El 'egoísmo' de los políticos inunda de deuda el primer mundo

La crisis ha puesto en el punto de mira a las finanzas de los estados más ricos. La posibilidad de quiebra ya no es sólo cosa de los subdesarrollados.

La deuda pública ya es un problema del primer mundo. Quizás ésta sea una de las grandes sorpresas de la crisis. Hasta hace unos años, las quiebras soberanas se asociaban a países subdesarrollados o a gobiernos populistas en Hispanoamérica, Asia o África. Desde 2009, cuando se habla de impagos se piensa en la Eurozona. Y si el tema es el creciente peso de los números rojos y su importancia para frenar el crecimiento futuro, Japón o EEUU están en los primeros puestos de la lista.

Fabrice Collard, Michel Habib y Jean-Charles Rochet, tres académicos de las universidades suizas de Berna y Zurich, se han hecho una pregunta clave: ¿Hasta cuándo puede pedir prestado un Gobierno? Este martes, publicábamos las conclusiones de su estudio. En lo que hace referencia a nuestro país no es demasiado tranquilizador. Aunque nuestra posición era envidiable hasta hace cinco o seis años, el actual nivel de deuda de España, cercano al 100% del PIB cada vez está más cerca de nuestra particular línea roja.

La clave es que no sólo en España este tema es motivo de preocupación. Los niveles de deuda pública se han disparado en la última década. La media de las economías avanzadas (los países del primer mundo incluidos en el G-20) ha pasado de alrededor del 70% en el año 2000 al 115% en 2012. Y la tendencia parece creciente. Por eso, Rochet, en su presentación en Madrid, se pregunta ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Es que se han vuelto irresponsables los gobiernos de un día para otro?

Su planteamiento se inicia con una interesante proposición: "En lugar de asumir que un gobierno benevolente escoge pedir prestado (o incumplir estratégicamente) para maximizar el bienestar temporal de sus ciudadanos, asumamos que los gobernantes son interesados (egoístas) y miopes". Vamos, que hay que considerar a ministros y presidentes como personas normales y corrientes, que se mueven según sus propios incentivos, como cualquier otro.

Precisamente, el problema es que los incentivos podrían estar muy mal situados en esta cuestión. Para empezar, los gobiernos tienden a pedir mucho prestado porque el coste de pagar la deuda lo soportará su sucesor. Es decir, que cuando los números rojos devienen insostenibles, normalmente el que impulsó el derroche ya no está en el poder. Por lo tanto, resulta tentador dar una patada para delante y que el ajuste lo haga otro.

Pero, además, hay una cuestión específica que afecta a los países desarrollados y que, paradójicamente, ha podido ayudar al descontrol que ahora todo el mundo tema: su solvencia. Sí, aunque parezca mentira, el hecho de que los estados del primer mundo hayan aparentado ser totalmente fiables ha generado una espiral peligrosísima para ellos mismos. Cuando ha llegado un gobierno irresponsable a uno de estos países, ha visto que tenía barra libre en los mercados para endeudarse.

El Tesoro de un país en vías de desarrollo sabe que no tiene mucho margen. Si su deuda supera el 30-40% del PIB hay muchas posibilidades de que se le cierren las puertas del crédito. Para un país de la OCDE hay una tolerancia mucho mayor. Por eso, desde los años noventa, estos estados han ido endeudándose sin demasiado control.

Los inversores prestaban porque creían que siempre recuperarían su dinero y los políticos, como hemos visto antes, no tenían ante sí ninguna restricción. Pero claro, el problema es que llega un momento, como se ha visto en esta crisis, en el que incluso lo que se creía imposible empieza a considerarse probable. Y para un país con una deuda superior al 100% del PIB (como pasa ahora en gran parte de Europa, por ejemplo), no es nada fácil cambiar el rumbo.

Además, la sostenibilidad en el largo plazo también está en entredicho por las obligaciones no reconocidas. Casi todos los países del primer mundo tienen ante sí lúgubres perspectivas financieras. El llamado gasto social, sobre todo en sanidad y pensiones, se va a disparar en las próximas décadas. En EEUU, por poner un ejemplo, hablamos de un incremento de diez puntos del PIB de aquí a 2040. Esto habrá que financiarlo al mismo tiempo que se paga esa montaña de deuda de la que hablamos. Si la productividad no crece a tasas muy elevadas, no será posible.

Pues no parece sencillo. Este miércoles, por ejemplo, Marc Garrigasait hablaba de "un mamut escondido debajo de la alfombra". Y los citados profesores apuntan a los límites constitucionales al endeudamiento, como el aprobado en España en 2011. Claro que en esto hay que creerse que los mismos que aprueban estos límites (y que pueden cambiarlos) los cumplirán en el futuro. Además, está la cuestión de si estos límites suponen una restricción en la capacidad de un Gobierno de enfrentarse a la crisis con medidas de impulso del gasto (la propuesta clásica keynesiana).

El segundo freno al derroche presente para no tener que lamentarse en el futuro podría estar en la institución de una autoridad fiscal independiente. Aquí, el principal problema está en saber si realmente es independiente. Por ejemplo, en España el Gobierno ha anunciado su creación y las críticas a su diseño se han multiplicado por su dependencia de Hacienda.

