevaba la firma del 5 de enero, por lo que resulta imposible que el 29 de diciembre se firmase el contrato".

La red de contratos sobre los que pone el foco el juez también abarca otras licitaciones locales, como una del Ayuntamiento de Benidorm concedida en 2010 por 193.000 euros, así como dos contratos suscritos con la empresa pública Acuamed, por 205.000 y 200.000 euros cada uno.

Este último punto también afecta al gobierno de Rodríguez Zapatero, puesto que Acuamed es la empresa pública que creó el Ejecutivo del ex presidente socialista para poner en marcha su controvertido plan de construcción de plantas desalinizadoras. Tras repasar el informe pericial, el juez entiende que se produjo "un fraccionamiento de la contratación, con el claro objetivo de obviar el cumplimiento de la Ley de Contratos", que por aquel entonces permitía adjudicaciones a dedo cuando las cantidades no superaban los 211.000 euros.

Además, el auto recuerda que, "junto a estos contratos, unos días después se sacaron a licitación otros dos que también estaban relacionados con el sector de la comunicación y la publicidad, pero se cerraron por un importe de 60.000 euros cada uno. Estos servicios debieron ser licitados conjuntamente, al tratarse de acciones comunicativas sobre las bondades de las desalinizadoras".

Peor aún, el juez entiende que "se puede observar que se presentaron al concurso empresas del mismo grupo que omitieron dicha circunstancia pese a estar obligadas a ello". Esto supone "una clara limitación del principio de concurrencia pública. Algo similar ocurrió en los contratos de 60.000 euros: de nuevo, aparecen empresas ligadas a Crespo Gomar y una de ellas, Silvia García SL, se lleva la adjudicación de la discordia.

Los hechos, que habrían prescrito, apuntan a lo que el juez identifica como una "financiación irregular de formaciones políticas", en este caso el PSOE-PSPV. En el auto también se apunta a un presunto delito de prevaricación y/o malversación, ligado a las distintas adjudicaciones comentadas en párrafos anteriores. Al tratarse de contratos concedidos a nivel estatal, el juzgado valenciano ha elevado la investigación al ministerio fiscal, de modo que la trama tiene ya rango nacional.

Toda la cúpula del ministerio de Vivienda, imputada

Pero el auto abarca solamente una parte de la presunta trama. Y es que las informaciones que ya obran en poder de distintos juzgados recogen 2,7 millones de euros ligados a contratos que fueron encargados a Crespo Gomar SL por los ministerios de Medio Ambiente (responsable de Acuamed y ocupado entonces por Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE), Sanidad y Vivienda.

De hecho, el juzgado de instrucción número 24 de Madrid ha citado como investigados a buena parte de los altos cargos del ministerio de Vivienda. Los imputados formaban parte del gabinete de Beatriz Corredor y habrían formado parte del concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010, otorgado a Crespo Gomar SL por importe de 126.000 euros. LD.

La idea de Pedro Sánchez es, según la secretaria de Igualdad socialista, “conseguir una serie de objetivos sociales”, hacer “limpieza” y convocar elecciones después. Pero el PSOE vive con 77 caosos de corrupción abiertos.

Una idea que ha hecho que los populares digan que Sánchez pasará a la historia de España “como el judas de la política” si no retira la moción.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha aceptado hoy que la falta de apoyos puede llevar a Pedro Sánchez a perder la moción de censura, pero ha sostenido que para los socialistas “no se trata de ganar o no ganar” la moción, sino de “cumplir son su obligación ética y democrática”.

“El PSOE puede sentirse muy orgulloso de haber cumplido con esa obligación ética y democrática”, ha destacado Robles, que ha insistido en que “todo lo demás es accesorio y secundario” y ha subrayado que “cuando la corrupción se ha extendido por todo el sistema es necesario tomar decisiones políticas con independencia del resultado final”.

Pero la realidad del PSOE no es muy ditinta a la del PP. Que Sánchez Castejón vaya a regenerar las instituciones suena a broma de mal gusto, si tenemos en cuenta que el PSOE está implicado ahora mismo en 77 casos de corrupción política, según indica la web Casos-Aislados.com.

Fue el PSOE el primer partido al que una sentencia judicial firme señaló por financiación irregular, concretamente con el caso FILESA, en 1997. El Tribunal Supremo acreditó que el PSOE había obtenido ilegalmente más de 1.200 millones de pesetas, lo que sería a día de hoy más de 7,2 millones de euros, es decir 29 veces lo que la Audiencia Nacional reclama al PP por el caso Gürtel (245.492 euros). Claro que todas estas cantidades son calderilla si las comparamos con el más voluminoso escándalo de corrupción de la democracia, el de los EREs y los cursos de formación de Andalucía: 3.200 millones de euros, un caso que también afecta de lleno al PSOE, que lleva décadas gobernando esa región.

Intereconomía.

