La Junta de Andalucía ha destruido 18.000 empleos públicos en dos años

Salud y Educación copan el grueso de puestos de trabajo perdidos, con casi 13.000 trabajadores menos

El Gobierno andaluz lleva desde su constitución en 2012 sacando los colores al Ejecutivo central por los recortes y situándose, por oposición, como garantía del mantenimiento de los servicios del Estado del Bienestar. La gestión política de la Junta, sin embargo, contradice las afirmaciones de sus dos presidentes en estos dos años, José Antonio Griñán y Susana Díaz, ya que en Andalucía se han destruido 18.017 empleos públicos desde la aprobación del plan de ajuste de 2012, casi 13.000 de ellos en Educación y Salud, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El despido de estos trabajadores, señalan desde el sindicato CSIF, supone no solo una merma en la calidad de los servicios públicos, con consecuencias palpables como el cierre de los centros de salud por las tardes, pues solo abren 249 de los 1.514 existentes en Andalucía. Pero también las situaciones de saturación en las urgencias, por citar dos muy evidentes. El secretario de Acción Sindical de CSIF Andalucía, Francisco Iglesias, asegura que los servicios públicos en Andalucía «pueden haberse retrotraído quince años», por cuanto «estamos recibiendo quejas que no veíamos desde hace más de una década, como, por ejemplo, pedir la contratación de un médico para un pueblo».

A ello, se suma también el incumplimiento de lo prometido por PSOE e IU cuando se aprobó el plan de ajuste: que no habría despidos. Ese fue el mantra que repitió hasta la extenuación la entonces consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, cuando presentó el plan en mayo de 2012, para poder cumplir con el objetivo del déficit público. Andalucía, manifestó, apuesta por «repartir trabajo y reducir salarios con criterios de progresividad para mantener el máximo empleo sin privatizar servicios públicos».

El plan, que pretendía un ahorro de 2.500 millones, eliminaba la paga extra a los funcionarios, la denominada acción social _de atención bucodental gratuita a ayudas a estudios_ que mantienen los trabajadores del Estado y locales, la reducción de días de asuntos propios y los adicionales de vacaciones por antigüedad, entre otros conceptos. De esos recortes, el único que recuperarán los funcionarios de la Junta en 2015 es la paga extra, según prometió la presidenta, aunque sin efectos retroactivos sobre los tres ejercicios que se han quedado sin ella.

El mantenimiento del empleo en la Junta, sin embargo, no ha sido tal, tal como se desprende de los datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de la Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, si se comparan entre enero de 2009, fecha en la que ya era evidente la crisis, y enero de 2014, últimos datos del documento. Así, en los últimos cinco años, la Junta ha perdido 20.682 empleados públicos, 18.017 desde el inicio del plan de ajuste hace dos años. Entre enero de 2009 y 2014 los empleados de la Junta, dejando aparte las empresas públicas, pasaron de 257.917 a 237.235.

El dato es aún más significativo, si se compara con los trabajadores del resto de administraciones -local y estatal- por cuanto de los 19.409 empleos que se destruyeron en Andalucía desde la puesta en marcha del plan de ajuste, 18.017 eran de la Junta.

La mayor parte del empleo destruido, 7.552 puestos, se refiere a docencia no universitaria, y la caída responde a jubilaciones no repuestas por colocarse a cero la tasa de reposición y el aumento de la jornada laboral con la consiguiente no contratación de interinos, comenta el responsable de CSIF. A ello se suman los 5.288 perdidos en Salud, por, entre otras razones, la aplicación de las contrataciones al 75% de la jornada laboral y que no se cubran con sustitución a los profesionales de vacaciones, lo que tiene su reflejo en el cierre de camas hospitalarias, más de 3.000 para este verano.

También destacan los 4.043 destruidos en las consejerías y organismos autónomos, que, añade Iglesias, corresponden a jubilaciones y, sobre todo, a laborales del área de dependencia, lo que explica, comenta, el «parón» que ha sufrido la Ley en Andalucía.

En Justicia se han destruido 1.134, también por tasa de reposición cero, lo que complica mucho la puesta en marcha de la Oficina Judicial en la legislatura. «Es la gran apuesta de Díaz en justicia, pero lo único que hay son dos experimentales en Vélez Málaga y El Ejido», se lamenta. Con estos recortes se puede concluir, mantiene el sindicalista, que la Junta, más que mantener el Estado del Bienestar, consigue con sus recortes lo contrario: un retroceso en la prestación de servicios públicos a niveles de hace quince años.