La Seguridad Social debe 100.000 millones y volverá a endeudarse antes de fin de año

El organismo que paga las pensiones es el quebradero de cabeza de las cuentas públicas, responsable de gran parte de la deuda pública. Los números de la Seguridad Social hacen aguas como consecuencia de su abultado déficit estructural y del aumento de los gastos y la caída de los ingresos provocada por el coronavirus. Para que el sistema pueda abonar las pensiones de los próximos meses y las prestaciones derivadas de la crisis, el Gobierno se vio obligado en mayo a aprobar una doble vía de liquidez extraordinaria que superó los 30.000 millones de euros. Esta cuantía se añade al préstamo de 13.800 millones de euros del Estado a la Seguridad Social derivado de la prórroga presupuestaria.

El esfuerzo financiero que debe hacer el Estado para pagar las pensiones públicas está dejando una factura de difícil digestión al erario público. El pasivo del sistema llegará este año a los 100.000 millones y se verá obligado a recurrir de nuevo al endeudamiento antes de que termina el año para poder pagar las pensiones. El escenario ya anticipa un año muy negro para el organismo que dirige José Luis Escrivá. La parálisis económica para frenar la pandemia va a golpear sus ya maltrechas cuentas, verá cómo se agrandan los números rojos que arrastra desde 2011, que a finales de 2019 superaban los 17.000 millones. El Gobierno ya ha reconocido que el sistema verá gravemente mermados sus ingresos, al tiempo que aumentará sus gastos por el pago de prestaciones extraordinarias. Su déficit y su deuda irán hasta porcentajes desconocidos.

Su reforma es una condición impuesta para recibir las ayudas que vienen de Europa.Como ya informó ABC, la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social hasta junio refleja que los gastos avanzan un ritmo del 9%, pero que los ingresos por cotizaciones, el principal pulmón de inyección de fondos, caen casi un 5% en el régimen general, el que aporta más recursos a las arcas de las pensiones, que cada mes se llevan casi 10.000 millones.

Hoy, el grueso de las reformas paramétricas adoptadas en la reforma de pensiones de 2013 se han incumplido. La subida de las pensiones se han vuelto a ligar al IPC, después de desactivar el Índice de Revalorización, que referenciaba las alzas a la salud del sistema, y se ha pospuesto hasta 2023 el Factor de Sostenibilidad, que liga la pensión inicial a la esperanza de vida.

Fuente.

Hace ahora casi tres años, en mayo de 2019, el entonces presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), José Luis Escrivá, posaba en portada de la revista Actualidad Económica y se despachaba a gusto contra la falta de disciplina presupuestaria de los gobiernos de nuestro país. Algunos meses después, en enero de 2020, quien fuera directivo del banco BBVA tomaba posesión del cargo de ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un "fichaje" que fue interpretado por ciertos sectores políticos y mediáticos como un "guiño" a los sectores empresariales más preocupados por el desaguisado fiscal que se podía avecinar tras el pacto de gobierno entre PSOE y Podemos.

Las declaraciones de Escrivá no dejaban lugar a dudas: el entonces responsable del organismo que vela por la estabilidad y la prudencia presupuestaria denunciaba a bombo y platillo que España "no tiene imagen de país fiscalmente serio en Europa" y aportaba diversas razones para sostener esta afirmación. Por aquel entonces, la deuda pública de nuestro país rozaba el 100% del PIB, a razón de 1.242.270 millones de euros, según los datos del Banco de España. No era extraño, pues, que Escrivá se manifestase en estos términos.

Sin embargo, tres años después, no deja de ser cierto que aquel tecnócrata se ha convertido en responsable directo de decisiones vitales para la estabilidad presupuestaria en España y, a la luz de los datos, parece más que evidente que su nombramiento no solo no ha contribuido a hacer de España un país "fiscalmente serio", sino que ha ido de la mano de un franco deterioro en los indicadores referidos al equilibrio entre los ingresos y gastos de las Administraciones Públicas.

Empecemos por la deuda pública. El gobierno del que forma parte Escrivá arrancó el ejercicio 2020 con una deuda del 98,3% del PIB, equivalente a 25.846 euros por habitante. Sin embargo, el último boletín del Banco de España eleva estas obligaciones hasta el umbral del 119,6% del PIB, lo que se traduce en un endeudamiento per cápita de 30.465 euros. En términos brutos, las obligaciones del Tesoro se han disparado en 218.429 millones de euros desde que Escrivá es ministro, lo que supone una subida de casi 11.500 euros por hogar. Si a Escrivá no le parecía "fiscalmente serio" el escenario anterior, ¿qué no debería decir del contexto actual, de cuya gestión es responsable directo?

Algo parecido ocurre con la Seguridad Social, que es precisamente la parcela de gobierno donde Escrivá tiene "mando en plaza", ya no como miembro del Consejo de Ministros, sino como titular de dicha cartera. No hay que olvidar, además, que el sistema de pensiones depende por entero del gobierno de España, puesto que su gestión no está descentralizada y, por tanto, las decisiones que se toman en este ámbito se explican única y exclusivamente por los pasos que da Escrivá.