La UDEF investiga el cobro de comisiones millonarias por las obras del estadio de fútbol de la ciudad. Curiosamente se construyeron con fondos del polémico Plan E de Zapatero

La realidad sigue siendo terca y dejando de manifiesto la doble vara de medir del nuevo Gobierno socialista y de su presidente, Pedro Sánchez.

Tras el escándalo en el PSPV con la trama de la consultora Crespo Gomar, las nuevas revelaciones -puticlubs incluidos- de la malversación de caudales públicos en la Junta de Andalucía a manos de altos cargos del PSOE-A, o la reciente detención del presidente socialista de la Diputación de Valencia, un nuevo escándalo socialista llama a las puertas del Palacio de la Moncloa.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido pasadas las 9.30 horas de este miércoles al exalcalde del PSOE  en Puertollano, Joaquín Hermoso, por las presuntas irregularidades cometidas en las obras del campo de fútbol de la ciudad.

La operación cuenta con la participación de investigadores de la UDEF desplazados desde Madrid. Las pesquisas policiales se centran en las obras del estadio Ciudad de Puertollano, finalizadas en noviembre de 2011 tras contar con ayudas del Plan E que impulsó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Según la Policía, los agentes buscan documentación por la construcción de este estadio de fútbol ante los indicios de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

El estadio de Puertollano, conocido popularmente como Campo del Cerrú, fue inaugurado en 2010 con un aforo que supera los 7.000 espectadores. Joaquín Hermoso, que está implicado en otros casos que han llegado a los tribunales como el de la construcción de una plaza de toros, impulsó esta obra como uno de sus proyectos estrella en su etapa como alcalde entre 2004 y 2013.

La Policía ha informado en su cuenta de Twitter que había puesto en marcha una "nueva operación contra la corrupción".

El operativo, que contempla varios registros, ha desalojado de la Casa Consistorial a los trabajadores que estaban en las dependencias municipales a primera hora de este miércoles y los agentes impiden el acceso al Consistorio. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Por ESdiario

Pedro Sánchez fue consejero general de la Asamblea General de Caja Madrid en época de Miguel Blesa, tal y como reflejan los informes anuales de gobierno corporativo disponibles en la CNMV.

En ese momento, el actual Secretario General del PSOE era concejal en el Ayuntamiento de Madrid dio su consentimiento mediante votación a la ruinosa compra por 927 millones de euros del City National Bank of Florida. También no puso inconvenientes a los pagos millonarios y desorbitadas comisiones que cobraron los directivos de la Caja por la operación. Pero su implicación en la nada modélica etapa de Caja Madrid y que lideró Miguel Blesa no termina ahí. Pedro Sánchez favoreció con su voto la venta de preferentes que han llevado a la ruina a pequeños ahorradores y que ha sido una de las mayores estafas bancarias de la historia de España.

Pedro Sánchez dio su consentimiento a la venta de preferentes

Miguel Blesa y su equipo de consejeros desarrollaron un simple pero eficaz sistema de conseguir capital de pequeños ahorradores para luego repartirse gran parte del dinero en forma de comisiones.

El engaño consistía en vender “papel” dando a entender a los inversores que se trataba de un producto que invertía en renta fija cuando no era cierto. Lo grave del caso es que Caja Madrid se dedicó a captar particulares inexpertos (jubilados, ancianos, discapacitados, analfabetos, entre otros) prometiendo que era una inversión segura ya que, precisamente la seguridad es una característica fundamental de la renta fija.

Por lo demás, la rentabilidad ofrecida era algo mayor que la de muchos productos de renta fija, pero en ningún caso suficiente para justificar asumir riesgos que son propios de valores de renta variable que, si bien tienen a veces un alto riesgo, ofrecen a cambio la posibilidad de muy altas rentabilidades (algo que por lo demás este producto no ofrecía).

Pedro Sánchez, dada su formación económica​, conocía la falsedad del producto pero sus inexistentes suspicacias fueron colmadas otorgándole un préstamo en condiciones excepcionales -denominado “crédito amigo”- de 159.300 euros lo que permitió que no sólo hiciera la vista gorda ante la mayor estafa bancaria en España, sino que también sirvió para que votara en contra de la comisión de investigación del Congreso en el caso Bankia.

Pedro Sánchez argumentó en su momento que como miembro del Ayuntamiento se convertía automáticamente en miembro del Consejo de Administración de la caja, aunque son los partidos políticos quienes eligen a sus representantes y cualquiera puede negarse a ostentar dicho cargo, como fue el caso de David Lucas, alcalde socialista de Móstoles.

