El Tribunal de Justicia de la UE declara ilegal el impuesto español de sucesiones y donaciones

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha determinado en una sentencia que el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España viola la legislación comunitaria al establecer una diferencia de trato entre los residentes y no residentes a la hora de aplicar reducciones fiscales.

RTVE.es/AGENCIAS

El fallo condena en costas a España y responde a un recurso interpuesto contra España en marzo de 2012 por la Comisión Europea (CE) por considerar que algunos aspectos de la legislación estatal del impuesto de donaciones y sucesiones eran incompatibles con el Tratado de Funcionamiento de la UE en cuanto a la libre circulación de personas y de capitales y con el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

El Tribunal de Justicia acepta las alegaciones de España en los relativo a la libre circulación de personas, porque la CE no ha demostrado de qué manera la legislación española puede afectar a dicha libertad, pero confirma que ésta "constituye una restricción de la libre circulación de capitales".

Hacienda analiza la sentencia

Fuentes del Ministerio de Hacienda han señalado a RTVE.es que están "analizando la sentencia" y que es pronto para avanzar futuras actuaciones, aunque se baraja la posibilidad de pedir un informe técnico a la Abogacía del Estado.

Tras la sentencia, el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha apuntado a RTVE.es que el Ministerio "tiene que tomar alguna determinación" para adaptar la legislación y que "lo más razonable sería aprovechar para modificar la ley de sucesiones y donaciones en su conjunto".

Añade que la competencia entre comunidades autónomas ha llevado a "diferencias muy altas" entre residentes en diferentes territorios y que una "nueva regulación estatal" debería eliminar las discriminaciones, como recomendó en su día el comité de expertos en su informe sobre la reforma fiscal.

Impuesto cedido a las Comunidades Autónomas

En España, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un impuesto estatal, aplicable en todo el territorio nacional, salvo en el País Vasco y de Navarra, que tienen su propio régimen fiscal, pero está cedido a las Comunidades Autónomas, que pueden aprobar normas propias, que complementen o sustituyan a las estatales.

Las normas de las CC.AA. sólo pueden afectar a los elementos de la liquidación del impuesto, posteriores a la determinación de la base imponible. La CE mantiene que las autonomías pueden establecer diversas reducciones fiscales, que se aplican únicamente en caso de conexión exclusiva con su territorio.

Por ende, la sucesión o la donación en la que intervenga una persona no residente en el territorio español, o que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera del territorio español, no puede beneficiarse de esas reducciones fiscales. Según la Comisión, esta diferencia de trato es contraria a la libre circulación de personas y de capitales.

Dado que todas las comunidades han ejercido su competencia al respecto, la CE sostiene que la carga fiscal soportada por el contribuyente residente en ellas es considerablemente inferior a la impuesta por la legislación estatal. Esta solo se aplica en los supuestos de obligación real de contribuir (la derivada de la adquisición de bienes y derechos) y en los casos en que las CC.AA. no tengan o no hayan ejercido sus competencias.

Según la Comisión, la discriminación se produce cuando el fallecido o donante, el heredero o donatario no sean residentes en territorio español y cuando se trate de donaciones en las que los bienes inmuebles objeto de transmisión estén situados en el extranjero, con independencia del lugar de residencia del sujeto pasivo.

Restricción a la libre circulación de capitales

El Tribunal de la UE afirma que, "al no poder gozar de los citados beneficios fiscales, el valor de esa sucesión o esa donación se reducirá" y que "dicha reducción constituye una restricción de la libre circulación de capitales".

Recuerda además que también constituyen medidas prohibidas, por ser contrarias a la libre circulación de capitales, las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o de mantener tales inversiones.

Para ser aceptada, la diferencia de trato debe afectar a situaciones que no sean objetivamente comparables o estar justificada por razones imperiosas de interés general. En el caso español, la Corte considera que no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente que pueda sustentar una diferencia de trato, toda diferencia de trato relativa a las reducciones dará lugar a una discriminación.

El tribunal no acepta los argumentos de España relativos a la persecución del objetivo legítimo de garantizar la eficacia de los controles fiscales y la lucha contra la evasión fiscal dentro del Espacio Económico Europeo, porque no se ha demostrado cómo el hecho de que no haya un acuerdo de asistencia mutua en ese sentido podría justificar la legislación atacada por la CE.

La democracia es una mierda, eso de un hombre un voto no vale, porque hay hombres que no valen ni el papel en que se escribe el texto.

Las herencias no se libran de la crisis. De hecho, la sufren con especial fuerza. Así lo reflejan los datos del Observatorio Notarial de la Realidad Socioeconómica de los Españoles, un estudio publicado desde 2007 que constata un repunte del 210% en la renuncias a las herencias.

Durante 2014 se dieron 34.320 renuncias, lo que supone una subida interanual del 19%. Frente a estas cifras, que suponen alrededor del 10% de todas las herencias tramitadas, en 2007 se registraban cifras muy inferiores, cercanas a las 11.000 renuncias.

Cataluña a la cabeza y Madrid a la cola

En el caso de Cataluña, los beneficiarios renunciaron a 7.300 legados. Esta cifra contrasta con las 3.700 de Madrid. Ambas regiones se colocan así en extremos opuestos: Cataluña está a la cabeza del ranking y Madrid se ubica a la cola.

El estudio divulgado por los notarios también analiza el número de testamentos firmados durante los años de la crisis. La cifra, al igual que ocurre con las herencias notificadas, se mantiene estable: en 2007 se realizaron casi 590.000 mientras que en la actualidad las cifras recogen 617.000 actos.

DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ

Firma para la supresión del impuesto de sucesiones en Andalucía

El 99% de los gallegos estará exento de Sucesiones y Donaciones, al quedar exentos de tributación los primeros 400.000 euros.

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que la Xunta reducirá el IRPF autonómico "a la gran mayoría de los contribuyentes", de forma que la comunidad se convertirá en una de las autonomías con los tipos más reducidos para las rentas bajas y medias, y ha adelantado que el 99% de los gallegos estará exento del pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. "Rebajas fiscales sin precedentes", indicó.

En su primera intervención del Debate sobre el Estado de la Autonomía, Feijóo señaló que el 99% de los gallegos que reciban herencias como padres, hijos, nietos, abuelos y cónyuges no pagarán el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el 1% restante "pagará menos". Será así porque, en este tipo de herencias, quedarán exentos de tributación los primeros 400.000 euros.