Pues bien, los datos de la Seguridad Social a cierre de 2019, justo antes de que Escrivá fuese nombrado ministro, acreditan que la deuda del sistema había alcanzado el umbral de los 55.000 millones de euros, mientras que las cifras más recientes, de cierre de 2021, muestran que los pasivos del sistema se han incrementado hasta los 100.000 millones. Por tanto, la deuda del sistema de pensiones se ha duplicado desde que está en manos de Escrivá.

Así pues, el mismo "gurú" que advertía sobre la trayectoria fiscal de una España donde la deuda pública era del 100% del PIB y la Seguridad Social acumulaba obligaciones por valor de 55.000 millones es ahora ministro de un gobierno donde los pasivos del Tesoro nacional rondan el 120% del PIB y las obligaciones del sistema de pensiones son dos veces más altos que hace tres años.

Link.

Cuando Sánchez llegó al poder gracias a una moción de censura «para regenerar la vida pública», España tenía una deuda en la Administración Central de 1,011 billones de euros, que sumados a los 70.893 de los Organismos Autónomos y los 27.837 millones de la Seguridad Social, sumaban 1,109 billones de deuda, sin contar la deuda de las comunidades autónomas, ni las corporaciones locales, ni la deuda cruzada entre administraciones.

Hemos oído en Davos mentir a nuestro presidente, diciendo que somos la locomotora de Europa y que, gracias a España, estábamos a punto de evitar que la Unión Europea entrase en crisis. Lo cual me recuerda a esa reunión de Zapatero con Obama, en la que nuestro presidente le decía que la banca española era la mejor del mundo, unos meses antes de que el sistema financiero español colapsase.

Desde luego el socialismo español tiene algo especial y no es precisamente el buen olor que producen las mentiras de nuestros presidentes socialistas, ni siquiera el buen sabor que dejan en la boca sus locuras mentales que últimamente producen arcadas.

Todo este Gobierno se ha convertido en una máquina de tratar de cambiar el statu quo constitucional para, a partir de ahí, tratar de permanecer en el poder a costa de lo que sea.

Han conseguido recaudar entre impuestos y cotizaciones sociales 41.000 millones más que en el 2021 a 30 de noviembre y, a pesar de todo, han reventado económicamente al país llevándole a una deuda que de nuevo ha superado el 1,503 billones. Además, para no dispararse más en el mes de noviembre, han tirado de chequera del Banco de España, hasta alcanzar los 43.000 millones de euros que dejan bajo mínimos el saldo en dicha institución.

Pero el gran problema no es que se tenga que tirar de chequera o que la deuda vuelva a superar el 1,5 billón de euros, el problema es que, salvo que estés suscrito a las noticias del Banco de España, no te enteras o lo haces de refilón.

El pasado 17 de enero el Banco de España publicó su informe mensual de la situación de la deuda. Lo más llamativo, además de superar el 1,5 billón, es que a la Seguridad Social, que la tenían dopada con transferencias corrientes mensuales para evitar endeudarla más, han decidido no lavarle la cara en noviembre y llevársela a 106.176 millones de deuda, superando por primera vez la cifra de los 100.000 millones.

Para que nos hagamos idea de lo que supone esta cifra de 106.000 millones, habría que sumar el coste de la Sanidad pública a nivel nacional (75.000 millones), las Fuerzas Armadas con todos los militares y todo su armamento (16.000 millones), el Ministerio del Interior con toda la Policía y la Guardia Civil (11.000 millones) y todavía nos sobrarían para “birra y gambas” 4.000 millones de euros.

Esta es la deuda de la Seguridad Social que, gracias a la gestión del ministro Escrivá y de su jefe, se ha incrementado en 79.000 millones de euros (la sanidad y las birras).

Fuente.

El 'agujero' superaba ya a cierre de 2022 los 100.000 millones tras los incesantes préstamos para financiar las pensiones

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se ha disparado durante el Gobierno de Pedro Sánchez de manera muy notable. Casi 300.000 millones más desde junio de 2018, con lo que el pasivo superó los 1,5 billones a cierre de 2022. Pero dentro de esos datos que ofreció ayer el Banco de España destaca, cuando menos con igual significatividad, la deuda de la Seguridad Social. Y no sólo porque supera ya holgadamente los 100.000 millones, sino también porque el dato se ha triplicado desde que Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa.

Tras prosperar la moción de censura, el pasivo de las Administraciones de la Seguridad Social estaba en 34.888 millones, mientras que al cierre del pasado mes de diciembre la cifra era de 106.178 millones de euros. 71.200 millones de diferencia, un 200% más.

Esa deuda, como constata el propio BdE, se debe casi en su totalidad a los préstamos que el Estado ha ido realizado a la Seguridad Social, práctica que se ha intensificado durante el mandato de Sánchez. En parte porque el anterior Ejecutivo, el de Mariano Rajoy, el Fondo de Reserva, sí, pero también porque este Gobierno y el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá han encontrado en esta vía la forma de financiar su política en materia de pensiones.