Blesa pagó un sueldo en forma de dietas a Sánchez de 1300 euros mensuales

Sánchez -que cobró oportunamente las dietas de 1.300 euros de Caja Madrid- solo ha reconocido esa actividad en su declaración de actividades como diputado de 2009, en la que solo declara su última etapa en la Asamblea de la Caja y su cese al llegar al Congreso, en febrero 2010. Nada más ser elegido concejal del Ayuntamiento de la Capital, Sánchez fue nombrado, junto a otros de los miembros del Pleno de la Corporación, consejero general de la Asamblea de Caja Madrid, formada por 320 personas. La Asamblea General era, según los Estatutos de la entidad, el máximo órgano de gobierno de la Caja que tenía asignadas, entre otras funciones, la aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado a los fines propios de la entidad, así como la gestión del Consejo de Administración. También, la de nombrar a los miembros de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, y de la Comisión de Obra Social, y aprobar las retribuciones y remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno. Hay que recordar que 17 directivos cobraron 71 millones de euros en cuatro años.

Como es públicamente conocido Sánchez, economista de profesión y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el centro universitario María Cristina, adscrito a la Complutense, jamás se opuso a ninguna de las medidas que llevaron a Caja Madrid a ser una de las entidades rescatadas con el dinero de los impuestos ciudadanos.

La responsabilidad de Pedro Sánchez es clara

En su día, UPyD presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de estafa, de falsificación de cuentas anuales y por un delito de administración fraudulenta o desleal contra los miembros del Comité de Dirección y el Consejo de Administración de Caja Madrid.

La denuncia, que fue archivada por la Fiscalía, no incluía a los miembros de la Asamblea General pese a que la formación dirigió un escrito a la propia Fundación Caja Madrid para que fuese ella misma la que emprendiera acciones legales contra todos los responsables del “desfalco” de la entidad.

Fuentes internas del PSOE, según asegura ESDiario, temen que en “un escenario de querellas múltiples” promovidas por nuevos partidos surgidos tras las elecciones europeas o desde diferentes asociaciones de perjudicados por la gestión de Caja Madrid o preferentistas pueda suponer un nuevo golpe letal al liderazgo del PSOE.

Lo que puede resultar del todo poco creíble es que Pedro Sánchez alegue, como así lo han hecho otros consejeros, desconocimiento de los hechos.

La verdad.

La Justicia confirma el segundo gran foco de corrupción sindical: 25 imputados en la Extremadura del PSOE. Se trata del escándalo que denunció el Gobierno del popular José Antonio Monago en 2015. Un caso que denuncia el robo masivo de subvenciones con los cursos de formación -exactamente igual a lo ocurrido en Andalucía bajo mandato también del PSOE.

Dos juzgados extremeños han confirmado ya que tramitan una investigación contra ocho entidades y 25 personas vinculadas a la patronal extremeña y los sindicatos UGT y CCOO.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz es el que lleva el procedimiento contra la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la Confederación de organizaciones empresariales de la provincia de Badajoz (Coeba). También analiza las actuaciones de Emilio Doncel Rodríguez, actual presidente de Coeba; Nuria Lavado, del área de formación; Fernando Herrera, expresidente de la Cámara de Comercio de Badajoz y exdirigente de Coeba; y Juan Manuel Arribas, exsecretario general de la Creex.

En este mismo procedimiento figura como investigado Antonio Masa Godoy, expresidente de Creex y Coeba, aunque el juzgado ha aceptado el sobreseimiento provisional sobre su labor a causa de su estado de salud. En el mismo juzgado se han lanzado las diligencias contra UGT Extremadura y la delegación territorial del Instituto de formación y estudios sociales (Ifes), la fundación de UGT centrada precisamente en los cursos de formación.

Este procedimiento se centra, entre otros, en Francisco Capilla, secretario general del sindicato en la región en el momento de los supuestos delitos; Lorenza Mansilla, exsecretaria de Formación y Cultura de UGT Extremadura; Jacinto Cerezo, exsecretario de Administración; Rosa María García Vidal, técnica de formación; y Teodoro Casares, como delegado territorial de Ifes-Extremadura.

El tercer procedimiento es el que se centra en CCOO, se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida.

El Gobierno del Partido Popular, con José Antonio Monago a la cabeza, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción diversas irregularidades registradas desde 2012 en la facturación de cursos de formación gestionados por sindicatos y patronal (Creex, CCOO, UGT y Cepes), advirtiendo de que podría haber delito contra la Hacienda Pública por falsear las condiciones para cobrar subvenciones públicas.

El 26 de marzo de 2015, la entonces consejera de Empleo del Gobierno extremeño, M.ª Ángeles Muñoz y el director del Servicio Extremeño de Empleo, Miguel Lozano, informaron, de este modo, de un supuesto fraude a gran escala con los cursos de formación de ocupados en Extremadura, con un alcance, sólo en la convocatoria de 2011, de más de 3 millones de euros.
El Gobierno ‘popular’ aseguró que había indicios suficientes que podrían determinar que en Extremadura se creó y alimentó un sistema irregular en la gestión de la formación a ocupados, afectando a la patronal extremeña, los sindicatos UGT Extremadura, CCOO de Extremadura y CEPES como entidades beneficiadas y sus administradores, es decir, los secretarios generales de estas organizaciones, así como todos aquellos que la Justicia considere oportunos en el ámbito político o empresarial.

