Las fechorías de Pablo Iglesias en sus 14 meses de vicepresidencia

Balance del peor vicepresidente: ¿qué queda tras los catorce meses de Pablo Iglesias en el Gobierno?

¿Qué ha logrado Iglesias durante sus 14 meses de vicepresidente? Exponemos la verdad de un paso por Moncloa lleno de fracasos y de giros totalitarios.

El 'asalto' de Pablo Iglesias a la vicepresidencia ha durado sólo 14 meses, poco más de un año que, eso sí, ha sido de una intensidad política desconocida por culpa de la pandemia y también por el propio programa liberticida del Ejecutivo. Pero pese a esa intensidad el balance del paso del líder de Podemos por el Gobierno es tan magro en resultados como extenso en polémicas.
Vamos a repasar algunos de los hitos, por lo general lamentables, que Iglesias ha ido marcando durante esta aventura de 14 meses que acabó de forma abrupta con la espantada del ya sólo candidato a la presidencia de Madrid.

Residencias de ancianos

Las residencias de ancianos han sido uno de los lugares en los que el coronavirus más se ha cebado desde que impactó en España. Dentro del reparto de carteras ministeriales, esas residencias eran responsabilidad de la vicepresidencia de políticas sociales que encabezaba el de Podemos. Además, el 19 de marzo de 2020 Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, delegó en Iglesias la responsabilidad de coordinar los servicios sociales y las residencias en las comunidades autónomas.

Illa urgía a medicalizar las residencias, pero Iglesias no hizo prácticamente nada para proteger a los ancianos más allá de asegurar en una comparecencia televisada que se iban a dedicar 300 millones de euros a estos centros, un dinero que como se ha demostrado después, no llegó nunca a sus presuntos destinatarios.

Lo que sí que hizo el entonces vicepresidente fue proponer la detención de Isabel Díaz Ayuso por el impacto del covid en las residencias de ancianos de Madrid y eso que los datos le desmentían. Madrid, durante el peor momento de la pandemia, fue la segunda comunidad autónoma donde menos fallecimientos se produjeron en las residencias de ancianos en relación al número total de internos, sólo por detrás de Canarias.

Ya incluso desde antes de su entrada en el Gobierno Iglesias se consideró a sí mismo y a su partido como el enlace entre el PSOE y los separatistas catalanes, un papel que trató de escenificar a lo grande en su fracasado encuentro con Junqueras en la cárcel de Lledoners, en el que intentó que se aprobasen los presupuestos que había pactado con los socialistas.

Una actitud que no ha cambiado una vez vicepresidente: Iglesias ha defendido a los separatistas en lo político y también en lo simbólico, incluso llegando a comparar a Puigdemont con los exiliados de la República, unas declaraciones que levantaron airadas protestas de la oposición, tras las que el podemita insistía en lugar de rectificar.

Pero eso no ha sido todo: desde su vicepresidencia y desde la fuerza parlamentaria que le daba su posición de sostén imprescindible del Gobierno Iglesias ha aprovechado todas las oportunidades que ha tenido para avanzar en la agenda separatista, pactando tanto con ERC como con Bildu en materias tan esenciales como la persecución al idioma español que, por ejemplo, se ha concretado en la impresentable Ley Celaá.

Esta relación de Iglesias con Bildu que ya hemos comentado en el párrafo anterior no se ha ceñido sólo a su acción de Gobierno desde la vicepresidencia, sino que también venía de mucho antes, cuando se ofrecía en las herricotabernas a hacer de mediador entre los asesinos de ETA y el Gobierno.

Pero de nuevo como vicepresidente, Iglesias ha hecho de muñidor, en ocasiones muy incómodo, del Ejecutivo para que Bildu pasara de la abstención al voto a favor, por ejemplo en los Presupuestos Generales del Estado, y lograr así cuadrar el círculo Frankenstein que buscaba Sánchez para la legislatura. Pero mientras Sánchez quería que esta negociación se llevara 'soto voce', Iglesias prefería el espectáculo y negoció con los herederos de ETA junto a Simancas, hasta que se desmacró anunciando que Bildu y su portavoz Otegi, deberían entrar en la "dirección del estado".

