Igualdad lleva pagados 263 millones de euros fuera de contrato en 3 años

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha pagado fuera de contrato más de 263 millones de euros durante los tres años de legislatura del Botànic para cubrir servicios sociales que deberían haber sido licitados a través de concursos. El departamento que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha utilizado -y sigue haciéndolo- la fórmula de urgencia o excepcional, a través de enriquecimientos injustos o resarcimientos, para abonar la mayoría de los servicios que dependen del área social.

El uso de este protocolo, que debería ser coyuntural, se ha convertido ya en estructural o 'marca de la casa' de la gestión de Mónica Oltra porque lo aplica para abonar a las empresas que cubren los centros de enfermos mentales, de discapacitados, de residencias de la tercera edad en el Plan de Accesibilidad Social, tanto en el tercer tercio como en el primer tercio de las 9.000 plazas concertadas en el 'modelo Cotino'. Una práctica que se extiende al resto de servicios como la seguridad de los centros, la cocina, comedores, limpieza, vigilancia.

Parece que el equipo de Oltra haya encontrado vía libre para su práctica poco ortodoxa después de que la Fiscalía Anticorrupción archivara la investigación abierta, en febrero de 2017, por un supuesto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales y por pagos de enriquecimiento injusto que sumaban más de 43,7 millones de euros en la Conselleria de Igualdad.

Sin infracción penal

A pesar de que el Ministerio Público consideró que no había infracción penal en los enriquecimientos injustos, nunca negó la irregularidad de estos pagos por hacer uso de una vía extraordinaria que se ha seguido explotando hasta superar la suma de 260 millones y sin que haya visos de que se vaya a dejar de hacer.

Este método para pagar sin contrato y que evita la burocracia que supone el hecho de licitar un concurso público también afecta al servicio de Mayor a Casa, farmacia y animación. En las Gestiones Integrales también se abona sin contrato como prueban los pagos al servicio de la mujer, menores, tercera edad y discapacidad.

Al cubrir los trabajos de las empresas con enriquecimientos injustos se impide a la Administración negociar a la baja -ahorrar costes- y al prorrogarse las mismas condiciones que se habían marcado en el contrato inicial ya caducado y se imposibilita la libre concurrencia de empresas que podrían estar interesadas en prestar los mismos servicios. De este modo, Igualdad evita sacar pliegos de concursos, no los publica en el DOGV, no valora ofertas, no debe atender recursos de empresas ni debe cambiar las cláusulas contractuales. Se ahorra todos los trámites y el tiempo que suponen porque opta por pagar sin contrato.

Un frenazo en las licitaciones y adjudicaciones de este tipo de servicios que se ha producido desde que Oltra aterrizó como consellera en Igualdad al convertir en habitual un procedimiento de pago que debería ser una excepción como demuestra que desde julio de 2015 pagó sin contrato 49 millones de euros, durante el año 2016 fueron 73 millones, en 2017 la cifra costeada por este sistema abreviado llegó a los 104 millones y, en lo que llevamos de 2018 ya se han contabilizado más de 37 millones.

Más enriquecimientos

La suma de más 263 convierte a la conselleria de Oltra, en la que, proporcionalmente a su presupuesto y su personal, más expedientes de enriquecimiento injusto ha tramitado en la legislatura. Sólo es superada por Sanidad que cuenta con una presupuesto cuatro veces mayor y con un personal de 10 veces más volumen.

En todos los resarcimientos de pago Igualdad aplica el mismo protocolo de actuación. Se permite destinar pagos a la empresa que mantiene un servicio pese a que la Administración asume que no es justo (es injusto) porque todavía debe ganar el concurso correspondiente. Un expediente que pasa por el Consell y en el que se reconoce que una empresa ha prestado un servicio y la deuda generada por ese servicio es la correcta aunque carezca de contrato.

Una vez justificado que se han prestado los servicios alguna dirección general de Oltra solicita un informe sobre las circunstancias que han originado la posibilidad de la deuda «en aras de delimitar responsabilidades».Curiosamente todos los informes son realizados por personal del propio departamento de Oltra -subdirectores, jefes de área, etc.- y en todos los casos son exculpatorios y se incluyen en el expediente de enriquecimiento injusto con la apostilla de «no existir indicio racional alguno de culpabilidad».

Tras esta fase se pasan a la Intervención General de la Generalitat donde se advierte de que se observan «infracciones de ordenamiento jurídico: falta de tramitación del expediente de contratación» y en algunos casos lo considera como un «acto viciado» pero como el expediente de responsabilidad, que también se hace en Igualdad, exonera de responsabilidades al departamento se tramitan los pagos sin concurso.