De lo que se hablaba era de un posible delito contra la Hacienda Pública por fraude en las condiciones para la obtención y justificación del destino de subvenciones públicas.

La historia de esta corrupción es incluso más antigua. Desde 2007 existe una Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, una fundación nacional conformada por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Mediante convenios con las comunidades autónomas, esa Fundación es la encargada de ofrecer el apoyo técnico en las solicitudes e impartición de los cursos de ocupados, y también es la responsable de valorar y analizar la justificación de estos cursos y hacer las propuestas de liquidación del pago de las subvenciones.

El sistema de la Fundación Tripartita es el que se empleó para la convocatoria de 2011 y fue allí precisamente donde se detectó una evidente falta de control riguroso para verificar si las facturas pagadas correspondían a gastos reales y se ajustaban a valor de mercado. Ahí es donde se detectaron las irregularidades y un presunto fraude a gran escala.

Carlos Cuesta

Arrestadas otras ocho personas, entre exconcejales y técnicos del Ayuntamiento, por supuesta especulación inmobiliaria al inflar los precios del suelo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido esta mañana a Joaquín Hermoso, exalcalde socialista de Puertollano (Ciudad Real) entre los años 2004 y 2013, cuando dejó de ser también militante del PSOE. Junto a él han sido detenidos ya otros ocho exconcejales y técnicos del ayuntamiento —se prevén un total de 12 detenciones y 19 registros— por un supuesto delito de corrupción basado en "un aumento del valor inicial del suelo", según señalan fuentes próximas a esta operación denominada Cerrú, como es conocido el estadio de fútbol de esa localidad manchega. Presuntamente, todos los arrestados se habrían beneficiado personalmente de esos sobreprecios.

El punto de arranque de esta investigación, y que le da nombre, son los terrenos en los que se construyó precisamente el campo de fútbol y el modo en el que se contrataron las obras de construcción del mismo, ya que todos los indicios recabados hasta el momento por los investigadores apuntan a que se hizo "de manera irregular".

Desde primeras horas de la mañana, los policías están realizando detenciones y registros en el Ayuntamiento de Puertollano y en los domicilios y despachos profesionales de algunos de los 17 investigados. Los agentes de la UDEF de la Policía Nacional buscan documentación relacionada con la contratación para la construcción del estadio de fútbol de Puertollano. Desde las 9.30 se encuentran los agentes en el interior de las dependencias del consistorio con la actual alcaldesa, Mayte Fernández, del PSOE; mientras que el resto del personal ha sido desalojado. La operación sigue abierta y se esperan más detenciones, aparte de las nueve realizadas hasta el momento.

Las obras del campo de fútbol, con capacidad para 7.000 espectadores, finalizaron en noviembre de 2011 tras contar con las ayudas del Plan E, cuando Hermoso era todavía alcalde, según fuentes policiales. A la espera de analizar toda la documentación obtenida en los registros, los investigadores no se atreven a adelantar un cifra del montante de dinero ligado a esta red corrupta, que podría estar también implicada en la construcción de la plaza de toros del mismo municipio, otro de los proyectos estrella de Hermoso en su etapa de alcalde.

Retahíla de delitos

Existen indicios de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, fraudes y/o exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, cohecho, malversación de caudales públicos y/o blanqueo de capitales.

La operación cuenta con la participación de agentes de la UDEF desplazados desde Madrid. La Policía ha informado a las 8.52 en su cuenta de Twitter que había puesto en marcha una "nueva operación contra la corrupción". "Se investigan supuestas irregularidades en obras millonarias con fondos públicos", ha explicado.

En el dispositivo participan 100 policías y es dirigido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puertollano.

El operativo ha desalojado de la Casa Consistorial a los trabajadores que estaban en las dependencias municipales y los agentes impiden el acceso al Consistorio desde primera hora de este miércoles. En la puerta del Ayuntamiento se han quedado varios concejales, funcionarios y ciudadanos que habían ido a hacer alguna gestión, a quienes los policías apostados allí impiden la entrada. Desde la instauración de la democracia, Puertollano siempre ha estado en manos socialistas.

El País.

El exdirector de Faffe, Fernando Guillén, usó la tarjeta de esta fundación 15 veces en seis horas

El rastro informático no ofrece dudas. Un tarjeta de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), entidad de la Junta de Andalucía, se utilizó quince veces durante una sola noche en el club de alterne Don Angelo de Sevilla. En total 14.737 euros. Los cargos se produjeron entre las 20.57 horas del día 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas de la madrugada del día 23. Aquel 22 de marzo el expresidente Griñán había anunciado la remodelación de su gobierno y comunicado su cese a su consejero de Empleo Antonio Fernández, entre cuyas responsabilidades políticas estaba la gestión de la Faffe.