En Suecia y Canadá se instituyó una figura de este tipo hace años y parece estar funcionando bien. El país escandinavo estuvo al borde de la quiebra a comienzos de los noventa, con unas finanzas descontroladas. Su prima de riesgo con Alemania llegó a superar los 500 puntos básicos. En aquel momento, se comprometió con la estabilidad presupuestaria. Tomó medidas que los mercados han considerado creíbles. Y ahora está entre los más fiables de la UE (no está en la Eurozona), con una deuda pública a la baja, que no alcanza el 40% del PIB.

Libertad Digital.

Deuda pública en España

El Gobierno celebra que la deuda pública supera el billón de euros repartiendo subvenciones a sindicatos y sectores improductivos.

Basta ojear habitualmente el Boletín Oficial del Estado (BOE) para percatarse de la enorme cantidad de dinero que se malgasta a costa del bolsillo de los contribuyentes. Hoy jueves, 14 de agosto, el mismo día en que la deuda pública de España ha superado, oficialmente, el billón de euros, el Gobierno lo celebra repartiendo un total de 70 millones en subvenciones y ayudas entre sindicatos, industrias deficitarias y diversas asociaciones.

No deja de ser una simple gota en un océano de gasto, pero es un claro ejemplo del desmán de la clase política, ya que el sector público sigue gastando mucho más dinero del que las familias y empresas españolas se pueden permitir.

A continuación, la lista de gastos que recoge este jueves el BOE:

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   La Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, reparte más de 3,2 millones de euros a Castilla La Mancha y Extremadura para fomentar "la oferta de soluciones de computación en la nube para pequeñas y medianas empresas".

   Unos 5 millones de euros para fomentar el empleo en las zonas mineras.

   Otros 50 millones de euros en ayudas al carbón nacional.

El BOE también publica la cuantía total de subvenciones repartida entre los sindicatos durante 2013 para la realización de actividades corrientes. Entre otras, destacan las siguientes partidas: casi 3,5 millones de euros para la Confederación Sindical de CCOO; otros 654.500 euros para la Confederación Sindical de CCOO; 690.000 euros para UGT; otros 3,3 millones para UGT; algo más de 1,24 millones para la patronal CEOE; casi 337.000 euros para el sindicato USO; más de 277.000 para el sindicato vasco ELA; más de 151.000 euros para el sindicato gallego CIG; unos 147.000 para la CGT; más de 129.000 para la Federación de Asociaciones Obreras Sindicales-Langile Abertzaleen Batzordeak; más de 311.000 euros para la central Sindical Independiente y de Funcionario (CSI-F)...

  Unos 106.000 euros para asociaciones y centros de la "ciudadanía española en el exterior y retornados".

  Y 840.000 euros en subvenciones para la "promoción de la lectura y las letras españolas".

En total, más de 70 millones de euros que, en ningún caso, van destinados a lo que la inmensa mayoría de españoles considera "servicios públicos esenciales". A este respecto, basta señalar que el BOE publicó más de 13.200 millones de euros en subvenciones y ayudas públicas de todo tipo a lo largo de 2013, tal y como se encargó de recopilar detalladamente la cuenta @BOESubvenciona en twitter, bajo el lema Tú pagas y el BOE subvenciona.

La deuda pública de España supera ya el billón de euros, y la real se sitúa por encima del 100% del PIB -sumando las empresas públicas-, pero el Gobierno sigue gastando, día tras día, grandes cantidades de dinero que recauda de todos los españoles vía impuestos en partidas que muchos consideran simple y puro derroche...

Marianín, con un ZP a la hora del despilfarro ya teníamos más que suficiente, esperarme en las próximas elecciones que seguro te vuelvo a votar.

SUBVENCIONES A SINDICATOS, CARBÓN...

En septiembre del año pasado el gobierno de Rajoy adelantó su previsión de que la deuda pública alcanzaría el 99,8% del PIB a finales de 2014. Lamentablemente se quedó corto: ayer se conoció que la deuda pública real de España alcanzó en junio el 103,4% del PIB. Se trata de la mayor acumulación de deuda por parte de nuestro país en un siglo. El Estado debe más de un billón de euros, una factura de 23.000 euros por cada español, niños incluidos.

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ZP y Rajoy han aumentado en 14.700 euros la deuda por cada español

Según los datos publicados ayer por Manuel Llamas en Libre Mercado, desde el inicio de la crisis en 2007 la deuda pública oficial se ha disparado en casi 608.000 millones de euros, es decir, que ha aumentado un 145%. De los 23.000 euros por cabeza que he señalado antes, los españoles debemos a la pésima gestión de Zapatero y de Rajoy un incremento de 14.700 euros.

Lo que implican estas cifras es que tenemos un país hipotecado y asfixiado por las deudas. De una situación tan grave cabría esperar -si tuviésemos una clase política responsable- una reflexión que diese lugar a medidas para disminuir el volumen de la deuda y aliviar el ya insoportable esfuerzo fiscal que afrontan los españoles (recordemos que estamos soportando el mayor esfuerzo fiscal de la Eurozona). Pero obvia decir que, salvo honrosas excepciones, nuestra clase política abunda en cualquier cosa menos en sentido de la responsabilidad. Ayer mismo, mientras se conocía el dado de nuestro récord de deuda, el gobierno despilfarraba otros 70 millones en ayudas al carbón y subvenciones a sindicatos, patronal y otras asociaciones. De toda esa partida, la mayor parte, 50 millones, se lo llevan las ayudas al carbón, una explotación minera antirrentable, pero no importa, porque ya estamos los contribuyentes para sostenerla.

