¿Por qué sube tanto la luz?

El coste de la energía en el mercado (subasta) tan sólo representa el 35% de la factura. El resto son factores que dependen del Gobierno.

En los últimos días, el precio de la luz ha levantado una intensa polvareda a nivel político y social, generando con ello una mayor confusión entre la opinión pública sobre una materia que ya de por sí es muy compleja. En primer lugar, el Gobierno incumplió su promesa de cubrir el déficit de tarifa generado en 2013 -unos 3.600 millones de euros- mediante los Presupuestos Generales del Estado para evitar desviarse del objetivo de déficit público fijado por Bruselas.

Como consecuencia de esta decisión, el Ministerio de Industria anunció que elevaría los peajes de acceso (la parte regulada del recibo que fija el Gobierno), lo cual se traducirá en una subida de la luz de entre un 1% y un 2% para el consumidor final, pese a que el responsable de este departamento, José Manuel Soria, afirmó lo contrario pocos días antes.

Pero este particular revuelo alcanzó su cénit el jueves, cuando la subasta eléctrica (la parte del recibo que depende del mercado) se zanjó con una subida de casi el 30%, lo cual, trasladado al recibo final, supondría para familias y empresas un encarecimiento superior al 10% a partir de enero, causando con ello un considerable alarmismo social y mediático.

El mensaje del Gobierno

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La reacción del Gobierno no se hizo esperar. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), regulador controlado por el poder político, decidió en la madrugada de este viernes invalidar el resultado de la subasta, empleando como argumento la "concurrencia de circunstancias atípicas" que, hoy por hoy, todavía no ha precisado.

Cabe recordar que nada más conocerse la subasta, Gobierno, PP y la inmensa mayoría de partidos políticos apuntaron a una supuesta manipulación orquestada por las eléctricas para elevar de forma artificial el precio de la luz. Empresas y expertos del sector, por el contrario, han negado de forma rotunda tal acusación. Pero, más allá de quién tenga o no razón, la cuestión es que Industria ya ha anulado la polémica subida y ahora trabaja en la elaboración de un nuevo mecanismo "alternativo" al de la subasta para determinar el precio de la energía en el mercado mayorista.

Así pues, la posición del Gobierno -y del poder político, en general- es evidente: el brusco encarecimiento que pretende imponer el mercado es "inaceptable" y, por tanto, el Estado debe intervenir para poner orden. Pero lo que no dice el Ejecutivo es que los españoles soportan hoy una de las facturas eléctricas más caras de la UE debido, precisamente, a ese mismo intervencionismo público.

El propio Ministerio de Industria admite que se ha disparado algo más de un 80% desde 2004. Sin embargo, este aumento no se debe a los precios del mercado sino a los costes regulados, cuya evolución depende del Gobierno. La factura de la luz -excluyendo impuestos- se divide en dos grandes bloques:

  Precio libre (coste de la energía): lo que le cuesta la electricidad a la empresa que nos la vende (subastas en el mercado mayorista).

  Precio regulado (peaje de acceso): refleja el coste de acceder a las redes, y su precio lo fija arbitrariamente el Gobierno de turno. Aquí se debería incluir el coste total que supone transportar y distribuir la energía (actividades reguladas por el Estado), pero también abarca el coste de la moratoria nuclear de Felipe González, los planes de eficiencia y ahorro energéticos, los sobrecostes de la electricidad en Canarias y Baleares, las primas para el carbón nacional, las primas a las energías renovables y la cogeneración, así como la financiación del déficit de tarifa de años previos.

La subasta refleja poco más del 40% del coste

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La polémica subasta del jueves se encuadra en el precio libre, y pesa algo más de un 40% en la factura, siempre y cuando se excluyan impuestos. En concreto, este mecanismo, llamado CESUR, refleja el coste de la energía que tienen que pagar los clientes acogidos a la tarifa de último recurso (TUR), unos 18 millones de consumidores en España (familias y pymes), y se celebra cada tres meses.

El mercado mayorista fijó un precio de 6,18 céntimos de euro por KWh para el período que va de enero a marzo, casi un 30% más que el presente trimestre, pero como este coste supone poco más del 40% de la factura, una vez realizados los ajustes pertinentes, se traduciría en un encarecimiento del 10,5% para el consumidor final.