Los datos aparecen en el extracto bancario que Unicaja posee de la conocida como «tarjeta black» de la Faffe y que se hasta ahora no ha sido aportado al juzgado por la Junta de Andalucía. Ayer daba cuenta de los mismos la secretaria general del PP andaluz, Loles López. La documentación que obra ya en sede judicial confirma asimismo que dos días después de la referida noche, el 25 de marzo de 2010, una persona acudió al mismo club de alterne para anular los 15 pagos por tarjeta, operación que se efectuó entre las 21.30 y las 21.43 horas.

Otra tarjeta

A pesar de las reiteradas negativas del Gobierno andaluz a la existencia de tarjetas de representación en la Faffe, la que se utilizó en el club no es la única que manejaban los directivos de la fundación. La nueva documentación confirma la existencia de otra tarjeta de crédito a nombre de la Faffe, tal y como declaró una testigo. De esta nueva tarjeta ha aparecido el contrato con la entidad bancaria, pero la Junta no ha aportado movimientos.

Estos cargos con la tarjeta fueron reconocidos por el exdirector de la Faffe en una entrevista» publicada por ABC. En esa entrevista, el exdirector de la fundación, Fernando Guillén, admitió que «por error» pagó con la tarjeta de la fundación un cargo de 538 euros correspondiente a una despedida de soltero en Don Angelo, cargo que posteriormente devolvió.

Para la secretaria general del PP Andaluz «nadie se traga que los 15 pagos sucesivos en el club de alterne se hicieran por error», al tiempo que recordó cómo la Faffe «acabó siendo una agencia para el enchufismo». ABC.

El alcalde de Villarejo de Órbigo (León), Joaquín Llamas (PSOE), investigado en la Operación Enredadera contra la corrupción municipal, ha anunciado que seguirá como regidor pese a que su partido le había pedido que renunciara a sus cargos institucionales.

Llamas ha defendido la "absoluta limpieza" de su gestión, que demostrará desde "un respeto idéntico tanto a la presunción de inocencia como a las actuaciones judiciales, por lo que mantendrá su acta de concejal", ha informado a través de un comunicado.

El alcalde fue puesto en libertad con cargos el pasado miércoles por el Juzgado de Instrucción número 2 de Astorga (León), que ha abierto una pieza separada de la Operación Enredadera que investiga un juzgado de Badalona (Barcelona) por supuestos casos de corrupción e irregularidades en la concesión de servicios municipales.

Esta situación provocó que la dirección provincial del PSOE acordase su suspensión de militancia y le pidiera que pusiera su acta de concejal a disposición del partido, procediendo también a su cese en el grupo parlamentario de la Diputación de León, donde Llamas también ejercía de diputado provincial.

Llamas, quien ha asegurado estar arropado por la totalidad del equipo de gobierno en este municipio, ha hecho oídos sordos a la decisión de su partido y ha decidido mantener el acta de concejal en aras a su "compromiso con los vecinos y el proyecto de gobierno iniciado hace tres años".

Ha adoptado esta decisión "reclamando con la misma fuerza por un lado su respeto a las decisiones judiciales y por otro su presunción de inocencia, convencido de una manera inequívoca de la absoluta limpieza" de su gestión en la vida pública, "antes, ahora y siempre".

El regidor ha afirmado que no sólo lo hace con la conciencia tranquila, sino con la "seguridad total" de que este proceso demostrará que siempre ha obrado legalmente, y "siempre con el único afán de procurar el servicio público y el bien común" para todos sus vecinos, los que le eligieron "para servirles".

Por otra parte, ha agradecido "enormemente" las numerosas muestras de afecto y el respaldo incondicional recibido de sus vecinos y todos sus concejales, dispuestos ahora a acompañarle en "una nueva época".

"Y lo hago seguro de que la lucha personal que emprendo, y sin duda alguna que terminará dándome la razón, no me restará un ápice de esfuerzo por seguir intentando mejorar la vida de un municipio tan querido", ha concluido Llamas. Link

El juez atribuye al PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo por haberse beneficiado de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha abierto juicio oral a 88 personas, por el denominado caso Madeja de corrupción. El magistrado atribuye al PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo en una de las piezas, relativa a contratos del Ayuntamiento de Sevilla, por haberse beneficiado "de la conducta delictiva amañada por las personas investigadas" en las cantidades de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente.

Recordamos que el Partido Popular fue condenado a pagar 245.000 euros por ser partícipe a título lucrativo en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre primera época del caso Gürtel. Dicha condena fue utilizada por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para promover la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de La Moncloa.

Según el juez, la infraestructura conformada en torno a la empresa Fitonovo fue dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de quince años. Dentro de esta operativa y dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, dice el juez, el mecanismo establecido para el pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la organización criminal.

Fitonovo SL tenía constituida una caja B que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de aquella, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.