¿Es ‘austericidio’ que el Estado expolie a los contribuyentes?

A pesar de los datos y de los hechos, en medios, partidos y asociaciones de izquierda se ha popularizado la denuncia de un supuesto “austericidio”, según la cual, los recortes en el gasto público (¿?) están conduciendo a nuestra sociedad a una situación dramática. La realidad es muy distinta. Tanto Zapatero como Rajoy apostaron por subir los impuestos como remedio para nuestros problemas, y con ello han conseguido convertir a España en la campeona europea del paro. No cabía esperar otra cosa, y muchos llevamos años advirtiéndolo: cuanto más saquea el Estado a los ciudadanos y en especial a las empresas, más dificultades tienen éstas para continuar con su actividad y más problemas tienen las familias para ahorrar. En 2009 el contribuyente medio español ya no llegaba a mileurista y tenía que pagar al Estado casi 4.000 euros al año. Sin ahorro no hay crédito, y sin crédito no hay forma de financiar nuevos proyectos empresariales. Y cuando una empresa cierra como consecuencia del expolio estatal, los que antes percibían un sueldo pasan a integrar la cola de los aspirantes a percibir un subsidio estatal, lo que aumenta el gasto público y -de acuerdo con la mecánica socialista que siguen tanto el PSOE como el PP- también la presión fiscal para sostenerlo. Este círculo vicioso ha llevado a nuestra nación a una situación económica y social muy alarmante.

El exagerado gasto público está asfixiando a la sociedad y a nuestra economía

Hoy en día, el exagerado gasto público y el infierno fiscal que soportan los españoles para financiarlo son un magnífico repelente para los inversores, un problema que se agrava, además, por culpa de una considerable inseguridad jurídica generada en gran medida por la corrupción política, y también por el mapa de 17 taifas, cada una con sus correspondientes normas, que tiene que afrontar cualquier incauto que venga a España a invertir su dinero en el ámbito empresarial. Por si no nos bastase con lo que estamos soportando, algunos lumbreras incluso quieren empeorar la cosa, empeñados como están en cargarse todo incentivo para la iniciativa privada, que es la única vía que tiene una sociedad de encontrar la prosperidad. Porque por mucho que insistan algunos, que el Estado se dedique a vaciarnos los bolsillos sólo sirve para fomentar la corrupción, el clientelismo y la miseria, pues una economía empieza a irse al garete cuando los particulares se quedan sin recursos para invertir a causa del expolio estatal, y eso es exactamente lo que hemos vivido y seguimos viviendo en España. Y es que lo que sufrimos no es un “austericidio”, como dicen algunos, sino un “despilfarrocidio”: un asalto a la sociedad por parte del Estado que hasta ahora sólo ha servido para destruir empleo y riqueza. Ya va siendo hora de decir basta y de romper este círculo vicioso, apostando por la única vía sensata para salir de este atolladero: acabar con el Estado-elefante.

Hay que tomar todo esto en cuenta a la hora de votar

El déficit comercial se duplica en el primer semestre debido, sobre todo, al aumento de las importaciones, lo cual es un síntoma de debilidad.

EL DÉFICIT COMERCIAL SE DUPLICA

Uno de los principales y auténticos brotes verdes que presenta la economía española empieza a mostrar los primeros síntomas preocupantes de debilidad. Se trata del sector exterior, uno de los escasos motores económicos del país en estos últimos años. Y no tanto por el frenazo exportador, como por el aumento sustancial de las importaciones.

España registró un déficit comercial de 11.882,4 millones de euros en el primer semestre del año, casi el doble que hace ahora un año, cuando esta misma brecha se situó en 5.824,2 millones de euros.

Según el informe del Ministerio de Economía publicado este lunes, las exportaciones moderaron su crecimiento, tras avanzar apenas un 0,5% interanual, hasta 119.265,3 millones de euros. Las importaciones, por su parte, sumaron 131.147,7 millones, lo que supuso una subida del 5,3%. De este modo, la tasa de cobertura (porcentaje de las importaciones que pueden pagarse con las exportaciones) se situó en el 90,9 %, lo que significa 4,4 puntos inferior a la del mismo período del año pasado (95,3%).

Es un indicador negativo, ya que significa que España se está endeudando de nuevo con el exterior (las importaciones superan a las exportaciones) para poder financiar su consumo e inversión a nivel interno, en lugar de emplear su propio ahorro (la exportaciones superan a las importaciones) o atraer grandes flujos de capital externo.

"Un país que importa más de lo que exporta es un país que consume más de lo que produce: un país que se endeuda. Y España se sigue endeudando", aclara el economista Juan Ramón Rallo. "Que con 6 millones de parados sólo podamos aumentar el gasto interno importando y no produciendo dentro ilustra nuestros problemas de fondo", advierte.

En esta misma línea, el economista Javier Santacruz añade que lo más preocupante de estos datos no es que no seamos competitivos (las exportaciones se estancan), sino que "las importaciones se disparan para financiar el consumo interno", como muestra el aumento internaual de la compra exterior de automóviles (+17,6%) y bienes de consumo no duradero (+19,1%).

