Las autonomías: criaderos de parásitos en España

Aunque los políticos se nieguen a reconocerlo, las autonomías españolas están cada día más desprestigiadas y cuestionadas por los ciudadanos. Si se hiciera un referéndum sobre las autonomías, el resultado exigiría la supresión de esa división territorial y el retorno de las competencias a un único gobierno de la nación.

Pero el sistema autonómico no es el único aspecto seriamente cuestionado del sistema español.

Los españoles han perdido el miedo y el respeto a los políticos y a sus dictados, lo que ha abierto en España un proceso de revisión de nuestro sistema político, del que surgen profundas críticas y cuestionamientos de logros y decisiones que antes parecían sagradas y en el que se hace visible una democracia española bajo sospecha de ser una dictadura camuflada de políticos y de partidos, además de serias dudas sobre el valor y acierto de lo que fue la Transición, de la España de las Autonomías y del excesivo poder y protagonismo de los partidos políticos.

Todo el sistema político está siendo cuestionado por un número creciente de españoles que, según numerosos expertos y observadores, ya podría ser mayoritario. Desde la izquierda radical se cuestiona a España porque, según afirman, es una continuación del Franquismo, sin cambios sustanciales; desde la derecha se critica porque está propiciando una dictadura camuflada de las izquierdas y desde la cada día más numerosa e influyente masa de demócratas y ciudadanos descontentos se considera al sistema carente de valores y de democracia porque lo que ha propiciado, después de cuatro décadas de vigencia, es una España injusta, corrupta, desigual, internacionalmente desprestigiada, endeudada, despilfarradora y a punto de romperse.

De un análisis objetivo de la España actual surgen demasiados déficits democráticos y éticos: escasa participación ciudadana, desigualdad ante la ley, excesivo poder de los partidos políticos, insuficiente separación de poderes, un sistema autonómico demasiado costoso que propicia la disgregación, el separatismo y la desigualdad y una Constitución que ni es respetada ni parece suficientemente democrática.

Sin embargo, el sistema tiene todavía muchos defensores, no únicamente los que están interesados en mantenerlo porque se han apropiado del Estado y viven bien atrincherados en la poderosa política, sino también expertos y constitucionalistas que afirman que lo que falla no es el sistema, sino los políticos y los ciudadanos, los primeros porque son cada día más mediocres, corruptos e ineptos, y los ciudadanos porque lo soportan todo, sin exigir a los poderes decencia y eficacia.

Por las razones que sean, la España actual está herida, genera insatisfacción entre los ciudadanos y hace aguas por diferentes grietas. El problema catalán es revelador porque el nacionalismo se ha hecho velozmente independentista y quiere romper con la nación, amparado en que la pertenencia a una España corrompida, que cobra demasiados impuestos, no devuelve casi nada a los ciudadanos y es incapaz de generar ilusiones colectivas no es atractiva y vale la pena intentar crear una nación distinta, más justa, decente y dotada de valores.

La situación es peligrosa porque está estancada. Ni los políticos pueden convencer a los ciudadanos de que el sistema es justo y válido, ni los ciudadanos tienen fuerza suficiente para forzar el cambio que el país y su clase dirigente necesitan para desparasitarse y ser una nación moderna y decente.

Hay asuntos que delatan claramente el malestar y la frustración de los ciudadanos, sobre todo porque se gobierna sistemáticamente como si se tuviera un cheque en blanco en el bolsillo, sin atender a las demandas del pueblo y sin cumplir siquiera las promesas electorales. La arrogancia del poder es insoportable y produce rabia y odio a la clase política.

En Andalucía, cientos de miles de ciudadanos reclaman el fin del Impuesto oprobioso de Sucesiones y Donaciones, que la Junta aplica con toda su crueldad y dureza, pero Susana Díaz, atiborrada de arrogancia, lo mantiene vigente. Lo mismo ocurre en toda España con imposiciones contrarias a los deseos del pueblo como la financiación de los partidos y sindicatos con el dinero de los impuestos, la acumulación de privilegios inmerecidos por una clase política que carece de apoyos populares, una ley demasiado permisiva con los corruptos y saqueadores, que escapan de la Justicia sin penas duras y sin tener que devolver el botín y, sobre todo, la imposición a la ciudadanía de un Estado gigantesco y demasiado costoso, en el que hay más políticos a sueldo que en Francia, Gran Bretaña y Alemania juntos, que repugna a los ciudadanos, pero que beneficia a los partidos, que pueden colocar en ese entramado gigante a sus amigos y familiares.