En siete autos, uno por cada pieza que ahora envía a juicio a la Sala de lo Penal y que se instruyó inicialmente el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el magistrado abre juicio oral contra las personas y por los delitos consignados en sus escritos de acusación por la Fiscalía y la Abogacía del Estado: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

El instructor, que da un plazo de veinte días para presentar los escritos de defensa, impone fianzas de responsabilidad civil que llegan en algunos casos hasta los 13 millones de euros, con el fin de cubrir las eventuales cantidades a satisfacer en caso de condenas.

En la pieza separada denominada "Ayuntamiento de Sevilla", el auto explica que tres de los investigados, José Manuel García Martinez, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz Carmona, "recibieron un total de 155.000€ de Fitonovo SL, para Izquierda Unida, a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a los 11 campos de fútbol (por más de seis millones de pesetas), en su condición de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla y concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo".

Por su parte, "Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez Lobo, de igual manera consiguieron de Fitonovo SL, a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa", asumiera "el pago de las obras que se hicieron en la Agrupación Local Macarena del Partido Socialista Obrero Español, así como otros pagos en efectivo", concluye el juez.

Los reproches a la Fiscalía

A lo largo de sus resoluciones el magistrado reprocha a la Fiscalía y, en menor medida a la Abogacía del Estado, la falta de acusación respecto de algunos investigados, lo que obliga al sobreseimiento, así como que no acuse por determinados delitos a varios de ellos pese a los indicios acumulados en la instrucción.

Explica De la Mata en la pieza principal, en relación con los asesores jurídicos, financieros, fiscales y societarios, que diseñaron, planificaron e implementaron toda la estrategia criminal blanqueadora de los restantes acusados y les asesoraron durante todo el proceso de blanqueo de capitales que se llevó a cabo exactamente en la forma en que estos profesionales planificaron y, sin embargo, "el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación por este delito contra estas personas". LD.

El PSOE e Izquierda Unida irán a juicio en la Audiencia Nacional por su implicación en la trama de corrupción que desarrolló en toda España -sobre todo en Andalucía- por la empresa Fitonovo para lograr contratos públicos a cambio de mordidas. Las dos formaciones, según el juez José de la Mata, se enriquecieron ilícitamente gracias a los amaños que lograba Fitonovo y su red de sociedades en los concursos públicos en el Ayuntamiento de Sevilla valiéndose de funcionarios y altos cargos que hacían valer su influencia y su poder para beneficiar a la empresa.

Entre ellos, un ex concejal y un ex alto cargo del PSOE, Manuel Gómez Lobo y Domingo Enrique Castaño respectivamente, y dos ex ediles de IU que gobernaban en coalición con los socialistas, Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde, y José Manuel García, ex delegado de Deportes y Juventud.

A todos ellos les envía, junto a otros nueve implicados, a juicio por el denominado caso Madeja (o caso Enredadera como se rebautizó posteriormente) en el que tanto el PSOE como IU aparecen como partícipes a título lucrativo, de acuerdo a lo que contempla el artículo 122 del Código Penal, que prevé esta figura para quien se haya beneficiado de un delito aunque no haya tenido una implicación directa en el mismo.

En este caso concreto y de acuerdo con el auto del Juzgado Central de Instrucción 5 que se conoció ayer, los dos partidos recibieron, en conjunto, algo más de 300.000 euros de la empresa Fitonovo en pago a los contratos supuestamente amañados por sus responsables políticos que entonces gobernaban el Ayuntamiento de Sevilla.

En este caso concreto -que se ha investigado en una de las siete piezas separados en las se que desgajó el procedimiento- IU recibió 155.000 euros a cambio, supuestamente, de la adjudicación de un contrato de casi siete millones de euros para la instalación de césped artificial en campos de fútbol municipales, que estaban bajo la competencia de un concejal de IU, José Manuel García.

Cuenta el auto del juez De la Mata cómo el ex edil de Deportes, «en connivencia» con el ex primer teniente de alcalde, igualmente de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, consiguieron para la formación «dádivas» como «compensación» por la adjudicación a Fitonovo del contrato de los campos de fútbol.

Los pagos se realizaron en marzo de 2010 y febrero de 2011 por importe de 70.000 y 85.000 euros y los recibió, en mano, Antonio Miguel Ruiz Carmona, ex asesor de IU. El segundo de los pagos, especifica el auto de la Audiencia Nacional, se lo entregaron en efectivo en una caja de zapatos.

Un hombre de confianza de Monteseirín

Por lo que se refiere al PSOE, Fitonovo entregó varias cantidades entre los años 2006 y 2009 de entre 30.000 y 60.000 euros. La persona clave, apunta el juez, fue el entonces concejal de Vía Pública, el socialista Manuel Gómez Lobo, así como el director del área, Domingo Enrique Castaño, un hombre de la total confianza del entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.

Gómez Lobo era, supuestamente, quien recibía los pagos de dinero en efectivo en un bar del conocido barrio sevillano de Triana -Langostinos Maera- en reuniones periódicas con uno de los responsables de Fitonovo. En total, 123.000 euros.

