Tras 16 años de gobiernos municipales de Podemos-IU y PSOE , el Ayuntamiento de Zaragoza, esta en la quiebra absoluta, con deudas de más de mil millones de euros

Por donde pasa la izquierda española, llega la ruina del pueblo. El Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra en «situación de quiebra».

Así lo ha indicado este martes el gobierno municipal PP-Cs que lidera el popular Jorge Azcón, que llegó a la alcaldía a mediados de junio.

Las deudas acumuladas superan los mil millones de euros, parte de ellas tienen que abonarse de forma inminente por sentencia judicial y las arcas no tienen liquidez suficiente, lo que forzará al Ayuntamiento de la capital aragonesa a pedir ayuda al Estado.

Va a solicitar un préstamo multimillonario al amparo del denominado Fondo de Impulso Económico (FIE), según acaba de anunciar la consejera de Hacienda y portavoz del gobierno municipal, María Navarro, según recoge el autor original de este artículo Roberto Pérez en ABC y comparte Periodista Digital.

Los problemas económicos del Ayuntamiento vienen de lejos. Hace años que destaca entre las capitales de provincia españolas por su elevado endeudamiento. Los correctivos impuestos desde el Estado han forzado al Consistorio a reducir su deuda financiera en los últimos años, pero sigue siendo muy abultada.

Según los últimos datos certificados por el Banco de España, la deuda fianciera del Ayuntamiento de Zaragoza ronda actualmente los 850 millones de euros. Y hay más: a esa cifra hay que sumar otros 180 millones de euros de deuda derivada del tranvía, y ahora el gobierno municipal tiene que hacer frente a otros 35 millones de euros por sentencias judiciales que han ganado varias contratas municipales, en particular la encargada del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria -la empresa FCC- y la concesionaria del autobús urbano, Tuzsa. Y, por si fuera poco, esto puede ser solo el principio, porque el Ayuntamiento de Zaragoza da por hecho que estas sentencias van a desencadenar un efecto dominó, más reclamaciones de estas y otras concesionarias, animadas por los fallos judiciales que dan la razón a las revisiones multimillonarias de precios.

El temor está justificado. En primer lugar, porque las sentencias dictadas hasta ahora hacen referencia a revisiones de precios hasta el año 2014. Ahora lo lógico es pensar que las concesionarias que han ganado esos pleitos pedirán las mismas revisiones del año 2014 en adelante. Y, visto lo visto, es de esperar que otras concesionarias que hasta ahora no habían reclamado opten también por exigirle más dinero al Ayuntamiento. Para intentar que eso no acabe en un «tsunami» de reclamaciones -o, al menos, que las cantidades a pagar no se disparen-, el gobierno municipal tiene previsto abrir «un proceso de negociación con las contratas», según ha avanzado este martes el equipo del alcalde Jorge Azcón.

El horizonte, por tanto, es espinoso. Pero el problema es que «el presente ya es complicadísimo», indican desde el gobierno del alcalde Jorge Azcón, que se ha topado con este panorama cuando no lleva ni dos meses al frente del Ayuntamiento de Zaragoza, tras 16 años de gobiernos municipales de izquierdas, doce del PSOE y los cuatro últimos de Podemos-IU.

Más créditos para poder pagar

Las sentencias a las que tiene que hacer frente el Ayuntamiento le obliga a desembolsar 35 millones de euros, de los que siete millones son por intereses de demora. Para hacer frente a estos pagos sobrevenidos por sentencias judiciales, el Consistorio va a pedir dinero prestado al Estado.

Eso le permitirá salvar los pagos ordenados por los juzgados, pero a costa de ver seriamente limitada la capacidad inversora municipal para los próximos años y condiciona también la política fiscal, la presión tributaria municipal en los impuestos y tasas que cobra a los zaragozanos.

En su conjunto, los más de mil millones de euros que suman las deudas del Consistorio zaragozano son una pesada losa para una institución cuyo presupuesto anual ronda los 770 millones de euros. Solo en intereses y amortizaciones por la deuda financiera, este año se le irán al Ayuntamiento de Zaragoza 70 millones de euros.