La peculiar visión de la memoria histórica de Pablo Iglesias quedó en evidencia cuando Cayetana Álvarez de Toledo le recordó en el Congreso el pasado en una organización terrorista de su padre, después de que el entonces vicepresidente se dirigiera a la ex portavoz del PP repetidamente como "marquesa".

Desde la tribuna, Álvarez de Toledo le espetó "usted es el hijo de un terrorista, a esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político". Aludía a la pertenencia del padre de Iglesias al FRAP. La reacción de Iglesias fue amenazar a Álvarez de Toledo con los tribunales, algo que cumplió su padre en los días siguientes, mientras Meritxell Batet decidía retirar sus palabras del diario de sesiones.

Meses después la popular, ya fuera de la portavocía del partido, decidió recurrir ante el Constitucional para defender que su afirmación "es verdadera y la verdad no atenta contra el decoro parlamentario".

Bien a través del panfleto dirigido por Dina Bousselham o bien él directamente, Pablo Iglesias ha puesto a la prensa crítica en el punto de mira durante estos catorce meses en el Gobierno.

Olvidando el papel institucional que se espera de alguien que ocupa un cargo como el que él tenía, se ha valido de Twitter o de la tribuna del Congreso de los Diputados para atacar a periodistas o a medios. Para muestra, la forma en que señaló a esta casa valiéndose de las falsas acusaciones de Luis Bárcenas.

Ese mismo día, dejó clara cuál es su opinión sobre los medios de comunicación españoles: afirmó que hay que "democratizar los poderes mediáticos en España", que en nuestro país hay "una carencia que es necesario superar" y que es la prensa la que decide lo que "se puede ver, oír y leer".
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Es quizá el mantra más repetido por el vicepresidente Iglesias y los suyos, por ejemplo Yolanda Díaz lo usaba de nuevo en el acto en el que se presentaba la candidatura de Unidas Podemos a las autonómicas de Madrid.

El propio Iglesias lo anunció al poco tiempo de confinar a toda España y se basaba fundamentalmente en moratoria de hipotecas y créditos, el aplazamiento del pago de alquileres, las prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos y empleadas del hogar y el ingreso mínimo vital (IMV).

No obstante, tal y como recogía a finales de 2020 Mikel Buesa en un extraordinario artículo en Libertad Digital, ni escudo, ni social. Las moratorias hipotecarias han sido lo único que ha funcionado con agilidad, porque lo han gestionado los bancos, y no ha supuesto ningún paquete de ayuda pública, ya que los costes derivados de la medida los pagarán finalmente los solicitantes de la moratoria.

El cese de actividad de los autónomos no fue ágil y no llegó a muchos de los solicitantes fundamentalmente por la incompetencia de Trabajo. La tramitación del Ingreso Mínimo Vital no ha estado exenta de problemas, ya que la gran mayoría de las peticiones se devolvieron a los solicitantes por supuesta falta de documentación en el proceso de solicitud.

En resumen, sumando todos los subsidios del famoso escudo social apenas se llega a una inversión del 0,24% del PIB en caso de que todos los problemas burocráticos se resuelvan, algo que a la vista del reciente colapso informático del SEPE está por ver.

A Pablo Iglesias no le importó lanzar la idea de que España no es "una democracia plena" para arañar unos votos en la campaña catalana, a pesar de la incongruencia de que mientras denunciaba tal cosa, él seguía ocupando el cargo de vicepresidente del Gobierno.

Su salida de tono en el diario separatista Ara sirvió para alimentar de nuevo las tensiones entre una y otra ala del Ejecutivo, mientras se le reprochaba que estuviera ensuciando, desde la mesa del Consejo de Ministros, la reputación de nuestro país en el extranjero. Las críticas le dieron igual y además se unió a estas declaraciones el resto de su grupo. El más entusiasta fue Pablo Echenique, que llegó a decir que Iglesias podía dar gracias por que el Estado no lo envenenara con polonio.

La violencia, sobre todo las que tuvo lugar en Barcelona con la excusa del encarcelamiento del rapero Pablo Hásel, fue alentada y defendida por Podemos tal y como lo ha sido siempre incluso antes de la formación del partido: recordemos la "emoción" de Iglesias ante la paliza recibida por un policía en una manifestación.

