Alaya llega escoltada a los juzgados ante el acoso de los sindicatos

CCOO y UGT insultaron a la juez por investigar a algunos de sus miembros en el caso ERE.

Tres agentes de la Policía Nacional han tenido que escoltar este miércoles, a su llegada a los juzgados, a la juez Mercedes Alaya, después de los incidentes ocurridos la pasada semana, cuando varias decenas de sindicalistas se concentraron frente al edificio judicial para insultar y acosar a la juez por investigar a miembros de CCOO y UGT implicados en el caso de los ERE.

La escolta fue solicitada por el juez decano, Francisco Guerrero, después de que fuese increpada y abucheada el jueves pasado, cuando tomaba declaración a sindicalistas imputados.

El juez decano ha informado a Efe de que él mismo solicitó verbalmente al Cuerpo Nacional de Policía la protección adecuada para Alaya, aunque aún no ha recibido notificación oficial de que se haya asignado.

No obstante, los periodistas que esperaban este miércoles la llegada de los imputados para declarar sobre los ERE observaron que Mercedes Alaya acudía al edificio del Prado de San Sebastián de Sevilla acompañada por varios agentes de paisano.

La petición, ha matizado Guerrero, no respondía al abucheo que sufrió Alaya a su llegada al juzgado el pasado jueves sino a que la magistrada "no tiene por qué adoptar medidas de protección por sí misma, como acudir en taxi a trabajar". Según Guerrero, la juez lleva asuntos "muy mediáticos y es lógico y adecuado que tenga protección".

Fianzas para los sindicalistas

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Por otro lado, este miércoles ha trascendido que la juez instructora impuso una fianza civil de 251.041 euros al dirigente de UGT Salvador Mera y de 471.352 euros al de CCOO Roberto Carmona, en sendos autos en los que decretaba la responsabilidad subsidiaria de sus sindicatos, lo que incrementaba el riesgo de incidentes en las puertas del juzgado.

Mientras, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 265.015 euros, más el tercio legal previsto, para el ex secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido, a quien la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado sendos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, durante su comparecencia, Juan Antonio Florido se ha limitado a ratificar la declaración que, como imputado, prestó la pasada semana ante la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación Heracles.

Ante la juez han comparecido también este miércoles dos "intrusas" en el expediente de la empresa textil malagueña Hitemasa, como son María Nieves Ruiz y María José Martínez Elvira, a las que la juez ha imputado los mismos delitos que al exdirigente de CCOO-A. fuente

Dirigentes socialistas creen que «prevarica» en el caso ERE, la llaman «superjuez» de una causa general contra el PSOE e ironizan con que es «justiciera»

El PSOE reaccionó ayer a la imposición de una fianza civil de 29 millones de euros a la exministra socialista Magdalena Álvarez lanzándose en tromba contra la juez instructora del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía y firmante del auto, Mercedes Alaya, a la que dirigieron un duro ataque en el que no faltaron insinuaciones de «prevaricación» y de un «afán justiciero» por «abrir una causa general» contra el Partido Socialista.

La estrategia es repetida. Con ocasión de la primera imputación en julio de 2013 de la que fuera consejera de la Junta andaluza entre 1994 y 2004, —luego revocada—, y después con la «preimputación» de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el cierre de filas del PSOE desembocó ya en el acoso y tentativa de derribo de la magistrada. Intensas han sido también las presiones para que concluya la investigación. La persecución ha alcanzado incluso el ámbito de lo personal, cuando Alfonso Guerra llegó a insinuar a finales de 2011 una supuesta vinculación de la juez con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

«Espantá» de Rubalcaba

Como en veces anteriores, el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, evitó ser quien protagonizara la ofensiva. El miércoles no se pronunció y ayer no acudió al pleno que se celebró durante toda la jornada en la Cámara Baja. Sí lo hizo su portavoz parlamentaria y miembro de la dirección federal, Soraya Rodríguez, que fue la encargada de difundir el veredicto —«creo firmemente en la inocencia de Magdalena álvarez», sentenció—y de cuestionar insistentemente la decisión de la juez.

«El auto es un tanto sorprendente, —dijo— y eso no sólo por la cuantía de la fianza, sino porque se produce en un momento en que el juzgado que lo dicta está a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial», que tiene pendiente resolver el recurso presentado por la exminsitra contra su (segunda) imputación. «Ya fue desimputada una vez», apostilló. Y en descargo de su compañera de partido, Soraya Rodríguez puso de relieve que Álvarez no está señalada por «apropiación personal de ningún dinero, sino por legislar, por actuar en el ejercicio de sus competencias presupuestarias».

La juez Mercedes Alaya considera a Magdalena Álvarez artífice, junto a otros de un «procedimiento ilegal de concesión de subvenciones» que se prolongó entre 2000 y 2011, a cuyo amparo habría sido posible la trama de los EREs. El auto añade que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. También que las fianzas -que incluyen una de 22 millones para el viceconsejero de Hacienda de Álvarez y otros 8,8 para quien fuera secretario general técnico de su Consejería- se calcularon siguiendo el principio de proporcionalidad en su triple vertiente de «gravedad, necesariedad e idoneidad».