¿Mucho o poco? Mucho si se compara con el precio vigente este trimestre, pero poco si se amplía la perspectiva temporal. Lo cierto es que el precio libre de la energía, es decir, el que depende directamente del mercado, se ha mantenido más o menos estable a lo largo de la última década. El precio libre de la energía es prácticamente el mismo que en 2004. De hecho, tal y como recuerda Juan Ramón Rallo, el precio de la polémica subasta es un 15% inferior en términos nominales (casi 25% en términos reales si se descuanta la inflación) al que se alcanzó en el tercer trimestre de 2008, y hasta un 7% inferior en términos reales al precio medio del mercado diario de generación eléctrica de todo 2005. Dicho de otro modo, el precio libre no ha subido en los últimos años.

Por tanto, la subida de la factura ha de buscarse en la parte que depende del Gobierno, los costes regulados, cuya peso en la factura -sin impuestos- es algo inferior al 60%. Su evolución no deja lugar a dudas: los costes eléctricos que dependen del Gobierno se han triplicado desde 2004, hasta rondar los 21.000 millones de euros en 2012.

Pese a ello, los políticos se han negado a trasladar todos estos costes al recibo que pagan los consumidores, ya que subir la luz es impopular -resta votos-. Así, mientras dichos costes se triplicaban, los peajes de acceso (la parte del recibo que fija el Gobierno) también subían, pero en menor medida -casi se han duplicado desde 2004-.

La diferencia entre costes regulados y peajes de acceso es lo que se conoce como déficit de tarifa, cuya cuantía no ha dejado de crecer en la última década -rondará los 30.000 millones de euros al cierre de 2013-. Es decir, los españoles pagan uno de los recibos más caros de la UE y, aún así, no cubre el coste real de producir electricidad en España.

Así pues, el encarecimiento del recibo final de la luz se debe a la parte regulada -dependiente del Gobierno, no del mercado-. Y, más concretamente, a la burbuja de las renovables, tal y como refleja el siguiente cuadro -las subvenciones a la cogeneración y energías renovables han crecido un 600% desde 2004-.


Y a todo ello hay que sumarle los correspondientes impuestos. El siguiente gráfico resume cómo se desglosa la factura eléctrica final en España, incluyendo impuestos: el coste de la energía en el mercado (subastas CESUR), eliminando primas y subvenciones, asciende a cerca del 35% de la factura total; casi el 22% corresponde a primas verdes y subvenciones; el 20% a impuestos (IVA y tasas eléctricas); el 12,8% a distribución (llevar la energía a los consumidores); 3,7%, al transporte (líneas de alta tensión que conducen la electricidad desde las centrales hasta el entorno de las poblaciones); y el 6,6% restante a otras cargas (costes extrapeninsulares, servicio de interrumpibilidad, etc.).


Es decir, el 35% de la factura total es la que depende directamente del mercado, y el 65% restante del poder político -si se suman también los impuestos-. De este modo, eliminando tales costes políticos, la factura bajaría hasta un 65%. Pese a ello, cabe recordar que dentro de la parte regulada también se incluye la distribución y el transporte, que, siendo actividades ligadas a la generación de electricidad, están bajo el control directo del Estado en cuanto a su desarrollo y su retribución. Aún en el caso de incluirlos como actividades asociadas al mercado, dando por válidos sus actuales costes intervenidos, el precio de producir electricidad apenas ascendería al 52% del recibo total o, lo que es lo mismo, eliminando todo atisbo de intervención pública, la luz que pagan familias y empresas bajaría, como mínimo, un 50%.

Por último, cabe destacar que el precio libre de la energía no sólo se ha mantenido estable en la última década sino que, además, su peso en la factura eléctrica ha ido descendiendo de forma progresiva, conforme aumentaban la cuantía de los costes regulados, pasando del 54% al 35% en los últimos años.

RENOVABLES, DÉFICIT, IMPUESTOS...

Ayer el expresidente del Gobierno Felipe González anunció su intención de abandonar su puesto de vocal independiente en Gas Natural por tratarse de un trabajo "muy aburrido". Quizás no haya sido una ocupación estimulante para el socialista, pero sí rentable: en los tres años que ha ejercido su labor, percibió una retribución anual de 126.500 euros.

González fue nombrado consejero independiente de la compañía en diciembre de 2010 en sustitución de José Arcas, expresidente de Nestlé. Su nombramiento, que se produjo por cooptación, fue ratificado por la Junta General en abril de 2011, y se ha mantenido hasta la fecha.

Ayer, durante la presentación pública en Sevilla de su libro En busca de respuestas, el expresidente socialista anunció que dejará su puesto de consejero "no porque haya incompatibilidades, sino porque es muy aburrido".