Feijóo ha proclamado que la comunidad será objeto de una rebaja de impuestos "sin precedentes" que también alcanzará sectores como el agrario. De hecho, en las próximas cuentas para 2016 se incluirá un programa de impuestos "cero" en el sector rural en todos aquellos tributos que son competencia de la Xunta.

A las rebajas ya en vigor, se sumará ahora que ninguna transmisión de fincas en suelo rústico pagará impuesto de transmisiones patrimoniales. También dejará de tributar la transmisión o ampliación de explotaciones agrarias, y las agrupaciones de fincas rústicas tampoco pagarán el impuesto de actos jurídicos documentados...

El PP pone en marcha una campaña de recogida de firmas para que se suprima en Andalucía el impuesto de sucesiones y donaciones
Por un piso valorado en 180.000 euros hay que abonar por esa tasa 25.000 euros, dice Elías Bendodo

El PP ha puesto en marcha este sábado una campaña de recogidas de firmas (espera alcanzar las 200.000) con el objetivo de que la Junta de Andalucía suprima el impuesto de sucesiones y donaciones. Unas mil familias malagueñas tienen que renunciar al año a su herencia, porque no la pueden pagar, cifra que en el global andaluz se eleva a unas 6.000. «Es un impuesto totalmente injusto. El PSOE dice que este es el impuesto de los ricos, pero eso es mentira», ha dicho el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que ha estado acompañado, entre otros, por la parlamentaria andaluza del PP por Málaga, Esperanza Oña, en un acto celebrado en la calle Larios, donde se ha instalado una mesa para que los ciudadano firmen para la retirada de esa tasa, que en Andalucía es cien veces más alta que en Madrid.

El líder de los populares malagueños ha recordado que muchas familias se pasan la vida trabajando para dejarles algo a sus hijos y estos, cuando heredan, se dan cuenta de que tienen que pagar una cantidad enorme. Bendodo ha puesto como ejemplo que por un piso en Málaga de 100 o 105 metros cuadrados, valorado en 180.000 euros, con un precio medio de 1.750 euros el metro cuadrado, hay que pagar 25.000 euros a la Junta por el impuesto de sucesiones y donaciones cuando se recibe en herencia.

El PP propone la eliminación progresiva de ese impuesto, de forma que en 2016 se suprima un 25 por ciento, otro 25 por ciento en 2017, otro en 2018 y el 24 por ciento restante en 2019 para que los andaluces solo tengan que abonar un uno por ciento por el impuesto de sucesiones y donaciones como sucede en la comunidad de Madrid.

Bendondo ha significado que la Junta de Andalucía recauda al año 400 millones de euros por ese concepto, «una cantidad ínfima» comparada con un presupuesto anual de 33.000 millones de euros. «Con este tema lo que se hace es castigar a la clase media andaluza en vez de potenciarla, por eso hay que llevar a cabo una supresión progresiva del impuesto», ha reiterado el presidente provincial del PP.

El Partido Popular llevará la recogida de firmas a todos los distritos de la capital y a todos los municipios de la provincia. La campaña también está en change.or., ha dicho Elías Bendodo. «Nuestra iniciativa es justa. Queremos hacerle ver a la señora Susana Díaz, que está instalada en la Andalucía oficial, cómo es la Andalucía real», ha precisado el dirigente del PP malagueño. Diario Sur

La Junta de Andalucía se pasa por las narices las advertencias del Tribunal de Justicia de la UE. ¿Por qué?

> Unos 40.000 andaluces se empadronan al año en Madrid para heredar sin tributar

Algo inédito está sucediendo en España en los últimos tiempos. Las marchas, protestas y jornadas de huelga son práctica habitual en las calles del país, pero este tipo de acciones suelen estar organizadas por lobbies, sindicatos, asociaciones de estudiantes o colectivos de trabajadores y funcionarios que, normalmente, suelen plantear aumentos de gasto público o algún tipo de blindaje por parte de la Administración de turno.

Sin embargo, las protestas que se empiezan a suceder por algunas ciudades de España carecen de precedente, ya que están encabezadas por contribuyentes cuya única petición consiste en que los políticos dejen de meterle la mano en el bolsillo. La espita de este movimiento ha sido el elevado Impuesto de Sucesiones y Donaciones que aplican algunas comunidades autónomas, como es caso de Andalucía, Asturias, Extremadura o Aragón, donde las familias pueden llegar a pagar hasta mil veces más que los canarios por las herencias.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se quejaba recientemente de la baja tributación que ofrecía en esta materia la Comunidad de Madrid, ya que cada vez son más los andaluces que, al igual que sucede en otras regiones, deciden trasladar su residencia para evitar el pago de este impuesto. Díaz, con el apoyo de otros barones socialistas, pretende armonizar al alza este tributo en toda España para frenar esta fuga de población a costa, eso sí, de disparar la fiscalidad al resto de españoles. Además, una subida de estas características haría que la Comunidad de Madrid aportase aún más dinero al sistema de financiación, con el consiguiente ingreso extra para las arcas andaluzas.

La subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España es uno de los puntos clave que están negociando Gobierno y CCAA para reformar el sistema de financiación territorial, pero los contribuyentes más afectados por este impuesto rechazan esta salida, pues en nada aliviaría su situación. Lo que piden, por el contrario, es que Andalucía y el resto de autonomías que mantienen este impuesto en niveles elevados lo bajen o eliminen, tal y como ha hecho Madrid, hasta el punto de salir a la calle en señal de protesta.

Éste es el caso de la plataforma Stop Impuesto de Sucesiones que ha surgido en Andalucía, que se presenta como un "movimiento social, sin colores políticos, por la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía. ¡Es tu herencia, lucha por ella!". Su web ya cuenta con cerca de 30.000 apoyos por parte de particulares y afectados, y este martes han organizado una marcha por las calles de Sevilla, donde han reunido a cientos de manifestantes para exigir a Díaz la eliminación de este particular tributo.

Al grito de "somos ahorradores, no somos ladrones", "impuesto de Sucesiones, impuesto de ladrones", son muchos los andaluces que apoyan esta iniciativa.

En Andalucía, se produce una media de 19 renuncias de herencias cada día ante la imposibilidad de poder afrontar el pago de este tributo, y son miles los andaluces que deciden empadronarse cada año en Madrid para evitar que la Junta se embolse el patrimonio de sus herederos. "Es un expolio institucional, la Junta se ha curado en salud para que las donaciones en vida cuesten casi lo mismo y aplica un valor corrector al catastro para elevar la suma", según denuncia Juan Carlos Valverde, presidente de la asociación.