Además, logró que la trama se hiciese cargo del coste de unas obras de reforma en la sede de otro barrio en el que el PSOE tenía, y tiene, una gran implantación, la Macarena.

Sólo por esta pieza, el juez de la Audiencia Nacional envía al banquillo a trece personas. Además de los ya citados cabe señalar al ex concejal del PP Joaquín Peña y a cargos municipales a los que Fitonovo tenía en nómina para lograr los contratos.

De hecho, lo que Fitonovo hizo en Sevilla no era algo aislado, sino el modus operandi con el que actuaba en distintos puntos de la geografía andaluza y nacional y con otras administraciones públicas en las que también tenía funcionarios comprados para amañar las adjudicaciones a su favor.

La empresa, propiedad de la familia González Baro, empleaba estas tácticas, al menos, desde 1995 y, además de en Sevilla, en Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.

La Diputación de Sevilla o la empresa pública Adif fueron algunas de las instituciones que adjudicaron contratos irregulares a esta trama por la que, en total, se ha abierto juicio a 88 personas, con fianzas de hasta 13 millones de euros.

¿Va a regenerar España un PSOE con 77 casos de corrupción abiertos?

La moción del PSOE hace referencia a la sentencia del caso Gürtel, publicada anteayer y que condenó al PP por financiación irregular. Que Sánchez Castejón vaya a regenerar las instituciones suena a broma de mal gusto, si tenemos en cuenta que el PSOE está implicado ahora mismo en 77 casos de corrupción política, según indica la web Casos-Aislados.com, que los enumera uno a uno.

El PSOE ingresó con FILESA 29 veces más que el PP con Gürtel

De hecho, precisamente fue el PSOE el primer partido al que una sentencia judicial firme señaló por financiación irregular, concretamente con el caso FILESA, en 1997. El Tribunal Supremo acreditó que el PSOE había obtenido ilegalmente más de 1.200 millones de pesetas, lo que sería a día de hoy más de 7,2 millones de euros, es decir 29 veces lo que la Audiencia Nacional reclama al PP por el caso Gürtel (245.492 euros). Claro que todas estas cantidades son calderilla si las comparamos con el más voluminoso escándalo de corrupción de la democracia, el de los EREs y los cursos de formación de Andalucía: 3.200 millones de euros, un caso que también afecta de lleno al PSOE, que lleva décadas gobernando esa región. ¿Regenerar, dices, Pedro?

En 2016 Sánchez negoció con los separatistas para hacerse con el poder

Indudablemente, el caso Gürtel ha demostrado que como en tantas otras cosas, el PP de Rajoy se ha convertido en un imitador del PSOE: un partido que ha hecho suyos no sólo los dogmas ideológicos de la izquierda, sino también sus vicios. Pero ahí no terminan las coincidencias. Si por algo han destacado ambos partidos es por su propensión a pactar con el separatismo. Hace sólo tres días, Rajoy logró el apoyo del PNV a sus presupuestos, sin que sepamos todavía hasta qué punto habrá cedido el todavía presidente del Gobierno para pagar ese apoyo. El PSOE también tiene una larga experiencia en ello: en su momento gobernó en Cataluña con el apoyo de los separatistas de ERC, y nunca le ha hecho ascos a recibir el respaldo de los hispanófobos para llegar al poder.

El actual secretario general del PSOE no es ajeno a esa sucia práctica. Hace dos años Pedro Sánchez estuvo negociando con Podemos y con los separatistas para hacerse con el poder, a pesar de haber perdido las Elecciones Generales de ese año. El grado de claudicación al que llegó Sánchez frente al separatismo y la ultraizquierda acabó escandalizando a una parte de su propio partido (que ya es decir), lo que provocó que Sánchez dimitiese el 1 de octubre de 2016, después de la dimisión en bloque de 17 miembros de la ejecutiva del partido. Con aquel penoso espectáculo, Sánchez demostró que sólo penaba en llegar al poder a costa de lo que fuese, con un absoluto desprecio por España y por la dignidad de esas instituciones a las que ahora dice que va a salvar.

Sánchez corteja al separatismo después de tacharlo de ‘amenaza’ para España

Pedro Sánchez protagonizó aquella traición frustrada a España sólo un año después de hacerse la famosa foto con una gran bandera española, en un acto en el que reivindicó el “el patriotismo cívico” (otro claro ejemplo de lo que os comentaba aquí hace un par de días). Es pasmosa la capacidad de Sánchez para cambiar de discurso. Tras haber intentado pactar con los separatistas en 2016, en septiembre de 2017 dijo que en España hay cuatro naciones: España, Cataluña, País Vasco y Galicia, demostrando que no tiene el menor respeto por la Constitución, que sólo menciona una Nación: la española. Sin embargo, en abril de 2018, en un mitin de los socialdemócratas del SPD celebrado en Wiesbaden (Alemania), Pedro Sánchez tachó al separatismo de ser una “amenaza no solo para España, sino también para Europa” y de ser contrario a los “valores europeos”. Sólo ha pasado un mes. Pues bien: ayer Pedro Sánchez confiaba en llegar al poder con el apoyo del separatismo. ¿Sabrá este individuo lo que es la coherencia y la vergüenza? ¿Con qué cara pretende gobernar España un tipo que un día carga contra los que quieren romper nuestra Nación, y un mes después se echa en sus brazos?

elentir.

