El Estado podrá intervenir a las CCAA que paguen a más de 60 días

El Gobierno quiere que la nueva Ley de Control de la Deuda Comercial acabe con las facturas en el cajón y los impagos a proveedores.

Siete meses de plazo. Ése será el margen que tendrán las comunidades autónomas, a partir del 1 de enero, para cambiar la relación con sus proveedores. Si no lo hacen, podrían ser intervenidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Minhap). Así figura en el nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público que el viernes aprobó el Consejo de Ministros. El período medio de pago tendrá que ser de menos de 30 días. Y el que no cumpla, podrá recibir la visita de los hombres de negro de Antonio Beteta. Al final, el Estado se reserva la aplicación de "medidas coercitivas", entre ellas la intervención de la autonomía en lo que hace referencia al gasto y a la gestión de los impuestos.

La clave, según fuentes de Hacienda, está en que comunidades y ayuntamientos "sólo gasten lo que deben y paguen todo lo que gasten". Hasta ahora, no ha sido ésa la norma. Los gobiernos regionales y locales han vivido muchas veces por encima de sus posibilidades. Así, cuando llegaban al límite de déficit fijado legalmente, seguían como si tal cosa. Y las facturas que llegaban a partir de ese momento, se acumulaban sin fecha de pago fija. Desde un punto de vista contable, sí aparecían como déficit (porque la mayoría sí estaban reconocidas, no eran exactamente facturas en un cajón); pero no figuraban como deuda, porque el dinero no salía de ningún sitio.

Ahora, el Minhap quiere acabar de una vez por todas con esta situación. En su momento ya dio un primer paso con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero aquél era un instrumento fundamentalmente para deuda financiera. El nuevo anteproyecto va dirigido a la deuda comercial; vamos, lo que comúnmente conocemos como facturas de los proveedores públicos.

Período Medio de Pago...