Una de ellas, porque también son relevantes en términos de cuantía los denominados gastos impropios que se han desviado a los Presupuestos y que, en opinión de Escrivá, realmente no deben ser cargados a la Seguridad Social. Pero en cualquier caso, la evolución de la deuda como consecuencia de los préstamos es una muestra clara del desequilibrio del sistema. El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos así lo apunta: explica que los préstamos es la financiación concedida por el Estado para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario.



Y todo ello, todo este ingente incremento de deuda, mientras el Gobierno promete ligar las pensiones al IPC y sube las prestaciones un 8,5%. Todas ellas, incluidas las más elevadas, con lo que ya hay más de 450.000 pensionista que perciben más de 3.000 euros en prestaciones.

En el Ministerio de Seguridad Social siempre recuerdan que, en realidad, la revalorización de las pensiones con el IPC es un mandato del Pacto de Toledo. Y así es, pero el presidente del Gobierno y los ministros económicos, incluido el propio Escrivá, apuntan de igual manera que gracias a este Ejecutivo se han revalorizado las pensiones al nivel de la galopante inflación. Que las subidas de las prestaciones son posibles gracias a Sánchez.

En cambio, lo que todavía no ha cerrado el Gobierno es la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones. La menos amable, ya que debe dotar al sistema de mayores ingresos principalmente con el destope de las cotizaciones y la ampliación del periodo de cómputo. El Ejecutivo se comprometió con Bruselas a tener lista esa medida ya al cierre de 2022, y una parte de los fondos europeos está vinculada a esta reforma, pero el Gobierno sigue sin cerrar la medida.

"Rigor fiscal"

De vuelta a las cifras absolutas, los 1,502 billones de euros a los que ascendió el conjunto de la deuda pública suponen un incremento de 75.267 millones durante el pasado año. El dato no llega al aumento de 81.000 millones de 2021 y, por supuesto, se queda lejos de los 122.000 millones que se registraron durante el año más duro de la pandemia, pero supone un repunte muy sensible que contrasta con el «rigor fiscal» del que ayer presumió la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

Desde el Ministerio de Economía se destacó también que España experimentó en 2022 «la mayor reducción» de deuda en la historia creciente. Y lo hicieron porque en términos relativos el retrocedió 5,2 puntos y se situó en el 113,1% del PIB, lo que supone dos puntos menos que la previsión que el propio Gobierno tenía para 2022.

Pero esa reducción se debió al propio crecimiento de la economía y no a medidas concretas del Gobierno para contener la deuda. De hecho, esto es lo que tanto el propio Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) le han solicitado en numerosas ocasiones. Un plan creíble para que, especialmente a medio plazo, el pasivo se contenga. La respuesta del Gobierno siempre ha sido la misma: ignorar la petición.

Link.

Absorbe un tercio de los ingresos tributarios del Estado y es una parte sustancial del déficit total de las administraciones

Sin llegar a auditorías, como quiere el Partido Popular si finalmente llega al Gobierno, el déficit contributivo de la Seguridad Social asciende en estos momentos a unos 48.000 millones de euros; es decir, un 4% del PIB, al tiempo que la deuda acumulada del sistema alcanza ya casi los 100.000 millones. Una auténtica quiebra que además en clara deriva al alza y tiende —señala a THE OBJECTIVE el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente— a «reducir el margen fiscal para afrontar otras necesidades».

Hay preocupación por las cuentas públicas. Esta semana, y tras el recuento de los votos de las elecciones generales, Ángel de la Fuente ha valorado las cuentas de la Seguridad Social Ampliada, desde 2019 a esta la fecha, arrojando datos desconcertantes para la sostenibilidad de las finanzas del Estado.

Además del déficit básico, o déficit presupuestario, que mide el total del sistema sin tener en cuenta las transferencias corrientes del Estado, el máximo responsable de Fedea ha analizado otro indicador: el déficit contributivo, que es la diferencia entre los gastos y los ingresos contributivos de la SSA. Este puede interpretarse como el plus de generosidad que el subsistema contributivo de protección social ofrece por encima de lo que sería sostenible, al menos con una lógica de puro seguro social de reparto.

Pues bien, y teniendo en cuenta que ese dinero viene, en gran medida, de la contribución que los presupuestos hacen al sistema en el que se encuentran las pensiones, con datos de 2022/23, el déficit contributivo de la SSA —calcula De la Fuente— está en torno a los 48.000 millones de euros (a precios de 2019), acercándose al 4% del PIB, lo que absorbe -precisa para TO- alrededor de un tercio de los ingresos tributarios totales del Estado y representa una parte sustancial del déficit total del conjunto de las administraciones públicas españolas.

Además, durante ese período, finalmente, la deuda del sistema con el Estado (tanto bruta como neta del Fondo de Reserva) ha aumentado en casi un 90% hasta situarse en torno a los 100.000 millones de euros.

El déficit del sistema español

Cabe señalar que, en España, las prestaciones de la Seguridad Social se dividen en dos componentes, uno de carácter no contributivo y otro contributivo. Las prestaciones no contributivas son aquellas a las que tienen derecho todos aquellos que cumplen unas determinadas condiciones personales, con independencia de que hayan cotizado o no a la Seguridad Social. Las principales prestaciones de este tipo son las pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas a la dependencia y servicios sociales competencia de la Seguridad Social. Estas prestaciones se financian íntegramente mediante transferencias realizadas por el Estado a la Seguridad Social, con cargo en última instancia a impuestos generales.