No es la única protesta que se está produciendo en España. El testimonio de Clavelina García ha conmovido a la opinión pública. Esta asturiana de 82 años heredó un piso que tenía su hermano, valorado en 300.000 euros, y cuando empezó los trámites le comunicaron que tenía que abonar 80.000 euros en impuestos. "Si tuviera dinero para irme de aquí me iría, pero no puedo. Están consiguiendo que Asturias pierda población y calidad de vida, la gente está cansada y quiere cambiar de residencia... Es una auténtica pena", explicaba Clavelina a El Mundo. Su entrevista en Espejo Público para contar su historia tuvo un gran impacto. "No me parece justo que tenga que regalar un pedazo de mi casa al Gobierno después de trabajar toda la vida", denunciaba.

Clavelina García: "No me parece justo que tenga que regalar un pedazo...
Su testimonio ha animado a muchos asturianos a exigir la supresión del Impuesto de Sucesiones. El abogado Álvaro López Castro es impulsor y portavoz de la plataforma ciudadana que reclama la supresión de este tributo en el Principado y advierte de que no pararán hasta lograr su objetivo. A cierre del pasado año, habían logrado recabar casi 90.000 firmas en Asturias pidiendo su eliminación.

"Pedimos que hasta tercer grado, que es de tíos a sobrinos, este impuesto no exista porque no tiene razón de ser. A la hora de heredar un piso de padres a hijos ya se ha pagado bastante. Se ha pagado cuando se ha comprado, el IBI toda la vida... Y resulta que cuando los hijos van a heredar un piso conseguido con todo el esfuerzo de los padres, lo tienen que vender porque no pueden pagar el impuesto de Sucesiones y Donaciones […] Si por un piso céntrico tienes que pagar 15.000 ó 20.000 euros de la Plusvalía y 40.000 de Sucesiones, vale más que se queden con el piso, que es lo que está pasando", según denunciaba a El Comercio.

Decenas de miles de firmas

Además de estas iniciativas, han surgido varias peticiones de recogida de firmas en la plataforma Change.org para exigir lo mismo en el conjunto de España...

1. Supresión del impuesto de sucesiones: 10.000 firmas

El impuesto de sucesiones es el impuesto más injusto e inmoral de los muchísimos impuestos que pagamos en España. Una herencia de tus padres, unos bienes regulados por los que han estado años pagando impuestos y por los que han trabajado toda su vida, ahora cuando se mueren te vuelven a hacer pagar.

Muchas familias pierden todo por lo que han trabajado sus progenitores, ya que no pueden hacer frente a esa cantidad de impuestos tan elevada. Y esto es injusto ya seas de clase baja, media o alta, es la enésima vez que pagas por lo que has trabajado toda tu vida, sólo que está vez cuando ya has pasado a mejor vida. Por eso pido que firmes esta petición para que el Gobierno elimine este impuesto.

2. Extremadura hereda 100X100: 17.250 firmas

Extremadura es una de las comunidades autónomas (junto con Andalucía) con más impuestos. Y entre todos ellos hay uno que es especialmente injusto: el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Cuando un extremeño fallece, después de haber pagado durante toda la vida impuestos por los ahorros y el patrimonio que ha reunido con su esfuerzo, sus hijos o cónyuge tienen que volver a pagar por ello.

Consideramos que se trata de una injusticia que nos empobrece y fomenta el éxodo de contribuyentes a otras comunidades autónomas. Cada año, muchos extremeños renuncian a su herencia por no poder hacer frente al pago de este impuesto.

Exigimos tener derecho a que nuestros hijos disfruten del esfuerzo y sacrificio de sus padres y así sucesivamente. Consideramos este impuesto un robo, puesto que los bienes se tributan en vida y en muerte, por sus herederos. Es decir, 2 veces. No queremos volver a pagar por algo que ya se ha pagado con años de esfuerzo y sacrificio.

3. Supresión de Sucesiones en Andalucía: 43.800 firmas

Andalucía es una de las comunidades autónomas con el impuesto de sucesiones más alto. Para nosotros no se aplican las bonificaciones que en la mayoría de comunidades casi eliminan la cuantía a pagar cuando uno hereda algo […] No es justo que después del esfuerzo de nuestros padres y haber tributado con creces por su casa con otros impuestos(plusvalías, IBI, etc.), es decir doble tributación, no revierta en sus hijos. LD.

Vuelve a ser noticia el Impuesto de Sucesiones. En esta ocasión, ha salido a la luz por el gobierno andaluz, el cual sin ningún pudor, ha echado la culpa de someter a los andaluces a una situación propia de la época feudal, a Montoro. Tiene gracia que los caciques que llevan gobernando la región con más parados de Europa, la comunidad con mayor número de dependientes de ayudas económicas y la región donde más renuncias a heredar se realizan en España, den lecciones de gestión económica.

En Andalucía, al día, se producen 19 renuncias a heredar. Sí, han leído bien, por culpa de unos cuantos malnacidos, la gente tiene que renunciar a lo que el pertenece por la imposibilidad de hacer frente a la cantidad de dinero que le exige el gobierno para poder recibir ¡lo que es suyo!

Por si esto fuera poco, cuando les preguntan por qué no eliminar este impuesto, tanto el gobierno como el PSO¿E?, mienten al decir que este impuesto no se puede erradicar por imposición de la UE. Muchos países de la UE no cuentan con semejante estafa a los ciudadanos.

La respuesta a este atraco propio de regímenes liberticidas de un Estado comunista, es que estas sanguijuelas políticas que padecemos no tienen límites para seguir llenándose los bolsillos con nuestro dinero.

A continuación les dejo una tabla extraída de la OCDE donde pueden ver el % que pagamos los españoles por heredar y los países que no cuentan con este impuesto. Link

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este miércoles que el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España vulnera la legislación comunitaria al obligar a los no residentes a pagar más que a los residentes, ya que éstos son los únicos que pueden beneficiarse de las ventajas fiscales concedidas por las comunidades autónomas.

El fallo da la razón a la Comisión Europea, que en 2011 presentó una denuncia ante el TJUE por considerar que esta discriminación en el impuesto español constituye una restricción a la libertad de circulación de capitales.