Oltra utiliza estos expedientes -enriquecimiento injusto- de solución temporal que, al alargarse en el tiempo, han sido muy provechosos para las empresas que ya prestaban los servicios sociales, frente a otras que no han podido acceder a los contratos porque el concurso está paralizado. Esta situación ha dado a ganar grandes cantidades económicas a las firmas del 'modelo Cotino' que la líder de Compromís tanto ha cuestionado.

Desde Igualdad se explicó que cuando se produjo el cambio de gobierno «había muchos contratos en resarcimiento que se heredaron y que hubo que iniciar los procesos de contratación, lo cual obligó a mantener esta situación hasta que se finalizaron los procesos de licitación y adjudicación».

Desde la Conselleria social se argumentó que «por ejemplo» en el caso del sector de residencias de personas mayores, «a la situación de falta de contratos heredada se sumó la sentencia del TSJCV, que declaró ilegal parte del modelo Blasco-Cotino, lo que llevo a iniciar un nuevo proceso de contratación y a tener que recurrir al enriquecimiento mientras tanto». Link

LOS PGE HAN PASADO DE LOS 51 MILLONES EN 2017 A DOTARLE DE 525 PARA EL EJERCICIO 2022

Viven de los eslóganes ‘fast food’, de la propaganda facilona y de mucha manifestación.

Pero a la hora de la realidad, los ‘genios’ (y ‘genias’) que pululan por el Ministerio de Igualdad solo están ojo avizor a trincar un buen pellizco de los Presupuestos Generales del Estado.

La cuestión de las violaciones y agresiones sexuales que, en teoría tanto les preocupa, acaba no solo por no resolverse, sino que los datos son cada vez peor.

Desde que Irene Montero ha ejercido esa cartera, en enero de 2020, lo que más ha movido a su equipo es el de asegurarse una buena dotación presupuestaria por parte de Pedro Sánchez.

Y es que tal y como detalla este 22 de octubre de 2021 el diario El Debate, en una información elaborada por Raquel Tejero y José Ramón Pérez, en cinco años la partida destinada a Igualdad se ha multiplicado en los últimos cinco años por 10.

Sin embargo, mayor dotación económica no ha ido aparejada, precisamente, a conseguir una concienciación social y el número de violaciones ha experimentado un incremento del 66%.

Los PGE de 2021 y los previstos para 2022 han colocado a Igualdad como una de las carteras que más incremento monerario, en términos porcentuales, experimenta.

Los ejercicios de 2016 y 2017, con Mariano Rajoy en el Gobierno, la partida para este departamento se movió entre los 45 y los 51 millones de euros.

En 2018, con los PGE aprobados días antes de que se presentara la moción de censura contra el presidente popular, Igualdad dio un salto a los 181 millones, cantidad que, debido a que se prorrogaron los Presupuestos durante dos años, se mantuvo inalterable en 2019 y 2020.

Sin embargo, en 2021 la cifra que maneja el chiringuito de Irene Montero se ha ido a 459 millones y para 2022, a falta del visto bueno a los PGE, el montante se dispara hasta los 525 millones.

A MÁS DINERO, MENOS SEGURIDAD PARA LAS MUJERES

Sin embargo, cuanto más dotación pecuniaria tiene el Ministerio de Igualdad, resulta que el panorama para las féminas es más desolador.

Tanto es así que el número de violaciones y agresiones sexuales se ha visto incrementado en un 66% entre 2016 y 2021 considerando solo los datos del primer semestre, ya que aún 2021 está en curso y la comparativa quedaría desdibujada al comparar ejercicios completos con uno al que le faltan aún los meses de noviembre y diciembre.

En 2016 se produjero 4.670 agresiones sexuales, a las que hay que sumar 575 violaciones con penetración.

En 2017 la cifra se eleva a 5.081 delitos sexuales más 615 violaciones con penetración.

En 2018 la cantidad ya es de 5.691, a las que se añaden 799 violaciones.

En 2019 el montante de delitos sexuales sin penetración suben a 6.422 más 825 violaciones.

En 2020, con la pandemia por el coronavirus y el confinamiento de prácticamente cuatro meses la cantidad de agresiones baja a 5.227 y también las violaciones, 731.

En 2021, durante ese primer semestre, los datos vuelven a ser alarmantes. 6.943 delitos sexuales y cerca de 1.000 violaciones con penetración, exactamente 955.

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