Por el contrario, las prestaciones contributivas son aquellas a las que sólo tienen acceso los trabajadores que han cotizado los suficientes años a la Seguridad Social. Se trata de las pensiones contributivas, la prestación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente, las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgos por embarazo, la asistencia sanitaria de lasMutuas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, y de otras prestaciones contributivas de menor importancia.

Hasta hace relativamente pocos años —subraya Fedea— las prestaciones contributivas de la SSA se han financiado fundamentalmente con cotizaciones sociales (se incluyen aquí las cuotas por contingencias comunes y profesionales (enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, entre otras) que pagan los trabajadores ocupados y/o sus empresas. A esto hay que añadir las cuotas de clases pasivas de los funcionarios, así como las cotizaciones que paga el SEPE por los parados que cobran la prestación contributiva por desempleo y por los mayores de 55 años que perciben el subsidio.

Sin embargo, desde hace un tiempo, esta fuente de ingresos ha tenido que complementarse con aportaciones directas del Estado. En esta partida se incluye una transferencia específica para financiar los complementos de mínimos de las pensiones contributivas, esto es, para complementar las pensiones contributivas más bajas hasta una cuantía mínima que cambia deacuerdo con la situación personal del beneficiario (con cónyuge a cargo o sin él), así como el pago directo por parte del Estado del grueso de las pensiones de clases pasivas.

De hecho, en años muy recientes han cobrado una gran importancia otras transferencias del Estado, destinadas fundamentalmente a cubrir el creciente déficit del subsistema contributivo de Seguridad Social y Clases Pasivas. A todo esto hay que sumar algunos gastos e ingresos más difíciles de encajar por completo en el esquema de actuaciones contributivas y no contributivas.

Ahora, y aunque el PIB real prácticamente no ha variado entre 2019 y 2023, tanto los ingresos como los gastos del sistemahan crecido apreciablemente y, centrándonos en primer lugar en la evolución del gasto, las partidas que más han crecido proporcionalmente (casi un 65%) son las de carácter no contributivo

Gran incremento del gasto

En este ámbito —señala a Fundación de Estudios de Economía Aplicada—, «es destacable el meritorio esfuerzo realizado para mejorar la financiación del sistema de atención a la dependencia, crónicamente infradotado presupuestariamente desde su puesta en marcha, y la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como prestación de último recurso para la protección de los hogares más vulnerables».

Pero, en términos absolutos —sostiene el reciente informe—, «el incremento del gasto no contributivo (unos 4.000 millones de euros a precios constantes) es muy inferior al del gasto en prestaciones contributivas, que se acerca a los 18.000 millones, de lo cual algo más de 16.000 millones corresponden al gasto en pensiones, incluyendo las de clases pasivas».

A esto hay que añadir que los ingresos, por su parte, han crecido bastante más que los gastos (+20,7% vs +12,8%), por lo que el saldo presupuestario del sistema ha mejorado sensiblemente, como muestra la reducción del déficit desde 16.700 hasta 6.400 millones de euros a precios de 2019. Sin embargo, «esta mejora engañosa se debe exclusivamente al fortísimo aumento de las aportaciones del Estado, que se han más que duplicado en cuatro años mientras que los ingresos propios del sistema por cotizaciones sociales han crecido menos que el gasto».

Lo cierto es que en años recientes —mantiene el estudio de Ángel de la Fuente— el gasto en prestaciones contributivas ha estado más de un 30% por encima de los ingresos contributivos puros del sistema, y ahora, con datos de 2022/23 el déficit está en torno a los 48.000 millones de euros (a precios de 2019), casi el 4% del PIB. Esto absorbe en torno a un tercio de los ingresos tributarios totales del Estado y supone una parte sustancial del déficit total del conjunto de las administraciones públicas españolas.

También, en años recientes,—concluye el trabajo de Fedea—, el déficit contributivo se ha financiado por tres vías: el ISS, que ha aportado entre 6.000 y 7.000 millones anuales con cargo a los trabajadores con rentas salariales situadas por encima de la pensión máxima, las transferencias del Estado, que han crecido en unos 20.000 millones durante el período hasta alcanzar los 35.000 millones de euros y, la emisión directa de deuda de la SSA, que se ha reducido en unos 10.000 millones (a costa, presumiblemente de una mayor emisión de deuda del Estado), apostilla De la Fuente.

Un gasto en pensiones de hasta el 15%

Antonio Méndez Baiges, abogado de Mercer y miembro de Ocopen, también analiza las cuentas de la Seguridad Social para THE OBJECTIVE, y al respecto puntualiza que, solo en el mes de julio, el gasto en pensiones ha sido de 12.017,76 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,81% con respecto al mismo mes del año pasado. Con esta tendencia —continúa—, «el gasto en pensiones contributivas, que hoy se sitúa en el 11,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) en los 12 meses que van de mayo de 2022 a mayo de 2023, podría alcanzar en torno al 15% en todo 2023. Y las pensiones —remata Méndez— «son el mayor gasto de los Presupuestos Generales del Estado, en torno a un 41,8% del total. Por tanto, a este ritmo —se pregunta Méndez—, ¿cómo extrañarse de que haya una deuda acumulada de la SS con el Estado de 100.000 millones de euros y un déficit interno de unos 48.000 millones? Acuerdo sobre pensiones de todos los partidos, ya», solicita.