Esta «situación de quiebra» es «fruto de la irresponsabilidad de los gobiernos de PSOE y ZEC», afirma la consejera municipal de Hacienda. María Navarro (PP) culpa de lleno a los gobiernos de izquierdas que han estado al frente del Consistorio en los últimos 16 años: tres legislaturas seguidas (12 años) del alcalde socialista Juan Alberto Belloch, y los cuatro últimos años de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC), la coalición que trabaron Podemos e IU, ya finiquitada, a cuyo frente estuvo el alcalde Pedro Santisteve.

«Deberían pedir perdón a los zaragozanos por el agujero económico que han provocado a la ciudad», dice la actual consejera municipal de Hacienda, quien ha prometido que el actual gobierno local PP-Cs va a actuar «con la máxima responsabilidad, con la intención de poner en orden las cuentas municipales en el mínimo tiempo posible». PD.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y los ocho concejales de su equipo de gobierno, todos pertenecientes a Zaragoza en Común (Podemos, IU y otras confluencia), tendrán que comparecer en un juzgado en calidad de investigados, antes imputados, por un presunto delito de prevaricación.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, ha admitido a trámite la querella presentada el pasado 7 de junio por Miguel Ángel Portero, ex gerente de la sociedad municipal Ecociudad, que fue destituido por Santisteve el pasado 14 de febrero.

El tema se remonta a 2016 cuando el propio alcalde impulsó un proceso judicial, por supuestas irregularidades, contra el gerente y cinco trabajadores de Ecociudad que resultaron imputados. Finalmente el caso fue archivado y los investigados exonerados al no hallarse indicios delictivos.

Otro punto de inflexión se produjo el pasado 9 de febrero cuando Santisteve destituyó a los representantes de la oposición en todas las sociedades municipales, por lo que Zaragoza en Común se hizo con la mayoría y el control absoluto de las mismas. La primera decisión del equipo de gobierno municipal fue convocar un consejo de Ecociudad y destituir a su gerente y nombrar a Joaquín García Lucea.

En su querella, Portero entiende que las citadas decisiones tuvieron una trascedencia penal, puesto que se hicieron sin modificar los estatutos de la sociedad con carácter previo y sin tener en cuenta la advertencia del secretario general del Pleno.

Tras conocerse el proceso judicial contra el equipo de gobierno de Santisteve, adelantado este viernes por Heraldo de Aragón, se han sucedido las reacciones tanto por parte de Zaragoza en Común como de la oposición.

El concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha indicado que la magistrada solo les ha requerido información y que por el momento no han recibido ninguna citación.

En concreto, ha dicho que “solo hay un escrito en que se nos informa que se nos ha puesto una denuncia y que se nos requiere información. En ningún momento se ha abierto una investigación contra nosotros”.

No obstante, el citado auto judicial explicita que los hechos “hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa”.

Los dicen iban a luchar contra la corrupción jajaja

Una auditoría encargada por el nuevo equipo de gobierno del PP y Cs ha puesto cifra al pufo de facturas y otros impagos. Es el peor epitafio político posible para Pedro Santisteve.

El cambio era esto. La ruinosa situación en la que Pedro Santisteve dejó las arcas del Ayuntamiento de Zaragoza amenaza con lastrar el desarrollo de la ciudad durante años; los que serán necesarios para que los números cuadren.

El equipo de gobierno actual, comandado por el popular Jorge Azcón, va a hacer público en cuestión de días el resultado de la auditoría que encargó a la Intervención General en junio para conocer el estado de las cuentas. De todas las concejalías y de todas las entidades municipales.

El resultado es el peor epitafio político para el exalcalde Santisteve, de Zaragoza en Común: el agujero asciende a 150 millones de euros, según adelantan fuentes municipales a ESdiario.