Tras la renuncia manifestada públicamente, el expresidente continuará en el cargo hasta que su puesto sea ratificado o revocado por la próxima Junta General de Accionistas de la compañía gasista. GNF suele convocar esta reunión en primavera. Hasta que se produzca la salida oficial de González de la compañía, el expresidente podrá percibir la parte proporcional de la retribución que le corresponde como consejero.

En el momento de su nombramiento, en diciembre de 2010, la compañía que preside Salvador Gabarró justificó su elección porque su "reconocimiento como estadista y su profunda conexión con Latinoamérica le hacen especialmente indicado para ser consejero" de una multinacional que está presente en la zona.

Ayer, González aseguró que ha tenido multitud de propuestas para formar parte de distintos consejos de administración de multinacionales, tanto en España como fuera del país, pero que renunció a los cargos.

En los documentos oficiales de Gas Natural Fenosa se describe el perfil de Felipe González como abogado y presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996. Además de la retribución anual, el expresidente cuenta con acciones de la compañía. Al cierre de 2011 poseía 1.812 títulos, que un año más tarde amplió hasta 1.902, según datos facilitados por GNF a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

400.000 euros por "aburrirse"

En este país de trincheras, un dato hermana a políticos de izquierdas, derechas y nacionalistas: su afición a reengancharse en empresas energéticas tras dejar el cargo. La lista de enchufados sigue creciendo mientras la factura eléctrica se dispara y algunas empresas se llevan sus inversiones al extranjero. Los últimos en alistarse han sido Isabel Tocino, Ana de Palacio y Antonio Hernández Mancha, ungidos el martes como consejeros de Enagás, una compañía que, entre otros negocios, distribuye gas natural a las centrales de ciclo combinado. Crónica ha rastreado el staff de las energéticas a la caza de ex políticos y sus familiares. Rozan el medio centenar.

Acebes, Ángel (Iberdrola). Ex ministro del Interior y ex secretario general del PP. Miembro del consejo de administración de Iberdrola. 216.000 euros.

Aracama, José María (Gamesa). Ex consejero de Economía y Hacienda de Navarra. Consejero independiente. 100.000 euros.

Amador, Ángeles (Red Eléctrica). Ex ministra de Sanidad del PSOE. Consejera externa independiente. 182.000 euros.

Atutxa, Juan María (Iberdrola). Ex consejero del Interior del País Vasco con el PNV. Consejero de Iberdrola Ingeniería y Construcción. 46.300 euros (estimación).

Aznar, José María (Endesa). Ex presidente del Gobierno. Asesor externo de Endesa. 200.000 euros (estimación).

Azpilicueta, Manuel (Solaria). Vicepresidente del Instituto Nacional de Industria con Adolfo Suárez. Consejero independiente de Solaria. 75.000 euros (estimación).

Becerril, Carmen (Acciona). Ex directora general de Política Energética y Minas con el PP. Directora general de internacional de Acciona. Sueldo no público.

Borbón-Dos Sicilias, Carlos (Abengoa). Primo de Juan Carlos I. Consejero independiente de Abengoa Solar. Salario no público.

Borrell, Josep (Abengoa). Ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y ex presidente del Parlamento Europeo. Consejero independiente externo. 300.000 euros.

Boyer, Miguel (Red Eléctrica). Ex ministro de Economía del PSOE. Consejero externo independiente. 153.000 euros.

Cabanillas, Pío (Acciona). Ex director general de RTVE y ex portavoz del Gobierno. Director general de imagen corporativa y marketing global de Acciona. Remuneración no pública.

Cobo Cobo, Santiago (Gas Natural Fenosa). Marido de Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz. Consejero independiente de Gas Natural Fenosa. 138.500 euros.

Cuevas Tello, Ana (Red Eléctrica). Ex jefa de gabinete del secretario de Estado de Energía y Desarrollo Industrial e hija de José María Cuevas, el ex presidente de la CEOE. Directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales. Sueldo no público.

De Vicente-Tutor, Manuel (Solaria). Ex director del gabinete del director general de la Agencia Tributaria. Secretario del consejo de Solaria. Sueldo no público.

Domínguez Abascal, José (Abengoa). Ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía. Secretario general técnico de Abengoa. Sueldo no público.

Espinosa de los Monteros, Carlos (Acciona). Ex vicepresidente del Instituto Nacional de Industria. Consejero independiente. 175.000 euros.