Para Enrique Devesa, doctor en Ciencias Económicas, y profesor Titular de Economía Financiera y Actuarial (Universitat de València), las cuentas de la Seguridad Social también son preocupantes, sobre todo, cuando además «hay que sumar las pensiones de clases pasivas (que la Seguridad Social no las considera)». «Pero aún es más preocupante —insiste—, que aún no ha empezado a jubilarse la generación del baby boom y que la reforma aprobada entre 2021 y 2023 va a ser totalmente insuficiente para afrontar el mayor gasto».

Link.

El préstamo de 10.000 millones del Estado se refleja en los niveles de deuda de la Seguridad Social, publicados por el Banco de España. Ha aumentado un 182% en los últimos cinco años

La Seguridad Social acumula 116.172 millones de deuda, récord histórico. En noviembre esa cifra registró un gran salto, del 9%, desde los 106.000 millones en los que se había mantenido todo el año, por el préstamo de 10.000 millones que necesitó del Estado para pagar la 'extra' de las pensiones que debía abonar en noviembre.

La falta de recursos propios, con la hucha de las pensiones medio vacía, hace que sean necesarias este tipo de transferencias para "garantizar que esta administración "proporciona una cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social". Los datos publicados este miércoles por el Banco de España (BdE) reflejan un incremento de la deuda del 182% en los últimos cinco años. El año pasado por estas fechas ya rompió la barrera de los 100.000 millones, de los que se aleja cada vez más.

Tal y como recuerda el BdE, este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Unos préstamos que, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores, no afectan a la deuda total del sector Administraciones Públicas, que también creció en noviembre y alcanzó los 1,575 billones.

La Seguridad Social mantuvo sus niveles de deuda estables, en torno a los 17.000 millones, durante décadas. Sin embargo, en junio de 2017 el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy se encontró sin dinero suficiente en el Fondo de Reserva (conocido como 'la hucha de las pensiones') para pagar la paga extra de verano a los pensionistas. Fue entonces cuando la Seguridad Social recibió el primer préstamo del Estado, que se sucedió de muchos otros para poder afrontar el creciente coste de las pensiones.

Pese al incremento de las cotizaciones sociales aprobado en la reforma de pensiones que impulsó el exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se prevé que esta cantidad ingente de deuda siga aumentando. Los motores serán la revalorizaciones conforme al IPC en un momento de inflación histórica (las pensiones subieron un 8,5% en 2023 y subirán un 3,8% este año), el fuerte aumento de beneficiarios con la jubilación del babyboom, y el efecto sustitución (entran pensiones más elevadas de las que salen).

Este mismo miércoles el Ministerio de Seguridad Social ha informado de la carta que ha remitido para informar a los pensionistas de la revalorización de las pensiones en 2024: "El complejo contexto internacional y las tensiones a nivel global han seguido provocando un aumento de los precios. A pesar de ello y gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, debe tener la seguridad de que el poder adquisitivo de su pensión está asegurado", reza el escrito.

"Nuestro compromiso con la dignidad y bienestar de nuestros pensionistas es firme y seguimos trabajando intensamente para reforzar nuestro sistema de pensiones, con especial atención a la mejora de las pensiones mínimas y la reducción de las brechas de género, para que nuestro país siga avanzando hacia una sociedad mucho más inclusiva, cohesionada y justa", sentencia.

Fuente.

Hoy, con 21 millones de ocupados (contribuyentes) y algo más de 9 millones de pensionistas, el sistema de pensiones públicas en España (la parte exclusivamente contributiva) ya sufre un déficit real -gasto en pensiones contributivas menos los ingresos por cotizaciones sociales- que supera los 50.000 millones de euros. Imaginen un escenario en el que los pensionistas aumentasen en seis millones (un 60% más) y los ocupados siguieran siendo los mismos que hoy: sería una auténtica pesadilla para la Seguridad Social, ¿verdad? Pues bien, esta pesadilla es el escenario base de la Comisión Europea para España en 2050.

Pagar las pensiones de seis millones de pensionistas más con los prácticamente el mismo nivel de ocupados de la actualidad. Este es el gran reto (y agujero) al que se enfrentará el sistema de pensiones de España, cuya solución no será fácil ni indolora, salvo milagro. El último informe sobre las pensiones publicado por la Comisión Europea, el Ageing Report 2024, ha destapado este creciente desequilibrio (se ha agudizado desde la 'reforma Escrivá' del sistema, que pone de manifiesto la necesidad de tomar algún tipo de medida para asegurar la sostenibilidad de las pensiones en el largo plazo.