En España, el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un gravamen estatal cuya gestión y rendimiento han sido cedidos a las comunidades autónomas. No obstante, la normativa estatal se aplica en los casos en los que no hay punto de conexión personal o real con una comunidad autónoma. Todas las comunidades autónomas aplican ventajas que reducen la carga fiscal a los contribuyentes. Sin embargo, a los no residentes se les aplica la normativa estatal, más onerosa.

En su sentencia de este miércoles, el Tribunal de Justicia afirma en primer lugar que esta normativa no afecta a la libre circulación de personas, como sostenía la Comisión, pero sí a la de capitales.

El fallo destaca que la sucesión o la donación en la que intervenga un heredero o un donatario o un fallecido o donante que no reside en el territorio español, o también una donación o una sucesión que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera de territorio español, "no podrá beneficiarse de las reducciones fiscales que sólo se aplican en caso de conexión exclusiva con el territorio de las comunidades autónomas, debiendo soportar una mayor carga fiscal que las sucesiones o donaciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo tienen por objeto bienes inmuebles situados en España".

"Al no poder gozar de los citados beneficios fiscales, el valor de esa sucesión o esa donación se reducirá. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicha reducción constituye una restricción de la libre circulación de capitales", resalta la sentencia. Por ello, el TJUE declara que "la legislación española constituye una restricción de la libre circulación de capitales, prohibida en principio" por el Tratado.

De acuerdo con el fallo, esta restricción no está justificada porque "no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente que pueda sustentar una diferencia de trato, puesto que la legislación española los considera como sujetos pasivos a efectos de la percepción del impuesto de sucesiones y donaciones sobre los bienes inmuebles situados en España, al margen de dónde residan".

En este sentido, el Tribunal no acepta los argumentos de España relativos a la persecución del objetivo legítimo de garantizar la eficacia de los controles fiscales y la lucha contra la elusión fiscal dentro del Espacio Económico Europeo, porque "no se ha demostrado cómo el hecho de que no haya un acuerdo de asistencia mutua en ese sentido podría justificar la legislación atacada por la Comisión". Link

En plenas protestas ciudadanas, el gobierno andaluz sugiere a Montoro que recupere la competencia y lo imponga en toda España.

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha reclamado al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que el Gobierno central recupere el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que compense a las comunidades autónomas para la prestación de los servicios públicos.

Así lo ha manifestado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha acusado al PP-A de estar "enfrentando" a los ciudadanos, "engañando" con este impuesto y "haciendo mucho ruido".

"Le pedimos al Gobierno de Mariano Rajoy que se quede con el impuesto de sucesiones y donaciones y que nos compense para seguir con el buen funcionamiento de los servicios públicos", ha sostenido Vázquez, quien ha exigido al PP que "deje de engañar y enfrentar a los ciudadanos, y que sea responsable porque se trata de un impuesto de competencia estatal".

Concretamente, la consejera de Hacienda ha remitido una comunicación al ministro tras ser analizado este asunto en la reunión del Consejo de Gobierno. El impuesto de sucesiones y donaciones, según ha señalado el portavoz, es de competencia estatal, pero está cedido a las comunidades autónomas como parte de los ingresos del sistema de financiación autonómica. A diferencia de lo que ocurrió con el IRPF, según ha apuntado, este impuesto fue cedido a las comunidades "sin ningún tipo de armonización".

Vázquez ha informado de que la Junta ha decidido dar este paso tras ver que los trabajos que se están desarrollando en la comisión que está trabajando sobre un nuevo modelo de financiación "no van muy rápido" y, por lo tanto, exige medidas "contundentes y rápidas".

"Mucho nos tememos que nos eternicemos en el tiempo y no se llegue a ninguna conclusión, de manera que, mientras tanto, Andalucía no va a soportar una infrafinanciación y, al mismo tiempo, campañas desde la mentira y la demagogia del Partido Popular". Con estas palabras, el portavoz aludía a la cada vez más numerosa movilización social contra un impuesto que ha supuesto para muchas familias la ruina o renuncia a los bienes heredados.

Ha agregado que como Andalucía necesita financiación, su Gobierno plantea celeridad y medidas políticas para dar respuesta a las necesidades de financiación que tiene la comunidad.

Tras señalar que la Junta no ha hablado con ninguna otra comunidad sobre el paso que da este martes, Vázquez ha indicado que, sin duda, es una medida que plantea Andalucía, "pero que, lógicamente, tiene que tener consecuencia en el conjunto de las comunidades".

Miguel Ángel Vázquez ha recordado que en la reforma fiscal que acometió el Gobierno de Mariano Rajoy hace un año, en ningún momento, se contempló la eliminación de este impuesto, mientras que sí tocó otras figuras tributarias. Ha denunciado que el Partido Popular está "enfrentando y engañando" a los ciudadanos, haciendo "mucho ruido con este impuesto, y el Gobierno de Andalucía "ha dicho ya está bien".

La respuesta a las protestas: un simulador

Frente a la "demagogia" y la "falsa alarma social" que está creando el PP-A con este asunto, según ha señalado, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha una campaña de comunicación para "desmontar las mentiras" del Partido Popular.

Uno de los elementos centrales de la campaña es el simulador para el cálculo del impuesto de sucesiones y donaciones, que en su primer día de vigencia, según ha expuesto el portavoz, ha contado con más de 43.412 visitas, lo que demuestra la "utilidad de esta herramienta".

Vázquez ha insistido en que la Junta ahora pone sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno central gestione este impuesto, creado en el año 1987, porque es "suyo". Andalucía, que recauda actualmente unos 500 millones por el impuesto de sucesiones, va a pedir, cuando se defina el nuevo modelo de financiación, que desaparezca de la cesta de impuesto que se gestiona actualmente.

"Le decimos a Rajoy que se quede con su impuesto y que compense a las comunidades, que tenemos que prestar los servicios públicos fundamentales, y que, al mismo tiempo, deje de enredar, de engañar a los ciudadanos, de enfrentar a la gente de una y otra comunidad autónoma y que asuma su responsabilidad", ha sentenciado Miguel Ángel Vázquez.

LM/Agencias

Luchar contra las ignominias e indecencias, aunque esas políticas sean defendidas o patrocinadas por gobiernos legítimos, está justificado por el derecho internacional y consta claramente en la declaración universal de los derechos del hombre.