La división administrativa es absurda y a todas luces irracional, Lo único que había que hacer era un simple gesto hacia vascos y catalanes, una autonomía muy limitada que se pagaran ellos, pero los privilegios, poderes y transferencias se generalizaron a toda España, creándose aberraciones históricas como Cantabria o La Rioja, que siempre fueron Castilla, Madrid o Murcia, multiplicando parlamentitos y gobiernos cuyos miembros no iban a caer en la indignidad de cobrar menos que los del Congreso o el Gobierno Central.

La tan cacareada y publicitada "democracia española", cuyo nacimiento fue apoyado por la CIA y los grandes poderes de Occidente, sobre todo de Estados Unidos y Alemania, apenas ha servido para otra cosa que para poner en marcha un criadero de parásitos con sus cuñados, queridas, sobrinos, hijos, más queridas... y leyes inútiles y confiscatorias, amén de agravios fingidos e interesados y separatismos mucho más virulentos que cuando todo empezó.

Las críticas al sistema son cada día más intensas y el descontento crece porque el sistema está bloqueado por una clase política que se ha atrinchera en ese Estado que les beneficia y que se divorcia cada día más de su pueblo. La situación de bloqueo produce indignación y la proliferación de radicalismos y descontento, además de enfrentamientos que son ajenos a la democracia, descrita como un sistema que es capaz de garantizar la convivencia en la discrepancia, pero que en España no existe porque su sistema es, claramente, una dictadura camuflada de partidos y de políticos.

Francisco Rubiales

El porcentaje de españoles que cree que la corrupción es un problema muy extendido en las instituciones de nuestro país asciende al 95%.

Desde hace años, Bruselas estudia de forma rutinaria la competitividad de las distintas regiones que conforman los 28 países miembros de la Unión Europea. El objetivo es medir cuestiones como la calidad de las instituciones, la estabilidad macroeconómica, la capacidad de las infraestructuras, los indicadores de salud, el desempeño del sistema educativo, la eficiencia del mercado laboral, la adaptación tecnológica, los indicadores de innovación…

En el primero de estos pilares, el referido a las instituciones, tiene especial relevancia el problema de la corrupción. Para pulsar el sentir social sobre este tema, la Comisión Europea encarga un sondeo realizado a nivel europeo que luego se integra en el informe sobre competitividad de las regiones. De ese Eurobarómetro vienen, por tanto, las notas asignadas en el estudio definitivo.

España no tiene motivos para la satisfacción. El porcentaje de ciudadanos que cree que la corrupción es un problema muy extendido en las instituciones de nuestro país asciende al 95%. Por delante apenas figuran Grecia, Italia y República Checa, con porcentajes que van del 95 al 99%.

Pero hasta aquí solo hemos cubierto la variable nacional. ¿Qué ocurre con las instituciones regionales? ¿Son más o menos limpias que las instancias públicas de rango estatal? El Eurobarómetro hace también esta pregunta y España sale especialmente mal parada, ya que un 99% de los ciudadanos creen que, refiriéndonos simplemente a las comunidades autónomas y obviando el resto de capas de la Administración, se puede decir que hay un problema generalizado de corrupción.

El elevado porcentaje de España contrasta, por ejemplo, con el dato de Grecia, donde la percepción de corrupción es del 99% pero la referida a las comunidades se queda en el 68%, casi treinta puntos por debajo. Por otro lado, los mejores resultados son los que obtienen Estonia, Finlandia, Holanda y Luxemburgo, cuyas instalaciones regionales reciben porcentajes desfavorables que van del 37 al 58%.

De modo que, según el sondeo encargado por la Comisión Europea, los ciudadanos españoles creen que sus gobiernos regionales están infectados hasta arriba de corrupción, lo que sitúa a estas instancias como las menos limpias de toda la UE.

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