«Destrozando inocentes»

Los mensajes más graves contra la magistrada se los repartieron, no obstante, Manuel Chaves y el portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia. El primero recuperó el argumento clásico del PSOE de que Alaya trata de hundirles haciendo coincidir milimétricamente sus imputaciones y autos con los momentos importantes del partido. «Seguramente de aquí al 25 de mayo nos vamos a encontrar con decisiones tan espectaculares como la que afecta a Magdalena Álvarez y otros compañeros de la Junta de Andalucía», avanzó, al tiempo que lamentó que «la jueza, en su afán justiciero de abrir una causa general, está destrozando el honor y la profesionalidad de personas inocentes».

Villarrubia fue más allá y volvió a traer a cuenta otro clásico de la campaña del PSOE contra la juez como es la sombra de la prevariación. «Me parecen un despropósito algunos de los autos de esta superjuez —dijo en los pasillos del Congreso— desde el punto de visto jurídico, no se sujeta ni se sostiene por ningún lado. A veces se cometen errores clarísimos que no sé si rayan la prevaricación».

El diputado y líder del PSOE de Castilla y León añadió que le parece «absolutamente correcto» que Álvarez continúe al frente de la Vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), responsabilidad que la convierte en el cargo más alto de la lista de imputados por los ERE. Desde CiU estimaron ayer que sí debería «dar un paso atrás» en ese órgano por sus «evidentes implicaciones» en el caso de los ERE mientras que la líder de UPyD, Rosa Díez, pidió su dimisión por entender que lo contrario supondría «un daño al sistema democrático, a la imagen de España y a la institución». Link

Un equipo de seis funcionarios espera su llegada cada día, a las 9.30 horas, a los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla. Viene en taxi y porta un troller pesadísimo. En su interior lleva miles de folios que examina en casa o en el juzgado de Instrucción número 6. Mercedes Alaya es la jueza que está acorralando judicialmente al Gobierno de la Junta de Andalucía por el caso de los EREs falsos.


No habla con los periodistas y pocos conocen su tono de voz. Aún es difícil saber si se trata de timidez o de distancia, pero es muy reservada. También trabajadora tenaz, puntillosa. Y nada amiga de trabajar en equipo. “Es disciplinada y no se casa con nadie”, subrayan fuentes judiciales. Su jornada no suele terminar hasta las 20 horas. Come en su mismo despacho, generalmente un sándwich, y cuando acaba toma otro taxi de regreso a su domicilio.

Mercedes Alaya, de la cosecha del 63, había pasado desapercibida hasta julio de 2010. Entonces dictó un auto que supuso el fin de la Presidencia del Betis. Manuel Ruiz de Lopera se quedó sin su juguete y Alaya impedía la venta del club a un supuesto testaferro del ex todopoderoso presidente. Su investigación en el caso Mercasevilla y sobre todo en las prejubilaciones falsas en Andalucía han disparado su popularidad.

Esta licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, casada y con hijos, accedió a la judicatura en 1988. Su primer destino, Carmona. Allí estuvo dos años. Otros dos temporadas en Fuengirola y coincidiendo con la Exposición Universal de Sevilla de 1992 se trasladó al Juzgado 20 de Primera Instancia. Desde hace 13 años es la juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Alaya huye de la imagen de jueza estrella o mediática, aunque tiene ya hasta página de fans en Facebook. Hasta ayer por la tarde 1.453 personas habían pinchado “me gusta” en este perfil, cuya información no ofrece ningún equívoco: "Se lleva por delante al que haga falta, da igual que sea Lopera, los de Mercasevilla, caiga quien caiga”. Es la misma expresión a la que se refirió Mar Moreno, consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, cuando se empezaba a destapar el escándalo que acosa al Ejecutivo de José Antonio Griñán.

Su investigación en Mercasevilla estuvo a punto de arruinar la instrucción del caso. Su marido era consultor de KPMG y había auditado a la empresa de abastos. El abogado de Fernando Mellet, ex director general de Mercasevilla, quien compartió una célebre mariscada con Antonio Rodrigo Torrijos (IU), le recusó, aunque finalmente el recurso no prosperó, como falló la Audiencia Provincial de Sevilla.

La jueza es conocida por elaborar unos autos contundentes, en los que siempre exige más documentación a las personas o instituciones objeto de su investigación. Griñán los ha sufrido. Y la Junta ha amagado en dos ocasiones con negarle a Mercedes Alaya los datos que precisaba. Aún así, el Tribunal Supremo tendrá que decidir si la magistrada puede examinar los últimos miles de folios requeridos y facilitados, a regañadientes, por la Junta. La Guardia Civil custodia los documentos.

Mercedes Alaya no suele acudir al juzgado los fines de semana, pero como no quiere ningún refuerzo para su instrucción, trabaja en su casa analizando datos, conexiones empresariales y políticas del Betis, de Mercasevilla, de los EREs. Y mañana, de nuevo al juzgado. Son las 9.30 horas y lleva el troller repleto de folios. Link