De hecho, las importaciones no aumentan por los productos energéticos, que descienden un 4,1% internaual, sino por los bienes no energéticos (+8%), lo cual indica que la economía española precisa de nuevo financiación exterior para sufragar su consumo y, en menor medida, su inversión.

"Malas noticias", añade. Ambos indicadores reflejan, por un lado, el parón del comercio mundial, pero, por otro, un menor peso del sector exterior en el PIB nacional, ya que está contribuyendo negativamente.

La brecha exterior es clave

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La brecha exterior de España es un factor clave. España ha vivido de prestado durante largos años, acumulando una ingente deuda externa para mantener su nivel de consumo e inversión -su nivel de vida-. Entre 2002 y 2007, España fue acumulando un creciente déficit exterior, ya que cada vez vendía menos al extranjero (exportaciones) y compraba más (importaciones), con lo que su deuda externa fue en aumento.

Este desequilibrio se refleja en un indicador muy concreto, el déficit por cuenta corriente, que en 2007 alcanzó un récord histórico próximo al 10% del PIB. Es decir, el conjunto del país precisó ese año una financiación exterior cercana a 100.000 millones de euros para sufragar su nivel de consumo e inversión.

Sin embargo, tras el estallido de la crisis, y por primera vez desde la entrada en el euro, empezó a registrar superávit por cuenta corriente, lo cual significa que dejó de pedir prestado al exterior, presentando incluso capacidad de financiación para comenzar a amortizar su deuda externa. Se trata de un dato importante porque las economías con superávit exterior registran, por norma general, un menor perfil de riesgo que las deficitarias, lo cual se traduce en menores costes de financiación (prima de riesgo país).

Además, cabe señalar que, por primera vez en la historia, España logra corregir este desequilibrio sin devaluar artificialmente su moneda sino mediante un proceso de ajuste interno, consistente en la depreciación relativa de activos, reducción de salarios y amortización de deudas por parte del sector privado. De hecho, si en las últimas tres devaluaciones de la peseta España consiguió mejorar hasta 4,7 puntos su saldo exterior, el ajuste actual asciende a más de 10 puntos del PIB en el último lustro.

Sin embargo, el hecho de que el déficit comercial vuelva a aumentar tras el mínimo repunte económico registrado en los últimos trimestres es una señal de debilidad, ya que demuestra la elevada dependencia que sigue teniendo España de la financiación exterior para mantener su nivel de consumo e inversión.

¿Cuáles son las señales que hacen sospechar que la deuda pública está a punto de estallar? O sea que su precio difícilmente puede subir más y se puede esperar una caída brusca de su precio.

Cuando uno compra deuda pública puede obtener ganancias de dos formas diferentes:

1ª-A través del cupón que se cobra periódicamente o la diferencia entre el importe de reembolso y el de compra(caso de las letras).Este suele ser el caso habitual del inversor persona física, ya que suele esperar al vencimiento del título de deuda pública.

2ª-A través de la diferencia del precio de venta del título y el de compra( plusvalía).Por su puesto, se tiene que dar la situación de que vayan cayendo los intereses de la deuda para que el precio de los títulos vayan subiendo(caso actual).

La razón por la que indico que hemos llegado al final de la burbuja es porque los intereses ya casi no pueden bajar más(negativos)y por tanto los precios de los títulos no pueden subir más: ni se puede ganar vía cupón ni vía plusvalía y además el riesgo de impago o retraso de cobro es evidente.

¿Por qué sigue comprando deuda pública la banca?

Si hoy día, la deuda pública se sigue comprando a pesar de que dé rendimientos irrisorios(sobre todo la de corto plazo), es porque la banca tiene muchos problemas para gestionar su abundante liquidez y porque el BCE cobra por mantener dinero en su caja. Por otro lado, la banca pide prestado al BCE para obtener rendimientos con los títulos de más plazo.
Digamos que la banca todavía tiene un negocio con los títulos de largo plazo y que para pedir prestado al BCE se aceptan títulos de deuda pública como garantía. Este sistema de garantía lo que hace es garantizar al Estado que la banca comprará deuda pública.¿Hasta cuándo y de qué plazos?
De momento se compra deuda a corto plazo para gestionar la abundante liquidez que tiene la banca y la de largo plazo porque es el verdadero negocio de la banco hoy ante la mala situación del tejido empresarial privado.

Otra cosa que hay que contar y que puede ayudar a explicar la caída de los interese de la deuda pública es que el propio Estado esté acudiendo a comprar la deuda antigua(cupón más alto) en el mercado secundario para reducir costes, ya que puede emitir(mercado primario) a un coste menor.Se trataría de reducir claramente el plazo medio de la deuda pública.

¿Cuáles son los próximos escenarios posibles en relación al BCE, a los Estados y banca?

Aunque está prohibido que el BCE financie directamente al Estado, de facto se está produciendo desde el mismo momento que se admite como garantía para pedir prestado al BCE la propia deuda pública.

¿Es posible que la banca no acuda en un momento dado al préstamo barato del BCE?

Si esto ocurre, qué siguiente opción le queda al BCE para forzar la inflación y garantizar que pague el Estado.

-Próximo escenario: el BCE compra deuda pública.