Un roto que ya intuían pero que ahora Azcón y su equipo ven negro sobre blanco. Y que condicionará sobremanera la elaboración de los Presupuestos de 2020 de la que es la cuarta ciudad española en actividad económica, advierten las mismas fuentes.

"No sabíamos que, además de facturas, también se metían las sentencias judiciales en los cajones", señaló Azcón a finales de agosto. Porque a las facturas se suman las sentencias que dejó sin pagar el exalcalde socialista Juan Alberto Belloch (antecesor de Santisteve) por más de una treintena de contenciosos y que ahora hay que abonar. Con los preceptivos intereses.

La auditoría es un mazazo para la ciudad, que por si fuera poco aguanta sobre sus espaldas la segunda mayor deuda de todos los ayuntamientos españoles. Un informe publicado en junio por el Ministerio de Hacienda sobre la deuda viva de los ayuntamientos cifraba la del Consistorio de Zaragoza en 855,28 millones de euros al cierre de 2018, casi 1.300 euros por zaragozano. Únicamente por detrás del Ayuntamiento de Madrid (2.762 millones) e incluso más que el de Barcelona (837).

La deuda viva está formada por las obligaciones pendientes de las operaciones de crédito que tiene asumidas un ayuntamiento, las proyectadas y los avales concedidos (engloba mucho más que las facturas). El límite legal está en el 75%. Como el anterior equipo de gobierno lo superó, meses atrás tuvo que aprobar un plan extraordinario de reducción de la misma. Eso y pedir oxígeno financiero a Hacienda.

Para el PP y Ciudadanos, socios de gobierno, ello tiene que ver indudablemente con el hecho de que la izquierda haya gobernado la ciudad los últimos 16 años. Primero los socialistas con Belloch, después los podemitas con Santisteve.

Este último acusó este mismo martes a Azcón de tener "fobia" al legado de Zaragoza en Común. Para fobia, la que le mostraron los zaragozanos en las urnas el 26 de mayo: en cuatro años Santisteve ha pasado de ser alcalde y tener nueve concejales a conservar únicamente tres y caer en la irrelevancia como cuarta fuerza política. Link

El proyecto para soterrar las vías del tren en Valladolid se queda en agua de borrajas, a pesar de que la sociedad Valladolid Alta Velocidad (VAV) nació con este propósito. El cambio de rumbo va a costar un total de 354 millones de euros, de los cuales 72,5 millones tendrán que ser desembolsados por el ayuntamiento de la ciudad gobernado por el PSOE con el apoyo de la marca Podemos. Si hubieran optado por el soterramiento, el consistorio tendría que haber abonado una tercera parte de esa cantidad. El mismo alcalde socialista Óscar Puente ha subrayado que estas obras supondrán un esfuerzo importante para las arcas municipales, ya que implican una aportación media de entre 7 y 8 millones de euros al año para la próxima década. Actualmente la deuda del consistorio es de aproximadamente 107 millones de euros, lo que supone que el nivel de endeudamiento es del 42% de los recursos ordinarios, muy alejado del límite máximo del 110% que permite la legislación.

Con este nuevo capítulo, el ayuntamiento del PSOE alcanzará un endeudamiento que le va a impedir cumplir con la conocida “Ley Montoro”, hay al menos tres organismos que sobrepasan el límite de gasto. Tras 20 años de espera, finalmente la sociedad Valladolid Alta Velocidad (VAV) ha dado luz verde a un proyecto de integración de superficie, que incluye la construcción de pasarelas, pasos a nivel e infraestructuras similares, que va a costar 354 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 años. De esta cantidad, 72,5 millones de euros deben ser proporcionados por el ayuntamiento de la ciudad liderado por el PSOE, socio fundamental que ha apoyado la opción de no soterrar las vías y de optar por la opción menos económica.

Los pagos se van a hacer anualmente hasta 2024 y se recuperarán a partir de ese año, hasta 2033, con la venta de los terrenos que se liberarán con el traslado de los talleres y de la estación de autobuses. En total se alcanzaría una cifra final de casi 800 millones de euros de los que el Consistorio recibirá 73 millones de euros. Lo cual se podría ver como una inversión, si no fuera porque el Ministerio de Fomento adelantará 404 millones de euros que VAV adeuda con un consorcio de bancos, una cifra por la que se tendrá que ver compensado.

