España, con Rajoy, sigue hundiéndose en el Índice de Libertad Económica

La llegada del PP a La Moncloa no ha cambiado la tendencia de los últimos años, con pérdida de posiciones y caída en valor absoluto.


España es el país con la 49ª economía más libre del mundo. Al menos eso es lo que se desprende de la última edición del Índice de Libertad Económica (ILE) que cada año publican The Wall Street Journal y la Fundación Heritage. Los 67,2 puntos que nos otorgan los autores del informe nos da para situarnos en el Top 50 de una lista de 177 países o territorios que encabeza Hong Kong y cierra Corea del Norte.

El que quiera ver las cosas por el lado positivo puede consolarse pensando que ha ganado 4,4 puntos desde que hace veinte años comenzó a realizarse la lista (no todos los países europeos pueden decir lo mismo). Para los pesimistas (o realistas) queda el dato más sorprendente: en los últimos tres años hemos perdido tres puntos en valor absoluto y 18 puestos en el ránking. No parece la mejor noticia para un país que aspira a salir de esta crisis a base de ganar competitividad, vender más en el exterior y generar empleo de más valor añadido.

Lo primero que hay que apuntar es que este tipo de índices tienen la importancia que cada uno quiera darles. En Libre Mercado, cada año, nos hacemos eco de los resultados del ILE por varias razones. En primer lugar, es el más conocido de todos los informes de este estilo que se publican en el mundo. Además, tiene el respaldo de dos instituciones de enorme prestigio, como la Fundación Heritage (uno de los think-tank más influyentes de EEUU) y The Wall Street Journal (el periódico económico más importante del mundo). Y, sobre todo, sus resultados reflejan de forma fidedigna una realidad en muchas ocasiones olvidada: las economías más libres del mundo son también las más prósperas.

Así, la clasificación de este año la encabezan Hong Kong, Singapur, Australia, Suiza, Nueva Zelanda y Canadá, todos ellos ejemplos de riqueza, bienestar y crecimiento en las últimas décadas. Mientras, cierran la lista Corea del Norte, Cuba, Zimbabue y Venezuela, países con enormes problemas económicos y una pobreza generalizada.

¿Y España?...

El PP aprobó en 2012 el mayor incremento tributario de la OCDE. Hacienda se embolsa ya el 41,4% del salario real de un empleado medio.

La nueva subida de las cotizaciones sociales a autónomos y empresas que aprobó el Gobierno el pasado diciembre ha reabierto el debate sobre la elevada fiscalidad que soporta el factor trabajo en España, pese a presentar una de las tasas de paro más elevadas del mundo. No en vano, aunque el actual nivel de cotizaciones ya es de los más altos de los países ricos -equivalente a más del 30% del sueldo bruto-, este nuevo aumento supondrá una carga extra de un punto porcentual, como mínimo, encareciendo con ello los costes laborales.

Por ello, los expertos fiscales consideran que esta decisión constituye un grave error, mientras que la patronal de empresarios (CEOE) ha pedido esta semana al Gobierno que anule la citada subida, ya que mina la competitividad de las empresas y, por tanto, también la creación de empleo.

Lo más grave, sin embargo, es que el aumento de las cotizaciones se suma a las fuertes subidas del IRPF aprobadas en los últimos años, lo que arroja como resultado una de las mayores alzas tributarias sobre el trabajo de toda la OCDE -la organización que engloba a los 34 países más ricos del mundo-.

En concreto, la fiscalidad que soporta un salario medio en España ascendió al 41,4% en 2012, incluyendo IRPF y las cotizaciones sociales que pagan empleados y empresas, según los últimos datos disponibles de la OCDE. Esta cifra es casi seis puntos superior a la media de los países ricos (35,6%) y sitúa a España en el 12º puesto en lo que hace referencia a la tributación laboral.

Pero el dato más relevante es que, desde 2007, ha subido un total de 2,4 puntos, tan sólo superado por México (3,1 puntos extra), Irlanda (3,7) e Islandia (4 puntos), mientras que la media de la OCDE ha descendido 0,5 puntos porcentuales, desde el 36,1% al 35,6%. Es decir, España se sitúa entre los países que más han subido los impuestos al trabajo trabajo durante la crisis.

Y dentro de este ascenso generalizado, destaca especialmente la subida registrada en 2012, durante el primer año del mandato del PP. La tributación sobre el trabajo se disparó en España 1,4 puntos respecto a 2011 debido a la fuerte subida del IRPF aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, protagonizando así el mayor aumento fiscal de la OCDE, por delante de Polonia (1,2 puntos), Eslovaquia (0, y Holanda (0,6).

Un total de 19 países ricos elevaron la carga fiscal sobre el trabajo (IRPF y cotizaciones) y 14 apostaron por reducirla en 2012, dando como resultado la elevación de una décima en la media de la OCDE.

Con la subida de cotizaciones recién aprobada, España escalaría puestos en el ranking de mayor fiscalidad sobre el trabajo, hasta rondar el 42,4%, alcanzando casi a Finlandia, siempre y cuando se tomen como referencia los datos de 2012.

Dichas cifras revelan que el Estado se embolsa, vía IRPF y cotizaciones, más del 40% de lo que en realidad gana un trabajador medio en España. Dicho de otro modo, un empleado que cobre algo más de 20.000 euros netos al mes (unos 1.500 euros al mes en 14 pagas) cuesta a su empresa casi 35.000 euros. Esos 15.000 euros al año de diferencia se van directamente al pago de cotizaciones e IRPF -más de 1.000 euros al mes en 14 pagas-.

La siguiente tabla refleja ambas variables (coste laboral total y sueldo neto) expresadas en dólares, en términos de poder de paridad de compra (PPP), para un trabajador soltero y sin hijos que gane el 67% y el 100% del salario medio en cada país de la OCDE: el Estado español se embolsa 11.594 dólares al año en el primer caso y hasta 19.448 en el segundo.


El mayor problema es que la elevada tributación sobre el trabajo dificulta la creación de empleo y desincentiva a los propios trabajadores, ya que el Fisco castiga la elevada cualificación y el valor añadido con tipos crecientes y progresivos en función del nivel de renta, según alerta la propia OCDE en sus informes.

Por último, mientras que el Gobierno insiste en elevar IRPF y ahora también cotizaciones, Francia, con el socialista François Hollande a la cabeza, apuesta por la estrategia contraria. El Ejecutivo galo anunció el pasado martes que suprimirá las cotizaciones salariales destinadas a financiar la política familiar y añadió que el esfuerzo de reducción "deberá prolongarse" a otras cargas.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, mostró este viernes su firme apoyo a los planes del presidente francés para rebajar las cotizaciones que pagan las empresas y pidió que vaya aún más lejos. Disminuir las cargas que pesan sobre los salarios "permitiría aumentar las contrataciones, restablecer los márgenes de las empresas, financiar la inversión y, por fin, recuperar la competitividad", aseguró. España está haciendo justo lo contrario. Fuente