Zapatero costó a España medio billón de euros

Si el presidente no hubiese disparado el gasto público entre 2003 y 2007, España gozaría hoy de un superávit del 1,3% del PIB.
LIBRE MERCADO 2011-09-05
Zapatero trató de capear la crisis incurriendo en uno de los mayores deterioros presupuestarios de los países desarrollados (OCDE). Así, el Gobierno decidió echar mano de los 20.066 millones de euros de superávit público registrados en 2007 para, posteriormente, incurrir en un déficit de 45.189 millones en 2008, 117.306 millones en 2009, 98.227 millones en 2010 y algo más de 60.000 millones en 2011 (si cumple sus previsiones).

En total, un coste fiscal de casi 341.000 millones de euros durate la crisis, dejando así, de forma directa, una factura media de 24.000 euros a cada contribuyente neto. No en vano, cuando Zapatero abandone el poder la deuda pública de España casi se habrá duplicado, desde el 36% del PIB en 2007 hasta rozar el 70% en 2011.

Sin embargo, el cómputo total de su balance no acaba aquí. En este sentido, cabría preguntarse qué habría pasado si Zapatero hubiera gestionado las cuentas públicas de otra forma. Y es que, aunque resulta casi imposible calcular exactamente la riqueza que ha destruido el presidente desde su llegada a la Moncloa, hay dos elementos cuyas pérdidas son cuantificables: el incremento del gasto público y el coste de la legislación laboral. Juan Ramón Rallo ha evaluado ambas variables y el resultado habla por sí solo.

El gasto crece un 50%

Desde 2003 a 2010, el gasto público español se disparó desde los 300.000 millones de euros anuales hasta los 477.000, un aumento superior al 50%. Lo más sorprendente es que el grueso de dicho incremento no se produjo durante la crisis sino en plena burbuja crediticia, en la primera legislatura de Zapatero. En concreto, el gasto público anual creció en 112.000 millones de euros desde 2003 a 2007, casi un 40% más, mientras que entre 2007 y 2010 lo hizo en 65.000 millones, un 15%.

¿Qué pasó, por el contrario, en Alemania? Desde 2003 a 2010, Berlín apenas aumentó el gasto público desde los 1,05 billones de euros hasta los 1,16 billones, casi un 10%. En concreto, desde 2003 a 2007, el gasto anual sólo se expandió en 10.000 millones (menos de un 1%) y entre 2007 y 2010 lo hizo en más de 100.000 millones, alrededor del 10%.

De este modo, si Zapatero hubiese seguido los pasos de Alemania, congelando el gasto público entre 2003 y 2007, España contaría hoy con un superávit de 14.000 millones de euros (el 1,3% del PIB), "aun cuando se hubiese prestado la misma protección social que se ha prestado durante la crisis".

El coste de la no reforma laboral

Pero a ello se suma, además, el coste de no haber efectuado la reforma laboral precisa para generar empleo, tal y como vienen demandando desde hace años la mayoría de organismos internacionales y numerosos economistas.

Entre 2007 y 2010, Alemania no ha crecido mucho más que España -un 2,7% frente a un 1%, respectivamente-, pero mientras que la tasa de paro germana ha bajado del 8,3% al 6,8% la española se ha disparado desde el 8,2% hasta el 20%.

De hecho, el resultado es similar si se compara con los países europeos rescatados (Grecia, Irlanda y Portugal): la economía helena creció un 1,3% entre 2007 y 2010 y su tasa de paro aumentó del 8,3% al 12,5%; Irlanda sufrió una caída del PIB del 20% y su desempleo se incrementó del 4,5% al 13,6%; Portugal se expandió un 2,3% y su paro subió del 8,1% al 11%.

Es decir, el peor de los países intervenidos, Irlanda, goza de una tasa de paro 6,5 puntos inferior a la de España, pese a que su PIB se desplomó un 20%. La clave del problema radica en una "legislación laboral controlada por los sindicatos que bloquea la creación de cualquier puesto de trabajo", alerta Rallo.

Si Zapatero hubiese flexibilizado el mercado de trabajo en 2007, el paro no debería ser hoy muy superior al de Irlanda. "Siete puntos menos de paro se habrían traducido en muchos menos subsidios de desempleo, en concreto, unos 12.000 millones de euros menos al año".

Resultado: medio billón de euros

La suma de las dos variables citadas arroja el siguiente resultado: entre 2007 y 2011, España ha gastado cada año unos 112.000 millones de euros más de lo necesario debido al sustancial aumento de gasto público de la primera legislatura; y otros 12.000 millones de euros extra al año en subsidios de desempleo gracias a la actual legislación laboral. "En total, medio billón de euros que Zapatero, y unas autonomías y sindicatos a los que se no atrevió a poner coto, han tirado por el desagüe en apenas una legislatura. La mitad del PIB de España", concluye.

Las compañías encargaron 14 informes a despachos de abogados y presionaron para que el Gobierno de Zapatero no sacara adelante una norma que les habría obligado a devolver 3.400 millones de euros cobrados de más a los consumidores por los CTC, según se desprende de las declaraciones de altos cargos de Industria ante la Fiscalía Anticorrupción. Las eléctricas ganaron de calle en contra del criterio de la Abogacía del Estado.

El primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008) tenía decidido reclamar a las grandes compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON-Viesgo y EDP-Hidrocantábrico) los más de 3.000 millones de euros (esta cantidad se actualizó posteriormente elevándose a 3.400 millones) cobrados de más en concepto de Costes de Transición a la Competencia (sistema por el que la Administración se comprometía a reconocerles el valor del impacto negativo que podría tener en sus cuentas la liberalización del sector).

Unos batalladores Ignasi Nieto y Jorge Sanz, Secretario General de Energía y director general de Energía, respectivamente, se pusieron manos a la obra para sacar adelante la orden que establecía la liquidación de ese sistema y "si en el caso de que se produjera dicha liquidación y resultara que algunos agentes han percibido cantidades superiores a la máxima atribuida inicialmente, cabría exigir a estos agentes la devolución de estos excesos".

De esta guisa preguntaba Nieto, a finales de 2007, a la Abogacía del Estado si era conveniente proceder en esta línea contra las eléctricas. El informe de la Abogacía llegó en marzo del siguiente año, pero para entonces, los compañías afectadas ya habían encargado la friolera de 14 contrainformes de bufetes de abogados para tumbar la orden en marcha. sigue....