En España hay numerosas ignominias y abusos que justificarían una rebelión ciudadana, pero las tres principales son: la connivencia de los gobiernos con la corrupción, la vigencia del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el hecho sangrante de que nuestros gobiernos sean los principales violadores de la Constitución.

El impuesto a la muerte, un sucio tributo que debe extinguirse

Luchar contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como están haciendo, mediante protestas, manifestaciones y recogida de firmas, cientos de miles de ciudadanos en Andalucía, Asturias, Aragón y otras regiones españolas donde los políticos lo aplican provocando injusticia, dolor y ruina, no solo es un derecho democrático reconocido, sino un deber, ya que la lucha contra lo que es injusto e indecente es obligatoria para cada ciudadano en democracia.

Este derecho puede considerarse implícito en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, que en su párrafo más famoso declara:

"Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad".

El derecho a la resistencia fue incluido de forma explícita en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) de la Revolución francesa, pero se encuentra más desarrollado en los tres últimos artículos de la que se redactó nuevamente el 24 de junio de 1793:

Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre.

Artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido.

Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.

Oponerse y plantar cara a los gobiernos provoca miedo y vértigo porque la lucha se plantea contra un "monstruo" lleno de arrogancia y poder, que cuenta con policías, dinero, periodistas, jueces y mucha experiencia en el dominio y el control de las masas, pero por mucha fuerza que exhiba el poder, el pueblo es invencible cuando le acompañan dos valores: cuando tiene razón y cuando está dispuesto a cambiar y mejorar un mundo que es injusto e indecente.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es el más impopular, injusto, cruel y anticonstitucional de todos los tributos vigentes en España porque obliga al ciudadano a pagar por lo que ya ha pagado (doble imposición), porque burla sin necesidad la voluntad de los muertos y porque pulveriza el derecho de los españoles a ser iguales ante las leyes y normas, reconocido por la Constitución. Un impuesto que obliga a miles de familias a renunciar a su herencia, que arruina a otras miles cada año y que obliga a un heredero andaluz o asturiano a pagar cien veces más por su herencia que uno de Madrid y mil más que uno de Canarias es, a todas luces, un impuesto oprobioso, indecente, inmoral e injusto, que no sólo debería declararse ilegal y suprimirse, sino que debería ser merecedor de castigo para los políticos opresores e injustos que se atreven a aplicarlo.

La lucha contra este impuesto es todo un símbolo de sana y democrática rebeldía, ya que la democracia no sólo consiste en votar cada cuatro años para elegir un gobierno, sino que conlleva la vigilancia ciudadana sobre un poder político que siempre tiende a desmandarse y a crecer de manera opresiva, abusando del poder y esparciendo iniquidad. El corazón de la democracia no es el voto, sino la lucha ciudadana constante por un mundo justo y decente.

Que nadie dude que lo que hace, al oponerse a Susana, a Rajoy y a otros sátrapas por mantener vivo ese tributo discriminatorio, injusto y contrario a las leyes, es no sólo justo sino también noble y ejemplar porque representa la lucha ciudadana por un mundo mejor, libre de indecencias, injusticias y abusos.
Francisco Rubiales

La Junta de Andalucía embarga a una madre soltera la ayuda de 100 euros por hijo. "La herencia me ha destrozado la vida", asegura.

La voracidad del Impuesto de Sucesiones en regiones como Andalucía sigue sacando a la luz los dramas por los que tienen que pasar los herederos para poder hacer frente a este desproporcionado tributo. Al duro fallecimiento de un ser querido hay que sumarle que, para muchos contribuyentes, supone una ruina económica recibir la herencia que les corresponde.

En algunas ocasiones, los beneficiarios se ven obligados a pedir un crédito o a vender parte del patrimonio que les ha dejado su familiar para pagar el impuesto. En el caso más extremo, no les queda otro remedio que renunciar a la herencia debido a la falta de recursos para cumplir con las exigencias fiscales.

"Me piden 87.000 euros. No levanto cabeza"
La historia de Isabel María y sus dos hermanos es una de las más sangrantes. Esta sevillana de 32 años nunca imaginó que la herencia de su padre le iba a "destrozar la vida", cuenta en una entrevista con Libre Mercado. "No puedo levantar cabeza" asegura .


El calvario de Isabel María comenzó en 2014, dos años después de fallecer su padre. "Cada hermano habíamos pagado 4.000 euros por la herencia de mi padre, cuando de repente, recibimos una carta en la que se nos pedían 70.000 a cada uno. Como no teníamos dinero para pagarlo, a los pocos meses, nos metieron otros 15.000 euros de recargo. Y ya van por 87.000 euros", cuenta.

Isabel María es madre soltera de una niña de 2 años. El motivo de que le soliciten una cuantía tan elevada es que valoran toda la herencia de su padre en "más de un millón de euros, que no se corresponde en absoluto con el valor de mercado", asegura. Según su testimonio, el legado de su progenitor consistía en tres naves, "que utilizamos para la empresa que mi padre fundó hace más de 40 años, y en la que actualmente trabajamos los 3 hermanos"; un bloque de seis pisos, "que en tres de ellos vivimos nosotros y mi madre, y los otros tres están tan viejos que están apuntalados y no son habitables" y otras "tres casas casi en ruinas".

"Cuentas a 0" y sin ayudas sociales

"Hemos puesto todas las casas en venta por menos de la mitad de lo que las valoran y ni siquiera nos lo dan", relata Isabel María. "Si vendemos las naves, tenemos que cerrar la empresa por la que tanto luchó mi padre", se lamenta.

Isabel María vive una situación límite. Tiene sus cuentas intervenidas y hace 13 meses que la Junta a través de la Agencia Tributaria le retiró la ayuda de 100 euros mensuales que recibía por su hija. "No veo salida. Me lo han quitado todo, hasta los 3 euros que tenía en la cuenta me han llegado a quitar", relata. Su hermano también está pasando por una situación similar. "En el IRPF ya no le dejan aplicarse la deducción por familia numerosa, todo va para ellos, ¡el pan de sus hijos!", exclama.

Su hermana Natalia tampoco da crédito a la situación. "Con el catastro y el coeficiente que le aplican para calcular el valor de las casas sale un precio desorbitado. ¿Dicen que vale eso? pues yo se lo vendo a ellos, ¡que me lo paguen! porque a nosotros nadie nos los compra por ese precio", declara también a este periódico.