Mario Draghi ya insinuó el 6-9-12 la posibilidad de comprar bonos,imaginamos que se refería a la deuda publica más que a la privada.
¿En el mercado primario o secundario?Si las nuevas emisiones no son cubiertas por los inversores privados,se vería obligado el BCE a acudir al rescate antes de que no pague el Estado.

-Escenario final: al Estado no le compran la deuda pública que pretende emitir(mercado primario)y empieza a impagar intereses y vencimientos de deuda pública.Como esto no le va a ocurrir a un solo Estado sino que serán varios, el BCE se verá obligado a condonar deuda(monetizar deuda).Se tendrá que acordar qué importe se condonará a cada Estado.El Estado no puede dejar de pagar la deuda pública porque llevaría consigo a la banca y a la seguridad social, principales tenedores de deuda pública.

Vamos hacia una monetización de deuda si los Estados no consiguen reconducir sus economías hacia el crecimiento, empleo y ajuste presupuestario en poco tiempo.

¿Cuánto tiempo puede aguantar el Estado con déficit público y un paro de más del 20% sin que suban los intereses de la deuda o no pague?

¿Se han preguntado alguna vez cómo los políticos ven tan normal la deuda pública que tenemos y el déficit público de cada año?
¿A que en su casa no podrían administrarse con tanta ligereza?
Se imaginan la razón:la moneda fiduciaria y el banco central a disposición del Estado.

Hoy día es inimaginable un Estado o comunidad sin su gran poder: emitir dinero sin respaldo real.

¿SE IMAGINA UNA ECONOMÍA DE TRUEQUE HOY?

Ni la banca ni los políticos tendrían el poder que tienen hoy sobre todos nosotros.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó un nuevo récord en el segundo trimestre del año al sumar 1.012.643 millones de euros, lo que supone el 98,9% del PIB y un incremento del 1,6% en relación con el trimestre anterior, según los datos del Banco de España.

De este modo, la deuda pública comienza el año con un fuerte repunte y se va aproximando al objetivo para todo el año, que se sitúa en el 99,5% del PIB. Desde 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis, la deuda de España no ha dejado de crecer año tras año y desde entonces se ha más que duplicado, pasando de los 436.984 millones de euros (el 40% del PIB) a más de un billón de euros en este trimestre (el 98,9% del PIB).

En concreto, la deuda del Estado se situó en 885.232 millones de euros, también nuevo récord, lo que supone ya el 86,4% del PIB y un aumento del 2,2% respecto al primer trimestre, mientras que el endeudamiento de las comunidades autónomas repuntó hasta los 228.234 millones de euros, un 1,4% más que entre enero y marzo de este año.

Las corporaciones locales, por su parte, se mantuvieron prácticamente estables en el segundo trimestre, con una deuda de 41.994 millones de euros, el 4,1% del PIB, mientras que la Seguridad Social se quedó con una deuda de 17.203 millones de euros, prácticamente el mismo importe que un trimestre antes (17.188 millones).

Este trimestre, las cifras de deuda se ven afectadas por un cambio metodológico, puesto que se han aplicado por primera vez los criterios del SEC 2010, nuevo sistema europeo de cuentas en vigor desde el 1 de septiembre. La nueva metodología, con la que se ha actualizado ya toda la serie histórica, ha elevado la cifra de deuda en 6.000 millones.

Según ha indicado el Banco de España, en el caso español el cambio de criterios ha supuesto que diversas unidades públicas hayan pasado a clasificarse dentro del sector de las administraciones públicas, lo que ha afectado a la composición de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales  

Igualmente, afecta al ratio deuda/PIB y lo incrementa en medio punto, aunque la cifra es provisional y se recalculará cuando la nueva metodología se aplique también a las cifras de Contabilidad Nacional a finales de este mes (25 de septiembre). Fuentes del Banco de España explicaron que la deuda bajará en la misma proporción que suba el PIB con la nueva metodología. El INE dijo hace tiempo que el cambio de base elevaría la riqueza nacional entre un 2,7% y un 4,5%. En este sentido, el supervisor financiero avisa de que la cifra del 98,9% tiene un "marcado carácter provisional" y debería considerarse exclusivamente como una señal sobre la evolución de la deuda, pero no sobre su nivel. "La ratio de deuda publicada hoy disminuirá apreciablemente", ha señalado.

Deuda por comunidades...

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La deuda sube en 7.144 millones en junio y supone el 98,8% del PIB.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en 7.144 millones de euros en junio, hasta 1,162 billones de euros, un 0,6% más que en mayo y un nuevo máximo histórico, y representa en torno al 98,8% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. Con este repunte en el sexto mes del año, la deuda pública continúa la alcista después de haberse incrementado en 4.935 millones de euros en mayo y marca nuevo máximo histórico, superando el registrado el pasado mes de marzo (1,160 billones de euros).

En términos interanuales, la deuda de las administraciones públicas creció en 27.808 millones de euros, un 2,45% más que en junio de 2017. Tras el avance de junio, la ratio de deuda sobre el PIB se situó en el entorno del 98,8%, por encima del objetivo marcado para este año del 96,8% del PIB.

