¿Dónde han ido a parar los 105.000 millones que hemos donado a Afganistán?

Desde que comenzó la guerra contra la insurgencia talibán a finales de 2001, la comunidad internacional ha entregado al Gobierno de Kabul más de 105.000 millones de dólares en ayuda civil para la reconstrucción y el desarrollo de la democracia. Hoy, más de dos tercios de la población sigue sufriendo la falta de agua corriente y electricidad o la terrible precariedad de los hospitales. Y los derechos civiles, especialmente los de las mujeres, continúan minados. Por ello, ahora que el país celebra elecciones presidenciales, resulta inevitable hacerse una pregunta:

¿Qué ha pasado con todos esos miles de millones?

Yama Torabi, director ejecutivo de la ONG Integrity Watch Afganistan, parece tener la respuesta: “El problema es que nunca ha habido control ni seguimiento de las inversiones en el país. No hay leyes anticorrupción, por lo que el dinero que entregan EEUU, la Unión Europea y las organizaciones humanitarias a las autoridades afganas va pasando de mano en mano y de repente se evapora”.

Incluso, cuenta a El Confidencial este activista anticorrupción, las subcontratas, muchas de ellas extranjeras, sobre todo en proyectos urbanísticos, utilizan los peores materiales o emplean a trabajadores locales para no pagar sueldos de expatriado. “Mucho de este dinero acaba en el mercado negro o en paraísos fiscales”, denuncia Torabi.

Resulta escandaloso que más del 70% del país carece de agua potable para consumo humano; o, lo que es lo mismo, 16,8 millones de hombres, mujeres y niños no pueden beber agua sin correr el riesgo a contraer enfermedades o morir a causa de ellas.

El dato es tan alarmante que Kabul, con cinco millones de habitantes, podría quedarse sin agua potable en una década. Sin embargo, el Gobierno afgano permanece indiferente ante esta realidad que se cobra miles de vidas al año.

El principal problema de la contaminación del agua es la cantidad de toneladas de basura que se tira de forma incontrolada a los lagos y ríos. Esa misma agua es la que sale de las fuentes de la capital y de la que beben millones de personas. No hay que irse muy lejos para ver esta estampa desoladora. En el centro de Kabul, el pestilente olor de los ríos y canales enseña esta realidad.

Sin agua, sin medicinas… sin futuro
Junto al corazón comercial de la ciudad, en las laderas de las montañas, sus vecinos no tienen acceso al agua potable y bajan con burros o carros para cargar los bidones en fuentes públicas. Miles de niños enferman por el agua y centenares de ellos mueren cada año por falta de tratamiento médico. El hospital infantil Indira Gandhi es quizás el recordatorio más triste de está oscura realidad. La sanidad afgana carece de todo menos de enfermos y médicos resignados, que miran impotentes cómo sus pacientes agonizan a la espera de unos medicamentos que nunca llegan. En Afganistán, el acceso a los hospitales es totalmente gratuito, pero deben de ser las familias las que adquieran las medicinas para que los doctores puedan tratar a sus hijos.

En un país donde el 70% de la población sobrevive con menos de cuatro dólares diarios, a los afganos les es imposible invertir parte de ese dinero en comprar medicinas. Por eso, los datos de mortalidad infantil en Afganistán hielan la sangre: 150 de cada 1.000 niños mueren antes de cumplir los cinco años. Y a los que sobreviven la vida no les depara un futuro mejor.

Las calles de Kabul están abarrotadas de niños harapientos y mal alimentados que asaltan a conductores y viandantes con un bote de hojalata agujereado y les rocían con humo de incienso a cambio de un par de euros al día. Naciones Unidad calcula que en Afganistán hay más de 600.000 niños de la calle que no tienen la posibilidad de ir a la escuela porque sus familias necesitan el escaso dinero que consiguen. Esta situación deja en papel mojado cualquier excusa de porqué el dinero de los países donantes se destina a la maquinaria de guerra y no a la educación de los menores que vagan por las calles de Kabul o de cualquier otra remota ciudad del país.

Los oasis del opio
Otra complicación que se suma al oscuro panorama de Afganistán es la de los oasis del opio. Auténticos vergeles de amapolas brotan en los campos de las conflictivas provincias sureñas del país. Helmand está considerada como la mayor fábrica de opio de Afganistán, especialmente el distrito de Musa Qa’lah, donde los granjeros dedican tres partes de su tierra a plantar adormidera mientras la restante la destinan al trigo. Si se tiene en cuenta que un policía afgano cobra 100 dólares mensuales, con todo ese opio dormitando en los campos se hace difícil pensar que los señores de la droga no los sobornen para que sus cultivos no sean arrasados.

En 2013 el cultivo de la adormidera aumentó en Afganistán un 36% respecto a 2012, según un informe de la Oficina de la ONU sobre la Droga y el Crimen (UNODC). Los beneficios obtenidos por la insurgencia en el lucrativo negocio de la heroína rondan los dos millones de dólares anuales. Los talibanes se sacan un buen pico a través de un impuesto revolucionario que cobran a los campesinos (cerca del 40% del total de la venta del opio).

Los mutilados, un problema más grave que la propia guerra
Afganistán es, además, un país de mutilados. Mohamed Wasim, de 20 años, era capitán de policía en la provincia de Paktia, al sureste de Afganistán. Hace ocho meses estaba patrullando cuando un Artefacto Explosivo Improvisado (IED, en sus siglas en inglés) estalló al paso del vehículo policial en el que viajaban. Wasim podría haberse convertido en la víctima 2.959 (según la ONU) del año 2013, la mayoría de ellas causadas por la explosión de un IED.


“El Centro Ortopédico del Comité Internacional de la Cruz Roja en Kabul recibe 1.000 casos de amputaciones por artefactos explosivos al año”, indica a este diario el doctor Helal. El Gobierno afgano mira hacia otro lado para no tener que afrontar este problema, que es más grave que la propia guerra. La ocupación soviética dejó diez millones de minas diseminadas que, junto con los IED, son los asesinos silenciosos de Afganistán, y representan la mayor amenaza ya que siguen matando y mutilando a civiles durante generaciones.

Por último, es necesario destacar los 53.000 millones de dólares que Estados Unidos ha invertido en Seguridad. El objetivo fijado por la OTAN es la formación de 224.000 nuevos policías para finales de 2014, cuando se deberían marchar las tropas de Afganistán. El escaso incentivo económico para los entrenadores locales, que ganan 12 dólares al día, la poca motivación y la incompetencia de los reclutas lleva a muchos a pasarse al bando enemigo, donde les pagan más. Esta nueva táctica de los infiltrados en las Fuerzas de Seguridad afganas se ha convertido en el gran desafío para las tropas internacionales.

Desde 2011, los talibanes han dejado en evidencia a la OTAN, a las fuerzas afganas y hasta a los mismísimos servicios de inteligencia norteamericanos; nadie ha sido capaz de predecir su nueva estrategia: atacar al mismísimo corazón de sus enemigos. La insurgencia afgana ha desencadenado tal psicosis con la utilización de los infiltrados que, incluso, en los centros de reclutamiento de la ISAF se han aumentado las medidas de seguridad. La desconfianza hacia los nuevos reclutas es absoluta.