Natalia lleva 30 años trabajando en la empresa de su padre. "Me duelen los huesos de trabajar en esa empresa. Es un disparate lo que nos piden, nos están hundiendo. A mi madre la pidieron más de 10.000 euros que la dejaron temblando. Tenía que vivir con 200 euros al mes hasta que pagó", relata.

El argumento que han utilizado políticos como Susana Díaz de que el Impuesto de Sucesiones va dirigido a "millonarios en euros" hace estallar a Natalia. "Tenemos las cuentas a 0, y dicen que somos ricos. Ricos se quieren hacer ellos a nuestra costa", declara indignada.

El pasado año, cientos de contribuyentes se manifestaron por las calles españolas contra el Impuesto de Sucesiones que aplicaban algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Asturias, Extremadura o Aragón. Las protestas han servido para que Extremadura lo eliminase el pasado mes de enero y también, Andalucía en el caso de las herencias de menos de 1 millón de euros. Natalia e Isabel se alegran por los andaluces, pero no tienen esperanzas con su caso. "Nos dicen nuestros abogados que no tiene carácter retroactivo ¡ojalá! La única esperanza que tenemos es vender algo de mi padres y acogernos al pago fraccionado", suspira. Ld.

Con Francia es el único país de la UE con un tributo similar, aunque el presidente galo Emmanuel Macron planea acabar con esta figura en 2019

El Impuesto de Patrimonio, una figura que parecía contar con cada vez más adeptos en el ámbito académico los últimos años ante el impacto de la crisis, no ha logrado traspasar su popularidad teórica a la práctica en Europa. Su principal promotor, el economista francés Thomas Piketty, defendía en «El capital en el siglo XXI» (2014), un impuesto mundial a las grandes fortunas para que el Estado paliara las desigualdades que había generado la Gran Depresión. El agujero de las arcas públicas en la mayoría de países occidentales también parecía influir en la aprobación de este tipo de tributos. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sin ir más lejos, suspendió el Impuesto sobre el Patrimonio, en 2008 para recuperarlo en 2011, buscando ingresos para reducir un déficit público disparado.

No obstante, los años han sepultado al tributo como una excepción internacional frente al resto de la Unión Europea. Desde 2012, el Gobierno español ha prorrogado año a año el impuesto, que en 2016 ingresó unos 1.034 millones de euros, un 0,09% del PIB. La siguiente «renovación» se determinará en unas semanas, cuando el Ejecutivo presente los Presupuestos de 2018. Francia y España son los dos únicos países de la UE que gravan de esta manera los grandes patrimonios, aunque Países Bajos tiene un impuesto similar integrado en el IRPF. El presidente galo Emmanuel Macron ha anunciado que lo eliminará en 2019, lo que dejaría a España como único país que mantendría este gravamen en la UE.

París sigue así a otros países que ya abolieron el impuesto: Italia (1992), Irlanda (1997), Alemania, tras declararlo inconstitucional (1997), Finlandia (2005), Luxemburgo (2006), Suecia (2007), Grecia (2009) o Hungría (2010). Otros estados como Bélgica parecen abiertos a aprobar un tributo similar, no obstante. Fuera de la UE, dos países europeos tienen impuestos similares: Noruega y Suiza. El estado helvético, precisamente, es el que más recauda por esta figura, con un 1% del PIB de ingresos. ABC....

¿Dónde van a parar las viviendas que pierden los herederos por no poder pagar el Impuesto de Sucesiones? Miles de ciudadanos españoles se ven obligados a renunciar a su herencia debido al alto el Impuesto de Sucesiones que existe en comunidades como en Aragón, donde Podemos y PSOE no dudan en ‘quitar’ los pisos a los ciudadanos españoles para dárselo a familias “en riesgo de exclusión social”, es decir, principalmente a inmigrantes magrebíes y subsaharianos.

Es decir, te pasas toda tu vida pagando una hipoteca con la mitad de tu sueldo o pensión y cuando ya es tuyo, decides dejarlo en herencia a tu hijo, nieto u otro familias. Pero en caso de que no tenga dinero para pagar el Impuesto de Sucesiones, que en Aragón llega a arruinar a familias enteras, el Gobierno se queda con la vivienda para dársela a inmigrantes procedentes de Marruecos, Libia, Nigeria o Senegal.

Son muchas las familias que se han visto obligadas a hipotecarse para poder pagar el Impuesto de Sucesiones de un piso que ya pagaron sus familiares antes de fallecer y dejarlo en herencia. Otras, en cambio, viendo que al aceptar la herencia quedarán totalmente arruinados, no tienen otra alternativa que perderla, y ahí es donde entra en juego el gobierno podemita y socialista, que prefiere arrebatar unos bienes pertenecientes a ciudadanos españoles para dárselos a inmigrantes antes que quitar un impuesto que bien puede recordar a un auténtico impuesto medieval para saquear al pueblo por parte del rey tirano.

Ciudadanos propone una bonificación del 99% en el impuesto de Sucesiones para el primer millón de euros

Ciudadanos ha propuesto a la DGA una bonificación en el impuesto de Sucesiones del 99% para el primer millón de euros, condicionado a que haya un patrimonio preexistente inferior al millón de euros.

El objetivo de la formación naranja es que las familias de la clases media no paguen un impuesto que está provocando que el Gobierno aragonés esté quedándose con numerosas propiedades en toda la provincia.

¿no lo sabías? pues ya lo sabes.

El PSOE quiere subir todos los impuestos de las Comunidades Autónomas del PP hasta igualarlos a los suyos. Se ha hablado de la creación de un suelo mínimo exigible en toda España para el impuesto de las herencias –Sucesiones– o de las donaciones. Pero lo cierto es que el PSOE quiere ir más allá. Busca la igualación de los tipos tributarios de todos los impuestos regionales en España, algo que llevaría a subir el impuesto a los muertos, el de la Donaciones, el Actos Jurídicos Documentados o el de Transmisiones Patrimoniales en todas las autonomías del PP que los han bajado.

El PSOE ha analizado este punto a la hora de debatir sobre los fondos que deben ser destinados a cada región. Y lo hace afirmando que “el alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios” debe ser “entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales”. Traducido: que a la hora de remitir fondos a las comunidades se asignarán menos recursos a aquellos territorios que fijen los tipos de impositivos de sus tributos autonómicos por debajo del de otras regiones o de los establecidos en las normas base.

De este modo, si una autonomía rebaja esos tipos fiscales deberá saber que, en caso de ganar recaudación por haber generado más actividad económica o haber atraído más riqueza, no le servirá para nada: porque se le asignarán desde el Estado menos fondos procedentes de la bolsa de impuestos nacionales.