Por administraciones, gran parte del repunte de la deuda pública en junio se debe al aumento de la deuda del Estado, que avanzó en 10.006 millones de euros, hasta superar los 1,019 billones de euros, lo que supone un incremento mensual del 1% y un alza interanual del 4,4%. Al mismo tiempo, la deuda de las comunidades autónomas aumentó también en junio en 1.058 millones, un 0,36% más respecto al mes anterior y un 2,3% más frente a junio de 2017, hasta situarse en 292.372 millones de euros. Por su parte, el endeudamiento de las corporaciones locales subió en 485 millones, hasta los 29.349 millones, un 1,7% más respecto a mayo pero un 9,5% inferior a hace un año.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social aumentó en 7.501 millones de euros respecto a mayo, hasta los 34.888 millones, lo que supone un avance mensual del 27,4% y un repunte interanual del 7,6%, puesto que en junio de 2017 era de 32.429 millones de euros.

Por instrumentos

Por instrumentos, los valores representativos de deuda volvieron a representar el mayor porcentaje de endeudamiento, con un 85,5% del total, si bien aumentaron un 0,7% respecto a mayo, hasta situarse en 994.934 millones de euros. Los valores a largo plazo, que en junio se situaron en 929.040 millones de euros, se incrementaron un 0,8% respecto a mayo, mientras que los valores a corto plazo alcanzaron 65.894 millones de euros, un 1,3% menos.

Los préstamos bajaron en 414 millones en el sexto mes del año, hasta los 163.444 millones. Los préstamos a corto plazo se incrementaron hasta los 11.511 millones y los de largo plazo disminuyeron hasta los 151.933 millones de euros. LD.

SEGÚN DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas aumentó en noviembre en 8.248 millones de euros, hasta alcanzar los 1.169.224 millones, según los datos actualizados hoy por el Banco de España.

Estos datos reflejan que el incremento se debe principalmente al aumento de la deuda del Estado, que sumó 9.151 millones de euros en noviembre, con lo que pasó de 1.020.528 a 1.029.679 millones.

Además, la deuda de las comunidades autónomas subió de 292.410 millones a 292.825 millones (415 millones más), en tanto que la Seguridad Social pasó de una deuda de 34.863 millones a una de 41.193 millones (6.330 millones más), como consecuencia del préstamo concedido por el Estado para abonar la nómina de las pensiones de noviembre, que incluye la paga extra de Navidad.

Las corporaciones locales fueron las únicas que redujeron su deuda, al pasar de un endeudamiento de 26.913 millones a 26.391 millones al cierre de noviembre, 522 millones menos.

Del total de la deuda en noviembre, la gran mayoría estaba a largo plazo (944.042 millones) y el resto, a corto plazo (67.670 millones), en préstamos (152.818 millones) y en efectivo y depósitos (4.694 millones).

Pedro Sánchez sigue endeudando las cuentas públicas. Las cifras que el Banco de España ofreció hace unas semanas confirman que el dirigente socialista no tiene ningún reparo en endeudar al país.

Teniendo en cuenta a la evolución de los datos, se puede decir que Pedro Sánchez ha disparado la deuda en casi 18.000 millones de euros en solo 10 meses.

El pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas alcanza los 1,183 billones de euros, cifra que supera en más de 30.000 millones a la registrada durante el mismo mes del año pasado; representa un aumento de 10.000 millones respecto al cierre de 2018; y, a su vez, una reducción de unos 17.000 millones frente al pasado mes de marzo.

No es de extrañar que Pedro Sánchez tenga tanto interés en aumentar los impuestos a todos los españoles. Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez insiste que la clase media no se verá afectada, los economistas avisan que todos los españoles se verán afectados por el aumento de la presión fiscal.

Decidido a arruinar España

El Ejecutivo de Pedro Sánchez puede anotarse otro 'éxito' en la gestión económica: la deuda se ha disparado como nunca en el último año. En concreto, y según datos del propio Gobierno, la deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó en 12.400 millones de euros en mayo, hasta los 1,19 billones de euros, con lo que se acerca al 98% del PIB. Vuelven así a rozar máximos históricos tras haber bajado en el mes de abril, de acuerdo con las cifras publicados por el Banco de España.

Específicamente la deuda pública aumentó un 1% en mayo respecto al mes anterior, al alcanzar los 1,19 billones de euros, y repuntó un 3,3% respecto al mismo mes del año pasado, al elevarse en 38.688 millones de euros en el último año.

Con la metodología utilizada por el Ministerio de Economía y Empresa (interpolación lineal entre el último PIB nominal conocido y el previsto a 31 de diciembre de 2019), el porcentaje de deuda sobre el PIB se situó en mayo en el 97,5%, frente al 97,09% de diciembre de 2018.

"El dato de mayo de 2019 es, pues, consistente con el objetivo de ratio deuda-PIB del 95,8% para final de 2019 que figura en el Programa de Estabilidad 2019-2022", sostiene el departamento de Nadia Calviño, que ha explicado además que el saldo mensual tiene una evolución volátil condicionada por la concentración de emisiones en los primeros meses del año y de los vencimientos en enero, abril, julio y octubre.

La deuda pública está desbocada con Sánchez

En esos meses se producen habitualmente reducciones del saldo, mientras que en los restantes meses el saldo aumenta, especialmente en la primera mitad del año.

Solo los ayuntamientos han contenido la deuda

Por administraciones, la deuda del Estado explica casi todo el aumento de la deuda pública en mayo, ya que aumentó a nivel mensual en 9.082 millones, hasta los 1,051 billones de euros. Respecto al ejercicio anterior, aumentó un 3,9%, al sumar 40.141 millones de euros en un año.