El grupo municipal Ciudadanos ha reclamado la apertura de una Comisión de Investigación sobre la gestión llevada a cabo en VAV desde su creación en 2003. Creen que es la única forma de "esclarecer los hechos y a depurar responsabilidades políticas por el fracaso del proyecto" teniendo en cuenta el agujero del organismo, pues considera que los gestores de la sociedad "la han llevado a la quiebra, algo por lo que en cualquier empresa privada los responsables estarían en la calle".

Recordemos que VAV, hace apenas unas semanas, tenía los días contados, incluso se hablaba de “liquidación ordenada” de la sociedad que está formada por el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento a través de Renfe y Adif. Parece que finalmente VAV no irá a concurso de acreedores, ni tampoco cambiarán los porcentajes de participación de las partes. Para el desarrollo del proyecto se ha comprometido un grupo de trabajo que comenzará a reunirse en las próximas semanas para definir las actuaciones, así como los porcentajes que aportarán cada uno de los socios.

Esta decisión del consistorio gobernado por el PSOE es solo un paso más en la escalera del endeudamiento de la ciudad. De los 354 millones que costará llevar a cabo la obra, al consistorio, como decimos, le tocará sacar de las arcas municipales 72,5 millones, que sumados a los que debe del VAV dan una deuda de cerca de 120 millones de euros contando los intereses.

Esto sumado a la remunicipalización del agua que se aprobó el pasado 30 de diciembre. El ciclo del agua pasará a manos 100% públicas a partir del 1 de julio y quitará la gestión a la empresa Aguas de Valladolid. La remunicipalización es una práctica que está llevando Podemos en varios de los ayuntamientos donde gobierna, como es el caso de Madrid con el servicio funerario o los centros deportivos. También se ha dado el caso en Zaragoza donde la plantilla de atención al cliente 010 ha sido subrogada por el ayuntamiento. En este caso, la aprobación de la remunicipalización del agua se ha podido dar gracias a los votos de PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí se puede.

Una vuelta a la gestión pública del agua que aumentará la deuda del ayuntamiento, tal como se señaló en el Foro de Servicios Públicos Municipales donde participaron Valeriano Gómez, exministro de Trabajo o Jesús Sánchez Lambas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, entre otros. En aquel encuentro se llegó a la conclusión de que la remunicipalización incrementará el gasto porque “los municipios no pueden asumir directamente los costes laborales de los nuevos empleados sobre la base de que sus salarios se cubren con los ingresos que anteriormente recibía la empresa contratista”.
No cumplirá con la ‘Ley Montoro’

El pasado noviembre, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó el techo de gasto no financiero para el año 2017, establecido en 227,8 millones euros para el presupuesto conjunto del Consistorio y las fundaciones y sociedades dependientes, con un crecimiento, con respecto a 2016, limitado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria al 2,2%.

Desglosando, Auvasa, la Sociedad Mixta de Turismo y la Fundación Municipal de Deportes son las tres entidades que se pasan del tope, lo que obligará a controlar durante el próximo ejercicio los gastos para evitar tener que aplicar un plan de saneamiento en 2018. Con respecto al nuevo proyecto aprobado para no soterrar las vías y que va a suponer casi 73 millones de euros al ayuntamiento, éste debe aún comprobar su incidencia en los criterios de estabilidad económico-financiera, o la consideración de las aportaciones necesarias, para definir si computarían en el techo de gasto, si son adicionales a la inversión o si habría que detraerlas de la inversión recogida en el Presupuesto municipal.

La deuda viva del ayuntamiento es de aproximadamente 107 millones de euros, lo que supone que el nivel de endeudamiento es del 42% de los recursos ordinarios, muy alejado del límite máximo del 110% que permite la legislación.

Me mondo de la risa