Castigo a las bajadas de impuestos

El esquema se convierte en una mecánica de castigo a las regiones que quieran bajar impuestos. Algo que pretende llevar a una igualación de los tipos fiscales en un catálogo de impuestos que afecta desde las herencias, hasta las donaciones o las meras compraventas de viviendas.

La medida completa el deseo ya confirmado de la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de subir el Impuesto a las Herencias en Madrid y en las Comunidades Autónomas donde exista una menor carga impositiva, como Canarias o Murcia.

Montero, recién aterrizada en el Fisco, fue consejera durante la etapa de los ERE y se convirtió en la máxima defensora de subidas de impuestos a las Donaciones y Sucesiones. Pero, además, de subirlos en el resto de las comunidades autónomas que han optado, como Madrid, por bajarlos o incluso, casi, eliminarlos para colectivos como los hijos o los hermanos.
Montero se hizo cargo en 2013 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Y ha sido desde ese momento en el que su protagonismo ha cogido fuerza en la exigencia de que comunidades autónomas como Madrid eliminasen la bonificación en el Impuesto de Sucesiones.

Montero ha liderado, así, las negociaciones –ahora interrumpidas– del nuevo sistema de financiación autonómica. Donde no se ha planteado ni una sola medida de rebaja de impuestos, pero sí de creación de un tipo y pago mínimo obligatorio en estos impuestos para impedir lo que ella califica como una competencia desleal de las comunidades autónomas que bajan impuestos.

La nueva ministra de Hacienda pilotará la aplicación práctica del plan del PSOE, que incluye una subida masiva de impuestos en IRPF, Sociedades, Ahorro y Herencias, según recoge el documento inicialmente adoptado por Sánchez y realizado por Manuel Escudero. El proyecto está previsto para alcanzarlo en una legislatura entera: cuatro años. Y el impacto puede ser de más 7.000 millones por año.

El PSOE sabe que sin esas subidas no podrá soportar la escalada de gasto público que ha prometido a diversos colectivos sociales y a partidos como Podemos y ERC para obtener su apoyo a la moción de censura.

Carlos Cuesta

Hace unos días, Ciudadanos presentó una proposición de Ley en el Congreso para que se aplicase una bonificación del 100% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD) en todas las comunidades autónomas (CCAA) para los grupos I y II (familiares más cercanos), que sólo ha sido apoyada por el PP y que, por tanto, fue rechazada. Rivera justificó su proposición al tildar el impuesto de injusto, cosa que, efectivamente, es, y aseguró que genera desigualdad entre los españoles al haber un régimen distinto en cada región.

Efectivamente, el impuesto es injusto, aunque no realmente porque las CCAA puedan tener potestad sobre la fiscalidad de este impuesto estatal cedido a las regiones, ya que la competencia fiscal es sana y hace que el ciudadano pueda saber qué le ofrecen en cada lugar y llegar a votar con los pies, sino porque es un impuesto que, en la práctica, se ha convertido en un "atraco", dicho sea coloquialmente, pues es aberrante por confiscatorio.

¿Cuántas veces tiene que pagar en la vida un contribuyente por el mismo bien que da lugar a cada hecho imponible? Muchas, infinitas. Como bien describen Milton y Rose Friedman en Libertad de Elegir, el Estado, paternalista e intervencionista, nos ahoga con sus crecientes impuestos para sufragar el gasto de actuaciones que nunca deberían realizarse, y lo hace "de la cuna a la tumba".

Pues bien, en España, una persona que, con su esfuerzo, gana una renta, ha de pagar el IRPF; si ahorra y acumula un pequeño patrimonio, habrá de pagar en muchas regiones -excepto Madrid y alguna otra que se ha unido recientemente, en todas- por el impuesto de este nombre, y al fallecer o legar en vida a sus hijos sus bienes, habrán de ser satisfechos los correspondientes Impuestos de Sucesiones y Donaciones. Por eso, es injusto. No porque no sea buena la competencia fiscal -que lo es, al poner ante el espejo la gestión de los políticos con el dinero público-, sino porque es un impuesto, al igual que el de Patrimonio, arcaico y confiscatorio.

De hecho, los socialistas andaluces tuvieron que introducir recientemente una exención de un millón de euros en el Impuesto de Sucesiones para poder sacar adelante sus presupuestos, no por convicción, ya que ellos habrían deseado seguir sangrando a los contribuyentes andaluces con dicho tributo.

Las falacias de la izquierda

Rápidamente, la izquierda y los independentistas, han votado en contra de la propuesta para eliminar el ISyD alegando que va contra la autonomía fiscal -argumento de todos ellos- y que beneficia a los ricos y hace caer la recaudación -argumento adicional de la izquierda, especialmente-. Pues bien, ni va contra la autonomía financiera de las CCAA ni es una medida a favor de los ricos ni va en contra de la recaudación.

En primer lugar, tanto que se quejan ahora los independentistas catalanes de que esto iría contra su autonomía financiera y fueron ellos mismos los que renunciaron a ella el día en el que alargaron la mano para que el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) les cubriese todo su endeudamiento porque su nefasta gestión los tenía expulsados de los mercados, al estar sus cuentas al borde del colapso y su calificación crediticia ser la de bono basura.

Yo no oí nunca entonces en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera -y estaba allí- quejarse a Cataluña, a Andalucía o a Asturias del FLA; más bien, todo lo contrario: estaban encantados de desistir de sus obligaciones de política financiera y ser rescatados por el Tesoro, mientras Madrid lograba financiarse gracias a la confianza que el mercado otorgaba a su gestión y a sus cuentas, pese a tener enfrente a casi todo el mundo desde el punto de vista político. Ésa es la realidad.

Además, con la eliminación del impuesto, las regiones no perderían nada, pues la Ley de Financiación Autonómica, en virtud del principio de lealtad institucional, recoge que si la Administración General del Estado suprime un impuesto cedido y merma, con ello, la capacidad de financiación regional, ha de compensarlo automáticamente.

Por otra parte, la eliminación del impuesto no beneficia a los ricos. Quienes tienen un patrimonio muy extenso, o bien pueden optar por otras fórmulas que permiten, legalmente, una transición menos agresiva en cuanto al gravamen fiscal o bien pueden asumir sin problema el pago del impuesto, aun siendo igual de injusto que para quienes menos tienen.