En un recuadro 'perdido' en medio del denso informe de Bruselas, se puede observar la evolución prevista del número de ocupados y de pensionistas en España. En 2022, el sistema sostenía a más de 9 millones de pensionistas con 20,5 millones de ocupados. Es decir, por cada dos ocupados (algo más) había un pensionista que 'sostener'. Desde 2022 hasta 2050 se puede observar un crecimiento estrepitoso del número de pensionistas, que llega hasta los 15,6 millones en 2050, mientras que el de ocupados se queda 21,3 millones, un nivel muy similar al que presenta hoy el mercado laboral español. En tres décadas habrá un 60% de pensionistas más que mantener con la misma cantidad de ocupados de hoy, es decir, menos de 1,4 cotizantes por cada jubilado. Esto supone que la tasa de dependencia sube con intensidad hasta alcanzar el 74%, frente al 49% actual.

Salvo milagro de la productividad, los caminos son de sobra conocidos: drástico recorte de la tasa de reemplazo (porcentaje que supone la pensión pública por jubilación respecto al último salario cobrado), subidas de impuestos y cotizaciones o una combinación de ambas. "O consigues una tasa de productividad no vista en España desde hace 40 años o el esfuerzo que vas a necesitar para pagar las pensiones te va a comer todos los recursos públicos", expone a este medio Miguel Ángel García, profesor de la URJC e investigador de Fedea. Un reciente informe de Enrique Devesa publicado por Fundación BBVA explicaba que sería necesario incorporar a 2 millones más de personas al mercado laboral simplemente para 'contener' el déficit y evitar un agujero mayor.

La situación financiera del sistema se ha deteriorado en los últimos años de forma notable por el efecto natural del mayor número de pensionistas, pero también por el efecto discrecional de las medidas adoptadas en la última 'reforma Escrivá'. El Ageing Report señala textualmente que "las medidas adoptadas en 2021 y 2023 (indexación de pensiones al IPC en detrimento del índice de revalorización de las pensiones, retrasar la entrada del factor de sostenibilidad...) han presionado al alza el gasto público en pensiones". Con el extinto Factor de Sostenibilidad, la vinculación de las pensiones con el IPC elevan 3,4 puntos del PIB la factura y el gasto podría superar incluso el 18% para mitad de siglo, el mayor esfuerzo en toda Europa.

España es, con diferencia, el país de la UE donde más ha subido el gasto en pensiones respecto al escenario de 2021. La reforma aumenta el gasto en pensiones en 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y en 5 en 2070, en promedio alrededor de 1 punto porcentual más del gasto en pensiones por década. De este modo, las reformas recientes no solo no han solucionado el problema, sino que además han abierto un nuevo frente: ahora se podría poner en duda incluso la sostenibilidad del sistema más allá de 2050. Antes de la 'reforma Escrivá' se daba por hecho que el sistema disfrutaría de un notable alivio de 2050 en adelante, pero Bruselas ya pone en tela de juicio ese punto. No obstante, el gran reto sigue siendo el de las próximas décadas: el sistema tiene absorber a la generación del baby boom.

La gran jubilación: el baby boom se retira

El número de pensionistas ha comenzado a dispararse ante la jubilación de la vasta generación del baby boom en España, una generación muy grande en número y que además han disfrutado de unos salarios relativamente elevados en su última etapa laboral, generando un golpe doble para el sistema: hay que pagar a una gran cantidad de pensionistas (primer golpe) que, además, van a recibir una prestación por jubilación muy generosa (segundo golpe).

"El gran agujero de las pensionesproviene de la tasa de reemplazo más alta de toda la Unión Europea", explica el ex miembro del Pacto de Toledo. En concreto, la 'generosidad' de las pensiones españolas cubre el 77% del salario previo a la jubilación, cuando en la eurozona se queda en el 43%. Precisamente la generosidad de las pensiones ha sido el gran debate que ha abierto el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su despedida ante el Congreso: si España continúa cargando el esfuerzo en la población activa elevando las cotizaciones sociales para mantener uno de los sistemas de pensiones más generosos, estará quebrantando el pacto implícito entre generaciones.

La vasta generación del baby boom en España solo acaba de empezar a jubilarse (aquí puede ver la pirámide poblacional de España, según la ONU), lo que supone un enorme reto para un sistema que verá como medio millón de trabajadores salen del mercado laboral cada año. Tal y como explicaban los economistas de CaixaBank Research en un documento que hacía referencia a la sostenibilidad de las pensiones en España, el sistema está dando inicio a una etapa histórica, que a la vez pondrá a prueba la resistencia del gasto público del país: "España se adentra en un momento histórico: las primeras hornadas de los baby boomers empiezan a jubilarse ya en 2023 y seguirán accediendo a la jubilación a lo largo de los próximos 17 años".

En 2030, prácticamente 4 millones de baby boomers ya disfrutarán de su jubilación, cifra que superará los 11 millones en 2040. Al ser el sistema español de pensiones públicas un sistema de reparto en el que los cotizantes de hoy pagan las pensiones a los jubilados a cambio de recibir una pensión en el futuro en función de su contributividad presente, cabe preguntarse cómo afectará el aumento del peso relativo de la población mayor a la sostenibilidad del sistema. La generación del baby boom es mucho más grande que las siguientes, de modo que sostenerla requerirá esfuerzos adicionales.