La deuda pública de las comunidades autónomas también contribuyó al aumento el endeudamiento total en mayo, ya que se elevó en 1.638 millones de euros, hasta los 298.568 millones de euros. A nivel interanual aumentó un 2,6%.

En cambio, las corporaciones locales redujeron su endeudamiento en 290 millones en mayo respecto al mes de abril, hasta los 26.040 millones, con lo que en el último año recortaron su deuda en 2.871 millones, un 10% menos.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social subió un 4,1% en mayo y se situó ya en 46.821 millones de euros, nuevo máximo, mientras que a nivel interanual registró un alza del 71%, con 19.434 millones de euros más.

La deuda pública no para de subir y en junio volvió a batir su propio récord al superar los 1,21 billones de euros, una cifra que según el Ministerio de Economía equivale al 98,3% del PIB nacional. Es decir, el país debe casi todo lo que es capaz de producir en un solo ejercicio, muy lejos del ratio límite del 60% sobre PIB que establece la Comisión Europea como indicador de saneamiento financiero. Si se divide por cada habitante del país, la deuda soportada asciende ya a 25.900 euros.

El Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño ha asegurado este mismo martes que, a pesar del nuevo repunte veraniego, su previsión es reducir el ratio deuda/PIB al 95,8% al final de este ejercicio aprovechando la mejora económica y el menor coste por intereses en el actual escenario de tipos negativos en la zona euro.

No obstante, este reto presenta serias incertidumbres. La primera es la amenaza de frenazo económico a nivel global y su previsible contagio a España, que podría materializarse este mismo trimestre según las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La previsión oficial es que el PIB crezca un 2,2% este año y Calviño ha insinuado incluso la posibilidad de revisar la cifra al alza, si bien la monitorización continua que hace la Airef abre ya la puerta a que no se alcancen estas cotas. Y a menor PIB, mayor ratio de deuda.

La segunda gran amenaza es la incapacidad de algunas administraciones y, sobre todo, de la Seguridad Social para equilibrar sus cuentas y taponar su hemorragia financiera. Este organismo público debe a junio de 2019 la cifra de 48.693 millones de euros, 14.000 más que en el mismo del ejercicio anterior. La previsión de la Airef es que su déficit alcance el 1,3% al final del ejercicio por la descompensación demográfica y la falta de ingresos para sostener el pago de las pensiones.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas también elevaron su deuda en más de 6.700 millones de euros con respecto al pasado año. Hasta el mes de mayo las regiones elevaron su déficit público un 13% y lo situaron de media en el 0,34% del PIB, por encima del objetivo fiscal marcado por el Estado. Sigue en El Mundo.

La deuda pública alcanza el 98,9% del PIB en el segundo trimestre.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en el segundo trimestre del año los 1.210.915 millones de euros, con lo que marcó nuevo máximo histórico al elevarse en 10.470 millones de euros (+0,9%) respecto al anterior trimestre, con lo que se situó en el 98,9% del PIB, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.

En concreto, utilizando el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, la ratio de deuda sobre PIB se situó en el 98,9% en el segundo trimestre del año, en línea con el trimestre anterior, pero tres décimas por encima del mismo periodo del año pasado (98,6% del PIB), además de estar alejado del objetivo marcado por el Gobierno para este año, del 95,8% del PIB.

En términos absolutos, la deuda pública alcanzó su nivel anual más alto de la historia, con 1,21 billones de euros, por encima del ejercicio 2018 (1,173 billones de euros), 2017 (1,145 billones de euros), 2016 (1,104 billones de euros) y 2015 (1,07 billones de euros). De hecho, el saldo de deuda se elevó un 3,9% en términos interanuales y un 0,9% en términos trimestrales.

Sube en todas las administraciones

Por administraciones, la deuda se incrementó a nivel interanual tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social.

En concreto, la deuda de la Administración Central del Estado se elevó a 1.075.480 millones de euros en el segundo trimestre, lo que supone un incremento interanual del 3,9% y del 0,5% a nivel trimestral. La cifra representa el 87,8% del PIB, el máximo histórico alcanzado por el Estado.

Por su parte, el endeudamiento de las comunidades autónomas creció hasta los 300.587 millones de euros, el 24,6% del PIB, con un aumento del 2,5% interanual y del 1,2% trimestral.

Por el contrario, la deuda de las corporaciones locales se situó en 26.233 millones de euros, lo que supone un 10,7% menos que hace un año pero un 1% más que el trimestre previo, representando la deuda de los ayuntamientos el 2,1% del PIB.

De su lado, el saldo de deuda de las administraciones de la Seguridad Social marcó también nuevo máximo histórico, al alcanzar los 48.693 millones de euros, un 39,6% más a nivel interanual por los préstamos y un alza del 18,2% trimestral. En términos de PIB, marca también récord al superar el 4% del PIB.

Las CCAA se siguen endeudando

Dentro de las comunidades autónomas, Cataluña (79.243 millones de euros), Comunidad Valenciana (47.894 millones), Andalucía (36.356 millones) y Madrid (34.584 millones) siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos en el primer trimestre, con aumentos en todos los casos, salvo en la Comunidad de Madrid, que descendió.