Yendo contra todos, a quien más daño hace es a la clase media, a las familias que heredan una casa, unos pequeños ahorros, un par de coches, unas acciones o, incluso, títulos de deuda pública que su familiar pudo suscribir en el pasado para, encima, ayudar a financiarse al Estado, y que ahora le devuelve el favor con una estocada fiscal después de muerto. Son miles las familias que han tenido que renunciar a la herencia por no poder pagar el impuesto, ya que el pago de éste era muy cuantioso y los bienes no eran tan líquidos como lo apremiante que era Hacienda. De esa manera, el sector público, en este caso el autonómico, se quedaba con todos los bienes, no sólo con el aberrante impuesto, dejando a muchas familias o absolutamente sin nada o endeudadas hasta las cejas para poder pagar los tributos a la Administración.

Eso sucedió en Andalucía durante mucho tiempo. Ahora, es cierto que hasta un millón de euros los familiares más cercanos no pagan nada, pero de no haber sido porque Susana Díaz necesitaba los votos de Ciudadanos o del PP, el Impuesto de Sucesiones habría continuado siendo monstruoso en la región andaluza.

Como se puede comprobar, la diferencia es brutal: de no pagar nada ahora, a tener que abonar a la hacienda andaluza ni más ni menos que casi 30.000 euros, para lo cual, posiblemente, tendría que pedir un préstamo, malvender los bienes heredados o renunciar a la herencia.

Esa situación que había en Andalucía, antes de la exención a la que se han visto obligados los socialistas, llevaba a que ante una herencia de una familia de clase media, por ejemplo una vivienda valorada en 420.000 euros, un madrileño tuviese que pagar una cuota de apenas 500 euros mientras que un andaluz pagaba entonces más de 50.000 euros.


¿Y si se trata de una donación? En ese caso, por ejemplo, en Extremadura, que cuenta recientemente con bonificación en Sucesiones pero no en Donaciones, puede llegar a pagarse casi 130 veces más que en Madrid.


Y, por último, no es cierto que se reduzca la recaudación.Madrid, que fue la que primero bonificó el ISyD al 99% para los familiares más cercanos, es la que más recaudajunto con Cataluña, pese a tener un millón menos de población. Además, en los años en los que en ningún otro lugar existía dicha bonificación (hasta el año 2014), Madrid, con el impuesto más bajo de todas las regiones, era la que más recaudaba. De hecho, pese a tener Madrid entonces bonificado el impuesto al 99% y Cataluña no, Madrid llegó a recaudar 120 millones más al año que Cataluña.


Una vez más, la izquierda mete la mano en el bolsillo de forma grosera e inmisericorde a los ciudadanos. El Gobierno de Sánchez, pese a que su partido ha tenido que bonificar a rastras el ISyD en algunas regiones, como Andalucía, en su deriva hacia la extrema izquierda de Podemos se niega a eliminar un impuesto que reduce la renta de los contribuyentes, que, con ello, hace disminuir el consumo y el ahorro y, con este último, la inversión, y que, con todo ello, hace caer la actividad económica, la recaudación y el empleo, al tiempo que grava infinitas veces a los ciudadanos por lo mismo a lo largo de su vida, siendo un impuesto injusto, letal y confiscatorio. Un verdadero "atraco", una aberración de impuesto. LD.

José María Rotellar

Por mucho que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Susana Díaz y la voraz María Jesús Montero se empeñen en imponer a los españoles el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, les va a resultar imposible mantenerlo, una vez que ese tributo, como reconoce la propia Susana Díaz, ha quedado deslegitimado por la protesta popular masiva y la opinión pública mayoríaria de los españoles. Mantenerlo en esas condiciones es pura tiranía indecente y corrupta, según establecen las reglas de la democracia, un sistema donde la soberanía popular y la voluntad del pueblo deben tener un peso determinante en las decisiones.

Las plataformas ciudadanas que luchan en España contra el Impuesto de Sucesiones deben sentirse eufóricas porque están ganando claramente la batalla a un gobierno que se siente rechazado y acosado por una opinión pública que apoya la supresión de ese impuesto brutal y acusa a los políticos que lo cobran de burlarse de los muertos y de ser "ladrones de herencias".

La presentación ante la Comisión Europea de una denuncia contundente y formal contra el gobierno de España va a inclinar definitivamente la balanza de la lucha contra el impuesto de Sucesiones hacia la supresión de ese brutal, injusto y anticonstitucional tributo. El gobierno, los partidos que quieren imponerlo contra la voluntad popular (PSOE y Podemos) y esos partidos tibios (PP y Ciudadanos) que no se deciden a suprimirlo y hablan de armonizarlo o bonificarlo, a pesar de que el impuesto es perverso, deberían sentir vergüenza de que unos simples ciudadanos españoles, cansados de esgrimir sus razonables y bien fundados argumentos ante las autoridades, hayan tenido que denunciar a su propio país ante las autoridades europeas para lograr que dejen de cobrar un impuesto brutal, injusto, anticonstitucional y de una crueldad desmesurada.

La injusticia del sistema fiscal español ha quedado claramente expuesta ante la Comisión Europea y los ojos del mundo, colocando al gobierno español, empeñado en intensificar el cobro de ese tributo, contra las cuerdas y con la opinión pública internacional abrumadoramente en contra.

También están quedando claras ante el mundo otras verdades, como que el gobierno de España desprecia la democracia porque legisla y gobierna en contra de la voluntad popular y que la lucha ciudadana contra el impuesto de Sucesiones es uno de los episodios más positivos y brillantes de la lucha de los españoles por la democracia y por liberarse del abuso de poder y de las injusticias que emanan de una clase política española escasa de dignidad, decencia y democracia.

Es la primera vez en la Historia moderna de España en que el pueblo se rebela contra un impuesto injusto y consigue poner a la opinión pública de su lado, situando a los políticos en el bando opresor y miserable.

Para ellos, la defensa de ese impuesto, el más impopular y denostado de todos los vigentes en España, es cada día más insostenible y sólo lo mantienen por arrogancia, porque quieren evitar por todos los medios que el pueblo descubra que a ellos, los que mandan, se les puede doblegar.

Lo único inteligente que les queda por hacer es atender la demanda del pueblo y suprimir ese impuesto, como han hecho ya muchos países del mundo, renunciando a su viscosa e indecente tozudez antidemocrática.

Francisco Rubiales