En esta ocasión, sin embargo, optó por un clamoroso silencio, pero al mismo tiempo dejaba que sus subordinados Echenique o Mayoral justificaran las violencia extrema que se veía en varias ciudades españolas y Pedro Sánchez las condenaba, eso sí, con varios días de retraso.

Desde su llegada al poder, el control de la Justicia ha sido una de las obsesiones de Pablo Iglesias, primero con el ataque sistemático al Consejo General del Poder Judicial y luego con el intento de asaltarlo y después vaciarlo de contenido ante la imposibilidad de renovar a sus miembros de acuerdo a sus intereses.

Entre tanto, el líder de Podemos no ha dudado en desacreditar a magistrados de cualquier tribunal si el fallo no era de su agrado, como ocurrió con la condena a Isa Serra, o sembrando la sospecha sobre el sistema en su conjunto tras el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. El CGPJ ha tenido que salir varias veces a defender a fiscales y jueces en un hecho hasta ahora inédito y que se ha terminado haciendo casi habitual durante el año de Iglesias en el poder.

Mientras todo esto ocurría, el propio Iglesias tenía que hacer frente a complicaciones legales cada día mayores, tanto propias, con el llamado Caso Dina a punto de costarle una imputación en el Supremo, como de su partido, que está siendo investigado por su relación con la consultora Neurona y que cada vez se enfrenta a una situación judicial más compleja.

A todo aquel que quiso escuchar se le heló la sangre el 31 de marzo de 2020, cuando llevábamos dos semanas encerrados en casa merced al Estado de Alarma impuesto por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El vicepresidente Iglesias emitía un comentario escalofriante en redes sociales: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general"

En un momento que ya de por sí era muy complicado las alarmas de un posible corralito financiero se dispararon y se multiplicaron las consultas a despachos especializados y fondos de inversión para sacar los ahorros del país.

El sector podemita en el Gobierno, con Iglesias e Irene Montero a la cabeza, han intentado sacar adelante en estos meses varias leyes relacionadas con la ideología de género que han provocado también fricciones en el Ejecutivo. Pendiente está de aprobar la Ley de Libertad Sexual, que se encontró en febrero con un último escollo: un informe en contra del CGPJ que volvía así a evidenciar el disparate jurídico que supone esta norma defendido con fervor por el matrimonio de Galapagar. La Ley Trans también está despertando recelos incluso en el propio Podemos por la forma en que abraza las teorías queer o su intención de dejar en manos de los menores un asunto tan delicado como el del cambio de sexo. Ahora, Montero tendrá que defender ambos proyectos en solitario.

Además de este lamentable balance propio, Iglesias tiene que ser considerado corresponsable de la deriva totalitaria del Ejecutivo, con decisiones que ha apoyado dentro del Ejecutivo sin que necesariamente las haya impulsado él mismo.

Hablamos, por ejemplo, de los ataques a la libertad de expresión en plena primera ola del coronavirus, como dejó patente la confesión del General Santiago cuando dijo en público que perseguían "minimizar el clima contrario a la gestión de la pandemia por parte del gobierno". Un proceder que se negó pero que en noviembre del año pasado quedó patente en el BOE con la aprobación de un "procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional" que se hacía mediante una orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de Carmen Calvo.

Otros ejemplos como el ataque al Español en el sistema educativo catalán o a la educación concertada, privada y especial de la Ley Celaá han sido avalados e incluso en algunos casos forzados por Podemos. Y, por supuesto, también cabe dentro de este capítulo el control de jueces, fiscales, policía o, conviene no olvidarlo, el terror fiscal que ha consagrado el Gobierno de PSOE y Podemos, de Sánchez e Iglesias.

Como ven han sido sólo 14 meses, con muchos fracasos y prácticamente ningún éxito pero, sobre todo, muy reveladores de una forma de entender el poder completamente totalitaria y basada en la mentira más que en ninguna otra cosa. El propio Iglesias ha iniciado la campaña en Madrid diciendo que presumirá de su gestión, a la vista de los hechos sólo cabe decir que allá él.

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