Fernández-Cuesta, Nemesio (Gas Natural Fenosa). Ex secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales. Consejero dominical en nombre de Repsol. 126.500 euros.

Folgado, José (Red Eléctrica). Ex secretario de Estado de Energía, de Economía y de Presupuestos. Presidente de Red Eléctrica. 650.000 euros.

González, Felipe (Gas Natural Fenosa). Ex presidente del Gobierno. Consejero independiente (hasta abril). 126.500 euros.

González, Miriam (Acciona). Esposa de Nick Clegg, viceprimer ministro británico. Consejera independiente. 125.000 euros.

Hernández Mancha, Antonio (Enagás). Ex líder de Alianza Popular. Consejero independiente de Enagás a falta de confirmación por la Junta. 64.000 euros (estimado).

López del Hierro, Ignacio (Iberdrola). Marido de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha. Consejero de Iberdrola Inmobiliaria e Iberdrola Ingeniería. 75.000 euros (estimado.)

Madí, David (Endesa). Ex secretario de comunicación y estrategia de Convergència Democràtica de Catalunya. Presidente del consejo asesor de Endesa en Cataluña. 25.000 (estimado).

Majó Cruzate, Joan (Endesa). Ex ministro de Industria con el PSOE. Miembro del consejo asesor de Endesa en Cataluña. 25.000 euros (estimado).

Marín, Manuel (Iberdrola). Ex presidente del Congreso de los Diputados y ex vicepresidente de la Comisión Europea. Presidente de la Fundación Iberdrola. Sueldo no público.

Martín Villa, Rodolfo (Endesa). Ex vicepresidente del Gobierno con la UCD. Presidente de honor de Endesa. Sin remuneración.

Martínez-Rico, Ricardo(Abengoa). Ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Consejero independiente. 136.000 euros.

Medel, Braulio (Iberdrola). Ex viceconsejero de Economía de la Junta de Andalucía. Consejero independiente de Iberdrola. 297.000 euros.

Oreja Arburua, Marcelino (Enagás). Ex eurodiputado e hijo del ex comisario europeo de Energía. Consejero delegado de Enagás. 423.000 euros.

Padrol Munté, Heribert (Gas Natural Fenosa). Ex número dos de la lista de CiU al Congreso. Consejero dominical por Criteria CaixaHolding. 126.500 euros.

Palacio, Ana (EDP y Enagás). Ex ministra de Exteriores. Consejera independiente de EDP y consejera de Enagás a falta de confirmación por la Junta. 100.000 euros (estimación).

Pérez Simarro, Ramón (Enagás). Ex director general de la Energía. Consejero independiente. 72.000 euros (estimación).

Roca Junyent, Miquel (Endesa). Ex portavoz de CiU en el Congreso, padre de la Constitución y abogado de la infanta Cristina. Consejero independiente. 308.378 euros.

Rupérez, Javier (Abengoa). Ex diputado y ex embajador en EEUU. Consejero de Abengoa Bioenergy. 25.700 euros (est).

Salgado, Elena (Endesa). Ex ministra de Economía. Vocal del consejo de administración de Chilectra. 60.000 euros (est).

Sendín, Paloma (Red Eléctrica). Ex directora general de Minas. Consejera independiente. 153.000 euros.

Solana, Luis (Abengoa). Ex diputado socialista, ex director de RTVE y hermano del socialista Javier Solana. Consejero de Abengoa Bioenergy. 25.700 euros (estimado).

Solana, Gonzalo (Enagás). Ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Consejero independiente a falta de confirmación por la Junta de Enagás. 64.000 euros (estimado).

Solbes, Pedro (Enel). Ex ministro de Economía y ex comisario europeo. Consejero de Enel (accionista de referencia de Endesa). 132.000 euros.

Terceiro Lomba, José (Abengoa). Subsecretario de la presidencia del Gobierno. Vicepresidente ejecutivo de Abengoa en representación de la empresa Aplidig SL. 3.099.000 euros.

Tocino, Isabel (Enagás). Ex ministra de Medio Ambiente con el PP. Consejera independiente a falta de confirmación por la Junta de Enagás. 64.000 euros (estimado).

Valero, Luis (Enagás). Ex secretario general de Industria. Consejero independiente a falta de confirmación por la Junta de Enagás. 64.000 euros (estimado).

Verde, Juan(Abengoa). Asesor de Barack Obama. Consejero de Abengoa Bioenergy. 25.700 euros (estimado).

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