La Junta de Andalucía «entierra» 7.000 empleos con la anulación de dos autovías

Las empresas de obra pública afirman que la planificación en la región de las infraestructuras es un «desastre»

La anulación parcial o total de dos de las tres autovías de la Junta que se iban a concluir a través del sistema de financiación público-privada, la del Olivar y la Iznalloz-Darro, ha tenido como consecuencia en el plano laboral la imposibilidad de crear algo más de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El tramo Estepa-Lucena de la primer de las infraestructuras, descartado actualmente por la Consejería de Fomento y Vivienda, preveía crear algo más de 4.500 empleos, mientras que en la segunda se calcula que podría generar otros 2.600. El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), criticó ayer el «desastre total y absoluto» de la planificación del Gobierno andaluz en materia de infraestructuras públicas.

Ana Chocano, secretaria general de Ceacop, se mostró ayer sumamente crítica con la decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda, al frente de la cual se encuentra Elena Cortés (IU) de anular el contrato de adjudicación de la Autovía del Olivar en el tramo entre Estepa (Sevilla) y Lucena (Córdoba), que contaba con una inversión de 307 millones de euros, bajo la formula de la colaboración público-privada.

«Todo lo que sea anulación de una construcción no nos gusta, porque nos quita trabajo a nosotros del poco que había previsto. También es verdad, y lo hemos ya manifestado, que no es el momento para este sistema, por cuanto para proyectos de esa envergadura las entidades financieras no quieren ni oír hablar de ellos».

Según Ana Chocano, las infraestructuras que quedan por concluir se podrían acometer en tramos más pequeños y con el procedimiento tradicional de licitar una obra, ejecutarla y pagarla conforme diga la ley, «y después conservarla con cargo a los presupuestos» del organismo que impulse la actuación.

La colaboración público-privada consiste en que la empresa o empresas que licitan un proyecto, en este caso de carreteras, disponen de una financiera (banco o fondo de inversión), que corre con los gastos de la actuación. Concluida la obra, y una vez puesta la infraestructura en servicio, la Administración, que previamente se ha comprometido a pagar un canon por una serie de años, lo abona siempre que se cumplan una serie de condiciones de calidad y seguridad de la vía. Se trata de un sistema sumamente caro, que se asemeja al pago de una hipoteca con elevados intereses.

«Cualquiera que observe la situación de la obra pública desde algo más lejos de Andalucía lo que ve es que la planificación de las infraestructuras en la Comunidad autónoma es un desastre total y absoluto», afirma Chocano con rotundidad, y añade: «No se entiende que se planifique una obra y a los tres años se desista de hacerla».