Primera condena a prisión para cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía de la etapa de los anteriores gobiernos del PSOE por la trama corrupta destapada en la Consejería de Empleo durante la investigación del caso ERE.

Los cuatro ex altos cargos que acaban de ser condenados por el conocido como 'caso Umax', que versa sobre la red de enchufes que había en Empleo, son el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, su sucesor Juan Márquez, y los ex secretarios generales técnicos de Empleo Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina. Los cuatro fueron juzgados en la pieza principal de los ERE que sentó en el banquillo a una veintena de ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La sentencia del 'caso Umax' conocida este jueves es de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que condena a penas de entre 5 años y 3 meses de cárcel a los cuatro ex altos cargos citados y al administrador único de la empresa Umax Informática y Consultoría S.L. por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con esta empresa, mientras que a un quinto ex alto cargo le ha impuesto una condena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

El quinto ex alto cargo condenado, pero no a prisión, es el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera. La sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de casación, ordena que se deduzca testimonio de las facturas y 'emails' aportados por una testigo y remitirlo a la Fiscalía "por si los hechos a los que se refieren pudieran integrar un supuesto delito".

Los hechos probados establecen que en 2003 Guerrero, el principal acusados en los ERE, "decidió crear" en la Dirección General de Trabajo y en los servicios de su departamento en las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo una "estructura de personal paralela a la administrativa, al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente, con incumplimiento de la normativa de contratación en el sector público".

De forma ilegal se contrataron "al menos 44 trabajadores", algunos de ellos "relacionados por vínculos de vecindad y amistad" con Guerrero "y también de parentesco" en el caso de Juan Márquez, quien, como director general de Trabajo, "decidió mantener a los trabajadores de Umax y de otras entidades en la sede de la Dirección General que presidía y delegaciones provinciales, en la misma situación económica acordada por su antecesor".

En este caso está implicada también la extinta Faffe, la fundación de Empleo que creó la Junta para impartir cursos de formación, pero que se convirtió casi en una agencia de colocación para allegados y familiares de dirigentes del PSOE. Este ente es objeto de investigación judicial por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas 'black' en prostíbulos.

En 2007 "se abandonó el sistema de abono a Umax" para "ser sufragadas las nuevas facturas que se iban generando, igualmente mediante conceptos falsos, por la Fundación Andaluza de Fondos para la Formación y Empleo (Faffe), dada la mayor facilidad que tenía en la contratación y pago, proviniendo los fondos destinados a dichos abonos de subvenciones otorgadas por distintos organismos de la Consejería de Empleo, entre ellos, la propia Dirección General de Empleo, la Consejería de Empleo y la Secretaría General Técnica en la época en la que ostentaba la Jefatura de este último organismo" Lourdes Medina, quien, "igualmente, era consciente de la realidad de la contratación ilegal del personal de Umax y sus sociedades vinculadas y de la forma de pago de las facturas emitidas por dicha entidad", dice la sentencia. enlace

El PP-A lamenta que no haya una semana «con un nuevo caso de corrupción» protagonizado por un socialista

El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, ha denunciado este lunes que el mapa de la corrupción de Andalucía cuenta con 171 alcaldes y exalcaldes socialistas salpicados. En concreto, según datos de los populares, hay 117 alcaldes del PSOE imputados en casos de corrupción, a los que se suman otros 47 regidores socialistas condenados.

Por provincias, la mayor parte de los casos de corrupción que afectan al PSOE se concentran en tres provincias: Sevilla, con 36 alcaldes o exalcaldes imputados o condenados por corrupción; Granada, con 33; y Málaga, con 30. Tras estas provincias se sitúan Huelva, con 20 regidores o exregidores imputados o condenados; Jaén, con 17; Cádiz, con 16; y Almería, con 13. La que menos casos presenta es Córdoba, con seis.

Ante estos datos, Sanz lamentó que no hay semana que no se conozca «un nuevo caso de corrupción protagonizado por el PSOE» y recordó que, según datos de su formación, en estos momentos hay más de treinta casos abiertos o en vías de investigación sobre estas cuestiones.

De esta forma, el dirigente popular relacionó la corrupción con el «modelo de socialismo andaluz» que pretende, en su opinión, exportar al resto del PSOE la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que se completa con las siguientes cifras: un 37% de paro y un 28% de fracaso escolar.

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