A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (14.998 millones), Castilla y León (12.708 millones), Galicia (11.685 millones), País Vasco (10.752 millones), Murcia (9.699 millones) e Islas Baleares (9.364 millones).

Cierran la tabla Aragón (8.467 millones), Canarias (6.623millones), Asturias (4.873 millones), Extremadura (4.970 millones), Navarra (3.475 millones), Cantabria (3.179 millones) y La Rioja (1.717 millones).

En porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 42,2%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 35,3%, y Cataluña con el 33,9%.

En cambio, País Vasco (14,3%), la Comunidad de Madrid (14,9% del PIB) y Canarias (14,2%) son las que menor deuda tienen respecto al PIB.

Madrid y Barcelona, la rebajan

Por tamaño de ayuntamientos, los de más de 500.000 habitantes acumularon una deuda de 5.405 millones de euros, mientras que aquellos con más de 300.000 y menos de 500.000 la mantuvieron en 794 millones, en tanto que la del resto de capitales permaneció en 2.590 millones.

Entre los que cuentan con más de 300.000 habitantes, Madrid, con una deuda de 2.689 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, seguida de Zaragoza (830 millones) y Barcelona (800 millones). No obstante, las tres han reducido su endeudamiento respecto al año pasado y al trimestre anterior. LD.

>>> Evolución histórica de la deuda pública española

Varios economistas europeos, incluyendo destacados miembros de PSOE y de Podemos, han propuesto que el Banco Central Europeo condone toda la deuda pública que les ha comprado a los Estados de la Eurozona. Se nos dice que esta operación sólo acarrearía beneficios y no tendría coste alguno. Pero, ¿es así? ¿Quiénes saldrían perdiendo por la condonación?


Juan Ramón Rallo

El Gobierno pretende imponer nuevos incrementos impositivos a grandes fortunas y multinacionales

La economía francesa ha tocado fondo. Con uno de los peores déficits de la historia y una deuda pública en ascenso, es el país de la Unión Europea con mayor presión fiscal. El nuevo Gobierno de Michel Barnier ha anunciado medidas y apunta a subidas impositivas a ricos y empresas para revertir la situación.

Los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) mostraron la alarmante situación de las finanzas galas. En solo tres meses, la deuda pública se ha incrementado en 68.900 millones hasta los 3,2284 billones de euros, el 112 % del PIB.

El Ejecutivo francés teme que el déficit público supere el 6 %, el doble de lo estipulado en las reglas fiscales y que ha obligado a la Comisión a abrir a Francia un procedimiento de supervisión. Además, la ralentización de su economía ha provocado que la prima de riesgo del país –la diferencia de rentabilidad de sus bonos respecto al alemán, considerado el más seguro– ha superado a la española por primera vez desde 2007.

«La espada de Damocles que pende sobre nosotros es nuestra colosal deuda financiera», señaló Barnier ante la Asamblea Nacional este martes. El problema del nuevo Ejecutivo galo es su poco margen de maniobra. Francia es el país de la Unión Europea con mayor presión fiscal –recaudación total de impuestos entre el PIB– y el Gobierno no quiere arriesgarse a nuevas subidas que desemboquen en protestas como las sufridas en 2018.

La solución para el país vecino podría encontrarse en los impuestos extraordinarios procedentes de grandes fortunas y empresas, al estilo de los aplicados por Pedro Sánchez en España. La próxima semana, el ministro de Economía, Antoine Armand, presentará al proyecto de ley de finanzas para 2025 y ya ha deslizado que serán los sueldos más altos y las empresas con beneficios las que sufran un aumento de la presión fiscal. Estos impuestos serán «temporales», aunque el titular de Finanzas no ha querido entrar en detalle.

Según la prensa francesa, el Gobierno pretende aumentar la recaudación entre 15.000 y 18.000 millones de euros entre el incremento de la tributación para rentas altas (3.000 millones), de la presión fiscal sobre empresas (8.000 millones) y la tributación de las energéticas y la compra de acciones (6.000 millones).

En España, el impuesto «temporal» a banca y energéticas apenas recaudó 2.859 millones de euros en 2024, cifra prácticamente idéntica al año anterior, mientras que el ingreso por el gravamen a grandes fortunas se desplomó un 94 %, hasta los 38 millones, por la activación del impuesto de patrimonio en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Son cifras, en definitiva, muy por debajo de los 10.000 millones que el Gobierno preveía recaudar en los dos años de vigencia.

Lo sorprendente es que el conservador Barnier haya propuesta una medida que va en consonancia con las tesis más izquierdistas y que han provocado un éxodo de millonarios europeos hacia Asia y Estados Unidos ante el temor a un aumento de la presión fiscal, como señaló hace unas semanas la consultora Henley & Partners.

Tampoco parece que en el seno de la Unión Europea haya unanimidad. Las reglas fiscales exigen a los Estados miembros una ratio de deuda pública por debajo del 60 % del PIB y un tope del déficit del 3 %, pero, al mismo tiempo, la Comisión Europea arropa el plan de Mario Draghi que propone un endeudamiento por valor de 800.000 millones de euros para recuperar la senda de la competitividad. En esta tesitura, parece improbable que países como Francia, España, Italia, Grecia, Portugal o Bélgica –aquellos con una deuda superior al 100 % de su PIB– muestren interés por hacer sus deberes.

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