"Estructuralmente, esto es lo que hace que las pensiones sean muy altas en comparación con los parámetros europeos. Se suma que tenemos que afrontar la jubilación del baby boom. El Pacto de Toledo ha apostado por mantener esa tasa de reposición actualizando las pensiones con el IPC en un contexto en el que incrementará el número de pensionistas en casi un 60%", confirma Miguel Ángel García. El Banco de España ya realizó una comparativa de las pensiones españolas con algunos países de Europa en la que se podía ver cómo la demografía iba a amenazar el sistema español en los próximos años, más incluso que a algunos países de nuestro entorno porque la generación del baby boom español es más joven que la europea.

La generación del baby boom se jubila y no hay reemplazo posible a corto plazo ni con las optimistas previsiones del propio documento de Bruselas, que pronostican un drástico incremento de la tasa de empleo y de la participación de la fuerza laboral, que alcanzarán el 76,8 y el 82,2% respectivamente, frente al 69,6 y 79,6% de la actualidad. Para que se cumplan estas previsiones de Bruselas, la tasa de paro tendría que caer a niveles históricamente bajos.

No hay solución fácil para las pensiones

Por otro lado, el documento también pronostica una importante llegada de inmigrantes, que serán la única fuerza positiva para el crecimiento demográfico, aunque esta proyección es sensiblemente inferior a la que confía el Ministerio de Seguridad Social: "La única fuente de crecimiento demográfico en la proyección es la migración neta (...) comienza en un nivel alto de más de 677.200 migrantes netos por año en 2022, influenciada por la importante llegada de refugiados ucranianos, aunque cae bruscamente y se estabiliza más tarde en alrededor de 220.000 migrantes netos por año de 2030 a 2050 y alrededor de 190.000 migrantes netos por año entre 2050 y 2070", reza el informe Ageing Report.

Esta dinámica migratoria, unida a un crecimiento natural negativo, implica que se prevé que la composición de la población española por país de origen cambie significativamente en las próximas décadas, aseguran los autores del informe de la Comisión Europea. La inmigración será otro de los retos a los que se enfrente la economía española, puesto que integrar estos influjos (alrededor de 10 millones de inmigrantes) en la sociedad y el mercado laboral no es tarea fácil.

"Con un tejido de baja productividad, la inmigración no soluciona todo el gran reto que tiene el sistema de pensiones. Entre otras cosas, porque integrar a millones de inmigrantes es bastante complejo. El papel lo aguanta todo, pero después hay que buscar fórmulas. Los inmigrantes deberían tener un nivel de cualificación, como mínimo, que iguale en promedio al de los nacionales. Después hay un elemento adicional, y es que el proceso de envejecimiento ocurre en todo el mundo y la inmigración se reducirá significativamente, excepto en los países de África, así que no será tan fácil conseguir tanta inmigración", advierte Miguel Ángel García.

La inmigración puede ayudar y mucho, pero no es la panacea para el problema de las pensiones: "Mi posición, por supuesto, es que hay que estar abierto a la llegada de inmigrantes. Pero tampoco se puede considerar que esa es la única solución para cuadrar el sistema de pensiones", sentencia el experto de Fedea.

De este modo, el Gobierno actual y los que vengan tienen una ardua tarea: buscar soluciones para cubrir el agujero de las pensiones públicas en España. Las soluciones fáciles para problemas complejos no existen, mientras que los milagros son eso... milagros. Por lo que esperar a un fuerte repunte de la productividad para solucionar el problema parece arriesgado también.

Con todo, reducir la alta tasa de reemplazo, implementar el factor sostenibilidad, mejorar las políticas activas de empleo y las destinadas a integrar a la fuerza laboral extranjera, parecen a día de hoy las medidas más realistas para lograr tapar este agujero. Ni eso garantiza el éxito ante el desequilibrio entre ingresos y gastos que se avecina.

Link.

El sindicato Solidaridad ha denunciado en el año 2023 sólo el 30,11% del total de extranjeros residentes en España cotizaron, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

«Esta cifra pone de manifiesto la escasa contribución de la población extranjera y cuestiona la efectividad de las políticas que tanto el PP como el PSOE plantean», ha señalado en un comunicado. De los 6.089.620 de extranjeros residentes en España, sólo 1.833.396 fueron cotizantes durante el año 2023: «Esto significa que aproximadamente el 70% de los extranjeros en el país no están contribuyendo».

El sindicato denuncia que el PP y el PSOE insisten en que «se debe traer millones de inmigrantes para que contribuyan, pero las cifras actuales demuestran lo contrario». «No es verdad que los extranjeros vayan a pagar las pensiones, al contrario, se benefician del Estado de Bienestar al que contribuyen los demás. El PP y el PSOE mienten a los españoles y condenan a España», ha agregado el secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso.

Así, Solidaridad ha recordado que la tasa de paro entre inmigrantes es 7,5 puntos más alta que entre los españoles, con 2.500.000 inmigrantes desempleados o inactivos, y que tan sólo el 22% de los marroquíes cotiza a la Seguridad Social. «Unas cifras que cada año son más difíciles de poner en contexto ya que las nacionalizaciones masivas llevan a engaño». «Desde el Sindicato Solidaridad vamos a continuar destapando esta realidad que los medios de comunicación ocultan a los españoles. Este modelo es insostenible», ha concluido Alonso.

