El PSOE acumula 64 causas de corrupción más que el PP

El juez investiga ayudas de más de 180.000 euros para cursos de formación
La Justicia sospecha de irregularidades en la concesión y control
Tuvo que dimitir en 2010 cuando era el posible sucesor de Griñán

Antes del advenimiento de Susana Díaz, el hombre era Rafael Velasco. Él era el ungido por Griñán, el posible sucesor. De ahí su ascenso a la secretaría general del PSOE-A. El número 2, ganándole por la mano a otros aspirantes como la propia Díaz o Mario Jiménez. Una carrera meteórica que quedó truncada en octubre de 2010 cuando la Justicia destapó que la empresa de su mujer había recibido ayudas públicas presuntamente irregulares para impartir cursos de formación. Catorce años después el juez Vilaplana, de Instrucción 6 de Sevilla, lo ha citado como investigado junto al ex consejero Antonio Fernández y otras personas por aquellas ayudas, de algo más de 180.000 euros. El avance en la instrucción de la causa llega cuando se suceden en cascada los juicios de piezas separadas del caso ERE, con el chófer de la coca de nuevo en las portadas y la corrupción de los gobiernos socialistas andaluces de actualidad.


En un auto hecho público hoy el juez ha citado como investigado a Rafael Velasco el día 27 de febrero, jornada para la cual también deben comparecer como investigados Antonia M.L., esposa de Velasco y administradora única de la empresa Aulacen 5; Rafaela M.L., hermana de la anterior, cuñada de Velasco y evaluadora en los cursos de formación subvencionados; Inmaculada M.L., también cuñada de Velasco y docente en los cursos de formación subvencionados; y Pedro V.S., hermano de Velasco y quien figuraría igualmente como docente en tales cursos.

Ya para el día 5 de marzo, el juez cita a varios investigados más, entre ellos Antonio Fernández como presidente del SAE en 2008, y los ex director generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; así como a Alonso S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.

Las sospechas

Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la "presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5", vinculada a Rafael Velasco.

Así, la citada entidad "habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular", en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de e 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.

"Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (...) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención", considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.

El juez llama la atención sobre la primera de las ayudas concedidas: La empresa vinculada a Velasco se creó tres días antes de que acabara el plazo para pedirla y presentó su solucitud el último día sin tener acreditada su condición de centro colaborador para impartir los cursos.

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