La UDEF concluye que la Junta se gastó el dinero contra el paro en enchufar socialistas

La Policía ha enviado un informe a un juzgado de Cádiz que denuncia que los Gobiernos socialistas derrocharon 57 millones contra el paro sin perseguir ningún objetivo ni hacer controles



La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha reactivado la lucha contra el fraude masivo en las subvenciones al empleo de la Junta de Andalucía con el impulso de una nueva línea de investigación centrada en las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico(UTEDLT), organismos municipales creados en 2002 por el Ejecutivo de Manuel Chaves para promover supuestamente programas contra el paro de ámbito local que en la práctica se acabaron convirtiendo en agencias de colocación de socialistas.

Las pesquisas de la UDEF se encuentran en una fase inicial, pero los expertos en delitos económicos de la Policía ya han constatado que los fondos públicos para políticas activas contra el paro gestionados por los consorcios UTEDLT se fueron por un auténtico desagüe de irregularidades sin cumplir ningún tipo de objetivo, y el caso está ahora a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, acuerde la imputación de los presuntos máximos responsables de la trama en esa provincia. La UDEF le remitió a principios de la semana pasada un exhaustivo informe en el que solicita formalmente que se acuse los máximos responsables de los ocho consorcios que se crearon en Cádiz, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al procedimiento. El documento se remitió después de las generales con la intención de que su contenido no influyera en la campaña, uno de los argumentos que ha utilizado recurrentemente el Gobierno de Susana Díaz para tratar de desprestigiar los numerosos frentes judiciales que tiene abiertos en estos momentos.

​57,3 millones entre 2010 y 2012

La investigación de la UDEF también afecta a las otras siete demarcaciones andaluzas. Las indagaciones tienen su origen en el decreto que dictó la Fiscalía Superior de Andalucía en 2014, tras recibir una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) basada en los agujeros contables y administrativos que había detectado la Cámara de Cuentas autonómica ese mismo año, después de analizar una pequeña muestra de los 95 consorcios UTEDLT que llegaron a estar funcionando en toda Andalucía y que gastaron en conjunto 57,3 millones entre 2010, 2011 y 2012. La época coincide íntegramente con el mandato de José Antonio Griñán al frente del Gobierno autonómico (2009-2013).

La Cámara de Cuentas alertó de que no existía constancia de la actividad que habían realizado los consorcios con el dinero público y que la Junta tampoco había tomado las medidas necesarias para fiscalizar el destino de los fondos. El Ministerio Público se apoyó en esa auditoría para concluir que existían indicios de “malversación” en altos cargos de la Junta por repartir esas partidas “sin control”, un escenario casi idéntico a la estafa de los ERE y el fraude masivo de los cursos para la formaciónde desempleados.

El resultado es la investigación de la UDEF y el informe que ya ha llegado a los juzgados de Cádiz, aunque el caso avanza a diferentes ritmos en las ocho provincias. Según ha podido saber este diario, los expertos en delitos económicos de la Policía han comprobado que las irregularidades detectadas por el órgano de control contable eran un fenómeno generalizado. En concreto, los programas de fomento del empleo no se realizaron, se omitieron las inspecciones de gasto, no se justificó el destino del dinero y se alteraron datos para manipular el resultado de la inversión. Es decir, que no hay ninguna evidencia de que el dinero para combatir el paro se gastara con ese propósito. En la provincia de Cádiz, el ejemplo más flagrante sería el del consorcio de San Fernando, que habría perpetrado todo el catálogo de infracciones.

Agencias de colocación del PSOE

Las pesquisas también han servido para descubrir que el dinero no sólo no mejoró el empleo en la zona de actuación de los UTEDLT, sino que la Junta habría aprovechado la creación de estos organismos para colocar en sus estructuras a personas vinculadas con el PSOE y con entidades y fundaciones de su entorno. Los directores de los consorcios eran en su gran mayoría antiguos cargos de la formación seleccionados a dedo. Gracias a esos puestos podían continuar cobrando salarios de altos directivos. Ni siquiera los técnicos a sueldo de los UTEDLT que supuestamente debían fomentar el empleo en sus respectivas áreas de actuación fueron seleccionados mediante ofertas públicas resueltas por criterios objetivos. Los investigadores apuntan que gran parte de las plazas de técnico se cubrió con simpatizantes del PSOE para que también pudieran disfrutar de un sueldo pagado con impuestos.

La UDEF concluye en su informe que los hechos detectados podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa y fraude, pero el futuro del caso está en el aire por el tiempo transcurrido desde que se habrían producido las irregularidades. En el caso de la prevaricación, no hay riesgo porque prescribe a los 10 años. Pero el fraude caduca a los cinco y probablemente no puedan ser perseguidos por este delito los hechos correspondientes al ejercicio 2010. En principio, los de 2011 y 2012 estarían dentro del plazo. El informe de la Policía solicita precisamente que se produzca la imputación de los máximos responsables cuanto antes para evitar que siga transcurriendo el plazo y las irregularidades se ventilen sin culpables, aunque hay interpretaciones jurídicas que consideran que la prescripción se detiene en el mismo momento en el que se abren diligencias informativas, algo que habría ocurrido en 2014.

La reacción de la Junta

La Junta maniobró en 2012 para tratar de silenciar el escándalo. No esperó al informe de la Cámara de Cuentas para disolver los consorcios e integrar su antigua estructura en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Sus directores y técnicos fueron despedidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo dio la razón en mayo de 2015 a varios de los antiguos trabajadores y obligó a la Junta a integrarlos en plantilla de la Administración autonómica. link