Fuente.

El uso de transferencias por parte del Estado supone un truco contable para reducir el déficit oficial del sistema de pensiones.

Las cotizaciones sociales no bastan. Aunque hace años que los impuestos al trabajo que pagan los contribuyentes a la Seguridad Social no son capaces de sostener las pensiones por sí mismos, esta brecha cada vez es más grande. Así, en los últimos tiempos, el peso de las cotizaciones sociales respecto al gasto en pensiones ha ido disminuyendo frente a otras alternativas de financiación, como las transferencias sistemáticas que tiene que hacer el Estado para garantizar que los jubilados cobren su mensualidad.

Esta es una de las principales conclusiones que se extraen de un demoledor informe de Fedea elaborado por el economista Miguel Ángel García. Y es que, el peso de las cotizaciones sociales en la financiación del componente contributivo del sistema a pesar de la subida de las bases mínimas (70,5% nominal) y máximas de cotización (40,6% nominal), "se ha reducido sensiblemente en los últimos trece años" señala García.

Como se observa en el gráfico siguiente, esa disminución del peso de los impuestos al trabajo ha pasado de financiar casi toda la partida de pensiones (el 92,3%) en 2010 al 69,8% actual. Esto ha implicado que se ha disparado el uso de transferencias del Estado que ya financian casi una cuarta parte del gasto total (de 6,2% a 23,3%) y de los préstamos del Estado (6,2% del total). El dinero de estas transferencias se obtiene mediante impuestos y/o deuda pública.

Aunque los ingresos por cotizaciones sociales están en máximos (54.140 millones de euros hasta abril), no son suficientes para sufragar un gasto que aumenta a una mayor velocidad. Que la tasa de natalidad caiga en picado, que cada vez haya más jubilados (por el aumento de la esperanza de vida) y que los que entran en el sistema cada vez cobren más (han cotizado más) son algunos de los motivos que explican el agujero del sistema, pero no son los únicos.

Y es que, el Gobierno de Pedro Sánchez (con Escrivá a la cabeza) ha reformado el sistema de pensiones sin reducir en ningún momento el gasto y encomendándose sólo a subir los impuestos a los trabajadores vía cotizaciones sociales. "Estos cambios que ha apostado por el mantenimiento de la tasa de reposición más alta de la Eurozona (77,2% vs 44,2%)4 , y entre otras consecuencias ha permitido una actualización de las pensiones del 8,5% en 2023, han colaborado a mantener el intenso crecimiento del gasto contributivo en pensiones hasta alcanzar el 12,9% del PIB en 2023, un punto más del asumido en 2018" señala Fedea.

El "poco coherente MEI"

Hay que recordar que el uso de transferencias por parte del Estado también ejerce de truco contable para reducir el déficit oficial del sistema de pensiones. Y aún así, el sistema no logra ni superávit oficial.

"Este fuerte incremento de las transferencias del Estado no ha evitado mantener un déficit contable en el último ejercicio (0,6% de PIB que aumenta hasta el 0,8% si no se tiene en cuenta la recaudación conseguida a través del (poco coherente denominado) Mecanismo de Equidad Intergeneracional destinada al pago de pensiones a partir de 2032. Así, de un superávit contable en 2010 se ha pasado a déficit, a pesar del importante complemento de financiación recibido vía transferencias del Estado" critica Fedea.

El MEI es el mecanismo que estrenó el Gobierno el 1 de enero de 2023 el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Entonces, asestó una estocada del 0,6% en las nóminas de todos los trabajadores y autónomos del país (el 0,5% fue a cargo de la empresa y el 0,1%, del trabajador). Ya el 1 de enero de 2024, ese golpe al trabajo fue del 0,7%. Y cada año la subida será mayor, como ya hemos contado en Libre Mercado.

Todo el dinero ingresado por la aplicación del MEI está destinado a llenar la hucha de las pensiones, que ya ha superado los 7.000 millones de euros. Esta misma semana, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se limitaba a celebrar que estaba llenando la famosa hucha obviando que el dinero viene de esta estocada masiva a las cotizaciones sociales.

"El saldo básico del componente contributivo de las pensiones públicas con el ingreso de las cotizaciones sociales sin disponer de transferencias y préstamos del Estado, se ha deteriorado en 3,5 puntos de PIB, al pasar de un ligero déficit en 2010 (-0,4% del PIB) a uno mucho mayor en 2023 (-3,8% del PIB). Este saldo negativo del sistema público de pensiones es ligeramente superior al del conjunto de las administraciones públicas en 2023 (-3,7% del PIB)" calcula Fedea. En la siguiente tabla se observa que las transferencias del Estado se han multiplicado por cinco desde 2010.

Otro truco contable de los políticos para ocultar la realidad del sistema es la creación del concepto de gastos impropios que "apunta más bien a una justificación para traspasar a la Administración General de Estado una parte del déficit de la Seguridad Social", señala también el documento.

>Link.